OCTOGÉSIMO SÉPTIMO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
En los primeros años de la dictadura del general Franco, tres instituciones participaron activamente en la instauración y consolidación del régimen: el Ejército, la Iglesia y la Falange. A esto hemos de añadir una serie de grupos sociales que, en ocasiones como parte de esas instituciones, fueron parte importante en el proceso de construcción del nuevo Estado.
Sin lugar a dudas, el Ejército fue el sostén y eje fundamental del régimen franquista. Evidentemente, hablamos de un cúpula militar formada por los oficiales del bando vencedor de la Guerra Civil; es decir, fieles a Franco y al ideario político que le guiaba. Por tanto, como consecuencia de la depuración bélica y posbélica, dentro de ese estamento castrense predominaban los conservadores, monárquicos e, incluso, fascistas.
En gran medida como consecuencia de la persecución religiosa de los años anteriores, la jerarquía de la Iglesia española se identificó con el ideario del Estado. De esta cercanía entre el poder político y el religioso surgió el nacionalcatolicismo, una alianza de la que se beneficiaron ambas partes y que sirvió de ideología oficial del régimen hasta el Concilio Vaticano II.
La tercera institución a tener en cuenta fue Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el partido único de la dictadura que, comúnmente, era conocido como el “Movimiento Nacional”. Si bien, como consecuencia del Decreto de Unificación de 1937, Franco había desvirtuado en gran medida el proyecto político de José Antonio Primo de Rivera, continuaba siendo un grupo de corte fascista cercano a los regímenes de Italia y Alemania. En este sentido, cabe destacar su papel en la labor de propaganda y control de la sociedad.
Al margen de las instituciones a las que se ha hecho referencia, donde se deben incluir también los grupos sociales que las conformaban –militares, clérigos y miembros del Movimiento-, el régimen también contaba con el apoyo de los empresarios, buena parte de los propietarios agrarios y los grupos de la clase media más cercanos a posiciones conservadoras e, incluso, moderadas.
Atendiendo a criterios ideológicos esas a instituciones y grupos sociales terminaron por agruparse de diversas formas hasta constituir las llamadas “familias” del régimen. De entre ellas, las que más protagonismo adquirieron a lo largo de la dictadura fueron los militares, los miembros del Movimiento y los católicos, desempeñando en esta última un importante papel algunos miembros del Opus Dei.
OCTOGÉSIMO TERCER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
1931 II – Gobierno del almirante Aznar.
1931 IV – Elecciones municipales del 12 de abril.
1931 IV – Proclamación de la Segunda República.
1931 V – Restablecimiento de la Generalitat de Cataluña.
1931 VI – Decretos de Azaña para reformar el Ejército.
1931 VI – Elecciones a Cortes Constituyentes.
1931 XII – Promulgación de la Constitución republicana.
1931 XII – Alcalá Zamora es nombrado presidente de la República.
1931 XII – Comienzo del Bienio Progresista: gobierno de Manuel Azaña.
1932 VIII – Sublevación del general Sanjurjo.
1932 IX – Se aprueba el Estatuto de Cataluña.
1932 IX – Ley de Reforma Agraria.
1932 IX – Françesc Maciá es nombrado presidente de la Generalitat.
1933 I – Revueltas campesinas: sucesos de Casas Viejas.
1933 III – Fundación de la CEDA.
1933 X – Fundación de Falange.
1933 X – Dimisión de Manuel Azaña.
1933 XI – Gobierno de Martínez Barrio.
1933 XI – Elecciones generales.
1933 XII – Comienzo del Bienio Radical-Cedista.
1933 XII – Gobierno de Alejandro Lerroux.
1934 I – Lluis Companys es nombrado presidente de la Generalitat.
1934 X – Revolución de octubre.
1934 X – El Gobierno suspende el Estatuto de Cataluña.
1935 IX – Nueva Ley Agraria.
1935 X – Escándalo del “estraperlo”.
1935 X – Dimisión de Alejandro Lerroux.
1936 II – Elecciones del Frente Popular.
1936 II – Restablecimiento de la Generalitat.
1936 V – Gobierno de Casares Quiroga.
1936 VI – Se restablece la Ley de Reforma Agraria de 1932.
1936 VI – Se aprueba el Estatuto de Galicia.
1936 VII – Asesinato del teniente Castillo y de Calvo Sotelo.
1936 VII – Comienzo de la Guerra Civil.
1936 VII – Gobierno de Martínez Barrio.
1936 VII – Gobierno de José Giral.
1936 VII – Se forma de Junta de Defensa Nacional en Burgos.
1936 VIII – Se constituye el Comité Internacional de No Intervención.
1936 IX – Gobierno de Largo Caballero.
1936 X – Franco es nombrado “jefe del Gobierno del Estado español”.
1936 XI – El gobierno republicano se traslada a Valencia
1936 XI – Se crea la Junta de Defensa en Madrid: comienza la batalla de Madrid.
1937 III – Comienzo de la Campaña del País Vasco.
1937 IV – Decreto de Unificación: Falange Tradicionalista de las JONS.
1937 IV – Bombardeo de Guernica.
1937 V – Enfrentamiento en Barcelona entre los anarquistas, POUM y PCE.
1937 V – Gobierno de Juan Negrín.
1937 XII Ofensiva sobre Teruel.
1938 II – Primer Gobierno de Franco.
1938 II – Se aprueba el Fuero del Trabajo.
1938 IV – El ejército franquista llega al Mediterráneo.
1938 VII – Batalla del Ebro.
1938 XII – Ofensiva franquista en Cataluña.
1939 II – Ocupación de Cataluña.
1939 II – Ley de Responsabilidades Políticas.
1939 III – Golpe de Estado del coronel Casado y de Julián Besteiro.
1939 III – El ejército franquista entra en Madrid.
1939 IV – Finaliza la Guerra Civil.
La historia política de España durante el periodo 1939-1975 presenta una característica constante: la dictadura personal del general Francisco Franco. Si analizamos el poder que se le otorgaba, comprobaremos que este poseía el alto mando supremo del Ejército y los dos poderes políticos básicos: legislativo y ejecutivo. De esta forma, Franco podía hacer las leyes, aprobarlas, promulgarlas y, al mismo tiempo, controlar su aplicación.
A lo largo del periodo 1939-1975, Franco gobernó el país de acuerdo con sus peculiares ideas políticas:
– En primer lugar, tenía una obsesión propia de su formación militar: el mantenimiento del orden público.
– A esto habría que añadir un nacionalismo español exacerbado , del cual derivaba una concepción absolutamente unitaria y centralista del Estado español.
– Creía, además, en un catolicismo tradicional muy arraigado, en el cual debía basarse todo el sistema de valores de la sociedad española.
– Finalmente, hemos de destacar su militancia anticomunista, que serviría, a su vez, de motivación para el alzamiento de 1936.
En un periodo que duró casi cuarenta años, el país experimentó importantes cambios en todos los aspectos: político, cultural, social y económico. Analizando estos cambios, podemos dividir la época franquista en varias etapas:
– Etapa “azul” o fascista (1939-1943).
– Etapa de transición: del inmovilismo a las grandes transformaciones (1944-1957).
– Etapa de gran desarrollo económico y social (1958-1970).
– Etapa de crisis política del régimen (1971-1975).
2. La evolución interna del régimen.
Etapa “azul” o fascista (1939-1943).
La fuerza política dominante durante el primer periodo fue la Falange, que tenía muchas similitudes con los otros partidos fascistas europeos. El 19 de abril de 1937, Franco había decretado la unificación en un solo partido de falangistas y requetés, formando FET y de las JONS. La nueva fuerza política tenía que convertirse en algo parecido al partido único típico de los regímenes fascistas.
El nuevo partido proporcionó la ideología básica del régimen franquista y una parte importante de su personal político en el periodo 1939-1943. Con todo, hay que advertir que la nueva Falange perdió su autonomía política. Así, al finalizar la Guerra Civil, Franco controlaba FET de las JONS, prueba de ello es que situase al frente a su cuñado, Ramón Serrano Suñer.
Las ideas de Falange se convirtieron en la base de la ideología política que el régimen franquista difundió por toda España en el periodo 1939-1943. Dos documentos resumen la ideología franquista en esta etapa: los 27 Puntos de Falange, elaborado en 1934 como programa del partido, y el Fuero del Trabajo, de 1938.
Además, se hacía uso frecuente de las manifestaciones y los signos externos típicos de todos los regímenes fascistas: concentraciones de masas, uniformes, gestos, eslóganes… A partir de 1943, toda esa liturgia fascista se fue evaporando a medida que los aliados empezaron a perfilarse como vencedores de la II Guerra Mundial.
El nuevo Estado español creado por Franco era rígidamente unitario y centralizado. Desparecieron los Estatutos de Autonomía aprobados por la República, y cualquier decisión política tenía que salir del Consejo de Ministros, presidido por el propio Franco.
Al terminar la guerra se extendió por todo el país el sistema de represión instaurado durante la contienda en la zona ocupada por los sublevados. Los tribunales militares continuaron juzgando y condenando a los acusados de toda clase de delitos políticos. La legislación que se aplicaba en esos caso era la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939.
Los tribunales militares dictaban sentencias que acarreaban a los condenados penas de cárcel o condenas a muerte. El número de ejecuciones realizadas en todo el territorio español en la posguerra no ha sido evaluado con exactitud, pero los historiadores las sitúan entre las 30.000 y las 50.000.
En lo que se refiere a las penas de cárcel, se considera que en abril de 1939 ya eran 100.000 las personas encarceladas. Esta cifra ascendía a 270.000 a finales de ese año.
En el periodo 1939-1943, la política social del régimen franquista fue dirigida por los falangistas, que aspiraban a aplicar sus teorías nacionalsindicalistas.
Al terminar la Guerra Civil, el Gobierno tuvo que emprender inmediatamente la reconstrucción económica del país. La situación era muy difícil, ya que los niveles de producción de 1939 eran muy inferiores a los de 1935.
El Gobierno de Franco programó una política económica autárquica basada en un rígido control de la actividad económica por parte del Estado y en la reducción radical de los intercambios económicos.
En el periodo 1939-1946, los resultados de esta política económica fueron absolutamente negativos. Pronto se pudo comprobar que la idea en que se basaba el sistema era solamente un eslogan propagandístico muy alejado de la triste realidad. Ni la producción industrial ni la agraria lograron alcanzar los niveles de producción de 1935 hasta los años 50.
Los falangistas se limitaron a regular, a su manera, las relaciones entre los empresarios y los trabajadores. En primer lugar, se suprimieron los sindicatos obreros y el Gobierno creó unos sindicatos verticales de los que formaban parte tanto empresarios como trabajadores. Todos estos nuevos sindicatos constituían la Central Nacional Sindicalista (CNS), controlada rígidamente por el Gobierno a través del ministros Delegado de Sindicatos.
En esta etapa, el Gobierno fijaba, por decreto, el valor de los salarios en cada rama de la producción. Además, los trabajadores no podían declararse en huelga, que era siempre ilegal. Por su parte, los empresarios tenían muchas dificultades para despedir a sus empleados.
A partir de 1941 el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, un falangista de la etapa anterior a 1936, empezó a desarrollar un sistema de seguridad social. Así se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1943) y, en años posteriores, los seguros de invalidez, accidentes laborales, paro y vejez. Esta primera etapa de creación de la Seguridad Social se alargó hasta 1957.
Del inmovilismo a las primeras transformaciones (1944-1957).
A partir de 1943 el régimen franquista se apresuró a arrinconar todos los signos políticos fascistas que lo habían caracterizado desde 1939. Esta “desfascistización” hubiera podido desembocar en un sistema político similar al que se estaba imponiendo en la Europa Occidental. Sin embargo, eso no fue posible porque Franco seguía manteniendo su firme oposición a la democracia liberal.
En 1945, el régimen sufrió una serie de retoques –operación de maquillaje-, destinados a demostrar que se respetaban los derechos políticos propios de los sistemas democráticos. El resultado final fue la creación de una especie de híbrido político que recibió el nombre de “democracia orgánica”.
Por otra, para que quedara bien claro cuál era el tipo de democracia que tenían los españoles, se publicó en 1958 un documento, la Ley de Principios del Movimiento. En ella se definían claramente las bases políticas del sistema franquista.
Desde 1943 algunos grupos monárquicos españoles empezaron a actuar. Se trataba de partidarios de don Juan de Borbón que había heredado de su padre, el rey Alfonso XIII, los derechos a la Corona de España. Tras varios desencuentros, donde destaca el Manifiesto de Lausana hecho público por don Juan, en marzo de 1948, se pactó que el príncipe Juan Carlos se trasladara a España para continuar sus estudios.
Un año antes, en julio de 1947, el Gobierno había sometido a referéndum la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que fue aprobada.
Entre 1943 y 1951 se produjeron pocas modificaciones en el panorama de miseria que había caracterizado la etapa anterior. Las estadísticas reflejan un estancamiento de la renta nacional, que no logró alcanzar los niveles de 1935.
En los años siguientes la situación económica del país experimentaría un leve mejora. Esta fue consecuencia, en gran medida, de la fundación del INI y la llegada de la ayuda norteamericana logró acabar con la situación de miseria que vivía el país.
La gran transformación del país (1958-1970).
Las dificultades que, a partir de 1956, se fueron acumulando en el campo de la economía provocaron otra modificación en la política económica del régimen franquista.
De esta manera, a partir de 1957, un grupo de nuevos ministros, los llamados tecnócratas, tomaron en sus manos el control de la política económica de España. A lo largo de la década de 1960 los políticos tecnócratas serán los encargados de dirigir la economía del país.
Franco había formado en 1957 un nuevo Gobierno en el cual dos personalidades destacadas de este grupo ocuparon dos carteras básicas en el área económica. Estas fueron la de Comercio, desempeñada por Alberto Ullastres, y la de Hacienda, a cuyo frente se situó a Mariano Navarro Rubio.
Los nuevos ministros elaboraron un Plan de estabilización Económica, que consideraban imprescindible para asentar sobre una base sólida el proceso de crecimiento económico que se quería iniciar.
El Plan de Estabilización fue aprobado por el Gobierno el 21 de julio de 1959. Mediante este decreto se impusieron una serie de medidas básicas para orientar la economía del país, entre las que destacaban:
– Reducción del excesivo gasto estatal; esto implicó restricciones en la concesión de créditos y congelación de los salarios.
– Desaparición progresiva de los controles del Gobierno sobre las actividades económicas.
– Apertura de la economía española a los mercados exteriores aumentando las facilidades para la realización de exportaciones.
La finalidad última de esta operación de política económica era poner en contacto la economía española con la internacional.
Como consecuencia de estas medidas, a lo largo de los años 60, la economía española entró en una etapa de fuerte crecimiento. Este fue más notable en algunas regiones del país, las denominadas regiones industriales: el País Vasco, Cataluña y Valencia. A su vez, algunas ciudades como Madrid, Burgos, Valladolid, Zaragoza, Vigo, La Coruña, Huelva y Sevilla se convirtieron en importantes núcleos de desarrollo.
En el periodo 1957-1970 la población española pasó de 29.784.019 habitantes a 34.032.801.vEn diez años el aumento de población había sido superior al que se había registrado en los veinte transcurridos entre 1940 y 1960, evaluado en sólo dos millones. Semejante modificación del ritmo de crecimiento demográfico fue debido, básicamente, a la disminución de los índices de mortalidad.
La segunda característica demográfica de este periodo fue la gran movilidad de la población.vLas migraciones de los años 60 resultaron verdaderamente espectaculares. Se trataba, en primer lugar, de la emigración de los trabajadores que se trasladaron a los distintos países de Europa Occidental. Entre 1963 y 1973 salieron de España casi un millón de personas que iban a trabajar a Francia, Alemania y Suiza.
Pero el fenómeno más impresionante al respecto fue el de las migraciones internas.vEstas pusieron en movimiento una gran cantidad de españoles que abandonaban su región de origen para ir a establecerse en zonas industrializadas.
El crecimiento de los años 60 provocó una profunda transformación de la sociedad española, que pasó de ser predominantemente rural a convertirse en urbana en apenas dos décadas. La urbanización de buena parte de la población fue una consecuencia de la modificación de la actividad económica.
Una sociedad urbanizada suele ser, normalmente, una sociedad más alfabetizada que una sociedad rural. Efectivamente, a lo largo de los años 60 el nivel educativo de la población española se fue aproximando al de los otros países de la Europa Occidental.
La crisis del régimen franquista (1971-1975).
A lo largo de esta etapa se sucedieron tres Gobiernos que tuvieron que afrontar los problemas propios de un sistema que cada vez encontraba más dificultades para mantener la vida política del país dentro del marco del régimen.
En la formación del primero de ellos, consecuencia de la implicación de varios ministros en el “caso Matesa”, destaca la figura del almirante Carrero Blanco, nombrado vicepresidente. La importancia de este nombramiento residía no sólo en el cargo, sino en los poderes que adquiría como consecuencia del deterioro de la salud del general Franco.
En esta situación, Carrero Blanco era el hombre encargado de mantener en pie el espíritu y las formas del sistema franquista.
No obstante, el empeoramiento de la salud de Franco parece que fue el elemento determinante de la operación política que se realizó en junio de 1973. Por primera vez, Franco abandonó la jefatura del Gobierno, entregándosela al almirante Carrero Blanco. Este empezó su actuación excluyendo de su Gobierno a las personalidades del ejecutivo anterior que se habían manifestado partidarias de la transformación del sistema.
Sin embargo, los proyectos de Franco y de Carrero fueron truncados por un atentado, reivindicado por ETA, que costó la vida al almirante el día 20 de diciembre de 1973.
Después de la muerte de Carrero, la única preocupación de Franco, incapaz ya de elaborar nuevas estrategias políticas, parecía ser el mantenimiento del orden público. Así se explica que nombrara jefe de Gobierno a Carlos Arias Navarro, que había sido ministro de la Gobernación en el Gobierno presidido por Carrero Blanco.
El Gobierno de Arias Navarro se encontró con problemas cada vez más graves, a lo que se añadía que la salud de Franco empeoraba. Finalmente, en la madrugada el 20 de noviembre de 1975, el general Francisco Franco moría en Madrid.
3. La política exterior.
La política internacional del periodo 1939-1943.
Al comienzo de la II Guerra Mundial, como consecuencia del apoyo germano-italiano recibido durante la Guerra Civil, el Gobierno español empezó a recibir presiones de ambos países, que le pedían alguna clase de apoyo.
En un primer momento, el ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder, pudo mantener la neutralidad. Pero pronto la presión de Alemania le obligó a para a la no beligerancia. A partir de ese momento se fueron imponiendo, en el Gobierno español, los partidarios de adoptar una actitud más favorable hacia el Gobierno alemán.
En octubre de 1940 Serrano Suñer sustituyó a Beigbeder al frente de Exteriores, iniciándose así una etapa de colaboración con Alemania que se alargó hasta 1943. Al parecer Hitler contaba con la intervención española en la guerra para realizar un proyecto militar: el cierre del estrecho de Gibraltar a los barcos británicos. Sin embargo, la entrevista entre Hitler y Franco, celebrada en Hendaya en octubre de 1940, no dio los resultados que el Führer esperaba.
Cuando en 1941 se produjo el ataque alemán a la URSS, Franco vio la oportunidad de ofrecer su apoyo a Alemania. Se creó un cuerpo de voluntarios españoles, la División Azul, para ir a luchar al frente ruso al lado de los alemanes.
Sin embargo, en otoño de 1942 la situación militar de Alemania empezó a deteriorarse. A partir de ese momento el Gobierno español inició, tímidamente, su distanciamiento de los alemanes. En septiembre de 1943 Serrano Suñer fue sustituido por el conde de Jordana al frente de Exteriores. A su vez, se retornó a la situación diplomática de neutralidad, mientras los combatientes de la División Azul volvían a España.
El bloqueo internacional del régimen franquista (1945-1948).
La victoria de los aliados sobre Alemania, Italia y Japón desencadenó una fuerte oposición internacional contra los gobiernos que habían ofrecido algún tipo de apoyo a los vencidos.
Esta oposición internacional se abatió, entre 1946 y 1948, sobre el régimen político español. La ofensiva empezó en enero de 1946, con una nota oficial de los gobiernos de los EE.UU., Gran Bretaña y Francia, en la que se rechazaba la legitimidad del régimen español. A su vez, en el documento se manifestaba la esperanza de que la oposición interior al régimen lograra cambiar el sistema político de España.
Esta declaración se vio confirmada solemnemente en la ONU cuando, el 13 de diciembre de 1946, la Asamblea General condenó el régimen español. También se recomendaba a los países miembros retirar su embajada de Madrid.
La presión internacional adoptó pronto un nuevo aspecto: el bloqueo económico. Sólo algunas excepciones, como la Argentina gobernada por el general Perón, dieron un pequeño respiro a la economía española al proporcionarle el trigo que necesitaba urgentemente.
Franco reaccionó con dureza ante esta ofensiva internacional. La propaganda franquista, que adoptó tonos de un nacionalismo exaltado, supo presentar esta presión como un atentado intolerable a la dignidad y a la soberanía del pueblo español. Una gran manifestación, convocada en Madrid en diciembre de 1946, representó el punto culminante de esta campaña propagandística.
La Guerra Fría y el viraje de la política internacional (1948-1955).
A partir de 1948, la situación internacional dio un vuelco espectacular: empezó la Guerra Fría, con los EE.UU. y la URSS como protagonistas. Por este motivo, a partir de ese año, la política exterior norteamericana se basó en un anticomunismo radical, siendo su objetivo conseguir aliados seguros.
El régimen español fue integrándose en el bando de los países liderados por los EE.UU. y, poco a poco, se fueron sucediendo una serie de hechos significativos:
– En octubre de 1950 la ONU levantaba su veto contra el régimen político español.
– En el año 1951 España empezaba a integrarse en algunos organismos dependientes de la ONU, empezando por la FAO.
– En 1953 se firmaban los acuerdos entre el gobierno español y el de EE.UU.
– Finalmente, en el año 1955 España ingresaba en la ONU como miembro de pleno derecho.
4. La oposición al Régimen.
Conflictos y reivindicaciones.
A lo largo de los años 60 se fue extendiendo entre los estudiantes universitarios un fuerte movimiento de oposición política al régimen franquista. A principios de la década, los dirigentes del SEU, que era el sindicato oficial de los universitarios, aceptaron que algunos de sus cargos fueran elegidos por los estudiantes. Pronto se pudo comprobar que resultaban elegidos los estudiantes más críticos con el régimen franquista.
El paso siguiente de este movimiento de contestación en la Universidad fue el rechazo del SEU y el inicio de los incidentes dentro de los recintos universitarios a partir del año 1962. En 1965 ya se concretó, en las Universidades de Madrid y de Barcelona, el intento de crear un Sindicato Democrático de Estudiantes. Este hecho marcaría el inicio de un periodo de agitación endémica en la Universidad.
Fuera del ámbito universitario cabe destacar los movimientos contestatarios protagonizados por los trabajadores. La tímida apertura del Gobierno que, desde 1954, había autorizado la elección de representantes sindicales por parte de los trabajadores, tuvo como consecuencia la rápida transformación de panorama sindical.
En 1958 el Gobierno promulgó la Ley de Convenios Colectivos, por la cual se aceptaba claramente que la negociación sobre salarios y condiciones de trabajo la realizarían: Los representantes de los trabajadores, aún encuadrados dentro del sindicato oficial, junto con los empresarios. Pero a partir de ese momento, cada una de las negociaciones, una para cada sector, empezó a ir acompañada de una oleada de conflictos.
En septiembre de 1962 se aprobó la Ley de Conflictos Colectivos. En ella se aceptaba, por primera vez, que pudieran existir en España huelgas que no fueran ilegales, aunque se tomaron las precauciones para restringirlas al máximo.
Durante la huelga de 1962 se produjeron una serie de hechos que iban a modificar a fondo el panorama sindical del país. Para organizarla se habían creado en algunas poblaciones unas comisiones de obreros encargadas de dirigir el proceso. Una vez finalizada la huelga, alguna de estas comisiones no se disolvieron, llegando a formar con el tiempo Comisiones Obreras (1964).
A lo largo de la década siguiente la agitación iniciada en los años 60 no sólo no se redujo, sino que fue en aumento. En la Universidad los conflictos se convirtieron en algo endémico. Se trataban siempre de problemas de raíz política que degeneraban en una agitación permanente. El Gobierno ya no sabía cómo atajarla; la medida más frecuente consistía en mantener cerradas las aulas universitarias durante largos periodos de tiempo.
Por su parte, el movimiento de reivindicación de los trabajadores, dirigido normalmente por CCOO, iba también en aumento. Las huelgas, que raramente podían ser consideradas legales, acarrearon en 1968 la pérdida de 4,5 millones de jornadas de trabajo, para ascender, en 1974, a 44 millones.
Los grupos políticos de la oposición.
A partir de 1960 algunas personalidades de ideología liberal y democratacristiana que residían en España, empezaron a manifestar su oposición al régimen franquista. Además, se declaraban partidarios de la implantación de un régimen de democracia liberal parlamentaria en España. Algunas de estas personalidades –Gil Robles, Álvarez de Miranda, Joaquín Satrústegui– se reunieron en Munich (junio de 1962) con miembros de la oposición que estaban exiliados. El Gobierno llamó a esta reunión “El Contubernio de Munich”.
Dentro de la ideología socialista existían grupos y tendencias muy variados:
– Dionisio Ridruejo, un falangista de los primeros tiempos, fundó en esa época un grupo, Acción Democrática, de tendencia socialdemócrata.
– La dirección del PSOE seguía establecida en el exilio, pero en el interior del país se organizaban grupos de militantes que, con el paso del tiempo, adquirieron más importancia.
– En Cataluña existía un grupo de ideología socialista, el MSC (Moviment Socialista de Catalunya) que había sido creado en el Sur de Francia en el año 1945.
En los años 60 los comunistas se agrupaban en el PCE (Partido Comunista Español). Este partido, dirigido desde el exilio por personalidades nuevas, como su secretario general Santiago Carrillo, realizó en este periodo una constante labor de penetración en la sociedad. Ya en la década de 1950 habían modificado su mensaje: abandonaron la Guerra Civil y la revancha para embarcarse en un proyecto de reconciliación nacional.
No obstante, a partir de 1973, surgieron a la izquierda del PCE grupos radicalizados que preconizaban la lucha armada y practicaban el terrorismo (fenómeno similar al alemán o al italiano). Entre estos destacaban FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico) y los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).
Los comunistas catalanes de esa época se agruparon, a su vez, en el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), totalmente controlado por el PCE.
En el País Vasco subsistía el PNV como máximo representante de la ideología nacionalista. Su dirección estaba en el exilio, donde mantenía el Gobierno vasco.
A partir de 1959 algunos grupos de jóvenes nacionalistas comenzaron a distanciarse del PNV por considerarlo demasiado moderado. De estos grupos iba a surgir ETA (Euzkadi Ta Askatasuna: Euskadi Patria y Libertad) en 1962. Los miembros de ETA se inclinaron por una ideología socialista y, a partir de 1968, iniciaron la “lucha armada” contra el Estado español.
5. Conclusiones.
En la década de 1960, se produjo en España una profunda transformación económica y social. El país que, en 1939, era predominantemente rural y agrario, se convirtió en urbano e industrial durante ese periodo.
El principal motor del cambio fue el proceso de industrialización, que produjo un aumento de la producción industrial y del número de trabajadores del sector secundario. Estos trabajadores procedían en buena parte del mundo rural y acudían a las ciudades más industrializadas con el fin de mejorar su nivel de vida.
En paralelo a esta transformación económica, empezaron a surgir reivindicaciones sociales y posturas críticas en los sectores obreros y en el mundo universitario.
Al mismo tiempo, el propio régimen franquista, incapaz de adaptarse a los cambios que se estaban produciendo, encontraba cada vez más dificultades para ser aceptado.
En el periodo comprendido entre 1969 y 1975, el franquismo vivió una larga agonía, provocada por la evolución económica, social y cultural del país, así como por los deseos de apertura política que mostraba la población. Al mismo tiempo, la salud del dictador se deterioraba a marchas forzadas: era evidente que, sin la presencia de su arquitecto y cabeza omnipresente, era imposible mantener el régimen.
Así, la muerte del general Franco puso fin a una dictadura que a lo largo de la última década había mostrado claros síntomas de agotamiento: se abría la puerta a un periodo de transición a la democracia.
El 14 de abril de 1931 se proclamó, en España, la II República en un ambiente de euforia y esperanza. El nuevo régimen representaba unos ideales de progreso y de democracia deseados por gran parte del país. No obstante, como consecuencia del choque entre los intereses y las mentalidades de las clases acomodadas y de las clases populares desembocó en una terrible guerra civil.
Atendiendo a la política llevada a cabo por los partidos que ocuparon el poder, la II República se desarrolló en tres etapas:
– El Bienio Reformista (1931-1933), bajo el gobierno de las izquierdas.
– El Bienio Radical-Cedista (1934-1936), con predominio de las derechas.
– El triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, que supuso el retorno de las izquierdas al poder, pero también el inicio de un proceso revolucionario que escapó al control de los más moderados.
2. El final de la monarquía.
Alfonso XIII, tras la caída del dictador Miguel Primo de Rivera, encomendó al gobierno del general Dámaso Berenguer la tarea de reconstruir la antigua normalidad constitucional. Se trataba, por tanto, de reabrir las Cortes, volver a poner en marcha los partidos políticos y los sindicatos, organizar de nuevo elecciones…
No obstante, esta vuelta a la normalidad fue demasiado lenta para cumplir con las exigencias de los grupos opositores y de buena parte de la población. Además, los españoles recelaban de la monarquía, pues se había comprometido demasiado con la Dictadura de Primo de Rivera.
En el mes de agosto de 1930, en la semiclandestinidad, representantes de los partidos republicanos –Lerroux, Azaña, Marcelino Domingo-, socialistas –Prieto, Fernando de los Ríos-, nacionalistas –Casares Quiroga, Carrasco i Formiguera– y de otros grupos, se reunieron en la ciudad de San Sebastián. Allí pactaron una política antimonárquica y eligieron un Comité Revolucionario para llevarla a cabo. Incluso contaban con una actuación militar.
Sin embargo, la revuelta militar, mal preparada, que iniciaron los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández en Jaca (diciembre de 1930), no encontró eco en los cuarteles y fracasó.
En estas condiciones, el último gobierno de la monarquía, presidido por el almirante Aznar, con el que colaboró la Lliga Regionalista, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. El gobierno confiaba en que una victoria de los partidos monárquicos facilitaría el posterior triunfo en las elecciones para el Congreso, que se iban a celebrar el 7 de mayo.
Aunque sólo se trataba de unas elecciones municipales, los partidos de la oposición las presentaron como un plebiscito entre monarquía y república. Si las ganaban, significaría que el pueblo español era partidario de la opción republicana. Los monárquicos confiaban en ganar en los pueblos gracias al sistema caciquil, pero sabían que esto no funcionaría en las ciudades. Así, la campaña fue muy intensa en ambos bloques.
Fueron a votar el 65% de los hombres censados, de tal modo que, a partir de las primeras horas de la mañana del día 13, empezaron a conocerse los resultados. Los partidarios de la república ganaban en 45 de las 50 capitales de provincia, en las ciudades más importantes y en las zonas industriales y cuencas mineras.
En un clima de euforia y sin violencia, muchos ayuntamientos, al conocer el resultado del escrutinio, proclamaron la República. Eibar, en el País Vasco, fue el primero en hacerlo; después le siguieron Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Oviedo… El monarca dudó durante algunas horas, pero ante el desánimo de la mayoría de sus ministros acabó abandonando Madrid en dirección a Cartagena. Desde allí, un buque de guerra lo llevó al exilio en Francia. Sin embargo, en modo alguno renunció a sus derechos a la Corona ni a los de su familia.
El nuevo gobierno provisional estaba presidido por un antiguo monárquico, de mentalidad conservadora y católico, Niceto Alcalá Zamora. El primer problema de la República surgió en Barcelona donde, tras proclamar Lluís Companys la República, el líder de ERC, Francesc Maciá proclamaba la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. En una clara interpretación federalista, establecía a Cataluña como un Estado dentro del Estado español.
Después de una larga discusión con tres ministros enviados desde Madrid, se llegó al acuerdo de formar un órgano gubernamental provisional llamado Generalitat. Además, el Gobierno central se comprometía a patrocinar la elaboración y aceptación de un Estatuto de Autonomía
3. La Constitución de 1931.
Principios fundamentales de la Constitución de 1931
El 28 de junio de 1931 se celebraron unas elecciones, con sufragio universal masculino a partir de los 23 años, con el fin de elegir unas Cortes Constituyentes. Estas debía elaborar una Constitución republicana capaz de estructurar el nuevo Estado, ya que la anterior Constitución, la de 1876, era monárquica y conservadora.
Votó el 70,4% del censo, superando así el porcentaje de las anteriores elecciones municipales. Fueron, además, las primeras elecciones sin caciquismo y, por tanto, las primeras elecciones limpias que se realizaron en España. Dos cosas hay que destacar de los resultados:
– La multiplicidad de los partidos, como consecuencia de la desaparición del bipartidismo dinástico del viejo sistema.
– El triunfo de las izquierdas.
Durante la elaboración de la Constitución surgieron dos temas que acapararon, principalmente, la atención y ocasionaron furos debates entre la izquierda y la derecha:
– Las relaciones Iglesia-Estado.
– El problema de las autonomías.
Finalmente, la mayoría republicano-socialista acabó imponiendo sus criterios y en el mes de diciembre fue aprobada la Constitución, que los partidos de derecha no votaron.
La Constitución de 1931 era bastante avanzada para su tiempo, con algunos toques socializantes, como daba a entender el artículo 1º: “España es un República democrática de trabajadores de toda clase…”. A esto se unía la posibilidad de expropiación de bienes privados (tierras, minas, ferrocarriles…) si lo hiciera necesario la utilidad pública.
La Constitución establecía los siguientes principios:
– Una sola cámara (Congreso de los Diputados-Parlamento) elegida cada 4 años por sufragio universal para ambos sexos, con un Presidente de la República nombrado cada 6 años.
– Un modelo de Estado integral, no federal, aunque aceptaba que las regiones que lo pidiesen pudieran conseguir un Estatuto de autonomía.
– La protección muy detallada de los derechos democráticos individuales: libertad religiosa, de expresión y asociación, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia…
– La desaparición definitiva de los privilegios de clase, con la anulación de los títulos nobiliarios.
Una vez aprobada la Constitución, fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, un político moderado de centro-derecha. Manuel Azaña presidió el primer gobierno, formado por una coalición de republicanos de izquierda, socialistas y nacionalistas. Estos continuaron con la labor reformista que había iniciado el Gobierno Provisional desde abril de 1931.
Los partidos políticos
Las izquierdas estaban asociadas con la inclinación hacia la república como sistema político. Se trataba de una república, de alguna manera, federal o que por lo menos aceptaba las autonomías regionales. Además, eran partidarias de realizar cambios socio-económicos que mejoraran la situación del pueblo –reforma agraria, legislación laboral, etc.- y le acercara al nivel de vida de los países avanzados de Europa.
Las izquierdas rechazaban, a su vez, la influencia que las viejas instituciones –Iglesia, Ejército, etc.- tenían sobre el Estado. Por último, Confiaban en el criterio de los intelectuales progresistas y en la educación laica y racionalista para llevar a cabo esos cambios.
El abanico de las izquierdas estuvo dominado por dos partidos:
– Izquierda Republicana; era un partido de pequeños burgueses con muchos intelectuales y representantes de profesiones liberales.
– El PSOE; de mentalidad marxista, que contaba con el soporte de su sindicato, la UGT (Unión General de Trabajadores).
Más a la izquierda se situaban los comunistas y anarquistas. El Partido Comunista de España (PCE) había surgido como una escisión del ala más revolucionaria y joven del PSOE, alrededor de 1921. Los anarquistas se agruparon alrededor de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) que estaba fuertemente asentada en Cataluña y Andalucía. En su seno se había producido una escisión entre los moderados sindicalistas, que querían que la CNT actuará como un sindicato, y los revolucionarios faístas, agrupados en la FAI.
Las derechas eran partidarias, en principio, de mantener las estructuras socio-económicas de la Restauración, es decir, el poder de los terratenientes, industriales y banqueros, no efectuando más cambios de los necesarios. Se apoyaban en las viejas instituciones, como la Iglesia, el Ejército, el funcionariado… para mantener el orden y los valoras tradicionales: familia, propiedad, seguridad…
Mayoritariamente eran centralistas y no estaban dispuesto a acatar las autonomías. Las derechas eran preferentemente monárquicas, aunque los partidos que representaban esta tendencia en el Parlamento parecían haber aceptado la República.
Dentro de estos partidos se podían distinguir tres grupos:
– Los fascistas; imitaban, en gran parte, la ideología y la puesta en escena del régimen de Mussolini. En España aparecieron dos grupos con esta mentalidad: las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) en 1931 y Falange Española en 1933.
– Los partidos monárquicos; los partidarios de Alfonso XIII, de la línea de los Borbones, y los partidarios de la rama carlista.
– Las derechas republicanas; La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) llegó a ser el partido más representativo de las derechas.
El centro es más difícil de definir. En general, estaba compuesto por moderados predispuestos a hacer pocos cambios. Parecía claro que, en caso de situación social conflictiva, se inclinarían rápidamente hacia las derechas. Cuando la sociedad española se polarizó entre derechas e izquierdas en las elecciones de febrero del año 1936, el centro casi desapareció.
Además de pequeños partidos republicanos liderados por hombres que habían sido monárquicos hasta la proclamación de la República (Alcalá Zamora o Miguel Maura), el partido de centro más importante era el Republicano Radical. Este grupo, fundado y liderado por Alejandro Lerroux, había ido moderándose con respecto a la demagogia anticlerical y anticatalanista de principios de siglo XX.
Aparte de los partidos políticos de ámbito estatal, se continuaron desarrollando en ciertas regiones –Cataluña, el País Vasco y Galicia- partidos autonómicos-nacionalistas.
En Cataluña se daban cuatro tendencias:
– La derecha estaba representada por la Lliga Regionalista, liderada por Francesc Cambó.
– El centro estaba representado por Acció Catalana Republicana y los cristiano-demócratas de Unió Democrática de Catalunya (Carrasco i Formiguera).
– La izquierda se había unificado en torno a Ezquerra Republicana de Catalunya (Francesc Maciá y Lluís Companys), el partido más votado en la región.
– En la extrema izquierda, dos partidos comunistas: el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña), surgido al inicio de la guerra.
En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) mantuvo su predominio. Considerado como partido católico y de derechas, evolucionó a partir de 1933 a posiciones de centro cuando su líder, José Antonio Aguirre, se enemistó con la derecha centralista.
En Galicia adquirió fuerza la Organización Republicana Gallega Autonomista (ORGA), cuyo líder, Casares Quiroga, mantenía buenas relaciones con la Izquierda Republicana de Manuel Azaña.
Los Estatutos de autonomía
La primera región en dotarse de un Estatuto de autonomía fue Cataluña, cuestión que ya se había apalabrado previamente en el Pacto de San Sebastián y en la reunión del Gobierno Provisional con los líderes de ERC. El Estatuto se redactó en Nuria (santuario del Pirineo), refrendado por el pueblo catalán, fue presentado en Madrid en agosto de 1931, antes incluso de la aprobación de la Constitución.
Los autores del Estatuto partían del principio de que la República española iba a ser federal, proponiendo, por tanto la cesión de abundantes competencias (enseñanza, cultura, sanidad, orden público, justicia, fiscalidad…). Por tanto, una vez aprobada la Constitución, la discusión del Estatuto catalán se alargó ante la fuerte oposición de la derecha y la excesiva ambición de los nacionalistas. Esta última, en concreto, generaba grandes dudas en el seno de los intelectuales socialistas y de izquierdas.
Sin embargo, el fracasado pronunciamiento del general Sanjurjo (agosto de 1932) aceleró la aprobación, por los partidos de centro izquierda, de las leyes a trámite más discutidas: La Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña.
El Estatuto fue aprobado el 9 de septiembre de 1932, si bien rebajando las competencias exigidas en Nuria como consecuencia de la existencia de un Estado integral, y no federal.
En el País Vasco, el PNV y los carlistas habían llegado a un acuerdo sobre un proyecto de Estatuto (Estatuto de Estella, junio de 1931), pero dos hechos impidieron su realización y presentación:
– La defección de Navarra y la debilidad nacionalista en la provincia de Álava, donde el plebiscito de 1933 no alcanzó el 50% de los votos necesarios.
– Por otra parte, el Gobierno central tenía sus dudas: Cuando mandaban las izquierdas, porque desconfiaban del conservadurismo del PNV y de su acentuado independentismo; cuando mandaban las derechas, porque eran declaradamente antiautonomistas.
No fue hasta octubre de 1936, ya en plena Guerra Civil, cuando las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía Vasco, entre otras razones para mantener a la región fiel a la República.
En Galicia, donde la conciencia nacionalista era menor, el Estatuto no fue aprobado por plebiscito popular hasta junio de 1936. El pronunciamiento militar de julio impidió su trámite por las Cortes, ya que la región fue inmediatamente ocupada por los sublevados.
4. El Bienio Reformista (1931-1933).
Una coyuntura económica poco propicia
La II República nació en un mal momento de la economía mundial. La caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 había provocado una profunda depresión que afectó a todo el mundo a lo largo de una década.
La quiebra de Wall Street repercutió menos en España porque tenía una economía bastante autárquica, sin grandes relaciones económicas con Europa y América. De todas maneras, planteó una serie de problemas:
– La reducción de las inversiones de capitales extranjeros que tanto habían contribuido al desarrollo de la industria y de las fuentes de energía.
– El descenso de las exportaciones, especialmente productos agrarios (aceite, cítricos, arroz, vino…) y mineros (hierro, piritas…).
– La interrupción de la emigración (restricción de entrada), hacia América preferentemente, que podía solucionar el problema del desempleo.
Los problemas internos del país agravaban aún más las dificultades económicas. Había, en primer lugar, un alto paro crónico en el campo andaluz y extremeño debido en gran medida a la desigualdad en el reparto de la propiedad de la tierra. Por otra parte, la República se encontró con una enorme deuda pública, provocada por los presupuestos de la Dictadura, que había llevado a cabo costosas obras públicas.
Finalmente, los propios gobiernos de izquierda de la República propiciaron otros problemas. Al defender un aumento de los salarios de los obreros y campesinos, que coincidió con la bajada de los precios de los productos, provocaron la reducción de los beneficios.
Esto afectó negativamente tanto a la industria como a la banca. Inmediatamente se redujo la inversión y muchos burgueses, alarmados, trasladaron sus capitales al extranjero por desconfianza hacia el Gobierno de Azaña. Esta situación aumentó aún más el paro y el malestar social.
La reforma del ejército
El Gobierno republicano se encontró con un ejército mayoritariamente monárquico, es decir, los generales y oficiales eran partidarios de la monarquía, y también de la derecha conservadora.
Eran, por tanto, enemigos de los republicanos de izquierdas, sino de la misma República. Además, se trataba de un ejército mal y anticuadamente armado, con mucha burocracia y con un exceso de oficiales.
El primer ministro Azaña, que también era ministro de Defensa, procuraba encontrar una solución con la Ley Azaña (abril de 1931). Esta ofrecía, a todos los oficiales que no desearan hacer el juramento de fidelidad a la República, la posibilidad de retirarse a la vida civil con el sueldo íntegro y los ascensos reconocidos.
Azaña creó también un nuevo cuerpo militar de orden público, la Guardia de Asalto, con hombres adictos a la República. Estructuró el cuerpo de suboficiales en un intento de atraerlos y clausuró la Academia Militar de Zaragoza. Sin embargo, por falta e presupuesto, no hizo gran cosa por modernizar el armamento.
La reforma religiosa
Las relaciones con la Iglesia fue, para la República fue uno de los problemas más graves. Los partidos de los gobiernos de izquierda eran decididamente anticlericales, así como partidarios de la separación entre Iglesia y Estado.
Las medidas que tomaron fueron, por tanto, muy duras, y en aquel momento la Iglesia las consideró como un ataque directo. Las relaciones Iglesia-Estado llegaron a ser tan tensas que el primado arzobispo de Toledo, el cardenal Pedro Segura, fue expulsado del país por sus pastorales antirrepublicanas.
La Constitución establecía un Estado no confesional y proclamaba la libertad de cultos. Además, por la Ley de Congregaciones (1933), se prohibía a la Iglesia dedicarse a la industria y el comercio, y lo que era más grave, a la enseñanza. Se establecía el matrimonio civil, el divorcio y se secularizaban los cementerios.
Además, en el término de dos años, se suprimía el presupuesto del clero, cantidad que, desde el Concordato de 1851, pagaba el Estado a la Iglesia como reparación por la desamortización de Mendizábal.
La política social y la reforma agraria
Aunque la República de izquierdas hizo aprobar una serie de leyes favorables a obreros y campesinos, no pudo evitar que aumentara el desempleo, tal como hemos visto anteriormente.
El malestar de los trabajadores provocó huelgas y revueltas, dirigidas principalmente por la CNT. Se repitieron huelgas generales en Barcelona, Zaragoza, Asturias, Sevilla… El movimiento de protesta más grave se produjo en la cuenca minera del Alto Llobregat. Los mineros la ocuparon durante cinco días de enero de 1932, lo que obligó a la intervención del Ejército.
Entre las reformas laborales del Gobierno reformista destacan:
– La jornada de 8 horas.
– La regulación del derecho a la huelga.
– La formación de jurados mixtos entre patronos, obreros y Gobierno para resolver los problemas laborales.
– La regulación de la contratación laboral.
La reforma agraria fue uno de los caballos de batalla de la obra reformista de la República, cuyos dirigentes tuvieron en cuenta la dura situación a la que estaban sometidos los campesinos de Andalucía, Extremadura y el Levante.
Los primeros decretos del Gobierno reformista procuraron proteger a los campesinos arrendatarios, poniendo dificultades a la anulación de los contratos por parte de los grandes latifundistas. También se decretaron mejoras para los jornaleros: la jornada de 8 horas y la Ley de Términos Municipales, que obligaba a los terratenientes a dar trabajo, primero, a los jornaleros autóctonos.
La Ley de Reforma Agraria fue debatida en el Parlamento durante buena parte del año 1932, siendo aprobada en septiembre. La ley proponía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los terratenientes que habían participado en la “Sanjurjada” y, con indemnización, de las tierras de señorío y de las semiabandonadas.
Sin embargo, los fondos dedicados fueron escasos como consecuencia de la gran deuda pública del país: tan sólo se dedicaron 50 millones de pesetas al año (un 1% del presupuesto del país). Por otra parte, el Instituto de la Reforma Agraria (IRA), creado para la aplicación de la ley, se encontró con numerosos problemas burocráticos y administrativos y con falta de estudios previos sobre los latifundios.
En lugar de crear una sólida base de campesinos-propietarios adictos a la República, la Ley de Reforma Agraria provocó dos tendencias:
– Las derechas mostraban su oposición, acusándola de radical e, incluso, comunista.
– Los campesinos, descontentos, la acusaban de lentitud, calificándola además de insuficiente.
En el campo se produjeron serios enfrentamientos entre los campesinos excitados por la demora de la reforma agraria y las fuerzas de orden público. En Castilblanco (Badajoz, diciembre de 1931), campesinos enfierecidos dieron muerte a varios miembros de la Guardia Civil cuando estos acudieron a la llamada de los terratenientes.
Ante este hecho, la benemérita reaccionó poco después, provocando la muerte de varios campesinos que se manifestaban en Arrendó (La Rioja). La violencia culminó con la represión que llevaron a cabo los Guardias de Asalto contra los campesinos anarquistas que habían ocupado tierras en Casas Viejas (Cádiz, enero de 1933).
La tensión y los desórdenes en el campo y en las zonas industriales (aumento considerable de huelgas) desgastaron mucho el prestigio del gobierno de Manuel Azaña que se vio obligado a presentar la dimisión. El presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933.
5. El Bienio Radical-Cedista (1933-1936).
Las elecciones de noviembre de 1933, resultaron un éxito para los partidos de centro-derecha –republicanos radicales de Lerroux (102 escaños) y la CEDA (115 escaños)- y un fracaso para la izquierda -PSOE (58 escaños) y Acción Republicana (5).
Las derechas aparecían organizadas y unidas, mientras que en las izquierdas se presentaron divididas e, incluso, enfrentadas. Por su parte, la CNT, siguiendo su teoría apoliticista, pidió a sus afiliados la abstención. En los extremos, falangistas y comunistas sólo obtuvieron un escaño.
Al no contar ni los republicanos radicales ni la CEDA con la mayoría absoluta, el presidente Alcalá Zamora, que desconfiaba de Gil Robles, encomendó la formación del gobierno a Alejandro Lerroux. Este acabó necesitando en el Parlamento los votos de la CEDA y de otros pequeños partidos conservadores, por lo que se vio obligado a llevar a cabo una política de derechas.
Esta se caracterizó por la paralización y derogación de muchas de las reformas llevadas a cabo en la etapa anterior:
– En primer lugar, se paralizó la reforma agraria, devolviéndose las tierras expropiadas y expulsando a los campesinos de las que se les habían otorgado.
– Por otro lado, se derogó la Ley de salarios, que favorecía a los obreros y campesinos
– Se concedió la amnistía para el general Sanjurjo y sus compañeros del pronunciamiento de agosto de 1931.
– Se permitió el retorno de la Compañía de Jesús, a la que se le devolvían los bienes nacionalizados, y se volvía a incluir el presupuesto del clero dentro de los presupuestos del Estado.
Además, en el Ejército, cuando Gil Robles se convirtió en ministro de Defensa, fueron promocionados los generales jóvenes de ideología más conservadora y antirrepublicana (Fanjul, Goded, Franco, Mola…).
Después del verano de 1934, la CEDA exigió a Lerroux la inclusión de ministros de su partido si deseaba seguir contando con su apoyo. Este no pudo negarse, por lo que el 4 de octubre de 1934 incluía a tres ministros de la CEDA.
Esto asustó a las izquierdas, sobre todo a los socialistas, que temían la formación de un gobierno autoritario y fascista que siguiera el modelo austríaco de Dollfuss. El día 5 de octubre la UGT declaró una huelga general en todo el país sin contar para ello con la CNT. La huelga resultó un fracaso por la escasa organización y por la respuesta rápida del Gobierno. Sólo se produjeron acontecimientos importantes en Asturias y Cataluña
En Asturias los mineros del carbón, unidos a la UGT, la CNT y los comunistas llevaron a cabo un movimiento insurreccional revolucionario. Se apoderaron de las armas de los cuarteles y de las fábricas e armamento, ocuparon la cuenca minera y sitiaron Oviedo. Llegaron incluso a establecer una organización militar y económica propia.
El Gobierno no tardó en enviar al ejército de África que, bajo el mando del general Franco, restableció la situación el 17 de octubre. La represión fue dura: millares de encarcelados, 40 condenados a muerte y, finalmente, 4 ejecutados.
En Cataluña la huelga obrera, sin apoyo de la CNT, fue un fracaso. Pero el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Española el 6 de octubre de 1934, ofreciéndolo como refugio a la República de izquierdas.
Tomaba esta decisión, emulando a Maciá en 1931, preocupado por el sesgo derechista del nuevo Gobierno, que podía actuar contra el Estatuto catalán. No obstante, las izquierdas españolas no lo aceptaron y el Gobierno lo presentó al resto del país como un acto separatista.
Así, el capitán general Batet declaró el estado de guerra y ocupó la ciudad de Barcelona sin gran resistencia. El 7 de octubre, el presidente Companys, sus ministros y la mayoría de los parlamentarios se entregaron, siendo juzgados y condenados a 30 años de cárcel. Además, se suspendió el Estatuto, y la Generalitat, dirigida por un gobernador general nombrado por el Gobierno, quedó reducida a labores administrativas.
Por tanto, tampoco los gobiernos de derechas ofrecieron estabilidad ni seguridad a la República (siete gobiernos entre 1933 y 1935). Al malestar social y al enfrentamiento cada vez más duro entre los partidos políticos se añadieron los casos de corrupción de los radicales, que culminaron con el asunto del “estraperlo”.
En diciembre de 1935, el presidente Alcalá Zamora, que no deseaba que la CEDA formara gobierno en solitario, disolvió el Parlamento y convoco elecciones para febrero de 1936.
6. El Frente Popular (1936).
Con el fin de detener el avance de los partidos de derechas, las izquierdas decidieron formar una alianza que recibió el nombre de Frente Popular, incluyendo en su seno a republicanos de izquierdas, socialistas y comunistas. La CNT no participó en esta alianza electoral, pero aconsejó el voto a sus afiliados en este sentido para evitar el triunfo de la derecha.
Precisamente uno de los apartados fundamentales del programa electoral del Frente Popular era la amnistía general para todos los presos políticos. Además, se preveía la reactivación de las reformas socio-económicas iniciadas durante el Bienio Reformista. Por tanto, no se trataba, en principio, de un programa revolucionario, sino más bien de un retorno a la situación de 1931-1933.
La campaña electoral fue muy dura, alcanzando la violencia verbal cotas muy altas en los discursos de los líderes de ambos grupos. Finalmente, el Frente Popular consiguió 263 escaños, mientras que la derecha obtuvo 133 y el centro-derecha 77. La debilidad del centro, del Partido Republicano Radical de Lerroux, en especial, resultaba clara.
Las elecciones dejaron patente que el país se polarizaba peligrosamente hacia dos extremos: el fascismo de la ultraderecha y el socialismo-comunismo de la izquierda.
Los primeros contratiempos, después del triunfo del Frente Popular, surgieron al formar gobierno. Los socialistas, una parte de los cuales se inclinaba cada vez más hacia la extrema izquierda como consecuencia del carisma de Largo Caballero, no quisieron formar gobierno con Azaña como en 1931. No obstante, le ofrecieron su soporte en el Parlamento para poder gobernar.
A su vez, el Parlamento decidió destituir al presidente de la República, Alcalá Zamora, por considerarlo demasiado conservador, con la excusa de que legalmente no podía hacer convocado las elecciones de 1936. Después de muchas dudas, Manuel Azaña aceptó el cargo y se nombró primer ministro a Casares Quiroga (ORGA), un político de escasa personalidad para un momento difícil.
Por otra parte, se aceleraba la tensión social. Los campesinos, instigados por la CNT-FAI, ocupaban tierras de los latifundistas de Andalucía y Extremadura, sin esperar la reanudación de la Ley de Reforma Agraria. Mientras, en las ciudades y zonas industriales, las huelgas aumentaron en número e intensidad.
Los industriales y terratenientes contestaron a estos desórdenes cerrando las fábricas y retirando capitales hacia el extranjero. Algunos de ellos incitaban a los militantes antirrepublicanos a dar un golpe de Estado.
Ante este ambiente, lo único que hizo el Gobierno fue dispersar lejos de Madrid a los generales más dispuestos a llevarlo a cabo: Franco a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Pamplona. Pero era demasiado tarde, pues desde el mismo momento del triunfo del Frente Popular, un grupo de militares, dirigidos por Mola, preparaban un pronunciamiento.
7. Conclusiones.
A partir del 17 de julio de 1936, un grupo de militares llevaron a cabo un pronunciamiento –el llamado “Alzamiento Nacional”- que se transformó en un conflicto bélico. Desde ese momento, y hasta abril de 1939, España sufrió los destrozos materiales y sociales de una cruenta guerra civil que enfrentó a los partidarios de la España tradicional, católica y de pequeños y grandes propietarios con la España progresista, anticlerical, obrera y campesina.
La República no pudo superar el conflicto armado. Sus representantes acabaron en el exilio, mientras en España se iniciaba la dictadura del general Franco. Las esperanzas nacidas el 14 de abril de 1931 se vieron truncadas por el predominio de las ideologías y la progresiva radicalización de los dirigentes políticos de ambas facciones. La falta de entendimiento -el escaso o nulo interés por buscarlo- acabó, al fin y al cabo, con la experiencia democrática española.
