SEXAGÉSIMO SÉPTIMO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
A mediados de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, lideró un golpe de Estado contra el gobierno constitucional, al que logró derribar sin apenas resistencia. Se inauguró entonces un régimen político con tintes regeneracionistas y similar al de otros regímenes autoritarios de la Europa de entreguerras; especialmente en lo relativo al intervencionismo estatal y el corporativismo. La dictadura de Primo de Rivera se presentó como un régimen temporal dirigido a solucionar, en un corto margen de tiempo, los principales problemas que padecía el país. Ahora bien, dentro del estatismo propio de unas estructuras autoritarias, el sistema evolucionó, siendo posible distinguir dos fases bien diferenciadas dentro del mismo: el Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930).
En la primera de esas dos etapas se disolvieron las Cortes y se decretó el estado de guerra, quedando en suspenso la Constitución de 1876. Además, se prohibieron las actividades de sindicatos y partidos políticos, al tiempo que se establecieron fuertes medidas represivas contra los grupos anarquistas, comunistas y nacionalistas. En lo relativo al gobierno local, los ayuntamientos quedaron disueltos, siendo sustituidos por las llamadas juntas de vocales asociados. Estos cargos, estrechamente vinculados al sistema caciquil propio de la Restauración, eran designados por los mayores contribuyentes del municipio.
Sin lugar a dudas el gran éxito de la dictadura en ese primer periodo fue la victoria en el conflicto marroquí, que comenzó a fraguarse en 1925 con el desembarco de Alhucemas. La ofensiva conjunta acordada entre España y Francia permitió someter a los rifeños liderados por Abd el-Krim, pacificando así el protectorado.
Precisamente ese año se inauguró la segunda fase de la dictadura, en la que un gobierno de carácter civil sustituyo al militar. Con esa medida, Miguel Primo de Rivera pretendía mantenerse en el poder durante un periodo de tiempo más largo y, a su vez, manifestaba su deseo de establecer un régimen político de corte autoritario siguiendo el modelo de la Italia de Mussolini. Con ese fin había fundado en 1924 la Unión Patriótica, un grupo político de derechas que, mediante la propaganda, debía lograr apoyo popular para la dictadura.
Primo de Rivera profundizó en la construcción de su proyecto político con la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva en 1926. Este organismo, compuesto por representantes del Gobierno, la Administración del Estado y la Unión Patriótica, tenía como objetivo elaborar una nueva ley fundamental. Se trataba, al fin y al cabo, de una institución totalmente controlada por la dictadura y, por tanto, con escasa capacidad real de decisión.
A las cuestiones políticas hemos de añadir las de carácter económico y social. Sobre las primeras es importante señalar que España se aprovechó de la coyuntura expansiva del periodo que conocemos como los felices años veinte. Los objetivos económicos de la dictadura fueron, fundamentalmente, impulsar el desarrollo de la industria nacional a través de la concesión de ayudas y una marcada política proteccionista. Ese intervencionismo estatal en la economía culminó con el fomento de las obras públicas y la creación de monopolios de titularidad pública, de entre los que destacaron CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos) y la CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España).
En el ámbito social hay que destacar que, en gran medida gracias a la represión ejercida por las fuerzas de orden público, la conflictividad obrera fue escasa. A esto también contribuyó de manera decisiva la legislación laboral y las políticas sociales iniciadas por una dictadura de claro corte paternalista. De hecho, las medidas de Primo de Rivera contaron con el apoyo de la UGT, el principal sindicato socialista.
Ahora bien, la dictadura fue perdiendo apoyos de manera progresiva a partir de 1926; especialmente, aunque pueda resultar paradójico, entre los militares. Esto se debió, fundamentalmente a la aprobación por parte del gobierno de la normativa que reformaba el procedimiento de ascenso por antigüedad. A esto hemos de añadir la oposición al régimen por parte de los intelectuales, periodistas y otros grupos sociales que, de manera mayoritaria, se adhirieron al republicanismo. De esta manera, ante la falta de apoyos y consciente de haber perdido la confianza del rey Alfonso XIII, Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión en enero de 1930.
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0:12. Las características generales de la dictadura de Primo de Rivera.
SEXAGÉSIMO SEXTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
En el contexto de la crisis económica y política que afectó a España en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, durante el verano de 1917 el régimen de la Restauración vivió uno de sus momentos más críticos. Confluyeron en el tiempo tres conflictos que serán objeto de análisis en los siguientes párrafos.
En primer lugar se ha de hacer referencia a la crisis militar, que se materializó en la formación de las Juntas de Defensa. El problema se originó por el malestar que había generado, dentro del ejército, el proyecto de reforma militar del gobierno. Pues este incluía la reducción del número de oficiales y una modificación en el sistema de ascensos. Este descontentó, que afectaba principalmente a los militares jóvenes, se puso de manifiesto con la aparición de las Juntas de Defensa y el manifiesto que estas presentaron al gobierno en junio de 1917. Finalmente, la intervención de Alfonso XIII a favor del ejército terminó por frustrar el proyecto reformista.
La crisis militar fue seguida de otra de carácter político, que tuvo como principal exponente a la Asamblea de Parlamentarios. En el origen hemos de situar la interpretación que algunos grupos de oposición –republicanos, socialistas y nacionalistas- hicieron del suceso de las Juntas de Defensa. La debilidad del gobierno fue vista como una nueva señal de la creciente debilidad del Régimen de la Restauración y, por tanto, una oportunidad para reformar el sistema de forma integral. A esto se ha de añadir el cierre de las Cortes y la suspensión de las garantías constitucionales decretada por el gobierno conservador de Eduardo Dato. Como respuesta a esas medidas, el líder de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó, convocó a todos los senadores y diputados a formar en Barcelona una Asamblea de Parlamentarios. En su reunión del mes de julio, los representantes acordaron formar un nuevo gobierno provisional y dotar al país de una nueva constitución donde se abriera la posibilidad a la autonomía de algunos territorios. Sin embargo, el escaso respaldo de los distintos partidos políticos a la Asamblea –asistieron únicamente setenta de los setecientos sesenta senadores y diputados- terminó por condenar al fracaso las diversas iniciativas de sus miembros.
Por último, abordaremos la crisis social, que tuvo su momento álgido en la huelga general del mes de agosto. Previamente, en marzo de 1917, la UGT y la CNT, que por entonces eran los sindicatos que agrupaban a un mayor número de trabajadores, suscribieron un manifiesto a favor del establecimiento de una república democrática. De esta manera, con el fin de terminar con la monarquía y el sistema político de la Restauración, convocaron una huelga general para el verano. Sin embargo, esta únicamente tuvo cierta incidencia en algunos sectores industriales de Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias. Aún así, los disturbios obligaron a que el gobierno recurriera al ejército, cuya intervención provocó más de setenta muertos. Además, el número de detenidos, entre los que se encontraban los miembros del comité de huelga, se elevó a los dos mil.
SEXAGÉSIMO CUARTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
El estallido, desarrollo y desenlace de la Gran Guerra (1914-1918), unido a la aparición del primer régimen comunista del mundo en el año 1917, tuvo importantes consecuencias para España, tanto en el campo de la política como en la sociedad en general. De hecho, aunque la monarquía liberal se mantuvo como hasta 1931, esos dos acontecimientos marcaron un punto de inflexión en la evolución del régimen de la Restauración.
Al iniciarse la Gran Guerra en 1914, el gobierno presidido por el conservador Eduardo Dato, con el respaldo de todas las formaciones políticas, declaró la neutralidad de España. Esta decisión convirtió al país en proveedor de materias primas y productos industriales, favoreciendo así el desarrollo de la economía nacional. Ahora bien, este crecimiento no afectó del mismo modo a la burguesía industrial y a la clase trabajadora. Mientras los primeros se enriquecieron gracias a los beneficios que producía el contexto bélico en Europa, los segundos vieron como su calidad de vida se deterioraba por una escasez de suministros que, a pesar del alza de los salarios, no era compensaba la subida de los sueldos. De esta manera, además de agravar las diferencias sociales de la época, la evolución de la economía durante la Gran Guerra provocó numerosas huelgas y conflictos laborales en medio de un clima de tensión y auge del crecimiento obrero.
Ahora bien, a pesar de situarse en una posición de neutralidad, oficial, la sociedad española, los medios de comunicación y los propios partidos políticos se dividieron en dos bandos en función de la potencia con la que simpatizaban. Los sectores más conservadores presentaron una clara germanofilia, mientras que los liberales y la izquierda se sentían más cercanos a los aliados. Por su parte, los anarquistas y una minoría dentro del socialismo calificaron el conflicto como un enfrentamiento imperialista; una consecuencia lógica del desarrollo del capitalismo.
Por su parte, las revoluciones rusas del año 1917 tuvieron una importante influencia en la deriva política de los grupos políticos y sindicatos de izquierdas. En concreto, en el PSOE se produjo una escisión como consecuencia de la fundación de la Internacional Comunista, pues una minoría pro-soviética abandonó partido para fundar el PCE (Partido Comunista de España). Además, entre la burguesía capitalista y las clases medias dio lugar a la aparición del miedo al contagio comunista.
La influencia de la Revolución Rusa llevó también a que algunos sindicatos se radicalizaron y elevaron el nivel de sus demandas. Además, como consecuencia de la crisis económica de posguerra y a la desigualdad social que esta provocó, esos sindicatos extendieron su influencia entre la clase trabajadora. De esta manera, la UGT aumentó el número de sus afiliados de 160.000 en 1916 a 240.000 en 1921, mientras que la CNT pasó de 80.000 afiliados a 600.000 en ese mismo periodo.
QUINCUAGÉSIMO PRIMER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
Tal como sucedió en los restantes países de la Europa Central y Occidental, las corrientes ideológicas que más aceptación tuvieron entre los obreros y campesinos españoles fueron el anarquismo y el socialismo. A continuación se procederá a analizar cada una de ellas, prestando especial atención a sus planteamientos, dirigentes e instrumentos.
El anarquismo llegó a España durante el Sexenio Democrático (1868-1874) de la mano de un discípulo de Mijaíl Bakunin, el italino Giuseppe Fanelli. En esta etapa se centró en la captación de seguidores y la acción terrorista, por lo que fueron clandestinos y perseguidos. Aún así, logró ser la ideología obrera más influyente durante el periodo de la Restauración, difundiéndose especialmente entre el campesinado andaluz y los trabajadores de las fábricas y talleres catalanes. Su oposición a toda forma de poder y la acción violenta contra miembros del gobierno y de la burguesía, hizo que se convirtieran en una amenaza contra el poder establecido.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fundado como organización de clasepor Pablo Iglesias en 1879, combinaba el ideario revolucionario marxista con medidas más acordes a la realidad finisecular, como la participación en el juego electoral. Asociado a él surgió, en 1888, la Unión General de Trabajadores (UGT), un sindicato también de orientación socialista. Toda esta actividad en pro de la defensa de los derechos del proletariado se complementó con la puesta en marcha de prensa escrita –destacó El Socialista-, Casas del Pueblo y mutuas obreras.
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0:13. Las principales corrientes ideológicas del movimiento obrero.
La primera batalla política de la Transición se da en la calle y en las fábricas. Es un pulso a las estructuras del gobierno y de seguridad del Estado, lanzado por la oposición y dirigido por el Partido Comunista y por Comisiones Obreras, con una importante aportación de las organizaciones de extrema izquierda. La participación en esta lucha del PSOE y de la UGT no es significativa, por la escasa fuerza que tienen en ese momento el partido y el sindicato socialista.
Ya dos meses antes de la muerte de Franco, Santiago Carrillo, en una entrevista con Oriana Fallaci, afirmaba que el Régimen caería derribado por una huelga nacional, “una huelga que paralizará de improviso al país entero, de la fábrica a la universidad, del comercio a las comunicaciones. Una huelga que bloquee todo el mecanismo del Estado y contra la que el Régimen no podrá hacer nada. Todo deberá suceder en ese momento; todo. Y lo que estamos haciendo es crear las condiciones para ese momento”.
La conflictividad laboral en España había ido creciendo desde 1970. Y ello, en función de la mayor presencia y penetración de Comisiones Obreras en las empresas y en la estructura de la organización del sindicato oficial, lo que conllevaba una mayor conciencia de clase y una más agresiva actitud reivindicativa. Prueba de ello es que, según los datos oficiales en 1971, hubo 616 conflictos colectivos, con un total de siete millones de horas perdidas, cifra que se duplicaba en 1975, con 3159 conflictos.
Pero la tensión laboral, que disminuyó en el segundo semestre del 75, pues todos -gobierno, oposición, sindicatos ilegales- enmudecieron ante la larga enfermedad y agonía de Franco, se disparó con el primer gobierno de la Monarquía, desde principios de 1976.
Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p. 80-81.
Durante el siglo XIX España experimentó una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales. De entre ellas cabe destacar, por su importancia, las siguientes:
Introducción de nuevas técnicas y modos de producción agrícola.
Aparición de una industria moderna, basada en la maquinaria y la fábrica.
Sustitución de la monarquía absoluta por una de tipo parlamentaria y constitucional.
Desaparición de la Inquisición y de los derechos señoriales.
Sustitución de la vieja sociedad feudal por una sociedad de clases.
Ese conjunto de cambios siguieron las pautas de los experimentados por otros países de Europa occidental. Se trataba, pues, de un proceso de modernización que hundía sus raíces en la revolución liberal y la industrialización. Ahora bien, España no alcanzó el mismo grado de desarrollo que los países de su entorno.
La agricultura, y no la industria, continuó siendo la principal actividad económica. La modernización tampoco alcanzó su plenitud en el ámbito político, donde el régimen parlamentario no terminó de afianzarse, tanto como consecuencia de los sucesivos pronunciamientos y golpes de Estado como por la manipulación de los resultados electorales a través de prácticas como el caciquismo, el encasillado o el pucherazo.
En cierto modo puede hablase de un atraso o fracaso del proceso de modernización e industrialización, pues esta no se inició hasta bien entrada la década de 1830.
Ahora bien, partiendo de unos niveles de desarrollo inferiores a los de los países de su entorno -fruto de atraso al que nos hemos referido-, la industria española experimentó un importante avance a finales de siglo. Dentro de este fenómeno cabe destacar la industria siderúrgica vasca, las fábricas textiles catalanas y la explotación minera asturiana y andaluza. Además, gracias a la inversión extranjera, el país pudo contar con una moderna red de ferrocarril y carreteras.
El proceso de modernización experimentado por el país afectó también a la demografía. A pesar de los sucesivos conflictos bélicos, se produjo un aumento constante de la población. Este fenómeno fue especialmente llamativo en las ciudades, que se convirtieron en el destino de las personas que emigraban desde el medio rural.
De esta forma, muchas urbes superaron los límites de sus antiguas murallas, al tiempo que iniciaban los planes urbanísticos de “ensanche”. Ahora bien, junto a la ciudad burguesa, de estructura ortogonal y cómodas avenidas, surgieron los insalubres y marginales barrios obreros en el entorno de las fábricas.
Por último, hemos de mencionar la evolución de la estructura social que, como comentamos anteriormente, abandonó el criterio estamental. El grupo social, la clase, pasó a ser el criterio de diferenciación. De esta manera, como en el resto de los países industrializados, surgió en España el proletariado o clase obrera, formada por los trabajadores de las fábricas.
Poco a poco esto fueron agrupándose y organizándose en sindicatos con el fin de mejorar sus condiciones de vida y defender sus derechos.
Aspectos que condicionaron el desarrollo económico
Geográficos.Desde este punto de vista España presentaba como ventajas una óptima localización para el comercio exterior y una gran riqueza del subsuelo; sin embargo, las dificultades orográficas complicaban el desarrollo del comercio interior y el suelo agrícola era pobre y árido.
Demográficos.A pesar del crecimiento constante de la población, el ritmo fue menor que en Europa. La distribución por regiones fue muy desigual. Además predominaba la población activa agrícola, a pesar de que se produjo un importante crecimiento de la población urbana.
Sociales.La nobleza se aburguesó, ya que la base económica continuó siendo la tierra. Por su parte la burguesía optó también por invertir en latifundios en detrimento de la industria. En el campo se produce un incremento notable de asalariados que polariza la sociedad.
Infraestructuras. La descapitalización y el endeudamiento del Estado será una constante, así como los elevados costes de los transportes y la producción energética.
La propiedad.La mayor parte de la tierra cultivable estaba inmovilizada a comienzos del siglo XIX.
Los procesos de desamortización
A comienzos del siglo XIX, la propiedad de la tierra en España presentaba una estructura heredada de la Edad Media que tenía como rasgo fundamental la gran desigualdad entre los distintos grupos sociales.
Entre los grandes propietarios se encontraban la Corona, la Iglesia (manos muertas), los nobles (mayorazgos) y los municipios o concejos. Durante el Antiguo Régimen los terrenos de los estamentos privilegiados estaban exentos de pagar impuestos y mal explotados. Por lo tanto, no es de extrañar que desde finales del siglo XVIII se viera en la desamortización -incautación por el Estado de bienes de la Iglesia, de la Corona y de los municipios que eran nacionalizados y después se vendían en pública subasta- una vía para aumentar los ingresos de la Hacienda, primero por la venta de los terrenos y después a través de los impuestos.
Además en el siglo XIX hay un grupo social que quiere maximizar esa riqueza y desea apoderarse de esas tierras: la burguesía liberal. De ahí que con el triunfo de los liberales triunfen las desamortizaciones.
Las primeras actuaciones desamortizadoras se remontan a finales del siglo XVIII, y más en concreto a la política llevada a cabo por Manuel Godoy entre 1798 y 1808. Estas afectaron fundamentalmente a la Iglesia y tenían como principal objetivo recaudar dinero para hacer frente al endeudamiento de la Hacienda. Sin embargo, durante el reinado de Fernando VII se detuvo la desamortización de bienes eclesiásticos y se inició un segundo proceso centrado en los bienes de particulares.
Las desamortizaciones de la primera mitad del siglo XIX estuvieron acompañadas de una serie de medidas encaminadas a suprimir los privilegios del Antiguo Régimen: vinculaciones, régimen señorial, diezmos….
La primera fue la que afectó a los bienes de la Iglesia y la llevó a cabo el liberal progresista Mendizábal en 1836. No en vano, las desamortizaciones eclesiásticas sirvieron para debilitar a la Iglesia, que apoyaba la causa carlista. La segunda y más importante fue la que afectó fundamentalmente a las tierras comunes de los Ayuntamientos. Esta tuvo como protagonista al ministro progresista Pascual Madoz, y tuvo lugar en 1855.
Ambas podrían haber creado una nueva clase de pequeños propietarios agrícolas, pero no fue así. Las tierras nacionalizadas fueron vendidas en pública subasta, pagándose con deuda pública la de Mendizábal, y con dinero la de Madoz.
Esas tierras desamortizadas pasaron en su mayor parte a la antigua nobleza, que se vio compensada por la pérdida de sus prebendas jurisdiccionales al ser indemnizada con títulos de la deuda. También se vio favorecida la alta burguesía, que había apoyado a los liberales en la guerra carlista, y en menor medida, los medianos propietarios. Muchas de las tierras desamortizadas quedaron en manos de los hasta entonces insignificantes gobernantes locales que pasaron a convertirse en auténticos caciques.
Desde el punto de vista agrario, no se contribuyó a la racionalización del tamaño de la propiedad, es más se contribuyó a reforzar el latifundio y el minifundio en zonas donde anteriormente existían. No se modernizó la agricultura, ni se invirtió en nueva tecnología. La agricultura siguió siendo tradicional y explotada por jornaleros sin tierra.
Una de las principales consecuencias sociales de las desamortizaciones fue que los campesinos sin tierra vieron empeorada su situación. Quedaron a merced de la explotación de los terratenientes y sin posibilidad de emigrar a las ciudades por no producirse un desarrollo industrial paralelo. Todo ello generó el caldo de cultivo revolucionario donde harían su agosto las ideologías anarquistas.
En resumen, el proceso de desamortización de la tierra fue un proceso largo, que duró aproximadamente cien años, (casi hasta finales del siglo XIX), y supuso la abolición de las instituciones jurídicas que sostenían el Antiguo Régimen, un gran trasvase de la propiedad y la consolidación de una estructura agraria (agricultura tradicional) vigente hasta el siglo XX.
Industrialización y modernización de las infraestructuras.
Para una buena parte de los países europeos, el siglo XIX resultó una época de profundos cambios económicos concentrados en la industrialización. Por el contrario, a finales del siglo XIX, la economía española seguía teniendo rasgos de atraso económico evidente:
Una agricultura arcaica y con bajos rendimientos se mantenía en el centro de la vida económica.
El mercado interior era incapaz de absorber la propia producción industrial.
La falta de una red de transportes y comunicaciones eficaz que hubiera facilitado y abaratado los intercambios.
La consecuencia de todo ello fue que, mientras los granos de Castilla se pudrían en los graneros, Cataluña o Valencia debían importarlos del extranjero. Mientras Asturias no encontraba compradores para su hulla, los campesinos castellanos debían quemar la paja en sus hogares, tan necesaria como era para el abonado del campo. Es decir, se fomentaba el estancamiento energético por un lado y el inmovilismo agrario por otro y, al mismo tiempo, se establecía una balanza comercial desfavorable con el extranjero.
En realidad todo remitía a un mismo problema: la inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas, planeadas tras las pérdidas de las colonias americanas.
No obstante, a lo largo de la centuria hubo importantes intentos de avance económico que comportaron el nacimiento de significativos focos industriales. Dos fueron las zonas pioneras: Cataluña y País Vasco. Y dos también las industrias más importantes: la textil y la siderurgia. Junto a ellas la minería conoció un auge digno de reseñar.
La revolución industrial española fue más tardía y menos potente que la del resto de Europa occidental. Las causas hay que buscarlas en la inestabilidad política, las destrucciones de la guerra de la Independencia y de las guerras carlistas, y en la inexistencia de una burguesía moderna y abundante que prefirió invertir en la compra de tierras (desamortizaciones) antes que en la industria.
España, desde los fenicios, ha sido tierra de exportación de su riqueza minera (cobre, estaño, oro, hierro, mercurio…). Durante el siglo XIX, y sobre todo a partir de 1868 (Ley de Minas, desamortización del subsuelo), van a ser los capitales extranjeros (principalmente británicos) los que van a venir a explotar la minería y montar las primeras fundiciones para ese mineral. Los capitales extranjeros se sintieron especialmente atraídos por las zonas mineras de Huelva, Cartagena y Vizcaya.
Los capitales acumulados por la exportación de mineral de hierro vasco y la baratura del carbón británico serán el origen de la gran siderurgia vasca (Altos Hornos de Vizcaya, 1902).
El inicio de la explotación del carbón asturiano va a crear una industria siderúrgica moderna, que en el caso de Vizcaya, va a ayudar a la instalación en sus costas de los más potentes astilleros del país (Euskalduna).
Por otra parte en Cataluña van a aparecer una serie de empresarios textiles que van a modernizar el proceso productivo textil y van a crear modernas empresas en este sector. Todos estos procesos productivos estaban favorecidos por una política de proteccionismo económico.
La industria se centrará en estos dos focos principalmente. En determinados núcleos urbanos surgirán pequeñas industrias de carácter local y ligadas a los bienes de consumo y a la reparación de maquinaria. Serán pequeños oasis industriales en una sociedad agraria.
Desde mediados del siglo XIX la atormentada geografía hispana mejoró un poco su sistema de comunicaciones.
Se mejoraron algo las “carreteras” (nada que ver con las actuales) y se construyeron más de 40.000 km. Pero mucho más importante fue el nacimiento del ferrocarril que posibilitó la creación de un mercado nacional mucho más especializado e intercomunicado. Se pueden distinguir dos periodos: antes y después de la Ley de Ferrocarriles de 1855.
Antes de 1855 se diseñó una red radial con un ancho diferente al europeo. Se constituyeron numerosas compañías ferroviarias que respondían a un movimiento especulador. Se construyeron muy pocos kilómetros y la mayoría respondían a los intereses de las oligarquías rurales. Los primeros trayectos fueron Barcelona-Mataró en 1848, Madrid-Aranjuez en 1851 y Gijón-Langreo 1855.
La Ley General de Ferrocarriles de 1855 permitió a compañías extranjeras la construcción y explotación de los ferrocarriles originó una oleada constructora. Todas las grandes líneas fueron financiadas por capitales extranjeros (belgas y franceses principalmente) que tuvieron grandes ventajas económicas. Bilbao-Tudela por Miranda en 1857, Madrid-Irún, en 1874, Madrid-Zaragoza-Alicante-Barcelona, etc.
Crecimiento demográfico y cambio social
A lo largo del siglo XIX, la población española creció considerablemente, pasó de diez a veinte millones de habitantes, aunque lo hizo a un ritmo más lento que los países más industrializados de Europa occidental, ya que se mantuvieron arcaísmos demográficos (hambrunas hasta 1882, epidemias, elevada mortandad infantil).
Este crecimiento fue desigual por regiones, fue mayor en el norte que en el sur, y en las zonas periféricas que en el interior, a excepción de Madrid.
El aumento de población en las ciudades hizo necesario romper sus antiguas murallas. Se proyectaron ensanches urbanos como los realizados por Arturo Soria en Madrid o Ildefonso Cerdá en Barcelona. No obstante, la mayor parte de la población siguió siendo agraria.
La sociedad también se transformó y los estamentos propios del Antiguo Régimen dieron paso a la moderna división de clases propia de una sociedad capitalista.
La nobleza, que había perdido sus antiguos derechos señoriales pero que había acrecentado su poder económico gracias a la desamortización, se integró en los grupos dirigentes de la sociedad burguesa.
La Iglesia perdió gran parte de su poder económico al disolverse algunas órdenes religiosas y perder sus bienes con las desamortizaciones. Perdió también influencia social entre la nueva clase proletaria y entre sectores intelectuales.
Las clases burguesas adquirían el papel de nuevas clases dirigentes con la nueva estructura social que se fue configurando a lo largo del siglo XIX. Si a principios de siglo adoptó posturas políticas que tendía a acabar con los antiguos privilegios de la Iglesia y la nobleza, desde mediados de siglo se produjo un desplazamiento hacia posiciones cada vez más conservadoras.
La alta burguesía enriquecida en parte por la desamortización perdió toda iniciativa empresarial y tendió hacia modos de vida rentista buscando el ennoblecimiento y la equiparación social con la antigua aristocracia.
Las llamadas clases medias fueron un sector poco numeroso constituido por pequeños comerciantes, empresarios industriales, abogados, médicos, etc., que ocuparon la cúspide social de las ciudades.
La pequeña burguesía, tenderos, artesanos, funcionariado, etc., constituyeron grupos en los que se apoyaban las alternativas políticas liberal-progresistas. Imitaban las foras de vida de la alta burguesía, aunque de forma más modesta.
La mayor parte de la población (clases populares) estaba constituida, en primer lugar, por el campesinado, y, en las zonas industrializadas, por los obreros industriales.
Los campesinos, en gran parte jornaleros, continuaron ocupando el estrato más bajo de la escala social. Sus condiciones de vida eran miserables, lo que provocó numerosas revueltas en el campo (creación de la Guardia Civil en 1844 para mantener el orden de las zonas rurales).
El número de obreros industriales creció enormemente a partir de 1840, sobre todo en Cataluña. Antiguos campesinos y artesanos emigraron a las ciudades (éxodo rural) en busca de mejores condiciones de vida y salarios más altos. Sin embargo, las condiciones de trabajo en las fábricas y de vida en sus míseras viviendas son tan terribles que poco a poco van tomando conciencia de su injusta situación y se van agrupando en asociaciones que defiendan sus derechos: sindicatos (los primeros sindicatos ilegales surgen en Cataluña y participarán a partir de 1842) y en mutuas obreras. Los gobiernos moderados los perseguirán.
Había también un sector de la población marginado: mendigos que iban de una ciudad a otra (cerca de 100000 pobres).
En este contexto surge el movimiento obrero español. Durante el siglo XIX y gracias a la libertad de asociación surgirán en Gran Bretaña y Francia sindicatos (Trade Unions británicas) y diferentes movimientos socialistas (cartismo, socialismos utópicos, socialismos marxistas y anarquistas). Todos ellos pedían una transformación del sistema capitalista y una mejora en la situación de la clase obrera.
Entre esos movimientos, los que más trascendencia han tenido son el marxismo y el anarquismo, que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX.
El marxismo (Karl Marx) era un socialismo revolucionario. Su ideología partía de que la clase burguesa estaba explotando a la clase obrera (proletariado) mediante la apropiación de la plusvalía del trabajo. Los obreros deberían tomar conciencia de dicha explotación, organizarse en partidos y sindicatos de clase y, cuando el sistema capitalista entrara en crisis, conquistar el poder y establecer una dictadura del proletariado como paso previo a un Estado que controlara los medios de producción y regulara las condiciones laborales.
El anarquismo partía de la base de que el Estado era el sostén de la clase burguesa y de que había que destruirlo para alcanzar la libertad. Deberían desaparecer el Estado, la Iglesia, la “familia burguesa” y la propiedad privada. El individuo libre y responsable se organizaría en comunas autogestionarias. Dentro del anarquismo surgieron dos corrientes distintas: una pacifista que se basaba en los sindicatos asamblearios y en la expansión de sus ideas, y otra partidaria del terrorismo. La península estuvo al margen de estos movimientos.
En 1864 todas las corrientes socialistas crearon la Asociación Internacional de Trabajadores o I Internacional que reunida en Londres en 1864, donde se enfrentaron los presupuestos marxistas y anarquistas. En la fundación de la Internacional participaron algunos españoles a título individual. Cuando en España se produce la revolución de 1868 comienzan a llegar periódicos y propagandistas de la Internacional.
Paul Lafargue, yerno de Marx, extendió los planteamientos marxistas que calaron en Madrid, País Vasco y Asturias. La figura más importante del marxismo español fue Pablo Iglesias que fundará el P.S.O.E. en 1879 y la U.G.T. en 1888. Pedían la intervención del Estado y la nacionalización de los sectores económicos más importantes.
Giuseppe Fannelli extendió los planteamientos anarquistas por Cataluña, Levante y entre los jornaleros agrarios del centro y del sur; no quieren un Estado que controle todo, ya que entienden que es una atadura para la libertad total, esa corriente no es un partido político ya que están en contra de ellos, pero sí un sindicato. Surgirán multitud de pequeños sindicatos y revistas sin conexión entre ellas. Tras la Semana Trágica formarán el sindicato de la C.N.T. en 1910.
La mayor parte de la población, por su falta de formación y por la dispersión geográfica, no participó en la lucha política. La existencia del voto censitario (sólo podían votar los que tuvieran un determinado nivel de renta) les alejó de la participación política durante el reinado de Isabel II. Durante el Sexenio Revolucionario comienza la participación en política.
La falta de instrucción y de preparación hicieron que la mayor parte de la población estuviese más cercana al “mesianismo anarquista” que a la formación de partidos y sindicatos. Las duras condiciones de vida, la perdida de las tierras comunales y las hambrunas hicieron que las clases más pobres fuesen partidarias y promoviesen levantamientos y algaradas.
La participación de las masas en el movimiento cantonal fue el germen de la posterior movilización popular a finales del siglo XIX.
El 14 de abril de 1931 se proclamó, en España, la II República en un ambiente de euforia y esperanza. El nuevo régimen representaba unos ideales de progreso y de democracia deseados por gran parte del país. No obstante, como consecuencia del choque entre los intereses y las mentalidades de las clases acomodadas y de las clases populares desembocó en una terrible guerra civil.
Atendiendo a la política llevada a cabo por los partidos que ocuparon el poder, la II República se desarrolló en tres etapas:
– El Bienio Reformista (1931-1933), bajo el gobierno de las izquierdas.
– El Bienio Radical-Cedista (1934-1936), con predominio de las derechas.
– El triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, que supuso el retorno de las izquierdas al poder, pero también el inicio de un proceso revolucionario que escapó al control de los más moderados.
2. El final de la monarquía.
Alfonso XIII, tras la caída del dictador Miguel Primo de Rivera, encomendó al gobierno del general Dámaso Berenguer la tarea de reconstruir la antigua normalidad constitucional. Se trataba, por tanto, de reabrir las Cortes, volver a poner en marcha los partidos políticos y los sindicatos, organizar de nuevo elecciones…
No obstante, esta vuelta a la normalidad fue demasiado lenta para cumplir con las exigencias de los grupos opositores y de buena parte de la población. Además, los españoles recelaban de la monarquía, pues se había comprometido demasiado con la Dictadura de Primo de Rivera.
En el mes de agosto de 1930, en la semiclandestinidad, representantes de los partidos republicanos –Lerroux, Azaña, Marcelino Domingo-, socialistas –Prieto, Fernando de los Ríos-, nacionalistas –Casares Quiroga, Carrasco i Formiguera– y de otros grupos, se reunieron en la ciudad de San Sebastián. Allí pactaron una política antimonárquica y eligieron un Comité Revolucionario para llevarla a cabo. Incluso contaban con una actuación militar.
Sin embargo, la revuelta militar, mal preparada, que iniciaron los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández en Jaca (diciembre de 1930), no encontró eco en los cuarteles y fracasó.
En estas condiciones, el último gobierno de la monarquía, presidido por el almirante Aznar, con el que colaboró la Lliga Regionalista, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. El gobierno confiaba en que una victoria de los partidos monárquicos facilitaría el posterior triunfo en las elecciones para el Congreso, que se iban a celebrar el 7 de mayo.
Aunque sólo se trataba de unas elecciones municipales, los partidos de la oposición las presentaron como un plebiscito entre monarquía y república. Si las ganaban, significaría que el pueblo español era partidario de la opción republicana. Los monárquicos confiaban en ganar en los pueblos gracias al sistema caciquil, pero sabían que esto no funcionaría en las ciudades. Así, la campaña fue muy intensa en ambos bloques.
Fueron a votar el 65% de los hombres censados, de tal modo que, a partir de las primeras horas de la mañana del día 13, empezaron a conocerse los resultados. Los partidarios de la república ganaban en 45 de las 50 capitales de provincia, en las ciudades más importantes y en las zonas industriales y cuencas mineras.
En un clima de euforia y sin violencia, muchos ayuntamientos, al conocer el resultado del escrutinio, proclamaron la República. Eibar, en el País Vasco, fue el primero en hacerlo; después le siguieron Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Oviedo… El monarca dudó durante algunas horas, pero ante el desánimo de la mayoría de sus ministros acabó abandonando Madrid en dirección a Cartagena. Desde allí, un buque de guerra lo llevó al exilio en Francia. Sin embargo, en modo alguno renunció a sus derechos a la Corona ni a los de su familia.
El nuevo gobierno provisional estaba presidido por un antiguo monárquico, de mentalidad conservadora y católico, Niceto Alcalá Zamora. El primer problema de la República surgió en Barcelona donde, tras proclamar Lluís Companys la República, el líder de ERC, Francesc Maciá proclamaba la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. En una clara interpretación federalista, establecía a Cataluña como un Estado dentro del Estado español.
Después de una larga discusión con tres ministros enviados desde Madrid, se llegó al acuerdo de formar un órgano gubernamental provisional llamado Generalitat. Además, el Gobierno central se comprometía a patrocinar la elaboración y aceptación de un Estatuto de Autonomía
3. La Constitución de 1931.
Principios fundamentales de la Constitución de 1931
El 28 de junio de 1931 se celebraron unas elecciones, con sufragio universal masculino a partir de los 23 años, con el fin de elegir unas Cortes Constituyentes. Estas debía elaborar una Constitución republicana capaz de estructurar el nuevo Estado, ya que la anterior Constitución, la de 1876, era monárquica y conservadora.
Votó el 70,4% del censo, superando así el porcentaje de las anteriores elecciones municipales. Fueron, además, las primeras elecciones sin caciquismo y, por tanto, las primeras elecciones limpias que se realizaron en España. Dos cosas hay que destacar de los resultados:
– La multiplicidad de los partidos, como consecuencia de la desaparición del bipartidismo dinástico del viejo sistema.
– El triunfo de las izquierdas.
Durante la elaboración de la Constitución surgieron dos temas que acapararon, principalmente, la atención y ocasionaron furos debates entre la izquierda y la derecha:
– Las relaciones Iglesia-Estado.
– El problema de las autonomías.
Finalmente, la mayoría republicano-socialista acabó imponiendo sus criterios y en el mes de diciembre fue aprobada la Constitución, que los partidos de derecha no votaron.
La Constitución de 1931 era bastante avanzada para su tiempo, con algunos toques socializantes, como daba a entender el artículo 1º: “España es un República democrática de trabajadores de toda clase…”. A esto se unía la posibilidad de expropiación de bienes privados (tierras, minas, ferrocarriles…) si lo hiciera necesario la utilidad pública.
La Constitución establecía los siguientes principios:
– Una sola cámara (Congreso de los Diputados-Parlamento) elegida cada 4 años por sufragio universal para ambos sexos, con un Presidente de la República nombrado cada 6 años.
– Un modelo de Estado integral, no federal, aunque aceptaba que las regiones que lo pidiesen pudieran conseguir un Estatuto de autonomía.
– La protección muy detallada de los derechos democráticos individuales: libertad religiosa, de expresión y asociación, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia…
– La desaparición definitiva de los privilegios de clase, con la anulación de los títulos nobiliarios.
Una vez aprobada la Constitución, fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, un político moderado de centro-derecha. Manuel Azaña presidió el primer gobierno, formado por una coalición de republicanos de izquierda, socialistas y nacionalistas. Estos continuaron con la labor reformista que había iniciado el Gobierno Provisional desde abril de 1931.
Los partidos políticos
Las izquierdas estaban asociadas con la inclinación hacia la república como sistema político. Se trataba de una república, de alguna manera, federal o que por lo menos aceptaba las autonomías regionales. Además, eran partidarias de realizar cambios socio-económicos que mejoraran la situación del pueblo –reforma agraria, legislación laboral, etc.- y le acercara al nivel de vida de los países avanzados de Europa.
Las izquierdas rechazaban, a su vez, la influencia que las viejas instituciones –Iglesia, Ejército, etc.- tenían sobre el Estado. Por último, Confiaban en el criterio de los intelectuales progresistas y en la educación laica y racionalista para llevar a cabo esos cambios.
El abanico de las izquierdas estuvo dominado por dos partidos:
– Izquierda Republicana; era un partido de pequeños burgueses con muchos intelectuales y representantes de profesiones liberales.
– El PSOE; de mentalidad marxista, que contaba con el soporte de su sindicato, la UGT (Unión General de Trabajadores).
Más a la izquierda se situaban los comunistas y anarquistas. El Partido Comunista de España (PCE) había surgido como una escisión del ala más revolucionaria y joven del PSOE, alrededor de 1921. Los anarquistas se agruparon alrededor de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) que estaba fuertemente asentada en Cataluña y Andalucía. En su seno se había producido una escisión entre los moderados sindicalistas, que querían que la CNT actuará como un sindicato, y los revolucionarios faístas, agrupados en la FAI.
Las derechas eran partidarias, en principio, de mantener las estructuras socio-económicas de la Restauración, es decir, el poder de los terratenientes, industriales y banqueros, no efectuando más cambios de los necesarios. Se apoyaban en las viejas instituciones, como la Iglesia, el Ejército, el funcionariado… para mantener el orden y los valoras tradicionales: familia, propiedad, seguridad…
Mayoritariamente eran centralistas y no estaban dispuesto a acatar las autonomías. Las derechas eran preferentemente monárquicas, aunque los partidos que representaban esta tendencia en el Parlamento parecían haber aceptado la República.
Dentro de estos partidos se podían distinguir tres grupos:
– Los fascistas; imitaban, en gran parte, la ideología y la puesta en escena del régimen de Mussolini. En España aparecieron dos grupos con esta mentalidad: las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) en 1931 y Falange Española en 1933.
– Los partidos monárquicos; los partidarios de Alfonso XIII, de la línea de los Borbones, y los partidarios de la rama carlista.
– Las derechas republicanas; La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) llegó a ser el partido más representativo de las derechas.
El centro es más difícil de definir. En general, estaba compuesto por moderados predispuestos a hacer pocos cambios. Parecía claro que, en caso de situación social conflictiva, se inclinarían rápidamente hacia las derechas. Cuando la sociedad española se polarizó entre derechas e izquierdas en las elecciones de febrero del año 1936, el centro casi desapareció.
Además de pequeños partidos republicanos liderados por hombres que habían sido monárquicos hasta la proclamación de la República (Alcalá Zamora o Miguel Maura), el partido de centro más importante era el Republicano Radical. Este grupo, fundado y liderado por Alejandro Lerroux, había ido moderándose con respecto a la demagogia anticlerical y anticatalanista de principios de siglo XX.
Aparte de los partidos políticos de ámbito estatal, se continuaron desarrollando en ciertas regiones –Cataluña, el País Vasco y Galicia- partidos autonómicos-nacionalistas.
En Cataluña se daban cuatro tendencias:
– La derecha estaba representada por la Lliga Regionalista, liderada por Francesc Cambó.
– El centro estaba representado por Acció Catalana Republicana y los cristiano-demócratas de Unió Democrática de Catalunya (Carrasco i Formiguera).
– La izquierda se había unificado en torno a Ezquerra Republicana de Catalunya (Francesc Maciá y Lluís Companys), el partido más votado en la región.
– En la extrema izquierda, dos partidos comunistas: el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña), surgido al inicio de la guerra.
En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) mantuvo su predominio. Considerado como partido católico y de derechas, evolucionó a partir de 1933 a posiciones de centro cuando su líder, José Antonio Aguirre, se enemistó con la derecha centralista.
En Galicia adquirió fuerza la Organización Republicana Gallega Autonomista (ORGA), cuyo líder, Casares Quiroga, mantenía buenas relaciones con la Izquierda Republicana de Manuel Azaña.
Los Estatutos de autonomía
La primera región en dotarse de un Estatuto de autonomía fue Cataluña, cuestión que ya se había apalabrado previamente en el Pacto de San Sebastián y en la reunión del Gobierno Provisional con los líderes de ERC. El Estatuto se redactó en Nuria (santuario del Pirineo), refrendado por el pueblo catalán, fue presentado en Madrid en agosto de 1931, antes incluso de la aprobación de la Constitución.
Los autores del Estatuto partían del principio de que la República española iba a ser federal, proponiendo, por tanto la cesión de abundantes competencias (enseñanza, cultura, sanidad, orden público, justicia, fiscalidad…). Por tanto, una vez aprobada la Constitución, la discusión del Estatuto catalán se alargó ante la fuerte oposición de la derecha y la excesiva ambición de los nacionalistas. Esta última, en concreto, generaba grandes dudas en el seno de los intelectuales socialistas y de izquierdas.
Sin embargo, el fracasado pronunciamiento del general Sanjurjo (agosto de 1932) aceleró la aprobación, por los partidos de centro izquierda, de las leyes a trámite más discutidas: La Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña.
El Estatuto fue aprobado el 9 de septiembre de 1932, si bien rebajando las competencias exigidas en Nuria como consecuencia de la existencia de un Estado integral, y no federal.
En el País Vasco, el PNV y los carlistas habían llegado a un acuerdo sobre un proyecto de Estatuto (Estatuto de Estella, junio de 1931), pero dos hechos impidieron su realización y presentación:
– La defección de Navarra y la debilidad nacionalista en la provincia de Álava, donde el plebiscito de 1933 no alcanzó el 50% de los votos necesarios.
– Por otra parte, el Gobierno central tenía sus dudas: Cuando mandaban las izquierdas, porque desconfiaban del conservadurismo del PNV y de su acentuado independentismo; cuando mandaban las derechas, porque eran declaradamente antiautonomistas.
No fue hasta octubre de 1936, ya en plena Guerra Civil, cuando las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía Vasco, entre otras razones para mantener a la región fiel a la República.
En Galicia, donde la conciencia nacionalista era menor, el Estatuto no fue aprobado por plebiscito popular hasta junio de 1936. El pronunciamiento militar de julio impidió su trámite por las Cortes, ya que la región fue inmediatamente ocupada por los sublevados.
4. El Bienio Reformista (1931-1933).
Una coyuntura económica poco propicia
La II República nació en un mal momento de la economía mundial. La caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 había provocado una profunda depresión que afectó a todo el mundo a lo largo de una década.
La quiebra de Wall Street repercutió menos en España porque tenía una economía bastante autárquica, sin grandes relaciones económicas con Europa y América. De todas maneras, planteó una serie de problemas:
– La reducción de las inversiones de capitales extranjeros que tanto habían contribuido al desarrollo de la industria y de las fuentes de energía.
– El descenso de las exportaciones, especialmente productos agrarios (aceite, cítricos, arroz, vino…) y mineros (hierro, piritas…).
– La interrupción de la emigración (restricción de entrada), hacia América preferentemente, que podía solucionar el problema del desempleo.
Los problemas internos del país agravaban aún más las dificultades económicas. Había, en primer lugar, un alto paro crónico en el campo andaluz y extremeño debido en gran medida a la desigualdad en el reparto de la propiedad de la tierra. Por otra parte, la República se encontró con una enorme deuda pública, provocada por los presupuestos de la Dictadura, que había llevado a cabo costosas obras públicas.
Finalmente, los propios gobiernos de izquierda de la República propiciaron otros problemas. Al defender un aumento de los salarios de los obreros y campesinos, que coincidió con la bajada de los precios de los productos, provocaron la reducción de los beneficios.
Esto afectó negativamente tanto a la industria como a la banca. Inmediatamente se redujo la inversión y muchos burgueses, alarmados, trasladaron sus capitales al extranjero por desconfianza hacia el Gobierno de Azaña. Esta situación aumentó aún más el paro y el malestar social.
La reforma del ejército
El Gobierno republicano se encontró con un ejército mayoritariamente monárquico, es decir, los generales y oficiales eran partidarios de la monarquía, y también de la derecha conservadora.
Eran, por tanto, enemigos de los republicanos de izquierdas, sino de la misma República. Además, se trataba de un ejército mal y anticuadamente armado, con mucha burocracia y con un exceso de oficiales.
El primer ministro Azaña, que también era ministro de Defensa, procuraba encontrar una solución con la Ley Azaña (abril de 1931). Esta ofrecía, a todos los oficiales que no desearan hacer el juramento de fidelidad a la República, la posibilidad de retirarse a la vida civil con el sueldo íntegro y los ascensos reconocidos.
Azaña creó también un nuevo cuerpo militar de orden público, la Guardia de Asalto, con hombres adictos a la República. Estructuró el cuerpo de suboficiales en un intento de atraerlos y clausuró la Academia Militar de Zaragoza. Sin embargo, por falta e presupuesto, no hizo gran cosa por modernizar el armamento.
La reforma religiosa
Las relaciones con la Iglesia fue, para la República fue uno de los problemas más graves. Los partidos de los gobiernos de izquierda eran decididamente anticlericales, así como partidarios de la separación entre Iglesia y Estado.
Las medidas que tomaron fueron, por tanto, muy duras, y en aquel momento la Iglesia las consideró como un ataque directo. Las relaciones Iglesia-Estado llegaron a ser tan tensas que el primado arzobispo de Toledo, el cardenal Pedro Segura, fue expulsado del país por sus pastorales antirrepublicanas.
La Constitución establecía un Estado no confesional y proclamaba la libertad de cultos. Además, por la Ley de Congregaciones (1933), se prohibía a la Iglesia dedicarse a la industria y el comercio, y lo que era más grave, a la enseñanza. Se establecía el matrimonio civil, el divorcio y se secularizaban los cementerios.
Además, en el término de dos años, se suprimía el presupuesto del clero, cantidad que, desde el Concordato de 1851, pagaba el Estado a la Iglesia como reparación por la desamortización de Mendizábal.
La política social y la reforma agraria
Aunque la República de izquierdas hizo aprobar una serie de leyes favorables a obreros y campesinos, no pudo evitar que aumentara el desempleo, tal como hemos visto anteriormente.
El malestar de los trabajadores provocó huelgas y revueltas, dirigidas principalmente por la CNT. Se repitieron huelgas generales en Barcelona, Zaragoza, Asturias, Sevilla… El movimiento de protesta más grave se produjo en la cuenca minera del Alto Llobregat. Los mineros la ocuparon durante cinco días de enero de 1932, lo que obligó a la intervención del Ejército.
Entre las reformas laborales del Gobierno reformista destacan:
– La jornada de 8 horas.
– La regulación del derecho a la huelga.
– La formación de jurados mixtos entre patronos, obreros y Gobierno para resolver los problemas laborales.
– La regulación de la contratación laboral.
La reforma agraria fue uno de los caballos de batalla de la obra reformista de la República, cuyos dirigentes tuvieron en cuenta la dura situación a la que estaban sometidos los campesinos de Andalucía, Extremadura y el Levante.
Los primeros decretos del Gobierno reformista procuraron proteger a los campesinos arrendatarios, poniendo dificultades a la anulación de los contratos por parte de los grandes latifundistas. También se decretaron mejoras para los jornaleros: la jornada de 8 horas y la Ley de Términos Municipales, que obligaba a los terratenientes a dar trabajo, primero, a los jornaleros autóctonos.
La Ley de Reforma Agraria fue debatida en el Parlamento durante buena parte del año 1932, siendo aprobada en septiembre. La ley proponía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los terratenientes que habían participado en la “Sanjurjada” y, con indemnización, de las tierras de señorío y de las semiabandonadas.
Sin embargo, los fondos dedicados fueron escasos como consecuencia de la gran deuda pública del país: tan sólo se dedicaron 50 millones de pesetas al año (un 1% del presupuesto del país). Por otra parte, el Instituto de la Reforma Agraria (IRA), creado para la aplicación de la ley, se encontró con numerosos problemas burocráticos y administrativos y con falta de estudios previos sobre los latifundios.
En lugar de crear una sólida base de campesinos-propietarios adictos a la República, la Ley de Reforma Agraria provocó dos tendencias:
– Las derechas mostraban su oposición, acusándola de radical e, incluso, comunista.
– Los campesinos, descontentos, la acusaban de lentitud, calificándola además de insuficiente.
En el campo se produjeron serios enfrentamientos entre los campesinos excitados por la demora de la reforma agraria y las fuerzas de orden público. En Castilblanco (Badajoz, diciembre de 1931), campesinos enfierecidos dieron muerte a varios miembros de la Guardia Civil cuando estos acudieron a la llamada de los terratenientes.
Ante este hecho, la benemérita reaccionó poco después, provocando la muerte de varios campesinos que se manifestaban en Arrendó (La Rioja). La violencia culminó con la represión que llevaron a cabo los Guardias de Asalto contra los campesinos anarquistas que habían ocupado tierras en Casas Viejas (Cádiz, enero de 1933).
La tensión y los desórdenes en el campo y en las zonas industriales (aumento considerable de huelgas) desgastaron mucho el prestigio del gobierno de Manuel Azaña que se vio obligado a presentar la dimisión. El presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933.
5. El Bienio Radical-Cedista (1933-1936).
Las elecciones de noviembre de 1933, resultaron un éxito para los partidos de centro-derecha –republicanos radicales de Lerroux (102 escaños) y la CEDA (115 escaños)- y un fracaso para la izquierda -PSOE (58 escaños) y Acción Republicana (5).
Las derechas aparecían organizadas y unidas, mientras que en las izquierdas se presentaron divididas e, incluso, enfrentadas. Por su parte, la CNT, siguiendo su teoría apoliticista, pidió a sus afiliados la abstención. En los extremos, falangistas y comunistas sólo obtuvieron un escaño.
Al no contar ni los republicanos radicales ni la CEDA con la mayoría absoluta, el presidente Alcalá Zamora, que desconfiaba de Gil Robles, encomendó la formación del gobierno a Alejandro Lerroux. Este acabó necesitando en el Parlamento los votos de la CEDA y de otros pequeños partidos conservadores, por lo que se vio obligado a llevar a cabo una política de derechas.
Esta se caracterizó por la paralización y derogación de muchas de las reformas llevadas a cabo en la etapa anterior:
– En primer lugar, se paralizó la reforma agraria, devolviéndose las tierras expropiadas y expulsando a los campesinos de las que se les habían otorgado.
– Por otro lado, se derogó la Ley de salarios, que favorecía a los obreros y campesinos
– Se concedió la amnistía para el general Sanjurjo y sus compañeros del pronunciamiento de agosto de 1931.
– Se permitió el retorno de la Compañía de Jesús, a la que se le devolvían los bienes nacionalizados, y se volvía a incluir el presupuesto del clero dentro de los presupuestos del Estado.
Además, en el Ejército, cuando Gil Robles se convirtió en ministro de Defensa, fueron promocionados los generales jóvenes de ideología más conservadora y antirrepublicana (Fanjul, Goded, Franco, Mola…).
Después del verano de 1934, la CEDA exigió a Lerroux la inclusión de ministros de su partido si deseaba seguir contando con su apoyo. Este no pudo negarse, por lo que el 4 de octubre de 1934 incluía a tres ministros de la CEDA.
Esto asustó a las izquierdas, sobre todo a los socialistas, que temían la formación de un gobierno autoritario y fascista que siguiera el modelo austríaco de Dollfuss. El día 5 de octubre la UGT declaró una huelga general en todo el país sin contar para ello con la CNT. La huelga resultó un fracaso por la escasa organización y por la respuesta rápida del Gobierno. Sólo se produjeron acontecimientos importantes en Asturias y Cataluña
En Asturias los mineros del carbón, unidos a la UGT, la CNT y los comunistas llevaron a cabo un movimiento insurreccional revolucionario. Se apoderaron de las armas de los cuarteles y de las fábricas e armamento, ocuparon la cuenca minera y sitiaron Oviedo. Llegaron incluso a establecer una organización militar y económica propia.
El Gobierno no tardó en enviar al ejército de África que, bajo el mando del general Franco, restableció la situación el 17 de octubre. La represión fue dura: millares de encarcelados, 40 condenados a muerte y, finalmente, 4 ejecutados.
En Cataluña la huelga obrera, sin apoyo de la CNT, fue un fracaso. Pero el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Española el 6 de octubre de 1934, ofreciéndolo como refugio a la República de izquierdas.
Tomaba esta decisión, emulando a Maciá en 1931, preocupado por el sesgo derechista del nuevo Gobierno, que podía actuar contra el Estatuto catalán. No obstante, las izquierdas españolas no lo aceptaron y el Gobierno lo presentó al resto del país como un acto separatista.
Así, el capitán general Batet declaró el estado de guerra y ocupó la ciudad de Barcelona sin gran resistencia. El 7 de octubre, el presidente Companys, sus ministros y la mayoría de los parlamentarios se entregaron, siendo juzgados y condenados a 30 años de cárcel. Además, se suspendió el Estatuto, y la Generalitat, dirigida por un gobernador general nombrado por el Gobierno, quedó reducida a labores administrativas.
Por tanto, tampoco los gobiernos de derechas ofrecieron estabilidad ni seguridad a la República (siete gobiernos entre 1933 y 1935). Al malestar social y al enfrentamiento cada vez más duro entre los partidos políticos se añadieron los casos de corrupción de los radicales, que culminaron con el asunto del “estraperlo”.
En diciembre de 1935, el presidente Alcalá Zamora, que no deseaba que la CEDA formara gobierno en solitario, disolvió el Parlamento y convoco elecciones para febrero de 1936.
6. El Frente Popular (1936).
Con el fin de detener el avance de los partidos de derechas, las izquierdas decidieron formar una alianza que recibió el nombre de Frente Popular, incluyendo en su seno a republicanos de izquierdas, socialistas y comunistas. La CNT no participó en esta alianza electoral, pero aconsejó el voto a sus afiliados en este sentido para evitar el triunfo de la derecha.
Precisamente uno de los apartados fundamentales del programa electoral del Frente Popular era la amnistía general para todos los presos políticos. Además, se preveía la reactivación de las reformas socio-económicas iniciadas durante el Bienio Reformista. Por tanto, no se trataba, en principio, de un programa revolucionario, sino más bien de un retorno a la situación de 1931-1933.
La campaña electoral fue muy dura, alcanzando la violencia verbal cotas muy altas en los discursos de los líderes de ambos grupos. Finalmente, el Frente Popular consiguió 263 escaños, mientras que la derecha obtuvo 133 y el centro-derecha 77. La debilidad del centro, del Partido Republicano Radical de Lerroux, en especial, resultaba clara.
Las elecciones dejaron patente que el país se polarizaba peligrosamente hacia dos extremos: el fascismo de la ultraderecha y el socialismo-comunismo de la izquierda.
Los primeros contratiempos, después del triunfo del Frente Popular, surgieron al formar gobierno. Los socialistas, una parte de los cuales se inclinaba cada vez más hacia la extrema izquierda como consecuencia del carisma de Largo Caballero, no quisieron formar gobierno con Azaña como en 1931. No obstante, le ofrecieron su soporte en el Parlamento para poder gobernar.
A su vez, el Parlamento decidió destituir al presidente de la República, Alcalá Zamora, por considerarlo demasiado conservador, con la excusa de que legalmente no podía hacer convocado las elecciones de 1936. Después de muchas dudas, Manuel Azaña aceptó el cargo y se nombró primer ministro a Casares Quiroga (ORGA), un político de escasa personalidad para un momento difícil.
Por otra parte, se aceleraba la tensión social. Los campesinos, instigados por la CNT-FAI, ocupaban tierras de los latifundistas de Andalucía y Extremadura, sin esperar la reanudación de la Ley de Reforma Agraria. Mientras, en las ciudades y zonas industriales, las huelgas aumentaron en número e intensidad.
Los industriales y terratenientes contestaron a estos desórdenes cerrando las fábricas y retirando capitales hacia el extranjero. Algunos de ellos incitaban a los militantes antirrepublicanos a dar un golpe de Estado.
Ante este ambiente, lo único que hizo el Gobierno fue dispersar lejos de Madrid a los generales más dispuestos a llevarlo a cabo: Franco a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Pamplona. Pero era demasiado tarde, pues desde el mismo momento del triunfo del Frente Popular, un grupo de militares, dirigidos por Mola, preparaban un pronunciamiento.
7. Conclusiones.
A partir del 17 de julio de 1936, un grupo de militares llevaron a cabo un pronunciamiento –el llamado “Alzamiento Nacional”- que se transformó en un conflicto bélico. Desde ese momento, y hasta abril de 1939, España sufrió los destrozos materiales y sociales de una cruenta guerra civil que enfrentó a los partidarios de la España tradicional, católica y de pequeños y grandes propietarios con la España progresista, anticlerical, obrera y campesina.
La República no pudo superar el conflicto armado. Sus representantes acabaron en el exilio, mientras en España se iniciaba la dictadura del general Franco. Las esperanzas nacidas el 14 de abril de 1931 se vieron truncadas por el predominio de las ideologías y la progresiva radicalización de los dirigentes políticos de ambas facciones. La falta de entendimiento -el escaso o nulo interés por buscarlo- acabó, al fin y al cabo, con la experiencia democrática española.
