Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas


TRIGÉSIMO NOVENO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

La primera Guerra Carlista fue un conflicto civil que se desarrolló en España entre 1833 y 1840. La causa principal era que los carlistas querían que el rey fuese el infante Carlos María Isidro y que se mantuviese el absolutismo, mientras que los liberales deseaban que fuese Isabel II para así implantar el liberalismo. Por su parte, la Segunda Guerra Carlista tuvo lugar entre 1846 y 1849, y se debió al menos en teoría, al fracaso de los intentos de casar a Isabel II con el pretendiente carlista, Carlos Luis de Borbón. El conflicto se limitó a un levantamiento popular en distintos puntos de Cataluña.

Las consecuencias de las guerras carlistas deben ser tenidas en cuenta para poder entender gran parte del siglo XIX español, tanto en cuestiones políticas, como económicas. En primer lugar, hay que señalar que, la primera de ellas, fue un conflicto muy sangriento, generando un alto coste en vidas humanas. Además, en el plano político contribuyó a la definitiva inclinación de la Monarquía española hacia el liberalismo, pues el agrupamiento de los absolutistas en torno a la causa carlista convirtió a los liberales en el único apoyo al trono de Isabel II

Estos conflictos también condujeron al reforzamiento del protagonismo de los militares en la política española, pues el ejército fue un elemento fundamental para la defensa del sistema liberal. En lo económico, hay que destacar los enormes gastos generados por la Primera Guerra Carlista, que pesaron como una losa sobre la pésima situación de la Hacienda española. Estas dificultades condicionaron la orientación de ciertas reformas, como la desamortización, ya que terminaron por primar las necesidades financieras del Estado.

BIBLIOGRAFÍA:

  1. Historia de España 2 – Editorial Anaya.
  2. Historia de España – Editorial Vicens Vives.
  3. Atlas ilustrado del carlismo; Pablo Sagarra – Susaeta.

El proyecto liberal español

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La consulta al país

Una vez asentado su poder, la Junta Suprema decidió convocar unas Cortes. Pero antes, con el fin de conocer los problemas que padecía la nación y las reformas que necesitaba, se decidió realizar una “consulta al país”. Esta fue encargada a una Comisión de Cortes, cuyo presidente fue Jovellanos.

Las conclusiones más importantes extraídas de la consulta fueron las siguientes:
  • Descontento generalizado con el absolutismo; no se critica al Antiguo Régimen como sistema, sino sus excesos.
  • Crítica a los privilegiados y al exceso de privilegios, se ve la necesidad de establecer un sistema de igualdad social basado en la meritocracia.
  • Cuestiones económicas; enorme pobreza del país, deuda pública y crisis de la Hacienda, necesidad de reformar el sistema de propiedad salvando los obstáculo feudales.
  • Cuestiones administrativas; crítica al régimen señorial y al poder de las instituciones eclesiásticas. Se vio necesario un proceso desamortizador y que el Estado tomase las riendas de todos los instrumentos de la administración.

Después de esto, las trece Juntas Provinciales se erigieron en gobierno y convocaron unas Cortes para junio de 1809. Podemos distinguir dos corrientes en torno a esta convocatoria: la mayoría defendía que fuera de tipo representativa, mientras que una minoría prefería que fueran de tipo tradicional o estamental –tres órdenes, sin carácter legislativo, y sometidas al rey.

Finalmente se convocaron Cortes Estamentales para noviembre de 1810. No obstante, las Cortes acabaron autoconvocándose, y lo hicieron de forma representativa. Esto fue consecuencia del vacío de poder generado por los conflictos entre la Junta Central y las Juntas Provinciales, que acabaron por ceder el poder a la Regencia. A su vez, la inestabilidad de esta permitió que las Cortes actuasen a sus anchas.

Tarea política

Las Cortes estuvieron compuestas por 308 diputados, de entre los cuales un tercio eran clérigos –mayoritariamente urbanos- y otro tercio hidalgos. El resto de los procuradores pertenecía a la burguesía ilustrada, al grupo de profesiones liberales, o eran altos funcionarios del Estado. Ideológicamente predominaba el pensamiento liberal, bien de tipo radical o moderado; mientras que los absolutistas, a pesar de ser muy beligerantes, estaban en minoría.

En la primera reunión se autodefinieron como Cortes representativas y constituyentes convocadas por convención. Con esto querían dejar claro que estaban allí como representantes del pueblo y que, por ello, no reconocían ninguna autoridad superior. Además, establecieron un régimen parlamentario, por el cual la primera y última iniciativa le correspondía al parlamento.

Declararon la soberanía nacional y procedieron a la construcción del nuevo Estado liberal basado en los siguientes postulados:
  • Construcción del Estado como realidad jurídico-política bien definida. Para ello se procede a la abolición del absolutismo monárquico, y se establecen los límites territoriales de la nación.- Separación tripartita del poder: la capacidad normativa reside en el legislativo; al ejecutivo le corresponde llevar a la práctica lo legislado; y las armas coercitivas son patrimonio del poder judicial. Este esquema se reproduce además a nivel provincial y local.
  • Creación de un órgano de justicia independiente con un cuerpo de funcionarios profesionalizado. Este ha de basarse en la igualdad ante la ley, por lo que es necesario abolir los privilegios y las estructuras jurídicas forales. La fuente de la justicia deja de ser Dios para pasar a ser el legislativo, por cuyas leyes se rige todo el país.

Tarea social

Las nuevas Cortes también emprendieron la tarea de transformar la sociedad. Mediante el desmantelamiento de sus bases jurídicas, económicas y políticas, se procedió a la abolición de la sociedad estamental. Se trataba, pues, de imponer la sociedad de clases. El primer paso para esto fue la abolición del régimen señorial con sus relaciones de dependencia y vinculación a un señorío. Por un decreto de agosto de 1811 se estableció que:

  • Los derechos territoriales permanecen en el señor, pero no como propiedad imperfecta, sino como perfecta o capitalista.
  • Los derechos jurisdiccionales pasaron a la nación, titular de la soberanía.
  • Los privilegios y monopolios, previa indemnización, también pararon a la nación.

Como consecuencia de estas medidas cabe destacar la eliminación jurídica y política del régimen señorial; lo que supuso también el fortalecimiento económico de los señores. Dentro de estas reformas, también se procedió a la abolición de los gremios y del mayorazgo.

Modelos de sociedad

A continuación enumeraremos las principales característica de ambos modelos de sociedad. Iniciaremos este repaso con la estamental:

  • Jerarquizada; se ordena de arriba abajo.
  • Sacralizada; recibe su legitimidad de Dios.
  • Cada estamento se ordena por funciones preestablecidas.
  • Articulada por el privilegio.
  • Basada en el linaje y la sumisión (vasallaje).
  • Cerrada; ausencia de dinamismo.
  • Endogámica; cada estamento se alimenta con sus propios miembros.
  • Pensada para un mundo rural y agrario.

Características de la sociedad de clases:

  • Individualista; el sujeto social es el individuo, no los colectivos o estamentos.
  • Hablamos de ciudadanos, no de súbditos.
  • Se construye de abajo a arriba.
  • Sociedad securalizada; no se basa en argumentos divinos.
  • Organizada en función de la capacidad, no en la función.
  • Se basa en la igualdad de derechos y deberes.
  • Se tiene en cuenta la riqueza, no el linaje.

A los rasgos enunciados sobre la sociedad de clases, hemos de añadir tres principios básicos sobre los cuales se sustenta este sistema:

  • Libertad; ruptura de las vinculaciones laborales, comerciales, jurisdiccionales. La nación y el individuo ganan en autonomía.
  • Igualdad; en oposición al privilegio e igualdad ante la ley.
  • Propiedad; elemento básico del nuevo sistema económico y fundamental para estructurar la sociedad y los derechos políticos.

Transformaciones económicas

Abordamos ahora el cambio del sistema económico que, desde la perspectiva del materialismo histórico, fue la clave del proceso revolucionario. El primer factor necesario para transformar la economía era la propiedad de la tierra; esto se llevó a cabo a través del procedimiento de reforma agraria.

Mediante esa fórmula no se procedió tanto a la redistribución de la tierra como a la adecuación de la propiedad a las tesis del liberalismo. En este sentido, era necesario cambiar su naturaleza, titularidad, uso y estructura. Analicemos con más detenimiento estos cuatro aspectos:

  • Naturaleza de la propiedad; la propiedad tardofeudal era imperfecta en tanto que estaba sometida a múltiples derechos –ius ultimum, ius eminens, ius utile, derechos de monopolio…- perfectamente compatibles entres sí. Con la reforma agraria la propiedad pasa a ser perfecta en tanto que se convierte en única y absoluta.
  • Titularidad de la propiedad de la tierra; la propiedad tardofeudal era de carácter estamental y, en cierto modo, colectiva. El titular era el poseedor, no el individuo; el señorío, no el señor; el beneficio eclesiástico, no el clérigo; el concejo, no el alcalde… La tierra no podía desvincularse del estamento y de sus funciones. Con la reforma agraria, previo proceso de desvinculación, la propiedad pasó a ser individual o personal.
  • Uso de la propiedad de la tierra; como consecuencia de la naturaleza y titularidad de la propiedad, el uso en época tardofeudal estaba vinculado a las funciones del estamento (cargado de obligaciones y servidumbres). El nuevo sistema económico exigía que el uso fuera libre, tanto en lo relativo al tipo de cultivo como en lo relacionado con el arrendamiento.
  • Estructura de la propiedad de la tierra; tradicionalmente predominaba el minifundio exagerado en la cornisa cantábrica, moderado en la Meseta, y el latifundio en la zona meridional. Esta estructura se mantuvo tras la reforma, pero las transformaciones anteriores facilitaron los intercambios de tierra

Entre los aspectos económicos en transformación hemos de destacar también el trabajo. En época tardofeudal este estaba al servicio del estamento, el señorío, la comunidad o el gremio. Con la legislación gaditana se liberalizó tanto su titularidad como su uso y su naturaleza. Esto afectó también a los precios y a la producción, lo que abrió las puertas a la libre competencia.

El crédito estaba poco desarrollado en el Antiguo Régimen. Se basaba en los censos consignativos, los pósitos y las arcas de misericordia; sistemas incapaces de satisfacer la demanda de la burguesía. Se hacía necesario crear instituciones que aportasen créditos a las fuerzas económicas. El sistema de crédito no acabó de desarrollarse hasta 1856, año en el que se establecieron los bancos. Sin embargo, a pesar de su aparente fracaso, la obra legislativa de Cádiz puso las primeras piedras para que esto fuera posible.

La creación de un auténtico mercado nacional fue otro de los grandes objetivos de las Cortes gaditanas. La libre circulación de bienes hacía imprescindible la supresión de los circuitos cerrados, tasas, aduanas, peajes… Para ello resultaba necesaria la homologación de precios. Medida que, sin duda, facilitó al desarrollo de la especialización regional. Esto, a su vez, ayudó a solucionar las crisis de subsistencia de tipo local.

En Cádiz también se abordó la cuestión hacendística. Se abolieron los viejos principios e inmunidades, bien fuesen de tipo estamental o territorial. La exención de los privilegiados debía desaparecer, pero también la de determinadas localidades o regiones del país. Todos por igual debían contribuir en el mantenimiento del edificio estatal. De esta manera, se homogeneizó el sistema fiscal; el impuesto debía ser único, universal, proporcional y directo.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.

El proyecto político francés

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Las Cortes de Bayona

Uno de los objetivos de la invasión napoleónica era dotar a España de una nueva estructura política acorde con el modelo francés. Para alcanzar este fin, se tomaron tres medidas: convocatoria de Cortes en Bayona (1808), creación de nuevas instituciones, y sustitución dinástica. Nos detendremos brevemente en el primer y tercer aspecto.

En la convocatoria de Cortes se aprobó el Estatuto de Bayona, de marcado carácter liberal. Sin embargo, la elaboración de este texto y buena parte de sus contenidos recordaban bastante a la manera de proceder del Antiguo Régimen. Para empezar, no se reconocía la soberanía nacional, jugando las Cortes de Bayona un papel meramente consultivo. No redactaron nada, se les propuso un texto salido de la pluma de Napoleón –carta otorgada- que no podían modificar ni rechazar. Además, según lo estipulado en el nuevo Estatuto, las reuniones de Cortes seguirían organizándose por estamentos.

En definitiva, se trataba de un documento que dejaba de lado muchos principios del liberalismo y del constitucionalismo. Sin embargo, no hemos de olvidar que se situaba en la tradición revolucionaria francesa; y, aunque era menos avanzado que la Constitución gaditana de 1812, esta se inspiró en el texto de Bayona para elaborar buena parte de su obra legislativa.

La sustitución dinástica

La sustitución dinástica se llevó a cabo en España por medio de las abdicaciones –Fernando VII y Carlos IV- de Bayona. Napoleón, dueño desde ese momento de la Corona hispánica, decidió entonces dividir el poder: los aspectos militares quedaron bajo el mando de Murat, y los políticos en manos de José I. Además, con la intención de ganarse a la población autóctona, hizo tres promesas: respeto a la integridad del país, a su independencia, y a la religión católica.

Estos compromisos demuestran el gran conocimiento que el emperador tenía de la realidad española. Sin embargo, su proyecto fue rechazado de forma mayoritaria. Los absolutistas vieron en él un ataque a sus principios, los liberales consideraban que se les proponía un liberalismo imperfecto, y el pueblo mostró una gran fidelidad a la dinastía de los Borbón.

La actuación política de los gobiernos napoleónicos puede resumirse en los siguientes puntos:
  • Necesidad de limitar el poder de la Iglesia; en lo económico por medio de la desamortización, en lo jurídico con la eliminación del código canónico y el fuero, y en lo personal con los procesos de exclaustración. Además, se llevó a cabo la abolición de la Inquisición.
  • Elaboración del Código Civil y del Código Penal.
  • Reforma administrativa; división territorial en más de ochenta prefecturas.
  • Reforma de la Hacienda; su finalidad era acabar con la enorme deuda pública del reino. Esto no era fácil, ya que buena parte de la población –los privilegiados- gozaban de exención fiscal. El problema se solucionó aplicando el principio revolucionario de Igualdad.

Los afrancesados

Se llamó afrancesados al grupo encargado de llevar a cabo las reformas citadas anteriormente. Se trataba de un amplio grupo de funcionarios de la élite española –se calcula que 12.000 familias- que apostó por el proyecto josefino. Dentro del mismo distinguimos dos tipos: difuso –de tipo cultural- y concreto –colaboraron directamente con José I.

En torno al estudio de los afrancesados, encontramos dos corrientes historiográficas: Artola sostiene que eran ilustrados, mientras que Juretzche piensa que eran liberales. Ambos autores coinciden al rechazar la “leyenda negra” que desde el XIX los ha acompañado; revalorizan su papel. Lo mismo sucede con el balance general del reinado de José I. Tradicionalmente ha sido objeto de anatema, pero en la actualidad es visto de manera más benévola.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.

La Guerra de Independencia

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España en la política napoleónica

Ante la necesidad de neutralizar la preponderancia marítima británica, Napoleón se decidió a aplicar una política de bloqueo continental a toda embarcación y producto de las islas. En este contexto la posición geoestratética de las naciones ibéricas adquiría una importancia vital. Esto nos ayuda a comprender mejor el interés francés por controlar España y Portugal.

Sin embargo, los planes de Napoleón con respecto a estos dos países fueron evolucionando según se desarrollaba su enfrentamiento con los británicos. Distinguimos tres fases dentro dentro de este proceso: intervencionista –control de los puertos marítimos-, desmembracionista –reparto de la Península según lo pactado en Fontainebleau (1807)- y sustitutiva –derrocar a los Borbones para sustituirlos por la dinastía Bonaparte.

El Motín de Aranjuez (19 de marzo de 1808) fue la primera reacción de los patriotas españoles ante las maniobras francesas.

Sin embargo, este suceso no está exento de una amplia dósis de maquiavelismo por parte de Fernando VII –conspira contra su padre- y de mitificación por parte de la historiografía nacionalista.

Se habla de un amplio apoyo por parte del pueblo –un levantamiento popular-, cuando realmente se trató de una revuelta promovida por un importante número de nobles descontentos con la política de Godoy. El caso es que la deteriorada figura del valido arrastró al propio monarca, que no tuvo más remedio que abdicar.

De Bayona al 2 de mayo

A los sucesos de Aranjuez siguieron los de Bayona (1 de mayo de 1808). Napoleón decidió imponer su criterio y convocó a Fernando VII y Carlos IV con el fin de poner solución a la crisis monárquica española. Cumplió, en definitiva, su programa sustitucionista: Fernando abdicó en su padre, y este lo hizo en la persona de Napoleón. El emperador se convirtió así en arbitro y dueño de la Corona, que irá a parar a manos de un rey manejable y afín, su hermano José. Con la desaparición de los Borbones del mapa político español comenzaron a derrumbarse las instituciones propias del Antiguo Régimen.

La Junta de Gobierno -constituída por Fernando VII antes de viajar a Bayona-, el Consejo de Castilla, las Audiencias y las Capitanías Generales, se pusieron al servicio de la nueva autoridad venida del otro lado de los Pirineos.

Sin embargo, la ausencia del rey, piedra angular del sistema, generó tal vacío de poder que pronto las instituciones comenzaron a hacer dejación de sus funciones. Ese vacío tuvo también su eco en las colonias americanas. Allí, al igual que en la Península, fueron surgiendo nuevas autoridades que, con el tiempo, se convirtieron en la base de la independencia.

Cuando el último Borbón salió de Madrid el pueblo se levantó contra las autoridades francesas; era 2 de mayo.

Las tropas de Murat entraron en la capital con el fin de acabar con una reacción nacionalista que pronto se propagó por todo el país. En poco tiempo surgió el movimiento juntista, consecuencia del vacío de poder y de los movimientos de mayo. Se trataba de un fenómeno dominado por las élites ilustradas que trataba de articular la espontánea aparición de las Juntas Provinciales.

Destacó en el ordenamiento de todo ese maremagnum inicial el liderazgo de Cuesta, Palafox y la Junta de Sevilla. Se desechó la posibilidad de establecer una Regencia, quedando una Junta Central, formada por representantes provinciales, como depositaria de los poderes de la nación. Bajo la autoridad de esta se encontraban las trece Juntas Supremas y las citadas Juntas Provinciales. El objetivo de esta nueva estructura estatal era la defensa de la nación frente al invasor francés, pero también desarrollar en España el ideario liberal. En cierto modo se trataba de un gobierno revolucionario.

Aspectos militares

La invasión francesa dio comienzo en el verano de 1808. Desde el principio quedó patente la desigualdad –en cuanto armamento, organización y estrategia- de las fuerzas que se enfrentaban. No hemos de olvidar que los ejércitos napoleónicos se paseaban trinfantes por Europa, mientras que España estaba sumida en esos años en una profunda crisis.

Sin embargo, los franceses erraron en sus planteamientos. Pensaron que se encontraban ante un guerra dieciochesca en la que bastaba cambiar la dinastía reinante y hacerse con el control de la Corte. No contaron con la irrupción de las ideas nacionalistas. Estas condujeron al pueblo español a una resistencia masiva contra el invasor, obligándole a conquistar el territorio palmo a palmo.

La primera campaña napoleónica en España tuvo el siguiente itinerario:

Avance rápido desde los Pirineos hasta Madrid, donde es proclamado rey José I; fracaso en Cataluña y Aragón por la resistencia de Zaragoza y Gerona; derrota de Dupont ante Castaños y Cuesta en la batalla de Bailén. A todo esto hay que añadir el poderío naval español, cuya base era Cádiz, y la existencia de un gobierno que coordinaba la resistencia desde Sevilla. Ante este panorama los ejércitos franceses se replegaron hasta la frontera, y José I abandonó el país.

Sin embargo, esto era más un movimiento estratégico que una derrota real. Napoleón decidió poner fin al conflicto español, y para ello cambió de estrategia. Él mismo se puso al frente de un contingente de 250.000 hombres con los que planeaba realizar un movimiento envolvente hacia Madrid, y desde allí en dos direcciones: una a Galicia y la otra a Zaragoza. Los invasores cumplieron sus objetivos, siendo José I restituído en su trono.

Desde ese momento, y con Sevilla en manos del enemigo, los patriotas españoles plantearon una guerra de desgaste cuya principal arma fue la guerrilla.

La guerra de desgaste se prolongó desde 1809 hasta el final de 1811. Los franceses fueron ocupando el país –el levante, Andalucía, las costa atlántica…-, pero encontraron en su camino una dificultad muy seria: la guerrilla. Este fenómeno masivo, favorecido en sus acciones por la abrupta orografía española, obligó a los mandos franceses a ocupar, de manera dispersa, a buena parte de sus contingentes. La sociedad española se transformó durante unos años en una sociedad militar.

El final de la guerra comenzó a vislumbrarse en 1812, aunque los invasores no abandonaron el país hasta 1814. Los españoles, con la ayuda británica, fueron reorganizando la resistencia desarticulada con la ofensiva napoleónica de 1809. Esto permitió que se produjeran las victorias de Arapiles, Vitoria y San Marcial; preámbulos de la paz de Valençay y del regreso de Fernando VII.

Consecuencias de la Guerra

La Guerra de Independencia marcó el inició del fin del Antiguo Régimen y el comienzo de la construcción de un nuevo sistema. Las bases del liberalismo y del nacionalismo español del XIX se pusieron entre 1808 y 1814. Sin embargo, el conflicto tuvo muchas otras consecuencias:

  • Derrumbe de la Hacienda.
  • Desindustrialización; desaparición de los núcleos de carácter protoindustrial construidos durante el periodo ilustrado.
  • Desurbanización y destrucción de las infraestructuras.
  • Crisis demográfica; efectos directos -medio millón de muertos- e indirectos.
  • Pérdida de prestigio internacional y de las colonias; potencia de tercer o cuarto orden.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.