Unidad 1. La crisis del Antiguo Régimen


DEFINICIONES UTILIZADAS EN EL PRIMER TEMA DE 4º DE ESO. EN ESTA UNIDAD DIDÁCTICA SE ABORDA LA EXPLICACIÓN DE LOS ASPECTOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN, ASÍ COMO LAS CAUSAS DE SU DESAPARICIÓN EN INGLATERRA.

Absolutismo: forma de gobierno propia de la Edad Moderna por la cual el rey ostentaba todo el poder: hacía las leyes, era el principio de toda justicia –aunque delegaba en tribunales-, era la máxima autoridad administrativa, decidía sobre los gastos, y los impuestos se recaudaban en su nombre. Su condición de soberano absoluto era justificada por las teorías que lo consideraban la encarnación del Estado, así como por la voluntad divina.

Antiguo Régimen: sistema político, económico y social que, partiendo de las estructuras medievales, terminó por configurarse durante la Edad Moderna. Entre sus características cabe destacar el poder absoluto de los monarcas, la desigualdad social basada en los estamentos, una economía predominantemente agraria y de subsistencia y un escaso crecimiento vegetativo de la población.

Bill of Rights (Declaración de Derechos): documento que, como consecuencia de la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, recortaba los poderes del rey, garantizaba las elecciones libres y otorgaba amplios poderes al Parlamento.

Derechos civiles: libertades y prerrogativas sociales inherentes a los ciudadanos de los sistemas democráticos. Algunos de sus mayores exponentes se encuentran en las declaraciones de derechos aprobadas por los regímenes liberarles desde finales del siglo XVII y, especialmente, en el XVIII y el XIX.

Despotismo ilustrado: nombre que recibieron algunos regímenes políticos europeos de finales del siglo XVIII en los que se combinaba el mantenimiento del poder absoluto de los monarcas con una voluntad reformadora de la economía y la sociedad. Este último elemento tenía su principal manifestación en la presencia de ministros ilustrados en los gobiernos.

División de poderes: planteamiento político que defendía la separación de las atribuciones del Estado en distintas instituciones, de tal modo que unas sirvieran como contrapeso de las otras. Esta idea se popularizó en Europa con la publicación de “El Espíritu de las Leyes”, de Montesquieu. Sin embargo, hemos de buscar su origen en las teorías inglesas del XVII, y más en concreto en James Harrington y John Locke.

Estado: conjunto de instituciones políticas, jurídicas y administrativas que tienen jurisdicción sobre toda la población de un territorio limitado por fronteras. Surgió a comienzos de la Edad Moderna como consecuencia de la concentración de poderes en manos de los monarcas, y condujo a la formación del absolutismo a partir del siglo XVI.

Fisiocracia: doctrina económica del siglo XVIII que defendía la primacía de la actividad agraria y de la propiedad de la tierra sobre cualquier otra actividad económica. Su principal representante fue el francés François Quesnay.

Gremio: organizaciones que agrupaban a trabajadores de un mismo oficio con el fin de acordar los precios, salarios y cantidad de producción. Los artesanos se dividían según sus conocimiento en maestros, oficiales y aprendices.

Ilustración: movimiento intelectual que se originó en Francia durante el siglo XVIII. Sus principios ideológicos eran la confianza en la razón como fuente de conocimiento y en el progreso ilimitado del ser humano, el ideal reformista y el espíritu crítico. Uno de sus principales canales de difusión fue la Enciclopedia, dirigida por Diderot y D`Alambert.

Liberalismo: sistema filosófico, económico y político opuesto al despotismo y defensor de las libertades civiles. Constituyó la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de derecho como la democracia representativa y la división de poderes.

Motines de subsistencia: formas de conflictividad social típicas del Antiguo Régimen, pero que persistieron en algunos lugares de Europa hasta bien entrado el siglo XIX. Solían estar relacionados con el alza de los precios de los productos de primera necesidad.

Parlamentarismo: sistema de organización política basado en la existencia de una asamblea que asume el control política del gobierno y la función legislativa del mismo.

Privilegio: ventaja, gracia o prerrogativa especial de la que goza una persona. En el Antiguo Régimen había dos estamentos cuyos miembros tenían privilegios: la nobleza y el clero.

República: forma de organización del Estado en la que el cargo de jefe del Estado no es hereditario ni vitalicio, sino resultado de una elección directa o indirecta de los ciudadanos. La duración del mandatos presidencial, sus funciones y poderes vienen determinados por la Constitución.

Revolución: cambio rápido, profundo y, en ocasiones, violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de un país.

Señorío: modelo de posesión de la tierra y del poder político en el sistema feudal. Había dos tipos de señoríos: los jurisdiccionales y los territoriales. Durante la Edad Moderna fueron desapareciendo progresivamente los primeros, pero permanecieron los de tipo territorial.

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Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876


CUADRAGÉSIMO NOVENO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

En texto constitucional aprobado en 1876 ha sido, hasta la fecha, el que más tiempo ha estado vigente en la historia contemporánea de España, pues se mantuvo hasta 1923. Por tanto, su principal logro fue dotar de estabilidad a un país que carecía de ella desde la invasión napoleónica de 1808 y la aprobación del Estatuto de Bayona. Su articulado se componía de ochenta y nueve puntos, lo que nos permite hablar de una constitución breve y, en cierto modo, síntesis de las dos precedentes, las de 1845 y 1869.

En gran medida, la vigencia del texto se explica por su escasa concreción, que permitía al partido gobernante interpretar a su gusto aspectos básicos como los derechos, el sufragio o la cuestión religiosa. Es decir, a diferencia de las restantes constituciones del siglo XIX, no obedecía a los criterios de un grupo. Otro aspecto clave para entender su durabilidad es el contexto en que se elaboró, marcado por un espíritu de consenso y un deseo de llegar a acuerdos de Estado entre los grandes partidos.

De entre las principales características de la Constitución de 1876, cabe señalar las siguientes:

  • Soberanía compartida entre las Cortes y el rey, siendo este último el encargado de regular los tres poderes del Estado, así como dirigir y moderar la vida política.
  • Establecía un poder legislativo bicameral, con un Senado cuyos miembros eran designados por el rey, y un Congreso de los Diputados salido de los procesos electorales.
  • Carecía de una regulación de los derechos ciudadanos, que se dejaban en manos de la legislación posterior y la interpretación de los gobiernos de turno.
  • No especificaba el sistema de votación, quedando el derecho al sufragio abierto al uso de la modalidad basada en el censo –censitario- o a su universalización. Finalmente, el sufragio universal masculino terminó por imponerse en 1890.

Unidad 1. La crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones inglesas


DEFINICIONES UTILIZADAS EN EL PRIMER TEMA DE 1º DE BACHILLERATO. EN ESTA UNIDAD DIDÁCTICA SE ABORDA LA EXPLICACIÓN DE LOS ASPECTOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN, ASÍ COMO LAS CAUSAS DE SU DESAPARICIÓN EN INGLATERRA.

Absolutismo: forma de gobierno propia de la Edad Moderna por la cual el rey ostentaba todo el poder: hacía las leyes, era el principio de toda justicia –aunque delegaba en tribunales-, era la máxima autoridad administrativa, decidía sobre los gastos, y los impuestos se recaudaban en su nombre. Su condición de soberano absoluto era justificada por las teorías que lo consideraban la encarnación del Estado, así como por la voluntad divina.

Antiguo Régimen: sistema político, económico y social que, partiendo de las estructuras medievales, terminó por configurarse durante la Edad Moderna. Entre sus características cabe destacar el poder absoluto de los monarcas, la desigualdad social basada en los estamentos, una economía predominantemente agraria y de subsistencia y un escaso crecimiento vegetativo de la población.

Bill of Rights (Declaración de Derechos): documento que, como consecuencia de la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, recortaba los poderes del rey, garantizaba las elecciones libres y otorgaba amplios poderes al Parlamento.

Derechos civiles: libertades y prerrogativas sociales inherentes a los ciudadanos de los sistemas democráticos. Algunos de sus mayores exponentes se encuentran en las declaraciones de derechos aprobadas por los regímenes liberarles desde finales del siglo XVII y, especialmente, en el XVIII y el XIX.

Despotismo ilustrado: nombre que recibieron algunos regímenes políticos europeos de finales del siglo XVIII en los que se combinaba el mantenimiento del poder absoluto de los monarcas con una voluntad reformadora de la economía y la sociedad. Este último elemento tenía su principal manifestación en la presencia de ministros ilustrados en los gobiernos.

División de poderes: planteamiento político que defendía la separación de las atribuciones del Estado en distintas instituciones, de tal modo que unas sirvieran como contrapeso de las otras. Esta idea se popularizó en Europa con la publicación de “El Espíritu de las Leyes”, de Montesquieu. Sin embargo, hemos de buscar su origen en las teorías inglesas del XVII, y más en concreto en James Harrington y John Locke.

Estado: conjunto de instituciones políticas, jurídicas y administrativas que tienen jurisdicción sobre toda la población de un territorio limitado por fronteras. Surgió a comienzos de la Edad Moderna como consecuencia de la concentración de poderes en manos de los monarcas, y condujo a la formación del absolutismo a partir del siglo XVI.

Fisiocracia: doctrina económica del siglo XVIII que defendía la primacía de la actividad agraria y de la propiedad de la tierra sobre cualquier otra actividad económica. Su principal representante fue el francés François Quesnay.

Gremio: organizaciones que agrupaban a trabajadores de un mismo oficio con el fin de acordar los precios, salarios y cantidad de producción. Los artesanos se dividían según sus conocimiento en maestros, oficiales y aprendices.

Ilustración: movimiento intelectual que se originó en Francia durante el siglo XVIII. Sus principios ideológicos eran la confianza en la razón como fuente de conocimiento y en el progreso ilimitado del ser humano, el ideal reformista y el espíritu crítico. Uno de sus principales canales de difusión fue la Enciclopedia, dirigida por Diderot y D`Alambert.

Liberalismo: sistema filosófico, económico y político opuesto al despotismo y defensor de las libertades civiles. Constituyó la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de derecho como la democracia representativa y la división de poderes.

Motines de subsistencia: formas de conflictividad social típicas del Antiguo Régimen, pero que persistieron en algunos lugares de Europa hasta bien entrado el siglo XIX. Solían estar relacionados con el alza de los precios de los productos de primera necesidad.

Parlamentarismo: sistema de organización política basado en la existencia de una asamblea que asume el control política del gobierno y la función legislativa del mismo.

Privilegio: ventaja, gracia o prerrogativa especial de la que goza una persona. En el Antiguo Régimen había dos estamentos cuyos miembros tenían privilegios: la nobleza y el clero.

República: forma de organización del Estado en la que el cargo de jefe del Estado no es hereditario ni vitalicio, sino resultado de una elección directa o indirecta de los ciudadanos. La duración del mandatos presidencial, sus funciones y poderes vienen determinados por la Constitución.

Revolución: cambio rápido, profundo y, en ocasiones, violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de un país.

Señorío: modelo de posesión de la tierra y del poder político en el sistema feudal. Había dos tipos de señoríos: los jurisdiccionales y los territoriales. Durante la Edad Moderna fueron desapareciendo progresivamente los primeros, pero permanecieron los de tipo territorial.

Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869


CUADRAGÉSIMO SEXTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

El texto aprobado en 1869 contaba con una notable influencia de las constituciones norteamericana y belga, de 1787 y 1831 respectivamente. Estaba compuesto por ciento doce artículos, a los que se ha de añadir un preámbulo en el que se hacía referencia a la soberanía nacional de base popular. Además, su articulado incluía una amplia declaración de derechos, así como la proclamación de la separación de poderes.

La característica más novedosa del texto fue el establecimiento del sufragio universal masculino, uno de los objetivos que se habían marcado los grupos revolucionarios del año anterior. A esto se ha de añadir la regulación de derechos individuales como la libertad de culto, residencia, enseñanza, reunión y asociación, expresión e inviolabilidad del domicilio.

Por su parte, el monarca tenía atribuciones semejantes a las estipuladas en las constituciones anteriores. Ahora bien, en tanto que todos los poderes emanaban de la soberanía nacional, quedaba sujeto a esta.

En último lugar, es necesario señalar que la constitución de 1869 instauró un sistema bicameral. Tanto los representantes del Congreso como los del Senado, se elegían por sufragio universal, si bien solo podían formar parte de esa última cámara los mayores contribuyentes y aquellos que contaban con estudios superiores.

Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812


TRIGÉSIMO CUARTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

La revolución liberal que se inició durante la Guerra de la Independencia, contemplaba una convocatoria de cortes “generales y extraordinarias”. Finalmente estas se reunieron en Cádiz en 1810 y, tras año y medio de reuniones, promulgaron una constitución el 19 de marzo de 1812 (día de san José), por eso se le conoce como “La Pepa”.

Los diputados quisieron aunar la tradición española con el nuevo espíritu revolucionario liberal. De esta manera, los principios de la constitución vinieron a ser los siguientes:

  • Afirmación de la soberanía nacional: el poder residía en la nación.
  • División de poderes: el poder legislativo correspondía a las Cortes, de una única Cámara; el poder ejecutivo quedaba en manos del rey y del gobierno por él designado; y el poder judicial era independiente.
  • Elección de los representantes en las Cortes por sufragio universal masculino.
  • Reconocimiento de los derechos y libertades individuales, así como la igualdad ante la ley.

La constitución apenas pudo aplicarse debido al contexto de la guerra y a que, con la restauración absolutista de 1814, quedó abolió. Ahora bien, su espíritu y programa fueron una referencia durante la mayor parte del siglo XIX. A su vez, se convirtió en un mito para el liberalismo universal y modelo para las revoluciones burguesas en Europa.

Presentación: El Antiguo Régimen


Durante el curso 2016-2017 elaboré este Prezi para explicar en 1º de Bachillerato el Antiguo Régimen. Posteriormente he realizado algunos ajustes que me han servido para ponerlo de fondo en algunos de los vídeos sobre esa materia. Para consultar la presentación haz click aquí.

 

Resumen del pensamiento político de James Harrington


La principal obra de James Harrington (1611-1677) es La República Oceána, publicada en 1656 bajo el gobierno de Oliver Cromwell. En ella se recogen planteamiento de tipo republicano que tuvieron gran influencia entre los whigs. De entre ellos cabe destacar la separación de poderes, el establecimiento de un cuerpo legislativo formado por dos cámaras o la necesidad de rotación en los cargos públicos.

En definitiva, se le puede considerar como uno de los principales teóricos de republicanismo clásico, así como uno de los primeros en sistematizar el sistema de representación moderna. En la línea con lo expresado anteriormente, se entiende que su forma de gobierno ideal sea una república con poder legislativo bicameral: senado y asamblea popular.

Montesquieu y la división de poderes


El desarrollo teórico del barón de Montesquieu en El espíritu de las leyes (1748) se sustenta sobre dos columnas: la crítica al sistema despótico, y el análisis de las condiciones necesarias para que el individuo pueda desarrollar su libertad política.

De esta manera, a partir de una clasificación de los distintos tipos de gobierno, el autor francés elabora un sistema de división de poderes orientado a garantizar la defensa de la libertad del individuo ante las acciones y pretensiones del poder.

A su vez, el pensamiento de Montesquieu no se detiene en el ámbito político, como en su día hizo Locke al enunciar sus tres poderes, sino que busca también un equilibrio social. Ese componente sociológico, tan ignorado en numerosas ocasiones, es, ciertamente, la gran aportación de este pensador.

Los tres tipos de sociedades

Montesquieu inicia su desarrollo teórico siguiendo el modelo de otros filósofos anteriores. Al igual que Platón, Aristóteles o Santo Tomás, establece una clasificación tripartita de los tipos de organización política: republicana, monárquica y despótica.

La distinción entre cada una de ellas se basa en dos rasgos: la naturaleza del régimen -quién detenta el poder-, y su principio -cuáles son los fines con los que se gobierna. A partir de ahí establece una división entre los gobiernos moderados, en los que existen leyes fijas y seguridad, y el despotismo, donde la ley es el capricho de un gobernante que se sirve del miedo para mantener el poder.

La búsqueda de contrapesos

Montesquieu descarta el despotismo al considerar que limita la libertad individual. Aconseja, por tanto, el establecimiento de gobiernos moderados: república y monarquía.

De entre estos dos, considera superior al republicanismo, pues se rige por el principio de la virtud cívica, mientras que la monarquía tiende a establecer desigualdades. Sin embargo, entiende que los tiempos modernos, con los grandes estados que se han venido formando desde finales del siglo XV, no son los adecuados para el modelo republicano.

En El espíritu de las leyes acabará decantándose, pues, por el régimen monárquico.

Ahora bien, por mucho que catalogue a la monarquía como un gobierno moderado, Montesquieu es consciente de que el poder puede caer en el despotismo, arrastrando consigo la libertad política. De esta manera, tomando el modelo británico de finales del XVII, recomendará el establecimiento de la división de poderes como garantía del individuo ante el gobierno.

La división de poderes

Montesquieu se fijará en el pensamiento político británico, especialmente las obras de Harrington y John Locke, como modelo para su sistema de separación de poderes.

De ellos tomará la idea de una triple división, así como la primacía del legislativo. No obstante, en el Espíritu de las leyes se sustituye el poder federativo por el judicial.

El sistema de contrapesos de Montesquieu no busca únicamente evitar que una persona acumule todos los poderes. No se trata de hacer parcelas, departamentos estancos, con las distintas potestades, sino que cada una de ellas se encuentre, a su vez, bajo la atenta mirada de las otras.

Así, el ejecutivo puede vetar determinadas leyes aprobadas por el legislativo, y este, a su vez, ejerce una función de control sobre el gobierno. Por último, en determinados casos, el legislativo puede suplantar al judicial como tribunal de justicia.

El equilibrio social

La gran aportación de Montesquieu al pensamiento político no es, como suele entenderse, la división de poderes. Esta ya existía desde un siglo antes en los escritos de varios teóricos británicos, y se venía aplicando en Inglaterra desde finales del XVII.

El mérito de El espíritu de las leyes es de carácter sociológico: la búsqueda del equilibrio social a partir de la división de poderes.

De esta manera, Montesquieu relaciona el poder judicial a un estado o profesión determinada, el ejecutivo a la monarquía, y el legislativo a la nobleza, representada en la cámara alta, y al tercer estado, en el caso de la cámara baja. Este modelo, por tanto, permitía a todas las fuerzas sociales participar en el gobierno del estado, evitando así el enfrentamiento entre ellas por el poder.

La libertad política en John Locke


John Locke (1632-1704) puede ser considerado con toda justicia como el primer sistematizador del pensamiento liberal. Sus ideas, surgidas en un contexto revolucionario, han influido notablemente en el desarrollo político de Inglaterra, pero también del resto del mundo.

Este autor es un antecedente claro de muchos de los planteamientos políticos de la Ilustración y, por ende, de las revoluciones de finales del XVIII y principios del XIX. No obstante, como descubriremos a lo largo de los siguientes párrafos, la obra de Locke no se entiende sin las circunstancias históricas en las que le tocó vivir.

El liberalismo británico

La ideología liberal nació en Inglaterra a mediados del siglo XVII. Su manifestación más temprana fue la controversia entre el Parlamento y el rey Carlos I Estuardo, que acabó derivando en una guerra civil y en la ejecución pública del monarca.

Tras casi veinte años de republicanismo, en los que las ideas liberales se fueron asentando en el país, se produjo la restauración monárquica en la figura de Jacobo II Estuardo.

Los intentos del nuevo rey por recuperar en su plenitud los antiguos privilegios de la Corona llevaron a un nuevo levantamiento liberal: la revolución gloriosa de 1688. En estos acontecimientos un hombre, John Locke, aparece como ideólogo del nuevo planteamiento político. De tal modo que, puede ser considerado el padre del liberalismo.

El partido de los «levellers»

Un grupúsculo dentro del Parlamento de 1640 aparece como antecedente más claro del pensamiento de John Locke. Los levellers, que en su traducción al castellano se conocen como los «niveladores», formularon los primeros argumentos en contra de la monarquía absoluta y las desigualdades sociales.

Este grupo de pequeños propietarios, que en su momento formaron parte del ejército de Oliver Cromwell, se organizaron como partido en 1646. Desde ese momento aparecen como opositores al dictador, cuya política les había defraudado.

Una de las ideas básicas del liberalismo político, la defensa de la sociedad como un conjunto de personas libres que comparten los mismos derechos fundamentales, surgió en el seno de este grupo. Además, los levellers sostenían que la persona o grupo de personas que detentaban el poder debían contar con el consentimiento de los gobernados, ante los que tenía la obligación de rendir cuentas. Por tanto, el gobierno no podía ser absoluto de ninguna manera.

Como garantía de la salvaguarda de los derechos individuales, debía tener poderes limitados. A su vez, los levellers defendían la plena libertad de expresión, religión, asociación y comercio.

El origen de la sociedad

El pensamiento político de John Locke se recoge fundamentalmente en sus Dos tratados sobre el Gobierno Civil (1689). En esta obra trata de descubrir el origen de la sociedad, así como el fin para el que fue constituida.

En cuanto al origen, el autor inglés parte del estado de naturaleza, donde los hombres son plenamente libres, pero también susceptibles de sufrir la agresión de los demás sobre su persona y sus propiedades.

Por esa razón, el ser humano abandona esa situación para construir la sociedad. Al incorporarse a ella renuncia a todo el poder sobre los demás, que pasa a ser competencia exclusiva de la autoridad pública, recibiendo, como contraprestación la garantía de que su integridad física y sus propiedades serán respetadas.

Por tanto, mediante un supuesto contrato social, el ser humano abandona el estado de naturaleza para garantizar su seguridad y la de sus pertenencias, cediendo parte de su libertad al estado. Sin embargo, esa cesión afecta única y exclusivamente a la potestad que la persona tiene sobre sus iguales, a la posibilidad de aplicar él mismo la justicia. Esta, así como el poder coercitivo, pasan a depender del soberano.

Los límites del poder político

Una vez explicado el origen de la sociedad, John Locke se plantea la manera de evitar que el depositario del poder cedido abuse de sus competencias. Busca establecer, por tanto, los límites del poder, que permitan al individuo mantener su parcela de autonomía y libertad.

De esta manera, tal como había enunciado anteriormente Harrington en Oceana (1656), y como haría Montesquieu en El espíritu de las Leyes (1748), establece un sistema de separación de poderes. Esta división permite construir un sistema de contrapesos mediante el que ninguna persona o institución acumula todo el poder.

Además, los distintos poderes están sometidos a un control y dependencia entre ellos, de tal manera que la labor de uno es supervisada por los otros. John Locke distingue tres órganos de poder: legislativo -encargado de la elaboración y aprobación de las leyes-, ejecutivo -con competencias en justicia y gobierno interior- y el federativo -responsable de la política exterior.

La tolerancia religiosa como manifestación de libertad

Durante esos convulsos años John Locke abordó otra de las grandes polémicas de la época: la libertad religiosa. En 1667 su Ensayo sobre la tolerancia, donde defendía el derecho de los puritanos a vivir libremente sus creencias sin ser molestados por las autoridades públicas, de orientación anglicana.

Los argumentos de esta primera obra fueron completados y puestos al día en Cartas sobre la tolerancia (1689).

En esta ocasión, en lugar de hacer uso de argumentos económicos -la pérdida de riqueza que suponía la emigración de los puritanos con todas sus propiedades y negocios-, el autor se centra en aspectos políticos. De esta manera, establecía los dos únicos motivos por los que a una persona se le podía negar la libertad religiosa: el perjuicio de los derechos de otro individuo y el atentado contra la existencia misma del Estado.

#15M. La hora de la moderación


En artículos anteriores he tratado de reflexionar sobre los acontecimientos que, desde el pasado mes de mayo, han marcado el desarrollo de la plataforma cívica 15M. En ellos se abordaban cuestiones como el nacimiento de nuevas formas de protesta –los movimientos del siglo XXI-, la influencia de las redes sociales en su modus operandi, o los que, a mi juicio, han sido los principales errores y aciertos de la Indignación.

Desde la publicación, el pasado 25 de mayo, de mi segundo artículo “#15M. El ocaso de la Indignación”, he utilizado una clasificación tripartita en lo que se refiere a la postura de la sociedad española ante el 15M.

Por un lado estarían los enemigos de toda reforma, que he denominado “inmovilistas”. El segundo grupo, quizás al que más palabras he dedicado hasta ahora, es el de los “radicales” o partidarios de un cambio quasi-revolucionario. Por último, dentro de esta división, -he de reconocerlo que es bastante simplista- estarían los “moderados”. Los partidarios de una serie de reformas que, sin cambiarlo, devuelvan el vigor al sistema político son, precisamente, los protagonistas de este artículo.

En los siguientes párrafos trataré de describir, de manera sencilla, el programa de la moderación. Para llevar a cabo esa tarea he creído necesario partir de dos premisas: las deficiencias del sistema político actual y el desencuentro entre moderados y radicales a la hora de encontrar soluciones a esos problemas.

Sentando las bases para la democracia necesaria

En el campo de la moderación tiene cabida la esperanza, el deseo de buscar un sistema político más abierto y cercano a la ciudadanía. Sin embargo, una mezcla de sentido común y miedo a tomar caminos sin retorno, nos lleva a más de uno a desconfiar de las utopías. Los partidarios de una reforma moderada -de un acuerdo, no ideológico, de mínimos- sabemos que no existe sistema político perfecto.

Por esa razón, entendemos que la democracia de 1978 debe ser reformada, pero respetada en algunas de sus líneas generales.

El tránsito pacífico del régimen franquista a una democracia liberal y pluralista debe ser valorado en su justa medida. Las deficiencias con las que nació el sistema de la Transición, así como el proceso degenerativo que ha sufrido en las últimas décadas, no justifican el cambio total y radical de un modelo que nos ha permitido vivir en libertad y paz durante más de treinta años. La moderación reconoce esos méritos a la democracia de 1978, pero no esconde sus errores.

Se trata, por tanto, de una postura intermedia entre el empeño del inmovilismo por justificar los desajustes del sistema y la tabula rasa que pretenden imponer los radicales. Los moderados entienden que la historia de un país importa en la construcción de su futuro, pero sostienen que eso no debe atar de manera irremisible a las generaciones venideras.

Es necesario respetar y valorar el sistema de la Transición, pero abandonando ese miedo a abrir la Caja de Pandora constitucional. Las reformas son necesarias, pues un modelo que no es capaz de regenerarse está condenado, tarde o temprano, a ser sustituido por otro.

La nueva fachada democrática

Tal como hemos indicado, la moderación se construye sobre dos pilares: el respeto a la historia y el convencimiento de que es necesaria una reforma. La democracia española ha de ponerse al día para ser capaz de hacer frente a los retos que le presenta el siglo XXI.

Parece claro que, con la aparición de las nuevas tecnologías, la relación entre política y ciudadanía está destinada a cambiar. Los mensajes de dirección única están condenados a desaparecer, dando lugar a una comunicación bidireccional y a formas de democracia más participativas.

Sin embargo, antes de abordar la compleja cuestión de la democracia 2.0 –en referencia a la web 2.0-, España necesita reformar algunas otras cuestiones que son, de por sí, una rémora para un modelo 1.0. Llegamos, por tanto, al programa de mínimos del que tanto se hablaba en los últimos días de la acampada de Sol. Tres son los puntos básicos que definen esta reforma: separación real de poderes, transparencia de la actividad política y reforma de la ley electoral.

La separación de poderes, recogida en la Constitución de 1978, es de dudosa existencia en un país donde los partidos manejan sin ningún tipo de pudor el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Es cierto que las leyes se aprueban en el Parlamento. Sin embargo, la disciplina interna de las distintas facciones ahoga cualquier tipo de disidencia y, con ella, buena parte de la voz de los representados. En definitiva, el Congreso de los Diputados y del Senado no son más que instituciones al servicio de Ferraz o Génova, en función de quien tenga mayoría parlamentaria.

El poder ejecutivo necesita, por su parte, el respaldo de las Cortes para constituirse como gobierno. Es decir, una vez más son los partidos políticos los que, al controlar a los diputados, tienen la última palabra. Y no sólo la última, sino también la primera: son los partidos políticos los que eligen, a veces sin ningún tipo de democracia interna, a los candidatos que los españoles debemos votar.

Y, por último, son también los partidos políticos los que, desde mediados de la década de 1980, eligen a los miembros del Tribunal Constitucional. Se han convertido, al fin y el cabo, en una especie de Leviatán hobbesiano capaz de cambiar el modus operandi del sistema de 1978 sin mover una sola coma de nuestra ley fundamental. Estamos, pues, ante un claro ejemplo de degeneración de la democracia; ante un proceso al que, sin lugar a dudas, es necesario poner freno.

Los partidos, dueños y señores de la situación, se convierten en grandes estructuras clientelares donde todos buscan llevarse a la boca una parte del pastel.

De esta manera, el deseo de servir a la sociedad se desvirtúa hasta límites insospechados, transformándose en una especie de cacería en la que únicamente importa ocupar un sillón. De ahí a la corrupción o, al menos, a la falta de transparencia, sólo hay un paso.

Llegamos por fin al que, desde mi punto de vista, es el quid de la cuestión: la reforma de la ley electoral. Quizás cuando se confeccionó la norma que actualmente rige en nuestra democracia se buscaba dar solidez a los gobiernos salidos de las elecciones. Sin embargo, vistas las consecuencia, parace que lo más razonable a estas alturas es, precisamente, lo contrario.

En primer lugar, parece claro que una ley que favoreciera menos a los grandes partidos representaría mejor la diversidad ideológica y regional del Estado.

En segundo término, un mayor reparto del poder contribuiría a desmantelar, al menos en parte, ese Leviatán del que hablábamos anteriormente. Y, por último, no es descabellado pensar que, una mayor fragmentación del poder, debería fomentar esa cultura del acuerdo y del consenso que tanto hemos echado en falta los ciudadanos en la última década.

En definitiva, la estructura y el poder de los partidos políticos en la actualidad aparecen como los grandes enemigos para la existencia de una democracia real. La solución a ese grave problema parece estar en un mayor reparto del poder, imposible con la actual ley electoral.

El “secuestro” de Sol y el «renacer» del 19J

Llegados a este punto, cabe plantearse por qué los moderados tienen tan poco protagonismo dentro del 15M. El proceso mediante el cual los radicales se han hecho con el control de la protesta –a mi me gusta denominarlo “el secuestro de Sol”- se explica en base a tres factores: la tradicional capacidad de la izquierda para movilizarse de forma rápida y eficaz, la apatía de la derecha, y la existencia de grupos de revolucionarios profesionales.

Antes de nada, es necesario incidir en el carácter neutral del 15M. Como bien indicaba recientemente en un artículo el profesor Enrique Dans, este fenómeno posee un carácter metodológico, no ideológico.

Sin embargo, dentro de esa neutralidad, cada persona lleva dentro sus propias convicciones que, voluntaria o involuntariamente, acaban tiñendo de un color determinado la blancura de todo movimiento cívico. Esto de por sí no sería grave si existiera cierto equilibrio entre las diversas ideologías dentro del movimiento. El problema surge cuando en el seno de esa neutralidad primigenia empiezan a ser mayoritarios los partidarios de unas determinadas ideas.

En el 15M ha sucedido exactamente eso: las personas de izquierdas –no confundir con afiliados a partidos de esa ideología- son una abrumadora mayoría. Esto ha sido posible, en primer término, por la gran capacidad de movilización que existe dentro de ese grupo; y, en segundo lugar, por la resaca del efecto ZP. La izquierda en España se ha encontrado huérfana, sin deseos de votar a sus antiguos líderes. Ante esta situación, han visto en el 15M una forma de canalizar su actividad política.

El predominio de la izquierda en las protestas por una democracia real se ha visto favorecido, a su vez, por apatía de la derecha.

A una tradición poco callejera se ha unido la previsible victoria electoral. Mientras muchas personas de izquierdas se lanzaron a las plazas como última esperanza, las de derechas todavía conservaban una última opción: la victoria del Partido Popular en los próximos comicios generales. Quizás Mariano Rajoy no nos saque del agujero en el que estamos, pero sus votantes todavía tienen esa esperanza.

Llegados a este punto, podría pensar el lector que identifico a la derecha con los moderados y a la izquierda con los radicales. Nada de eso. Considero que cualquier ideologización del 15M es susceptible de ser denominada radical. Este proceso se ha producido en una dirección muy concreta, la del grupo predominante.

Sin embargo, en caso de haber sido mayoritaria la derecha, e ideologizarse este fenómeno en esa dirección, también deberíamos hablar de radicalización. La moderación debe ser neutral, y centrada, como decíamos antes, en un programa de mínimos basado en una reforma metodológica de nuestra democracia.

La tercera razón de la radicalización del 15M, y sin duda la más importante, es la existencia de grupos de revolucionarios profesionales que han marcado la dirección del movimiento. Al margen de la presencia de personas con ideología de derechas o de izquierdas, existe un pequeño grupo dedicado exclusivamente –profesionalmente- a la protesta. Estos, aunque sean una minoría, han logrado hacerse con el control gracias a su mejor organización y a su dedicación exclusiva al movimiento.

 En mi artículo “De Sol a sol. Los siete pecados de la Indignación” explicaba que la mayor parte de las personas que apoyan la protesta no son revolucionarios profesionales. Sin embargo, aquellos que trabajan y tienen responsabilidades familiares, tienen muy difícil seguir el día a día del movimimiento. Eso únicamente pueden hacerlo aquellos que viven de la revolución: los grupos organizados.

La manifestación del 19J fue una clara demostración de esto. A ella acudieron, en domingo, personas descontentas con la situación actual. Ahora bien, la mayor parte de los que se concentraron ese día en Neptuno no pueden dedicarle muchas horas al 15M. Así es como esta cae en manos de los grupos organizados.

Todo esto me lleva a concluir que, sin un triunfo de la moderación, todo esto acabará convirtiéndose, si no lo es ya, en un movimiento de protesta de un grupo determinado.