En este episodio de la serie dedicada a la Historia de 4º de ESO se aborda la emancipación de los territorios americanos que formaban parte de España. A lo largo del vídeo se hace especial hincapié en las causas y fases de la independencia de Hispanoamérica.
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En este episodio de la serie dedicada a la Historia de 4º de ESO se explican las principales características de la Guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII. Además, se hace especial hincapié en las Cortes y la Constitución de Cádiz (1812), así como en las etapas del reinado de Fernando VII: Sexenio Absolutista, Trienio Liberal y Década Ominosa.
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A la hora de analizar el carlismo, se ha de hacer referencia, en primer lugar, a los territorios peninsulares en los que alcanzó un mayor grado de aceptación. En líneas generales, el pretendiente Carlos María Isidro recibió un importante apoyo del ámbito rural y las pequeñas ciudades de Navarra y las provincias vascas, donde fue fundamental la labor realizada por el bajo clero local. Otro factor clave para entender el arraigo de su causa en esos territorios fue su tradicionalismo de corte foralista. La defensa de los fueros le granjeó también el apoyo de buena parte de la población catalana y aragonesa, que ansiaba recuperar los derechos y leyes propias que les habían sido arrebatados con los Decretos de Nueva Planta tras la Guerra de Sucesión.
Precisamente la defensa de los regímenes forales fue uno de los principales elementos del programa ideológico del carlismo. A este se ha de añadir la defensa de la religión, el absolutismo monárquico y los privilegios sociales propios del Antiguo Régimen. En definitiva, el pretendiente a la corona mostraba su rechazo frontal al ideario liberal y al conjunto de reformas que se habían iniciado en España a raíz de las Cortes de Cádiz.
Los grupos sociales que respaldaron de forma más significativa la causa carlista fueron, precisamente, los defensores del Antiguo Régimen y el tradicionalismo foralista. Aquellos, en definitiva, que se oponían con más fuerza a las reformas emprendidas por el liberalismo. De entre ellos es preciso destacar al estamento clerical -especialmente entre el bajo clero y en el ámbito rural-, a los grupos nobiliares más afectados por la abolición del régimen señorial, al campesinado pobre del noreste peninsular y a las clases medias defensoras del tradicionalismo y los fueros.
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Conjunto de estándares del temario de 2º de Bachillerato pertenecientes al Bloque 5, que aborda los reinados de Carlos IV y Fernando VII, así como la Guerra de la Independencia. Aunque he mantenido la numeración original, para la prueba EBAU del curso 2017-2018 no será objeto de examen el quinto de ellos en Castilla y León.
A la hora de analizar el carlismo, se ha de hacer referencia, en primer lugar, a los territorios peninsulares en los que alcanzó un mayor grado de aceptación. En líneas generales, el pretendiente Carlos María Isidro recibió un importante apoyo del ámbito rural y las pequeñas ciudades de Navarra y las provincias vascas, donde fue fundamental la labor realizada por el bajo clero local. Otro factor clave para entender el arraigo de su causa en esos territorios fue su tradicionalismo de corte foralista. La defensa de los fueros le granjeó también el apoyo de buena parte de la población catalana y aragonesa, que ansiaba recuperar los derechos y leyes propias que les habían sido arrebatados con los Decretos de Nueva Planta tras la Guerra de Sucesión.
Precisamente la defensa de los regímenes forales fue uno de los principales elementos del programa ideológico del carlismo. A este se ha de añadir la defensa de la religión, el absolutismo monárquico y los privilegios sociales propios del Antiguo Régimen. En definitiva, el pretendiente a la corona mostraba su rechazo frontal al ideario liberal y al conjunto de reformas que se habían iniciado en España a raíz de las Cortes de Cádiz.
Los grupos sociales que respaldaron de forma más significativa la causa carlista fueron, precisamente, los defensores del Antiguo Régimen y el tradicionalismo foralista. Aquellos, en definitiva, que se oponían con más fuerza a las reformas emprendidas por el liberalismo. De entre ellos es preciso destacar al estamento clerical -especialmente entre el bajo clero y en el ámbito rural-, a los grupos nobiliares más afectados por la abolición del régimen señorial, al campesinado pobre del noreste peninsular y a las clases medias defensoras del tradicionalismo y los fueros.
La doctrina librecambista defiende que la actividad económica debe desarrollarse sin la intervención del Estado y, en el ámbito comercial, sin el establecimiento de aranceles u otro tipo de trabas a determinados productos. De esta manera, al tener que adaptar a la competencia, las empresas innovan más y se vuelven más eficientes y competitivas. Además, según los defensores del librecambismo, el consumidor se ve beneficiado por la lucha entre las empresas por ganar cuota de mercado, ya que eso debe conducir a un producto de mayor calidad a un precio más bajo.
Por el contrario, el proteccionismo se basa en la defensa del producto nacional frente al foráneo. Es decir, en el caso concreto de la España decimonónica, los promotores de esa doctrina trababan de proteger las empresas autóctonas de la competencia británica fundamentalmente. De entre los apoyos de la política proteccionista cabe destacar aquellos grupos que preconizaban la ruina del producto nacional si se aplicaba el librecambismo. Nos referimos, tanto al capital textil catalán, como por los terratenientes andaluces, la industria harinera castellana y la siderurgia vasca.
Si bien con breves periodos de librecambismo, a lo largo del XIX la política comercial española estuvo marcada por la aplicación de medidas proteccionistas. De entre las excepciones cabe destacar la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, la reforma tributaria de Mon Santillán (1845), el arancel con matices librecambistas aprobado en 1849 y el Arancel Figuerola de 1869, ya durante el Sexenio Democrático. Ahora bien, solo esta última medida puede considerarse netamente librecambista, pues suprimía el derecho diferencial de bandera.
1788. Se inicia el reinado de Carlos IV.
1792. Manuel Godoy es nombrado secretario de Estado.
1793. Guerra de los Pirineos.
1795. Paz de Basilea.
1796. Primer Tratado de San Ildefonso.
1798. Primera desamortización de los bienes de la Iglesia.
1800. Segundo Tratado de San Ildefonso.
1801. Guerra de las Naranjas.
1804. Guerra contra Inglaterra.
1805. Batalla de Trafalgar.
1807. Proceso de El Escorial.
1807. Tratado de Fontainebleau.
1807. Las tropas francesas empiezan a entrar en la Península.
1808. Motín de Aranjuez: abdicación de Carlos IV.
1808. Levantamiento popular en Madrid: 2 de mayo.
1808. Abdicaciones de Bayona.
1808. Batalla de Bailén.
1808. Constitución de la Junta Suprema Central.
1808. Napoleón entra en España con la Grand Armée.
1809. Batalla de Talavera de la Reina.
1810. Apertura de las Cortes de Cádiz.
1810. Formación de Juntas en la Península y América.
1810. Insurrección del cura Hidalgo en México.
1810. Las Cortes abolen el régimen jurisdiccional.
1812. Aprobación de la Constitución de Cádiz.
1812. Batalla de Arapiles.
1813. Batalla de San Marcial.
1813. Las Cortes desamortizan los bienes de propios y baldíos.
1813. Las Cortes abolen la Inquisición.
1813. Batalla de Vitoria.
1813. Tratado de Valençay.
1814. Regreso a España de Fernando VII.
1814. Manifiesto de los Persas.
1814. Supresión de la obra de Cádiz.
1814. Comienzo del Sexenio Absolutista.
1816. Congreso de Tucumán.
1818. Independencia de Chile.
1819. Congreso de Angostura.
1820. Pronunciamiento de Riego.
1820. Fernando VII acata la Constitución.
1820. Inicio del Trienio Liberal.
1821. Plan de Iguala: independencia de México.
1822. Congreso de Verona.
1823. Invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis.
1823. Comienzo de la Década Ominosa.
1824. Batalla de Ayacucho.
1825. Independencia de Bolivia.
1827. Guerra de los agraviados en Cataluña.
1830. Promulgación de la Pragmática Sanción.
1832. Sucesos de La Granja.
1832. Gobierno de Cea Bermúdez.
En el reinado de Fernando VII cabe distinguir tres etapas: el Sexenio Absolutista (1814-1820), el Trienio Liberal (1820-1823) y la Década Ominosa (1823-1833). Cada una de ellas guarda relación con el régimen político imperante en el país, siendo clara manifestación de la lucha entre liberales y absolutistas que se vivía, no solo en España, sino en la Europa de la época.
Como su nombre indica, el Sexenio Absolutista inaugurado en 1814, estuvo marcado por la supresión de la obra liberal de Cádiz. Este proceso ha de relacionarse con el régimen de la Restauración, impuesto por las potencias europeas en el Congreso de Viena (1815) tras la derrota de Napoleón Bonaparte y la Francia revolucionaria.
Una vez finalizada la Guerra de Independencia y firmado el Tratado de Valençay (1813), Fernando VII regresó a España. Sin embargo, no aceptó las reformas liberales, sino que restauró el absolutismo y persiguió a quienes participaron en la obra legislativa de Cádiz. Como consecuencia de ello, se produjo el primer exilio de la España contemporánea, que afectó tanto a los afrancesados como a los liberales.
Ahora bien, entre 1814 y 1820 hubo hasta ocho pronunciamientos militares de corte liberal, de entre los cuales terminó por alcanzar su objetivo el protagonizado por Rafael del Riego. De esta manera, Fernando VII no tuvo más remedio que jurar la Constitución de 1812 y formar un gobierno integrado por destacados liberales. Además del texto constitucional, en esta etapa se recuperó también parte de la obra legislativa de Cádiz.
Esta breve experiencia liberal en España tocó a su fin en 1823 con la intervención de la Santa Alianza a través del ejército francés, los llamados Cien Mil Hijos de San Luis. Estos invadieron el país y, mediante la restauración de Fernando VII en su trono absoluto, pusieron fin al régimen surgido en 1820.
Los primeros años tras la vuelta al absolutismo fueron de una acentuada represión política. Se exiliaron en torno a veinte mil liberales, entre los que se encontraba lo más selecto de las clases medias ilustradas y liberales. Ahora bien, al final del reinado de Fernando VII los más absolutistas se organizaron en torno al hermano del rey, Carlos María Isidro, mientras que los liberales apoyaron a la regente María Cristina, esperando así la posibilidad de implantar el liberalismo en España.
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La revolución liberal que se inició durante la Guerra de la Independencia, contemplaba una convocatoria de cortes “generales y extraordinarias”. Finalmente estas se reunieron en Cádiz en 1810 y, tras año y medio de reuniones, promulgaron una constitución el 19 de marzo de 1812 (día de san José), por eso se le conoce como “La Pepa”.
Los diputados quisieron aunar la tradición española con el nuevo espíritu revolucionario liberal. De esta manera, los principios de la constitución vinieron a ser los siguientes:
La constitución apenas pudo aplicarse debido al contexto de la guerra y a que, con la restauración absolutista de 1814, quedó abolió. Ahora bien, su espíritu y programa fueron una referencia durante la mayor parte del siglo XIX. A su vez, se convirtió en un mito para el liberalismo universal y modelo para las revoluciones burguesas en Europa.
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