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El nacimiento del movimiento obrero

por Carlos, posted in Historia Contemporánea

Todo lo referente al factor trabajo en época tardofeudal –precios y salarios principalmente- estaba establecido. Por tanto, resultaba sumamente difícil llegar a controlarlo. Sin embargo, esa rigidez del sistema económico del Antiguo Régimen chocaba de frente con el liberalismo económico, según el cual todos los factores de producción –trabajo, propiedad y capital- debían estar liberalizados.

Desde finales del siglo XVIII, los liberales tendieron a transformar las relaciones laborales para adecuarlas a su ideología. Se procedió a reubicar al Estado en su nuevo papel: defensor de la libertad de mercado. Por otro lado, como el mercado se regía por criterios armónicos, todo lo que fijase era justo, porque también era libre.

Llevando esta última idea al campo de las relaciones laborales, no cabe duda de que resulta sumamente injusta. Así, con el objetivo de luchar contra estas injusticias, nacieron las asociaciones obreras.

Estas, aunque de hecho siguieron existiendo, fueron prohibidas en un primer momento. Los parlamentos liberales consideraban que las asociaciones obreras la libertad del empresario, y que, por tanto, atacaban directamente al mercado de igual modo que en su momento habían hecho los gremios.

Más adelante, a finales del siglo XIX, llegaron a ser legalizadas, y consiguieron que los Estados comenzasen a intervenir en contra esas injusticias.

La protesta obrera toma forma política: el Cartismo

Hasta 1830 la tendencia preponderante del obrerismo inglés reducía sus proyectos a mejoras exclusivamente laborales. Sin embargo, hacia esa fecha la miseria de las clases obreras inclinó a los líderes hacia posturas más precisas de reforma política.

En 1831, durante la campaña sobre la reforma electoral, Lovett reclamó el sufragio universal, argumentando que la clase obrera producía la mayoría de la riqueza del país y sólo gozaba de una ínfima parte.

En 1838 fue redactado un documento histórico, la “Carta”, en el que se pedía, entre otras cosas, el sufragio universal y la supresión del certificado de propiedad para ser miembro del parlamento. Dentro de este movimiento cartista podemos distinguir dos tendencias:

  • Los moderados (Lovett y Owen) ponían el acento en las cuestiones económicas, postulando la organización de cooperativas de producción y la supresión de los intermediarios.
  • Los violentos (O´Connor y O´Brien) eran la tendencia más popular, y se inclinaban por los mítines y huelgas de carácter violento.

Finalmente, el Congreso cartista celebrado en 1839 optó por la segunda postura. Esto trajo consigo el comienzo de las actuaciones represivas por parte del gobierno inglés. Esto fue seguido del enfrentamiento entre violentos y moderados, que acabó por desbaratar toda opción de triunfo.

La I Internacional

Dos procesos contribuyeron de manera decisiva a la aparición de una organización internacional del movimiento: la conciencia obrera de que, en todas las naciones, los problemas de la clase trabajadora eran similares; y la experiencia de que la acción esporádica de las masas debía ser sustituida por una actividad organizada.

Por fin, tras numerosos contactos entre británicos y franceses, se convocó la primera reunión en Londres (28 de septiembre de 1864), a la que asistieron representantes de las trade unions inglesas, franceses de diversas tendencias, y numerosos políticos y líderes obreros de otras nacionalidades.

El grupo era excesivamente heterogéneo, pero, a pesar de eso, se logró formar un comité que elaborara los estatutos. Sin duda, el papel de Marx en la redacción de este documento fue fundamental, pudiendo resumirse su aportación en tres puntos:

  • Defensa de que la Internacional no debía abolir las asociaciones nacionales, sino potenciar su actividad a escala mundial.
  • Creencia en que la emancipación de la clase obrera sería única y exclusivamente labor de los trabajadores.
  • Afirmación de que sin lucha por el poder político no habría emancipación.

El debilitamiento y disolución de la Primera Internacional se debió más a las disensiones internas que a la persecución externa. Los choques entre socialistas marxistas y anarquistas fueron creciendo en violencia, hasta que en el Congreso celebrado en La Haya (1872) estos últimos fueron expulsados de la A.I.T.

La II Internacional

En los últimos años del siglo XIX, ante el importante desarrollo del movimiento obrero, muchos sectores del mismo comenzaron a pensar en reinstaurar una organización supranacional que relacionase a los nacientes partidos obreros y sindicales de carácter nacional.

De esta manera, en el verano de 1889 los principales líderes y representantes del movimiento obrero reinstauraban, con una reunión en París, la Internacional. En estas reuniones se acordó la estructura de la nueva organización –de carácter flexible- y, con el fin de mantener la cohesión, la convocatoria de sucesivos congresos. Además, otras de las cuestiones que ocuparon estos congresos fueron:

  • El debate en torno a las versiones ortodoxas y revisionistas del pensamiento de Marx.
  • La toma de posición ante los problemas de la época: colonialismo y conflictos bélicos a escala mundial.
  • La posibilidad de participar en gobiernos de coalición con partidos de la izquierda burguesa.
La disolución de la Segunda Internacional vino marcada por dos hechos: la Gran Guerra y la Revolución Soviética. El primer suceso supuso la victoria del nacionalismo sobre la solidaridad obrera, mientras que del segundo surgió la Tercera Internacional o Internacional Comunista.

Los cambios demográficos del siglo XIX

por Carlos, posted in Historia Contemporánea

Desde los últimos años del siglo XVIII hasta los primeros del XX, Europa experimentó un crecimiento demográfico continuo. Esto facilitó que su población pasará de 110 millones de habitantes en 1700, a 423 en 1900. Se trató, por tanto, del mayoría aumento de población en la historia del Viejo Continente.

Ese cambio fue posible gracias a factores como la mejora de la sanidad, la expansión de una cultura más higiénica, y el crecimiento económico experimentado por varios de los países europeos durante ese periodo.

Esto, en palabras de los expertos en demografía, facilitó el tránsito de un ciclo demográfico antiguo a otro moderno.

El paso al ciclo demográfico moderno

La demografía de tipo antiguo se caracterizaba por un crecimiento de población lento e irregular. Esto se debía a la existencia de una alta natalidad (35-40%), una alta mortalidad (30-40%), y la aparición de grandes crisis provocadas por hambres, guerras y epidemias.

A finales del siglo XVIII se inició un periodo de tránsito entre ese modelo y el conocido como ciclo moderno. La demografía de tránsito se caracterizaba por un crecimiento de población rápido y continuo.

Esto se debía al mantenimiento de una natalidad alta, al descenso de la mortalidad, y a la práctica desaparición de grandes crisis.

Con la consolidación del crecimiento económico y el cambio de mentalidad en la sociedad europea, surgieron notables modificaciones con respecto al modelo demográfico anterior. El descenso de la natalidad, y la reducción al mínimo de la mortalidad, acabaron por configurar una demografía de crecimiento lento y tendente al envejecimiento de la población.

Teorías explicativas del tránsito demográfico

Distinguimos dos tipos teóricos que tratan de explicar los cambios demográficos del siglo XIX: los centrados en el factor mortalidad, y aquellos que hacen hincapié en el aumento de la mortalidad.

El primero de estos modelos defiende que el crecimiento demográfico fue, principalmente, consecuencia del descenso de la mortalidad. Esta disminución surgió a causa de las mejoras sanitarias e higiénicas, los avances en la medicina, y la mejora del nivel de vida.

El tipo centrado en la natalidad defiende que, tras una crisis demográfica, como venía siendo habitual durante el medievo y la modernidad, se produjo un aumento de la natalidad; a esto se unió el descenso de la mortalidad. La consecuencia de ambos fenómenos fue un crecimiento demográfico sin precedentes.

Las grandes migraciones y el auge de las ciudades

La enorme movilidad de la población europea durante este periodo se debió principalmente al empuje demográfico, a la mejora del sistema de transportes, y a los cambios económicos que se estaban produciendo, tanto los referentes a los distintos sectores, como los de tipo regional.

De esta forma, se fueron desarrollando las grandes migraciones, tanto regionales como interregionales. Estas, si bien comenzaron a mediados del XVIII, no alcanzaron su cenit hasta el periodo que va desde 1850 a 1930.

Por su parte, el crecimiento de la población urbana estuvo muy ligado al desarrollo del mercado, la especialización económica y la concentración empresarial. Mientras que en el Antiguo Régimen predominaba el poblamiento de tipo rural, desde el siglo XVIII se advierte una inversión de las tendencias a favor del asentamiento urbano.

Así, en el tránsito del XIX al XX, nos encontramos ante un mundo occidental mayoritariamente urbano, en el que existen 135 ciudades con más de 100.000 habitantes.

El desarrollo económico como impulsor de la demografía

El enorme crecimiento demográfico experimentado por los países desarrollados durante este periodo, con el consiguiente incremento de productores y consumidores, trajo consigo importantes consecuencias positivas para la economía y el desarrollo industrial.

Sin embargo, no está de más una matización de esta afirmación, ya que la demografía no deja de ser un factor complejo y, en numerosas ocasiones, contradictorio.

En último término, si bien la revolución demográfica fue un factor fundamental para que se produzca la industrialización, también es verdad que podría haber sido causa de su estrangulación.

Este incremento de población, para que se dé la revolución industrial, ha de llegar en el momento adecuado en cada región, y ha de contar con posibilidades de emigración y de apertura al mercado internacional

La democracia en Alexis de Tocqueville

por Carlos, posted in Pensamiento
El discurso teórico de Alexis de Tocqueville, presente especialmente en La democracia en América (1840), presenta dos puntos centrales: la tendencia de las sociedades modernas hacia la democracia y la igualdad, y los conflictos que pueden generarse entre ellas.

La tendencia hacia la democracia constituye una especie de filosofía de la historia dentro de sus planteamientos. Es decir, Alexis de Tocqueville defiende que, de manera inevitable, el devenir de las sociedades modernas las conduce en esa dirección. Con respecto al conflicto entre libertad e igualdad, Tocqueville manifiesta que, en caso de producirse, las sociedades humanas siempre optarán por la primera.

La concepción filosófica de la historia

Como ya hemos indicado, Alexis de Tocqueville veía inevitable el triunfo de la democracia en las sociedades modernas. Desde su punto de vista, en este triunfo participaban, no sólo sus partidarios, sino también otros grupos que, de manera inconsciente, aceleraban su proceso de establecimiento.

Además, el autor francés sostenía que incluso los enemigos de la democracia, con sus actos, favorecían su implantación. En medio de la vorágine, y contra la nueva corriente predominante, estos grupos fracasarían, siendo absorbidos por el nuevo orden.

Sin embargo, Alexis de Tocqueville no era partidario del establecimiento de un modelo democrático uniforme y cronológicamente coincidente.

En cada estado deberían respetarse las propias tradiciones, así como el ritmo de su evolución socio-política. De esta forma, no todas las naciones accederían a la vez al sistema democrático. Además, este no tendría las mismas formas en cada una de ellas, sino que se adaptarían a un modelo identitario propio.

La sociedad estamental

A la hora de definir la sociedad democrática, Alexis de Tocqueville parte de la enumeración de los principales rasgos de la estamental, propia del Antiguo Régimen.

La sociedad estamental se organizaba a partir de tres estamentos a los que se accedía, no por los propios logros de las personas, sino por adscripción.

Es decir, en función de su origen familiar una persona quedaba encuadrada de por vida entre los privilegiados o entre los no privilegiados.

Sin embargo, este hermetismo entre los estamentos se complementaba con la acción recíproca de cada uno de ellos. Así, la tarea específica de un grupo repercutía en los restantes, existiendo una clara conexión entre ellos. Esta situación provenía del origen feudal de los estamentos que, desde el medioevo, se había mantenido hasta comienzos del siglo XIX.

El planteamiento era el siguiente: la nobleza con su espada defendía a la sociedad, el clero hacía lo propio con las armas espirituales, mientras que sobre el estado llamo recaía la obediencia y el mantenimiento de los otros dos grupos.

El tercer rasgo de la sociedad estamental era la concentración de poderes en los grupos privilegiados. Estos controlaban la política, la economía y la cultura.

Principios de la sociedad democrática

Una vez definidos los rasgos de la sociedad estamental, Alexis de Tocqueville enumera, en contraposición con el régimen anterior, tres principios del tipo social democrático.

En primer lugar sitúa la desaparición de las desigualdades. El autor francés identificaba esta característica con el debilitamiento de la adscripción. De esta manera, aunque el nacimiento continuaba teniendo su peso en la posición social de las personas, el elemento fundamental para su clasificación por grupos pasaba a ser el logro.

La meritocracia defendida por Tocqueville no significaba, a su vez, que unas personas valieran más que otras. Desde su perspectiva todos los seres humanos eran iguales. La diferencia radica, por tanto, en el esfuerzo puesto por la persona en sí para alcanzar una posición preeminente. Así como en el servicio que con esa dedicación presta a la sociedad.

Una vez explicado el principio de igualdad y la importancia del logro, Tocqueville nos presenta el segundo rasgo de la sociedad democrática: el valor del trabajo. El autor francés sostiene que, si se eliminan las barreras que impiden el acceso de determinados grupos a la riqueza, estos buscarán enriquecerse y ganar prestigio social.

La única manera de alcanzar esta meta en una sociedad meritocrática es, precisamente, el trabajo. Este, desde su origen egoísta, pues el ser humano únicamente busca el propio lucro, redundará a la larga en beneficio de toda la sociedad.

Por último, y basándose una vez más en la igualdad, Tocqueville defenderá el acceso de todos a la toma de decisiones. Es decir, consagrará el principio de participación ciudadana en la vida política.

La crisis del Antiguo Régimen

por Carlos, posted in Historia Moderna
El proceso de cambios políticos, económicos, sociales y culturales que sufrieron los estados europeos como consecuencia de las revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se conoce comúnmente como la crisis del Antiguo Régimen.

Si bien este fenómeno tuvo momentos puntuales que podríamos señalar como culminantes, se suele afirmar que se trató de un proceso largo. De esta manera, algunos autores llegan a defender que sus primeras manifestaciones tuvieron lugar con las revoluciones inglesas del siglo XVII, siendo sus últimos coletazos las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848.

El tránsito al nuevo orden

Las consecuencias de esta crisis, que no es más que el paso de un modelo de organización caduco a otro más acorde con los nuevos tiempos, fueron las siguientes:

  • Desde el punto de vista político, el paso de un régimen absolutista a otro de corte liberal.
  • En economía, el tránsito de una economía agraria y gremial a otra de tipo capitalista.
  • En el ámbito de la sociedad, la desaparición de los estamentos -nobleza, clero y estado llano-, con los privilegios y las desigualdades que suponían, y su sustitución por una sociedad organizada en clases.

Estas transformaciones se llevaron a cabo mediante una serie de acontecimientos históricos que van desde la independencia de los EE.UU. en 1776, a la «primavera de los pueblos» (1848). No obstante, como ya indicamos anteriormente, algunos teóricos de la cuestión llevan los inicios del proceso a sucesos anteriores: las revoluciones inglesas del siglo XVII.

Al margen de que se consideren los hechos acaecidos en Inglaterra como parte del proceso o como antecedentes del mismo, este incluye revoluciones de muy diverso orden. De esta manera, a las de corte liberal -1776, 1789, 1820 y 1830-, hemos de añadir una de marcado carácter democrático, la de 1848. A su vez, en medio de los cambios políticos, se llevaron a cabo también transformaciones en la economía. La principal manifestación de eso fue, sin duda, la revolución industrial.

Antecedentes de la crisis

Dos acontecimientos históricos contribuyeron de manera casi decisiva a la puesta en cuestión de la crisis del Antiguo Régimen. El primero de ellos tuvo lugar en Inglaterra por medio de dos revoluciones de talante liberal: la de 1640 y la de 1688. El segundo fue la Guerra de los Siete Años (1756-1763), y más en concreto su episodio norteamericano.

La revolución inglesa de 1640 fue el escenario de la primera ejecución de un soberano absoluto: el rey Carlos I Estuardo. Tras la decapitación del monarca, el Parlamento proclamó la República, que fue dirigida con brazo de hierro, durante casi veinte años, por Oliver Cromwell.

En el seno de la nueva realidad revolucionaria surgieron tres fenómenos que contribuyeron notablemente a socavar las bases del Antiguo Régimen.

El primero de ellos fue la puesta en duda de la soberanía absoluta del rey, que se manifestó tanto en las exigencias del Parlamento -su gran rival- como en la definitiva ejecución de Carlos I. El segundo fue la aparición de los levellers, un grupo político que manifestó un rechazo radical a cualquier forma de desigualdad. Por último, hemos de hacer referencia a la lucha por la tolerancia religiosa, de la que eran abanderados los puritanos y sus simpatizantes.

La revolución inglesa de 1688 no hizo más que confirmar las conquistas alcanzadas en la década de 1640. Estas se estaban viendo amenazadas por el rey Jacobo II tras la restauración de los Estuardo en el trono. Los revolucionarios ingleses expulsaron al monarca y elevaron al trono a Guillermo de Orange, que consintió en aceptar la supremacía del Parlamento. Tras más de cuarenta años de enfrentamientos, en Inglaterra se asentaba definitivamente un régimen liberal.

La Guerra de los Siete Años sembró la semilla para la independencia de trece de las colonias británicas. Los ingleses habían derrotado en América a los franceses, pero el coste había sido grande.

De esta manera, el intento de sacar de los propios territorios norteamericanos la contraprestación a tal esfuerzo, generó un gran descontento entre los colonos. Estos, después de muchas deliberaciones, y de no pocas torpezas por parte de la diplomacia británica, iniciaron el camino hacia su emancipación.

A su vez, la derrota de los franceses y la posterior crisis económica de la hacienda de aquel país, sentó las bases para la Revolución Francesa de 1789.

Los restantes factores de la crisis

En el campo de la economía cabe destacar la aparición de dos fenómenos: la aparición de la protoindustria y la revolución agraria. Ambos elementos, consecuencias claras de un cambio en el planteamiento económico, contribuyeron notablemente al posterior desarrollo de la revolución industrial.

Dentro del ámbito ideológico, hemos de referirnos a dos núcleos de pensamiento: el británico y el francés. Al respecto, se hace necesario afirmar que ambos estuvieron en constante conexión y se influenciaron mutuamente.

En Gran Bretaña, por el carácter novedoso de sus ideas, hemos de mencionar a John Locke y Adam Smith. El primero de ellos, en tanto que defensor de la libertad política y de la separación de poderes, puede ser considerado como el padre del liberalismo político. El segundo, con sus leyes de la economía, fue el padre del liberalismo económico.

En Francia, desde mediados del siglo XVIII, empezaron a hacerse populares las ideas políticas, económicas y sociales de personajes como Montesquieu, Rousseau, Voltaire y Diderot, entre otros. Las ideas de estos intelectuales, en un contexto de crisis que exigía cambios radicales, empujaron al mundo occidental a un cambio radical que acabó por enterrar para siempre el Antiguo Régimen.

Transformaciones económicas y cambios sociales la España del siglo XIX

por Carlos, posted in Historia Contemporánea

Introducción

Durante el siglo XIX España experimentó una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales. De entre ellas cabe destacar, por su importancia, las siguientes:
  • Introducción de nuevas técnicas y modos de producción agrícola.
  • Aparición de una industria moderna, basada en la maquinaria y la fábrica.
  • Sustitución de la monarquía absoluta por una de tipo parlamentaria y constitucional.
  • Desaparición de la Inquisición y de los derechos señoriales.
  • Sustitución de la vieja sociedad feudal por una sociedad de clases.

Ese conjunto de cambios siguieron las pautas de los experimentados por otros países de Europa occidental. Se trataba, pues, de un proceso de modernización que hundía sus raíces en la revolución liberal y la industrialización. Ahora bien, España no alcanzó el mismo grado de desarrollo que los países de su entorno.

La agricultura, y no la industria, continuó siendo la principal actividad económica. La modernización tampoco alcanzó su plenitud en el ámbito político, donde el régimen parlamentario no terminó de afianzarse, tanto como consecuencia de los sucesivos pronunciamientos y golpes de Estado como por la manipulación de los resultados electorales a través de prácticas como el caciquismo, el encasillado o el pucherazo.

En cierto modo puede hablase de un atraso o fracaso del proceso de modernización e industrialización, pues esta no se inició hasta bien entrada la década de 1830.

Ahora bien, partiendo de unos niveles de desarrollo inferiores a los de los países de su entorno -fruto de atraso al que nos hemos referido-, la industria española experimentó un importante avance a finales de siglo. Dentro de este fenómeno cabe destacar la industria siderúrgica vasca, las fábricas textiles catalanas y la explotación minera asturiana y andaluza. Además, gracias a la inversión extranjera, el país pudo contar con una moderna red de ferrocarril y carreteras.

El proceso de modernización experimentado por el país afectó también a la demografía. A pesar de los sucesivos conflictos bélicos, se produjo un aumento constante de la población. Este fenómeno fue especialmente llamativo en las ciudades, que se convirtieron en el destino de las personas que emigraban desde el medio rural.

De esta forma, muchas urbes superaron los límites de sus antiguas murallas, al tiempo que iniciaban los planes urbanísticos de «ensanche». Ahora bien, junto a la ciudad burguesa, de estructura ortogonal y cómodas avenidas, surgieron los insalubres y marginales barrios obreros en el entorno de las fábricas.

Por último, hemos de mencionar la evolución de la estructura social que, como comentamos anteriormente, abandonó el criterio estamental. El grupo social, la clase, pasó a ser el criterio de diferenciación. De esta manera, como en el resto de los países industrializados, surgió en España el proletariado o clase obrera, formada por los trabajadores de las fábricas.

Poco a poco esto fueron agrupándose y organizándose en sindicatos con el fin de mejorar sus condiciones de vida y  defender sus derechos.

Aspectos que condicionaron el desarrollo económico

Geográficos. Desde este punto de vista España presentaba como ventajas una óptima localización para el comercio exterior y una gran riqueza del subsuelo; sin embargo, las dificultades orográficas complicaban el desarrollo del comercio interior y el suelo agrícola era pobre y árido.

Demográficos. A pesar del crecimiento constante de la población, el ritmo fue menor que en Europa. La distribución por regiones fue muy desigual. Además predominaba la población activa agrícola, a pesar de que se produjo un importante crecimiento de la población urbana.

Sociales. La nobleza se aburguesó, ya que la base económica continuó siendo la tierra. Por su parte la burguesía optó también por invertir en latifundios en detrimento de la industria. En el campo se produce un incremento notable de asalariados que polariza la sociedad.

Infraestructuras. La descapitalización y el endeudamiento del Estado será una constante, así como los elevados costes de los transportes y la producción energética.

La propiedad. La mayor parte de la tierra cultivable estaba inmovilizada a comienzos del siglo XIX.

Los procesos de desamortización

A comienzos del siglo XIX, la propiedad de la tierra en España presentaba una estructura heredada de la Edad Media que tenía como rasgo fundamental la gran desigualdad entre los distintos grupos sociales.

Entre los grandes propietarios se encontraban la Corona, la Iglesia (manos muertas), los nobles (mayorazgos) y los municipios o concejos. Durante el Antiguo Régimen los terrenos de los estamentos privilegiados estaban exentos de pagar impuestos y mal explotados. Por lo tanto, no es de extrañar que desde finales del siglo XVIII se viera en la desamortización -incautación por el Estado de bienes de la Iglesia, de la Corona y de los municipios que eran nacionalizados y después se vendían en pública subasta- una vía para aumentar los ingresos de la Hacienda, primero por la venta de los terrenos y después a través de los impuestos.

Además en el siglo XIX hay un grupo social que quiere maximizar esa riqueza y desea apoderarse de esas tierras: la burguesía liberal. De ahí que con el triunfo de los liberales triunfen las desamortizaciones.

Las primeras actuaciones desamortizadoras se remontan a finales del siglo XVIII, y más en concreto a la política llevada a cabo por Manuel Godoy entre 1798 y 1808. Estas afectaron fundamentalmente a la Iglesia y tenían como principal objetivo recaudar dinero para hacer frente al endeudamiento de la Hacienda. Sin embargo, durante el reinado de Fernando VII se detuvo la desamortización de bienes eclesiásticos y se inició un segundo proceso centrado en los bienes de particulares.

Las desamortizaciones de la primera mitad del siglo XIX estuvieron acompañadas de una serie de medidas encaminadas a suprimir los privilegios del Antiguo Régimen: vinculaciones, régimen señorial, diezmos….

La primera fue la que afectó a los bienes de la Iglesia y la llevó a cabo el liberal progresista Mendizábal en 1836. No en vano, las desamortizaciones eclesiásticas sirvieron para debilitar a la Iglesia, que apoyaba la causa carlista. La segunda y más importante fue la que afectó fundamentalmente a las tierras comunes de los Ayuntamientos. Esta tuvo como protagonista al ministro progresista Pascual Madoz, y tuvo lugar en 1855.

Ambas podrían haber creado una nueva clase de pequeños propietarios agrícolas, pero no fue así. Las tierras nacionalizadas fueron vendidas en pública subasta, pagándose con deuda pública la de Mendizábal, y con dinero la de Madoz.

Esas tierras desamortizadas pasaron en su mayor parte a la antigua nobleza, que se vio compensada por la pérdida de sus prebendas jurisdiccionales al ser indemnizada con títulos de la deuda. También se vio favorecida la alta burguesía, que había apoyado a los liberales en la guerra carlista, y en menor medida, los medianos propietarios. Muchas de las tierras desamortizadas quedaron en manos de los hasta entonces insignificantes gobernantes locales que pasaron a convertirse en auténticos caciques.

Desde el punto de vista agrario, no se contribuyó a la racionalización del tamaño de la propiedad, es más se contribuyó a reforzar el latifundio y el minifundio en zonas donde anteriormente existían. No se modernizó la agricultura, ni se invirtió en nueva tecnología. La agricultura siguió siendo tradicional y explotada por jornaleros sin tierra.

Una de las principales consecuencias sociales de las desamortizaciones fue que los campesinos sin tierra vieron empeorada su situación. Quedaron a merced de la explotación de los terratenientes y sin posibilidad de emigrar a las ciudades por no producirse un desarrollo industrial paralelo. Todo ello generó  el caldo de cultivo revolucionario donde harían su agosto las ideologías anarquistas.

En resumen, el proceso de desamortización de la tierra fue un proceso largo, que duró aproximadamente cien años, (casi hasta finales del siglo XIX), y supuso la abolición de las instituciones jurídicas que sostenían el Antiguo Régimen, un gran trasvase de la propiedad y la consolidación de una estructura agraria (agricultura tradicional) vigente hasta el siglo XX.

Industrialización y modernización de las infraestructuras.

Para una buena parte de los países europeos, el siglo XIX resultó una época de profundos cambios económicos concentrados en la industrialización. Por el contrario, a finales del siglo XIX, la economía española seguía teniendo rasgos de atraso económico evidente:

  • Una agricultura arcaica y con bajos rendimientos se mantenía en el centro de la vida económica.
  • El mercado interior era incapaz de absorber la propia producción industrial.
  • La falta de una red de transportes y comunicaciones eficaz que hubiera facilitado y abaratado los intercambios.

La consecuencia de todo ello fue que, mientras los granos de Castilla se pudrían en los graneros, Cataluña o Valencia debían importarlos del extranjero. Mientras Asturias no encontraba compradores para su hulla, los campesinos castellanos debían quemar la paja en sus hogares, tan necesaria como era para el abonado del campo. Es decir, se fomentaba el estancamiento energético por un lado y el inmovilismo agrario por otro y, al mismo tiempo, se establecía una balanza comercial desfavorable con el extranjero.

En realidad todo remitía a un mismo problema: la inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas, planeadas tras las pérdidas de las colonias americanas.

No obstante, a lo largo de la centuria hubo importantes intentos de avance económico que comportaron el nacimiento de significativos focos industriales. Dos fueron las zonas pioneras: Cataluña y País Vasco. Y dos también las industrias más importantes: la textil y la siderurgia. Junto a ellas la minería conoció un auge digno de reseñar.

La revolución industrial española fue más tardía y menos potente que la del resto de Europa occidental. Las causas hay que buscarlas en la inestabilidad política, las destrucciones de la guerra de la Independencia y de las guerras carlistas, y en la inexistencia de una burguesía moderna y abundante que prefirió invertir en la compra de tierras (desamortizaciones) antes que en la industria.

España, desde los fenicios, ha sido tierra de exportación de su riqueza minera (cobre, estaño, oro, hierro, mercurio…). Durante el siglo XIX, y sobre todo a partir de 1868 (Ley de Minas, desamortización del subsuelo), van a ser los capitales extranjeros (principalmente británicos) los que van a venir a explotar la minería y montar las primeras fundiciones para ese mineral. Los capitales extranjeros se sintieron especialmente atraídos por las zonas mineras de Huelva, Cartagena y Vizcaya.

Los capitales acumulados por la exportación de mineral de hierro vasco y la baratura del carbón británico serán el origen de la gran siderurgia vasca (Altos Hornos de Vizcaya, 1902).

El inicio de la explotación del carbón asturiano va a crear una industria siderúrgica moderna, que en el caso de Vizcaya, va a ayudar a la instalación en sus costas de los más potentes astilleros del país (Euskalduna).

Por otra parte en Cataluña van a aparecer una serie de empresarios textiles que van a modernizar el proceso productivo textil y van a crear modernas empresas en este sector. Todos estos procesos productivos estaban favorecidos por una política de proteccionismo económico.

La industria se centrará en estos dos focos principalmente. En determinados núcleos urbanos surgirán pequeñas industrias de carácter local y ligadas a los bienes de consumo y a la reparación de maquinaria. Serán pequeños oasis industriales en una sociedad agraria.

Desde mediados del siglo XIX la atormentada geografía hispana mejoró un poco su sistema de comunicaciones.

Se mejoraron algo las “carreteras” (nada que ver con las actuales) y se construyeron más de 40.000 km. Pero mucho más importante fue el nacimiento del ferrocarril que posibilitó la creación de un mercado nacional mucho más especializado e intercomunicado. Se pueden distinguir dos periodos: antes y después de la Ley de Ferrocarriles de 1855.

Antes de 1855 se diseñó una red radial con un ancho diferente al europeo. Se constituyeron numerosas compañías ferroviarias que respondían a un movimiento especulador. Se construyeron muy pocos kilómetros y la mayoría respondían a los intereses de las oligarquías rurales. Los primeros trayectos fueron Barcelona-Mataró en 1848, Madrid-Aranjuez en 1851 y Gijón-Langreo 1855.

La Ley General de Ferrocarriles de 1855 permitió a compañías extranjeras la construcción y explotación de los ferrocarriles originó una oleada constructora. Todas las grandes líneas fueron financiadas por capitales extranjeros (belgas y franceses principalmente) que tuvieron grandes ventajas económicas. Bilbao-Tudela por Miranda en 1857, Madrid-Irún, en 1874, Madrid-Zaragoza-Alicante-Barcelona, etc.

Crecimiento demográfico y cambio social

A lo largo del siglo XIX, la población española creció considerablemente, pasó de diez a veinte millones de habitantes, aunque lo hizo a un ritmo más lento que los países más industrializados de Europa occidental, ya que se mantuvieron arcaísmos demográficos (hambrunas hasta 1882, epidemias, elevada mortandad infantil).

Este crecimiento fue desigual por regiones, fue mayor en el norte que en el sur, y en las zonas periféricas que en el interior, a excepción de Madrid.

El aumento de población en las ciudades hizo necesario romper sus antiguas murallas. Se proyectaron ensanches urbanos como los realizados por Arturo Soria en Madrid o Ildefonso Cerdá en Barcelona. No obstante, la mayor parte de la población siguió siendo agraria.

La sociedad también se transformó y los estamentos propios del Antiguo Régimen dieron paso a la moderna división de clases propia de una sociedad capitalista.

La nobleza, que había perdido sus antiguos derechos señoriales pero que había acrecentado su poder económico gracias a la desamortización, se integró en los grupos dirigentes de la sociedad burguesa.

La Iglesia perdió gran parte de su poder económico al disolverse algunas órdenes religiosas y perder sus bienes con las desamortizaciones. Perdió también influencia social entre la nueva clase proletaria y entre sectores intelectuales.

Las clases burguesas adquirían el papel de nuevas clases dirigentes con la nueva estructura social que se fue configurando a lo largo del siglo XIX. Si a principios de siglo adoptó posturas políticas que tendía a acabar con los antiguos privilegios de la Iglesia y la nobleza, desde mediados de siglo se produjo un desplazamiento hacia posiciones cada vez más conservadoras.

La alta burguesía enriquecida en parte por la desamortización perdió toda iniciativa empresarial y tendió hacia modos de vida rentista buscando el ennoblecimiento y la equiparación social con la antigua aristocracia.

Las llamadas clases medias fueron un sector poco numeroso constituido por pequeños comerciantes, empresarios industriales, abogados, médicos, etc., que ocuparon la cúspide social de las ciudades.

La pequeña burguesía, tenderos, artesanos, funcionariado, etc., constituyeron grupos en los que se apoyaban las alternativas políticas liberal-progresistas. Imitaban las foras de vida de la alta burguesía, aunque de forma más modesta.

La mayor parte de la población (clases populares) estaba constituida, en primer lugar, por el campesinado, y, en las zonas industrializadas, por los obreros industriales.

Los campesinos, en gran parte jornaleros, continuaron ocupando el estrato más bajo de la escala social. Sus condiciones de vida eran miserables, lo que provocó numerosas revueltas en el campo (creación de la Guardia Civil en 1844 para mantener el orden de las zonas rurales).

El número de obreros industriales creció enormemente a partir de 1840, sobre todo en Cataluña. Antiguos campesinos y artesanos emigraron a las ciudades (éxodo rural) en busca de mejores condiciones de vida y salarios más altos. Sin embargo, las condiciones de trabajo en las fábricas y de vida en sus míseras viviendas son tan terribles que poco a poco van tomando conciencia de su injusta situación y se van agrupando en asociaciones que defiendan sus derechos: sindicatos (los primeros sindicatos ilegales surgen en Cataluña y participarán a partir de 1842) y en mutuas obreras. Los gobiernos moderados los perseguirán.

Había también un sector de la población marginado: mendigos que iban de una ciudad a otra (cerca de 100000 pobres).

En este contexto surge el movimiento obrero español. Durante el siglo XIX y gracias a la libertad de asociación surgirán en Gran Bretaña y Francia sindicatos (Trade Unions británicas) y diferentes movimientos socialistas (cartismo, socialismos utópicos, socialismos marxistas y anarquistas). Todos ellos pedían una transformación del sistema capitalista y una mejora en la situación de la clase obrera.

Entre esos movimientos, los que más trascendencia han tenido son el marxismo y el anarquismo, que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX.

El marxismo (Karl Marx) era un socialismo revolucionario. Su ideología partía de que la clase burguesa estaba explotando a la clase obrera (proletariado) mediante la apropiación de la plusvalía del trabajo. Los obreros deberían tomar conciencia de dicha explotación, organizarse en partidos y sindicatos de clase y, cuando el sistema capitalista entrara en crisis, conquistar el poder y establecer una dictadura del proletariado como paso previo a un Estado que controlara los medios de producción y regulara las condiciones laborales.

El anarquismo partía de la base de que el Estado era el sostén de la clase burguesa y de que había que destruirlo para alcanzar la libertad. Deberían desaparecer el Estado, la Iglesia, la “familia burguesa” y la propiedad privada. El individuo libre y responsable se organizaría en comunas autogestionarias. Dentro del anarquismo surgieron dos corrientes distintas: una pacifista que se basaba en los sindicatos asamblearios y en la expansión de sus ideas, y otra partidaria del terrorismo. La península estuvo al margen de estos movimientos.

En 1864 todas las corrientes socialistas crearon la Asociación Internacional de Trabajadores o I Internacional que reunida en Londres en 1864, donde se enfrentaron los presupuestos marxistas y anarquistas. En la fundación de la Internacional participaron algunos españoles a título individual. Cuando en España se produce la revolución de 1868 comienzan a llegar periódicos y propagandistas de la Internacional.

Paul Lafargue, yerno de Marx, extendió los planteamientos marxistas que calaron en Madrid, País Vasco y Asturias. La figura más importante del marxismo español fue Pablo Iglesias que fundará el P.S.O.E. en 1879 y la U.G.T. en 1888. Pedían la intervención del Estado y la nacionalización de los sectores económicos más importantes.

Giuseppe Fannelli extendió los planteamientos anarquistas por Cataluña, Levante y entre los jornaleros agrarios del centro y del sur; no quieren un Estado que controle todo, ya que entienden que es una atadura para la libertad total, esa corriente no es un partido político ya que están en contra de ellos, pero sí un sindicato. Surgirán multitud de pequeños sindicatos y revistas sin conexión entre ellas. Tras la Semana Trágica formarán el sindicato de la C.N.T. en 1910.

La mayor parte de la población, por su falta de formación y por la dispersión geográfica, no participó en la lucha política. La existencia del voto censitario (sólo podían votar los que tuvieran un determinado nivel de renta) les alejó de la participación política durante el reinado de Isabel II. Durante el Sexenio Revolucionario comienza la participación en política.

La falta de instrucción y de preparación hicieron que la mayor parte de la población estuviese más cercana al «mesianismo anarquista» que a la formación de partidos y sindicatos. Las duras condiciones de vida, la perdida de las tierras comunales y las hambrunas hicieron que las clases más pobres fuesen partidarias y promoviesen levantamientos y algaradas.

La participación de las masas en el movimiento cantonal fue el germen de la posterior movilización popular a finales del siglo XIX.

El antisemitismo como insulto al sentido común I

por Carlos, posted in Sin categoría

La principal para nuestro propósito es el gran descubrimiento que Tocqueville hizo (en L`Ancien Régime et la Révolution, libro II, cap. 1) de los motivos del violento odio que, al estallar la Revolución, experimentaban las masas francesas hacia la aristocracia -un odio que estimuló a Burke a señalar que la Revolución se mostraba más preocupada por «la condición de un caballero» que por la institución de un rey. Según Tocqueville, el pueblo francés odiaba a los aristócratas a punto de perder su poder más de lo que les odiaba antes, precisamente porque su rápida pérdida del auténtico poder no se había visto acompañada por ningún declive considerable de sus fortunas. Mientras la aristocracia mantuvo vastos poderes de jurisdicción fue no sólo tolerada, sino respetada. Cuando los nobles perdieron sus privilegios, entre ellos el privilegio de explotar y de oprimir, el pueblo les consideró parásitos, sin ninguna función real en el gobierno del país. En otras palabras, ni la opresión ni la explotación como tales han sido nunca la causa principal del resentimiento; la riqueza sin función visible es mucho más intolerable, porque nadie puede comprender por qué debería tolerarse.

Análogamente, el antisemitismo alcanzó su cota máxima cuando los judíos habían perdido sus funciones públicas y su influencia y se quedaron tan sólo con su riqueza. Cuando Hitler llegó al poder, los bancos alemanes estaban casi totalmente judenrein (y era precisamente en ese sector donde los judíos habían mantenido posiciones decisivas durante más de cien años), y la judería alemana, en conjunto, tras un largo y firme progreso en estatus social y en número, estaba declinando tan rápidamente que los estadísticos predecían su desaparición en el plazo de unas pocas décadas. Es cierto que las estadísticas no apuntaban necesariamente a los verdaderos procesos históricos; sin embargo, vale la pena señalar que para un estadístico la persecución y el exterminio nazis podían parecer una insensata aceleración de un proceso que en cualquier caso se habría producido.

Cabe decir lo mismo de casi todos los países de Europa occidental. El affaire Dreyfus no estalló bajo el Segundo Imperio, cuando la judería francesa se hallaba en la cumbre de su prosperidad e influencia, sino bajo la Tercera República, cuando los judíos habían desaparecido casi por completo de las posiciones importantes (aunque no de la escena política). El antisemitismo austríaco no se tornó violento bajo Metternich y Francisco José, sino en la República austríaca de la posguerra, cuando se hizo evidente que ningún otro grupo había sufrido tal pérdida de influencia y de prestigio en razón de la desaparición de la monarquía en los Habsburgo.

Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, p. 66-67.

Corrientes historiográficas en torno a la Revolución Francesa

por Carlos, posted in Historia Contemporánea

En el presente artículo trataremos de abordar una cuestión compleja que, aún hoy día, genera grandes debates y controversias dentro del gremio de los historiadores. Explicar la realidad de los sucesos revolucionarios que tuvieron lugar en Francia a caballo entre el siglo XVIII y el XIX es, en la actualidad, una tarea compleja. Poco sabemos de algunos de los aspectos fundamentales; y, por si fuera poco, son abundantes las valoraciones contrapuestas de aquellos que conocemos al detalle.

No obstante, la mayor parte de los autores coinciden al afirmar que el proceso histórico abierto el 14 de julio de 1789 fue heredero del pensamiento político del XVIII y, al mismo tiempo, padre del desarrollo del siglo XIX.

Sin lugar a dudas, la Revolución Francesa tuvo consecuencias negativas; fueron abundantes los errores y excesos de sus protagonistas. Sin embargo, una visión global de todos esos acontecimientos nos llevan a concluir que el global de la misma arroja un resultado positivo; gracias a ella la transformación política y social de signo liberal y burgués experimentó un gran impulso.

Tampoco coinciden los autores a la hora de enumerar las causas de la revolución. A mi juicio, además del desarrollo del pensamiento político citado anteriormente, jugaron un papel fundamental el descontento de los privilegiados, el endeudamiento de la hacienda francesa, la derrota en la Guerra de los Siete Años, y las crisis campesionas finiseculares.

Tal vez por influencia de la historiografía marxista suele afirmarse que los acontecimientos revolucionarios franceses evolucionaron desde una situación de prerrevolución aristocrática a una revolución del Tercer Estado. Sea como fuere, la mayor parte de los autores coincide en la triple periodización de estos hechos históricos:

  • El constitucionalismo moderado (1789-1791).
  • La Convención, con el predominio de los girondinos (1791-92) y de los jacobinos (1793-94).
  • El Directorio (1795-1799).

Además, existe un amplio consenso dentro de la comunidad científica a la hora de destacar la importacia histórica de la Revolución Francesa. No obstante, por cuestiones ideológicas o de escuela, este se convierte en disenso al explicar los hechos o establecer valoraciones. A continuación trataremos de explicar este desacuerdo analizando brevemente las principales corrientes historiográficas con sus respectivos autores.

Corrientes historiográficas más destacadas

Sobre la historiografía conservadora del XIX poco diremos. Tan sólo destacar que con autores como Burke, Taine, Gaxotte o Aubrys, se iniciaron los estudios sobre la Revolución Francesa; y que, a consecuencia de la época y de las ideas de estos estudiosos, fue con una visión un tanto negativa hacia esos hechos.

Los historiadores liberales, especialmente Michelet y Aulard, pretendieron elevar a los revolucionarios al situarlos como herederos de la intelectualidad ilustrada.

Por tanto, la historiografía liberal trató por todos los medios de dignificar los acontecimientos franceses. Trataron de explicarlos como una necesidad histórica: un nuevo sistema político que se abría paso a expensas de otro caduco. Por esa razón, sin olvidar aspectos negativos como “el Terror”, hicieron especial hincapié en los textos más importantes -Declaración de Derechos y sucesivas constituciones- y en los hechos más atrayentes para la mentalidad romántica de la época (El pueblo en la calle, la Bastilla el 14 de julio).

Blanc, Jaurès, Mathiez, Labrousse, Rudé, Soboul y Lefebvre son los principales representantes de historiografía socialista en Francia.

El primero de ellos nos deja una visión más positiva de los jacobinos, al tiempo que considera muy negativa la etapa napoleónica. El segundo centra sus estudios en la lucha de clases de la Francia finisecular, prestando especial atención al ascenso de la burguesía.

Otros autores socialistas prefirieron prestar menos atención a la Historia de los grandes acontecimientos para centrarse en aspectos socioeconómicos. Ese fue el caso de Labrousse, volcado en el estudio de los salarios y los precios, y Rudé, especialista en mentalidades y opinión pública.

La mayor parte de los miembros de esta escuela considera que los verdaderos protagonistas de la Revolución Francesa fueron los pequeños productores. Según su visión, la burguesía siempre fue a la zaga de estos personajes, juegando un papel moderador. Así explican su apoyo a la monarquía constitucional y, con la caída de esta, a los girondinos.

Los historiadores marxistas suelen distinguir dos etapas a la hora de estudiar la Revolución Francesa: ascendente (1789-1794) y descendente o de reacción burguesa (desde 1795).

Tanto Mazauric como Markow, principales expertos de esta escuela en la cuestión que nos ocupa, basan sus estudios en los postulados del materialismo histórico. En lo que se refiere a la lucha de clases como motor de la Historia, afirman que, debido a la existencia de varios grupos dentro de la propia revolución, esta estuvo marcada por una constante lucha entre los mismos.

Además, aplican los conceptos de estructura y superestructura al Antiguo Régimen, llegando a afirmar que la caída del mismo fue fruto del desfase de las mismas. Estos autores prestan especial atención en sus estudios a los “sans culottes”, a los que atribuyen un pensamiento proto-comunista. No obstante, reconocen que, en la coincidencia coyuntural de intereses, los burgueses fueron los grandes beneficiados.

La postura revisionista y los principales controversias

Tras haber analizado los planteamientos teóricos de cuatro grandes visiones historiográficas, nos centraremos en el repaso de las Interpretaciones revisionistas.

En primer lugar, los autores revisionistas -grupo complejo en el que encontramos estudiosos que van desde mediados del XIX a mediados del XX- atacan duramente la concepción de la revolución como una crisis exclusivamente política. Algunos de ellos, caso de Tocqueville, Godechot, Fouret y Richet, recalcan la herencia de la Ilustración, y consideran la etapa jacobina como un exceso de la revolución. Además, dan gran valor a los hechos posteriores a 1795.

Finalmente, enumeraremos los que, actualmente, son los núcleos de conflicto en la investigación histórica; las cuestiones que marcan el debate historiográfico.

En primer lugar, la controversia sobre los cambios estructurales que la inician; a lo que hemos de añadir la confrontación sobre la clase social “motor” del proceso. También son importantes aspectos como la cuestión de la refeudalización como causa de la revolución, la teoría de las revoluciones atlánticas, y la polémica jacobina. Los autores tampoco se ponen de acuerdo a la hora de definir los acontecimientos francese como un conjunto de revoluciones o como evolución temporal de la misma.

La reacción absolutista

por Carlos, posted in Historia Contemporánea

Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos sobre la España de Fernando VII. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.

Distinguimos tres etapas en la pugna entre liberalismo y absolutismo durante el reinado de Fernando VII: el Sexenio Absolutista (1814-1820), el Trienio Liberal (1820-1823), y la Década Ominosa (1823-1833). La situación política del continente fue muy parecida a la española durante esos años. Una vez derrotado Napoleón, se procedió a restaurar el absolutismo en todo el continente. Sin embargo, los brotes revolucionarios que se sucedieron después trataron de acabar con el Antiguo Régimen para implantar un sistema liberal.

Situación en 1813-1814

Al finalizar los trabajos constituyentes de Cádiz, las Cortes se disolvieron y se procedió a convocar unas nuevas de carácter ordinario. Esto vino acompañado por la victoria sobre el invasor francés, la firma de la paz de Valencia, y el regreso a España del rey Fernando VII.

Fue entonces cuando se produjo un gran rebrote absolutista, que logró convencer al monarca de que lo mejor era suprimir la obra de los liberales. Prueba de esta influencia es el “manifiesto de los persas”, un auténtico programa político expuesto al rey al poco de su retorno a España.

Vuelta al absolutismo

Por el decreto de Valencia (mayo de 1814) se declaró nula la obra legislativa de Cádiz. El capitán general de la zona procedió, por orden del rey, a disolver las Cortes Ordinarias. Además, en este acto fueron detenidos varios de sus miembros. Estos hechos marcaron el retorno de España al Antiguo Régimen; Fernando VII volvió a Madrid como un rey absolutista.

Ante la persecución de la que eran objeto por parte del nuevo régimen, muchos liberales se decidieron a emigrar. Otros fueron detenidos, y los que eran miembros del ejército fueron relevados de sus cargos para evitar levantamientos militares en favor del liberalismo. Los privilegios estamentales abolidos durante el conflicto volvieron a ser válidos. Como consecuencia de esto, la crisis de la Hacienda, que se pensaba resolver con la aportación fiscal de los privilegiados, continuó acrecentándose.

Contexto internacional

En los primeros años del siglo XIX, España perdió la mayor parte de sus posesiones coloniales. Dentro de este proceso distinguimos tres etapas:

  • Primer periodo (1800-1815); la debilidad de la metrópoli, ocupada por los franceses, se hace patente.
  • Segundo periodo (1815-1818); se consolidaron los primeros movimientos secesionistas. Además, estos fueron apoyados por las potencias europeas con intereses comerciales en Hispanoamérica.
  • Tercer periodo (1818-1824); el proceso emancipador llegó a su fin con la batalla de Ayacucho. A partir de ese momento España pierde de manera inevitable su presencia en la inmensa mayoría de las colonias americanas.
Por el decreto de Valencia (mayo de 1814) se declaró nula la obra legislativa de Cádiz.

El capitán general de la zona procedió, por orden del rey, a disolver las Cortes Ordinarias. Además, en este acto fueron detenidos varios de sus miembros. Estos hechos marcaron el retorno de España al Antiguo Régimen; Fernando VII volvió a Madrid como un rey absolutista.

Ante la persecución de la que eran objeto por parte del nuevo régimen, muchos liberales se decidieron a emigrar. Otros fueron detenidos, y los que eran miembros del ejército fueron relevados de sus cargos para evitar levantamientos militares en favor del liberalismo. Los privilegios estamentales abolidos durante el conflicto volvieron a ser válidos. Como consecuencia de esto, la crisis de la Hacienda, que se pensaba resolver con la aportación fiscal de los privilegiados, continuó acrecentándose.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.

El proyecto liberal español

por Carlos, posted in Historia Contemporánea

Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos sobre la España de Fernando VII. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.

La consulta al país

Una vez asentado su poder, la Junta Suprema decidió convocar unas Cortes. Pero antes, con el fin de conocer los problemas que padecía la nación y las reformas que necesitaba, se decidió realizar una “consulta al país”. Esta fue encargada a una Comisión de Cortes, cuyo presidente fue Jovellanos.

Las conclusiones más importantes extraídas de la consulta fueron las siguientes:
  • Descontento generalizado con el absolutismo; no se critica al Antiguo Régimen como sistema, sino sus excesos.
  • Crítica a los privilegiados y al exceso de privilegios, se ve la necesidad de establecer un sistema de igualdad social basado en la meritocracia.
  • Cuestiones económicas; enorme pobreza del país, deuda pública y crisis de la Hacienda, necesidad de reformar el sistema de propiedad salvando los obstáculo feudales.
  • Cuestiones administrativas; crítica al régimen señorial y al poder de las instituciones eclesiásticas. Se vio necesario un proceso desamortizador y que el Estado tomase las riendas de todos los instrumentos de la administración.

Después de esto, las trece Juntas Provinciales se erigieron en gobierno y convocaron unas Cortes para junio de 1809. Podemos distinguir dos corrientes en torno a esta convocatoria: la mayoría defendía que fuera de tipo representativa, mientras que una minoría prefería que fueran de tipo tradicional o estamental –tres órdenes, sin carácter legislativo, y sometidas al rey.

Finalmente se convocaron Cortes Estamentales para noviembre de 1810. No obstante, las Cortes acabaron autoconvocándose, y lo hicieron de forma representativa. Esto fue consecuencia del vacío de poder generado por los conflictos entre la Junta Central y las Juntas Provinciales, que acabaron por ceder el poder a la Regencia. A su vez, la inestabilidad de esta permitió que las Cortes actuasen a sus anchas.

Tarea política

Las Cortes estuvieron compuestas por 308 diputados, de entre los cuales un tercio eran clérigos –mayoritariamente urbanos- y otro tercio hidalgos. El resto de los procuradores pertenecía a la burguesía ilustrada, al grupo de profesiones liberales, o eran altos funcionarios del Estado. Ideológicamente predominaba el pensamiento liberal, bien de tipo radical o moderado; mientras que los absolutistas, a pesar de ser muy beligerantes, estaban en minoría.

En la primera reunión se autodefinieron como Cortes representativas y constituyentes convocadas por convención. Con esto querían dejar claro que estaban allí como representantes del pueblo y que, por ello, no reconocían ninguna autoridad superior. Además, establecieron un régimen parlamentario, por el cual la primera y última iniciativa le correspondía al parlamento.

Declararon la soberanía nacional y procedieron a la construcción del nuevo Estado liberal basado en los siguientes postulados:
  • Construcción del Estado como realidad jurídico-política bien definida. Para ello se procede a la abolición del absolutismo monárquico, y se establecen los límites territoriales de la nación.- Separación tripartita del poder: la capacidad normativa reside en el legislativo; al ejecutivo le corresponde llevar a la práctica lo legislado; y las armas coercitivas son patrimonio del poder judicial. Este esquema se reproduce además a nivel provincial y local.
  • Creación de un órgano de justicia independiente con un cuerpo de funcionarios profesionalizado. Este ha de basarse en la igualdad ante la ley, por lo que es necesario abolir los privilegios y las estructuras jurídicas forales. La fuente de la justicia deja de ser Dios para pasar a ser el legislativo, por cuyas leyes se rige todo el país.

Tarea social

Las nuevas Cortes también emprendieron la tarea de transformar la sociedad. Mediante el desmantelamiento de sus bases jurídicas, económicas y políticas, se procedió a la abolición de la sociedad estamental. Se trataba, pues, de imponer la sociedad de clases. El primer paso para esto fue la abolición del régimen señorial con sus relaciones de dependencia y vinculación a un señorío. Por un decreto de agosto de 1811 se estableció que:

  • Los derechos territoriales permanecen en el señor, pero no como propiedad imperfecta, sino como perfecta o capitalista.
  • Los derechos jurisdiccionales pasaron a la nación, titular de la soberanía.
  • Los privilegios y monopolios, previa indemnización, también pararon a la nación.

Como consecuencia de estas medidas cabe destacar la eliminación jurídica y política del régimen señorial; lo que supuso también el fortalecimiento económico de los señores. Dentro de estas reformas, también se procedió a la abolición de los gremios y del mayorazgo.

Modelos de sociedad

A continuación enumeraremos las principales característica de ambos modelos de sociedad. Iniciaremos este repaso con la estamental:

  • Jerarquizada; se ordena de arriba abajo.
  • Sacralizada; recibe su legitimidad de Dios.
  • Cada estamento se ordena por funciones preestablecidas.
  • Articulada por el privilegio.
  • Basada en el linaje y la sumisión (vasallaje).
  • Cerrada; ausencia de dinamismo.
  • Endogámica; cada estamento se alimenta con sus propios miembros.
  • Pensada para un mundo rural y agrario.

Características de la sociedad de clases:

  • Individualista; el sujeto social es el individuo, no los colectivos o estamentos.
  • Hablamos de ciudadanos, no de súbditos.
  • Se construye de abajo a arriba.
  • Sociedad securalizada; no se basa en argumentos divinos.
  • Organizada en función de la capacidad, no en la función.
  • Se basa en la igualdad de derechos y deberes.
  • Se tiene en cuenta la riqueza, no el linaje.

A los rasgos enunciados sobre la sociedad de clases, hemos de añadir tres principios básicos sobre los cuales se sustenta este sistema:

  • Libertad; ruptura de las vinculaciones laborales, comerciales, jurisdiccionales. La nación y el individuo ganan en autonomía.
  • Igualdad; en oposición al privilegio e igualdad ante la ley.
  • Propiedad; elemento básico del nuevo sistema económico y fundamental para estructurar la sociedad y los derechos políticos.

Transformaciones económicas

Abordamos ahora el cambio del sistema económico que, desde la perspectiva del materialismo histórico, fue la clave del proceso revolucionario. El primer factor necesario para transformar la economía era la propiedad de la tierra; esto se llevó a cabo a través del procedimiento de reforma agraria.

Mediante esa fórmula no se procedió tanto a la redistribución de la tierra como a la adecuación de la propiedad a las tesis del liberalismo. En este sentido, era necesario cambiar su naturaleza, titularidad, uso y estructura. Analicemos con más detenimiento estos cuatro aspectos:

  • Naturaleza de la propiedad; la propiedad tardofeudal era imperfecta en tanto que estaba sometida a múltiples derechos –ius ultimum, ius eminens, ius utile, derechos de monopolio…- perfectamente compatibles entres sí. Con la reforma agraria la propiedad pasa a ser perfecta en tanto que se convierte en única y absoluta.
  • Titularidad de la propiedad de la tierra; la propiedad tardofeudal era de carácter estamental y, en cierto modo, colectiva. El titular era el poseedor, no el individuo; el señorío, no el señor; el beneficio eclesiástico, no el clérigo; el concejo, no el alcalde… La tierra no podía desvincularse del estamento y de sus funciones. Con la reforma agraria, previo proceso de desvinculación, la propiedad pasó a ser individual o personal.
  • Uso de la propiedad de la tierra; como consecuencia de la naturaleza y titularidad de la propiedad, el uso en época tardofeudal estaba vinculado a las funciones del estamento (cargado de obligaciones y servidumbres). El nuevo sistema económico exigía que el uso fuera libre, tanto en lo relativo al tipo de cultivo como en lo relacionado con el arrendamiento.
  • Estructura de la propiedad de la tierra; tradicionalmente predominaba el minifundio exagerado en la cornisa cantábrica, moderado en la Meseta, y el latifundio en la zona meridional. Esta estructura se mantuvo tras la reforma, pero las transformaciones anteriores facilitaron los intercambios de tierra

Entre los aspectos económicos en transformación hemos de destacar también el trabajo. En época tardofeudal este estaba al servicio del estamento, el señorío, la comunidad o el gremio. Con la legislación gaditana se liberalizó tanto su titularidad como su uso y su naturaleza. Esto afectó también a los precios y a la producción, lo que abrió las puertas a la libre competencia.

El crédito estaba poco desarrollado en el Antiguo Régimen. Se basaba en los censos consignativos, los pósitos y las arcas de misericordia; sistemas incapaces de satisfacer la demanda de la burguesía. Se hacía necesario crear instituciones que aportasen créditos a las fuerzas económicas. El sistema de crédito no acabó de desarrollarse hasta 1856, año en el que se establecieron los bancos. Sin embargo, a pesar de su aparente fracaso, la obra legislativa de Cádiz puso las primeras piedras para que esto fuera posible.

La creación de un auténtico mercado nacional fue otro de los grandes objetivos de las Cortes gaditanas. La libre circulación de bienes hacía imprescindible la supresión de los circuitos cerrados, tasas, aduanas, peajes… Para ello resultaba necesaria la homologación de precios. Medida que, sin duda, facilitó al desarrollo de la especialización regional. Esto, a su vez, ayudó a solucionar las crisis de subsistencia de tipo local.

En Cádiz también se abordó la cuestión hacendística. Se abolieron los viejos principios e inmunidades, bien fuesen de tipo estamental o territorial. La exención de los privilegiados debía desaparecer, pero también la de determinadas localidades o regiones del país. Todos por igual debían contribuir en el mantenimiento del edificio estatal. De esta manera, se homogeneizó el sistema fiscal; el impuesto debía ser único, universal, proporcional y directo.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.

El proyecto político francés

por Carlos, posted in Historia Contemporánea

Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos sobre la España de Fernando VII. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.

Las Cortes de Bayona

Uno de los objetivos de la invasión napoleónica era dotar a España de una nueva estructura política acorde con el modelo francés. Para alcanzar este fin, se tomaron tres medidas: convocatoria de Cortes en Bayona (1808), creación de nuevas instituciones, y sustitución dinástica. Nos detendremos brevemente en el primer y tercer aspecto.

En la convocatoria de Cortes se aprobó el Estatuto de Bayona, de marcado carácter liberal. Sin embargo, la elaboración de este texto y buena parte de sus contenidos recordaban bastante a la manera de proceder del Antiguo Régimen. Para empezar, no se reconocía la soberanía nacional, jugando las Cortes de Bayona un papel meramente consultivo. No redactaron nada, se les propuso un texto salido de la pluma de Napoleón –carta otorgada- que no podían modificar ni rechazar. Además, según lo estipulado en el nuevo Estatuto, las reuniones de Cortes seguirían organizándose por estamentos.

En definitiva, se trataba de un documento que dejaba de lado muchos principios del liberalismo y del constitucionalismo. Sin embargo, no hemos de olvidar que se situaba en la tradición revolucionaria francesa; y, aunque era menos avanzado que la Constitución gaditana de 1812, esta se inspiró en el texto de Bayona para elaborar buena parte de su obra legislativa.

La sustitución dinástica

La sustitución dinástica se llevó a cabo en España por medio de las abdicaciones –Fernando VII y Carlos IV- de Bayona. Napoleón, dueño desde ese momento de la Corona hispánica, decidió entonces dividir el poder: los aspectos militares quedaron bajo el mando de Murat, y los políticos en manos de José I. Además, con la intención de ganarse a la población autóctona, hizo tres promesas: respeto a la integridad del país, a su independencia, y a la religión católica.

Estos compromisos demuestran el gran conocimiento que el emperador tenía de la realidad española. Sin embargo, su proyecto fue rechazado de forma mayoritaria. Los absolutistas vieron en él un ataque a sus principios, los liberales consideraban que se les proponía un liberalismo imperfecto, y el pueblo mostró una gran fidelidad a la dinastía de los Borbón.

La actuación política de los gobiernos napoleónicos puede resumirse en los siguientes puntos:
  • Necesidad de limitar el poder de la Iglesia; en lo económico por medio de la desamortización, en lo jurídico con la eliminación del código canónico y el fuero, y en lo personal con los procesos de exclaustración. Además, se llevó a cabo la abolición de la Inquisición.
  • Elaboración del Código Civil y del Código Penal.
  • Reforma administrativa; división territorial en más de ochenta prefecturas.
  • Reforma de la Hacienda; su finalidad era acabar con la enorme deuda pública del reino. Esto no era fácil, ya que buena parte de la población –los privilegiados- gozaban de exención fiscal. El problema se solucionó aplicando el principio revolucionario de Igualdad.

Los afrancesados

Se llamó afrancesados al grupo encargado de llevar a cabo las reformas citadas anteriormente. Se trataba de un amplio grupo de funcionarios de la élite española –se calcula que 12.000 familias- que apostó por el proyecto josefino. Dentro del mismo distinguimos dos tipos: difuso –de tipo cultural- y concreto –colaboraron directamente con José I.

En torno al estudio de los afrancesados, encontramos dos corrientes historiográficas: Artola sostiene que eran ilustrados, mientras que Juretzche piensa que eran liberales. Ambos autores coinciden al rechazar la “leyenda negra” que desde el XIX los ha acompañado; revalorizan su papel. Lo mismo sucede con el balance general del reinado de José I. Tradicionalmente ha sido objeto de anatema, pero en la actualidad es visto de manera más benévola.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.