Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al civil y su final


SEXAGÉSIMO SÉPTIMO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

A mediados de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, lideró un golpe de Estado contra el gobierno constitucional, al que logró derribar sin apenas resistencia. Se inauguró entonces un régimen político con tintes regeneracionistas y similar al de otros regímenes autoritarios de la Europa de entreguerras; especialmente en lo relativo al intervencionismo estatal y el corporativismo. La dictadura de Primo de Rivera se presentó como un régimen temporal dirigido a solucionar, en un corto margen de tiempo, los principales problemas que padecía el país. Ahora bien, dentro del estatismo propio de unas estructuras autoritarias, el sistema evolucionó, siendo posible distinguir dos fases bien diferenciadas dentro del mismo: el Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930).

En la primera de esas dos etapas se disolvieron las Cortes y se decretó el estado de guerra, quedando en suspenso la Constitución de 1876. Además, se prohibieron las actividades de sindicatos y partidos políticos, al tiempo que se establecieron fuertes medidas represivas contra los grupos anarquistas, comunistas y nacionalistas. En lo relativo al gobierno local, los ayuntamientos quedaron disueltos, siendo sustituidos por las llamadas juntas de vocales asociados. Estos cargos, estrechamente vinculados al sistema caciquil propio de la Restauración, eran designados por los mayores contribuyentes del municipio.

Sin lugar a dudas el gran éxito de la dictadura en ese primer periodo fue la victoria en el conflicto marroquí, que comenzó a fraguarse en 1925 con el desembarco de Alhucemas. La ofensiva conjunta acordada entre España y Francia permitió someter a los rifeños liderados por Abd el-Krim, pacificando así el protectorado.

Precisamente ese año se inauguró la segunda fase de la dictadura, en la que un gobierno de carácter civil sustituyo al militar. Con esa medida, Miguel Primo de Rivera pretendía mantenerse en el poder durante un periodo de tiempo más largo y, a su vez, manifestaba su deseo de establecer un régimen político de corte autoritario siguiendo el modelo de la Italia de Mussolini. Con ese fin había fundado en 1924 la Unión Patriótica, un grupo político de derechas que, mediante la propaganda, debía lograr apoyo popular para la dictadura.

Primo de Rivera profundizó en la construcción de su proyecto político con la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva en 1926. Este organismo, compuesto por representantes del Gobierno, la Administración del Estado y la Unión Patriótica, tenía como objetivo elaborar una nueva ley fundamental. Se trataba, al fin y al cabo, de una institución totalmente controlada por la dictadura y, por tanto, con escasa capacidad real de decisión.

A las cuestiones políticas hemos de añadir las de carácter económico y social. Sobre las primeras es importante señalar que España se aprovechó de la coyuntura expansiva del periodo que conocemos como los felices años veinte. Los objetivos económicos de la dictadura fueron, fundamentalmente, impulsar el desarrollo de la industria nacional a través de la concesión de ayudas y una marcada política proteccionista. Ese intervencionismo estatal en la economía culminó con el fomento de las obras públicas y la creación de monopolios de titularidad pública, de entre los que destacaron CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos) y la CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España).

En el ámbito social hay que destacar que, en gran medida gracias a la represión ejercida por las fuerzas de orden público, la conflictividad obrera fue escasa. A esto también contribuyó de manera decisiva la legislación laboral y las políticas sociales iniciadas por una dictadura de claro corte paternalista. De hecho, las medidas de Primo de Rivera contaron con el apoyo de la UGT, el principal sindicato socialista.

Ahora bien, la dictadura fue perdiendo apoyos de manera progresiva a partir de 1926; especialmente, aunque pueda resultar paradójico, entre los militares. Esto se debió, fundamentalmente a la aprobación por parte del gobierno de la normativa que reformaba el procedimiento de ascenso por antigüedad. A esto hemos de añadir la oposición al régimen por parte de los intelectuales, periodistas y otros grupos sociales que, de manera mayoritaria, se adhirieron al republicanismo. De esta manera, ante la falta de apoyos y consciente de haber perdido la confianza del rey Alfonso XIII, Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión en enero de 1930.

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Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas


SEXAGÉSIMO PRIMER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

A finales del siglo XIX, los fundamentos de la Restauración fueron puestos en cuestión por el regeneracionismo, una corriente ideológica que denunciaba, tanto los vicios del sistema –bipartidismo, turnismo y fraude electoral-, como la existencia de una oligarquía que controlaba los destinos del Estado. De esta forma, el modelo de monarquía liberal basado en la vigencia de la Constitución de 1876 y la alternancia pacífica entre conservadores y liberales fue puesto en cuestión por una serie de propuestas de modernización política, económica y social planteadas por los regeneracionistas.

De manera progresiva, tanto la clase política española como la monarquía fueron aceptando los postulados del regeneracionismo. Incluso, al alcanzar la mayoría de edad Alfonso XIII (1902), los partidos dinásticos estaban encabezados por miembros de ese movimiento: Antonio Maura dirigía el Partido Conservador y José Canalejas el Liberal. Precisamente el primero de ellos puso en marcha, entre 1907 y 1909, un programa de reforma del sistema parlamentario, la llamada “revolución desde arriba”.

Antonio Maura ideó también un proyecto de ley de administración local en el que se pretendía dotar de mayor autonomía a las corporaciones municipales. Además, en el texto se abría la puerta a la creación de mancomunidades y a la ampliación de las competencias provinciales. Por último, cabe destacar aquellas disposiciones de corte económico y social, como la política de intervención estatal para el fomento y la protección de la industria nacional, la creación del Instituto Nacional de Previsión, la legalización del derecho a la huelga y la ley de descanso dominical.

Durante su etapa como presidente del Consejo de Ministros (1910-1912), José Canalejas realizó un importante esfuerzo para democratizar el sistema y ampliar sus bases sociales. Además, también desarrolló una importante política socio-laboral, donde destacaron medidas como la reducción de la jornada laboral, la prohibición del trabajo femenino nocturno, la ley de accidentes de trabajo y la supresión del impuesto de consumos. También debe mencionarse la llamada “Ley Candado” (1910), con la que pretendía profundizar en la secularización del Estado.

 

Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876


CUADRAGÉSIMO NOVENO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

En texto constitucional aprobado en 1876 ha sido, hasta la fecha, el que más tiempo ha estado vigente en la historia contemporánea de España, pues se mantuvo hasta 1923. Por tanto, su principal logro fue dotar de estabilidad a un país que carecía de ella desde la invasión napoleónica de 1808 y la aprobación del Estatuto de Bayona. Su articulado se componía de ochenta y nueve puntos, lo que nos permite hablar de una constitución breve y, en cierto modo, síntesis de las dos precedentes, las de 1845 y 1869.

En gran medida, la vigencia del texto se explica por su escasa concreción, que permitía al partido gobernante interpretar a su gusto aspectos básicos como los derechos, el sufragio o la cuestión religiosa. Es decir, a diferencia de las restantes constituciones del siglo XIX, no obedecía a los criterios de un grupo. Otro aspecto clave para entender su durabilidad es el contexto en que se elaboró, marcado por un espíritu de consenso y un deseo de llegar a acuerdos de Estado entre los grandes partidos.

De entre las principales características de la Constitución de 1876, cabe señalar las siguientes:

  • Soberanía compartida entre las Cortes y el rey, siendo este último el encargado de regular los tres poderes del Estado, así como dirigir y moderar la vida política.
  • Establecía un poder legislativo bicameral, con un Senado cuyos miembros eran designados por el rey, y un Congreso de los Diputados salido de los procesos electorales.
  • Carecía de una regulación de los derechos ciudadanos, que se dejaban en manos de la legislación posterior y la interpretación de los gobiernos de turno.
  • No especificaba el sistema de votación, quedando el derecho al sufragio abierto al uso de la modalidad basada en el censo –censitario- o a su universalización. Finalmente, el sufragio universal masculino terminó por imponerse en 1890.