Durante el curso 2018-2019 elaboré este Prezi para mis clases de grado en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. Aunque es probable que con el tiempo vaya introduciendo correcciones, comparto la presentación en su estado actual. Para consultarla haz click aquí.
Conjunto de estándares del temario de 2º de Bachillerato pertenecientes al Bloque 11, en el que se estudia la evolución y características del régimen franquista.
A la hora de analizar los grupos de oposición al franquismo hay que diferenciar, en primer lugar, tres grandes etapas: la posguerra (1939-1947), los años de desarrollo del régimen y la apertura internacional (1948-1968) y la crisis final de la dictadura (1969-1975). A su vez, hay que tener en cuenta que, en el periodo que siguió a la Guerra Civil y a la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló tanto un movimiento de oposición político-institucional como actividades armadas en forma de guerrilla, el llamado “maquis”. Por su parte, en los años cincuenta y sesenta surgieron las primeras protestas estudiantiles y obreras, en las que se formaron buena parte de los opositores de los últimos tiempos del franquismo.
Atendiendo al criterio cronológico establecido en el párrafo anterior, es preciso indicar que, a pesar de que las instituciones republicanas se mantuvieron tras la Guerra Civil, los exiliados estaban divididos, lo que debilitó los intentos de reinstaurar la democracia en España con el apoyo de las potencias aliadas en esos años. Además, a pesar de constituir uno de los grupos más activos contra Franco, siempre se tendió a aislar a los comunistas; al tiempo que los socialistas abandonaron a los republicanos para iniciar su acercamiento a los monárquicos “juanistas”. Todo esto impidió aprovechar la coyuntura internacional favorable que se dio en la segunda mitad de los años cuarenta.
Además, al término de la Segunda Guerra Mundial, los excombatientes republicanos, principalmente anarquistas y comunistas, iniciaron una serie de movimientos de guerrilla que conocemos como el “maquis”. Esta actividad armada, que se desarrolló fundamentalmente en zonas rurales y montañosas, alcanzó su mayor grado de intensidad entre 1945 y 1947, dejando de ser una amenaza para el régimen a partir de 1952.
Una vez superada esa primera etapa, los partidos políticos en el exilio se convencieron de la imposibilidad de acabar con el régimen mediante la guerrilla y la acción diplomática a través de las grandes potencias. A partir de entonces, los opositores, y principalmente el PCE, establecieron redes de acción en los ambientes universitarios y sindicales. La universidad fue, desde la década de los cincuenta, un símbolo de oposición al régimen, el cual empleó métodos represivos para controlarla.
Desde los años sesenta, la oposición política y social adquirió un protagonismo creciente. Esto fue posible, en gran medida, porque el movimiento obrero aprovechó el marco legal de los sindicatos verticales para debilitar el orden laboral franquista; mención especial merece al respecto la fundación de las Comisiones Obreras (CC.OO.) en 1962. A esto se ha de añadir la contribución del Concilio Vaticano II (1962-1965), que inició la renovación de la Iglesia española, abriendo el camino hacia el final del nacionalcatolicismo y del soporte ideológico-religioso de la dictadura.
A todo esto hemos de añadir que, a partir de 1973, surgieron a la izquierda del PCE grupos radicalizados que preconizaban la lucha armada y practicaban el terrorismo (fenómeno similar al alemán o al italiano). Entre estos destacaban FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico), los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) y ETA (Euskadi Ta Askatasuna). Por último, la crisis final del régimen facilitó la coordinación de la oposición política formada por los partidos de centro-derecha, izquierda y nacionalistas a través de organismos como la Junta Democrática de España o el Consell de Forçes Polítiques de Catalunya.
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El asesinato del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, por parte de la banda terrorista ETA en diciembre de 1973 aceleró la crisis que afectaba a la dictadura desde finales de los años sesenta. La tensión y el nerviosismo entre las distintas “familias” aumentó ante la cercanía del “hecho biológico –eufemismo utilizado para referirse a la muerte de Franco-, la inseguridad puesta de manifiesto con ese atentado y la pérdida de una persona clave para la supervivencia del régimen tras la desaparición del dictador.
Si bien la elección de Carlos Arias Navarro como nuevo presidente fue acogida con optimismo tras las perspectivas de cambio suscitadas por su primer discurso (“espíritu del 12 de febrero”), pronto de puso de manifiesto su tendencia continuista. Es más, esta se vio endurecida, también en su ámbito represivo, por dos acontecimientos de corte internacional y socioeconómico:
Ante esta compleja problemática, la única respuesta del ejecutivo presidido por Carlos Arias Navarro fue el uso de la fuerza y la represión a través de los cuerpos de seguridad y los tribunales de justicia. El objetivo era evitar, a cualquier precio, cualquier tipo de manifestación, reunión política o acto reivindicativo, ya fuera de corte reformista o económico. En ese contexto se ha de situar la aprobación de la ley antiterrorista de 1975, con la que se pretendió, sin mucho éxito, luchar contra la subversión y las aspiraciones democráticas de buena parte de la sociedad española.
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Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos que he escrito sobre el origen y desarrollo de la “Primavera Árabe” en Túnez y Egipto. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.
A comienzos de la década de 1950, la inestabilidad política hacía tambalearse los otrora sólidos cimientos de la monarquía egipcia. La sumisión de Faruk I a los desginios británicos, así como la dolorosa derrota militar en la guerra de 1948 contra Israel, debilitaron enormemente la credibilidad de la casa real. A esto, por supuesto, tampoco ayudaba la condición de cleptómano del monarca, que era conocido dentro y fuera de sus fronteras como “el ladrón de El Cairo”.
Efímero fue su reinado: sólo se le permitió mantener la corona once meses. El 18 de junio de 1953, la monarquía de la dinastía de Muhammad Alí, que había gobernado el país desde la época napoleónica, fue abolida. Egipto pasó a ser una república bajo la presidencia de Nasser.
Con el incondicional apoyo del ejército, el nuevo presidente convirtió el país en una dictadura con régimen de partido único: Unidad Nacional. A su vez, la importante política social desplegada por el el gobierno, otorgó enorme popularidad a su líder, que se ganó el favor de buena parte del pueblo egipcio.
No obstante, las ambiciones de Nasser iban más allá de las fronteras de su propio país. Aspiraba a unir al pueblo árabe bajo la bandera de una izquierda respetuosa con el Islam. El primer paso en ese proceso fue calificar a su partido como “socialista”, al tiempo que, sin abandonar totalmente las estructuras capitalistas, imitó las medidas nacionalizadoras de corte soviético. El segundo escalón en su ascenso a líder del mundo árabe fue su progresivo acercamiento a Moscú, sin que esto le impidiera pertenecer al grupo de los No Alineados o mantener relaciones comerciales con Occidente.
El proyecto panarabista vio la luz el 1 de febreo de 1958 y a él se adhirieron Siria, Yemen y el propio Egipto. Sin embargo, las diferencias entre las élites de los países miembros, así como la distancia entre lo territorios llevaron a la República Árabe Unida al colapso. En 1961 se certificaba el fracaso del proyecto de unidad. Este acontecimiento marcó, al mismo tiempo, el final del ascenso político del presidente egipcio.
El 28 de septiembre de 1970, entre las lágrimas de sus abundantes partidarios y la alegría contenida de los opositores, moría el carismático Gamal Abder Nasser. El hombre que había derrocado a la monarquía dejaba asentada en el país una dictadura capaz de sobrevivir a su ausencia durante cuarenta años.
El nuevo presidente había luchado desde muy joven contra la monarquía de Faruk I y la influencia británica que este permitía. En 1939 se integró en el grupo de oposición liderado por Gamal Abder Nasser y Muhammad Naguib, el Movimiento de Oficiales Libres; y once años después participó activamente en la sublevación militar contra el rey. Tras la proclamación de la República fue nombrado miembro del Consejo de la Revolución.
En el momento de la muerte de Nasser, Anwar el Sadat ocupaba el cargo de vicepresidente de la República. Era, por tanto, el mejor situado para suceder al carismático difunto. De esta manera, a pesar de no gozar con la popularidad de su antecesor, logró imponerse a todos sus rivales y hacerse con las riendas del poder. Su ideología no se alejaba demasiado del nacionalismo de izquierdas propio de Nasser. Además, a pesar del fracaso de la primera experiencia de unidad árabe, no había abandonado sus ideas panarabistas.
En política interior, Sadat mantuvo en líneas generales marcadas por el gobierno anterior. Es decir, ayudas sociales de corte populista y dura represión de los opositores. Dentro de estos últimos, tomaban cada vez mayor fuerza los Hermanos Musulmanes, un grupo islamista fundado en 1928 por Hassan el-Banna y que, como consecuencia del acercamiento de Egipto a Moscú, venía recibiendo importantes ayudas por parte de los Estados Unidos.
El cambio en la política internacional de Sadat llegó como consecuencia de la derrota en la Guerra del Yom Kippur. En 1973, el ataque combinado de Egipto y Siria contra Israel contaba con el factor sorpresa como principal aliado. Sin embargo, tras un primer momento en el que la victoria parecía algo más que probable, los judíos reaccionaron y desbarataron los planes de las naciones árabes.
A partir de entonces, consciente de que el país no podía estar sometido a las constantes sacudidas que suponían las derrotas contra Israel, el presidente renunció a la lucha por la unidad árabe. En el plazo de cinco años reconoció diplomáticamente al Estado judío, visitó Jerusalén para reunirse con su presidente y se desvinculó de la política soviética.
El establecimiento de relaciones amistosas con Israel y los Estados Unidos fue considerado como una traición por parte de las naciones árabes. A su vez, dentro de sus propias fronteras, las medidas de Sadat tampoco tuvieron buena acogida. Más teniendo en cuenta que abandonó el socialismo populista impuesto por Nasser para abrir una intensa etapa de liberalismo económico. La tensión se hizo notar en la calle, donde las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar con dureza contra los opositores.
Finalmente, el 6 de octubre de 1981, Anwar el Sadat era asesinado por los integristas islámicos mientras presidía un desfile militar. Su cruenta muerte abrió las puertas a un estado de excepción que se mantuvo en el país durante todo el gobierno de su sucesor.
Hosni Mubarak, vicepresidente de la República desde 1975, fue elegido sucesor de Anwar el Sadat tras el atentado que acabó con la vida de este en 1981. El protagonismo de los islamistas en ese acontecimiento permitió al nuevo presidente intensificar aún más el sistema represivo que habían mantenido sus antecesores.
Para Egipto resultaba fundamental desde el punto de vista económico la alianza con el gigante americano. Mientras que para este, el país del Nilo era un punto geopolítico clave en sus relaciones con el mundo árabe. De esta manera, el silencio de Washington y de las cancillerías europeas ante las constantes violaciones de los derechos humanos en Egipto era el precio a pagar por contar con un Caballo de Troya dentro de la Liga Árabe.
Entre los grandes logros de Mubarak cabe destacar la buena marcha de la economía en sus primeros años al frente del país, así como la restitución de la península del Sinaí por parte de Israel en 1982. Este último hecho le permitió a Egipto recuperar su prestigio dentro del mundo árabe, muy deteriorado tras el establecimiento de relaciones con Israel.
Sin embargo, la estabilidad del régimen iba a verse sacudida a comienzos del siglo XXI por la situación política en la zona y la crisis económica. El pueblo egipcio, sometido durante demasiado tiempo, tenía cada día menos paciencia con el último de los faraones modernos. Una nueva violación de los derechos humanos sería el desencadenante de la revolución.
Por otra parte, Yugoslavia intentó estrechar los lazos con la Comunidad Económica Europea, con la que renovó los acuerdos comerciales en 1973; es cierto, sin embargo, que la competencia de los demás países mediterráneos del continente obstaculizó el crecimiento de las relaciones económicas. Con todo, la vinculación a la CEE se convirtió en un asunto de máxima importancia para Yugoslavia, tanto por el volumen de intercambios comerciales como por la dependencia del país con respecto a los créditos procedentes de la Comunidad.
José Carlos Lechado y Carlos Taibo, Los conflictos yugoslavos, p. 45.
El cardenal Tarancón no fue un hombre que asumiera el Concilio Vaticano II, sino que era ya un obispo plenamente conciliar y eclesial mucho antes del Concilio. Tuve el privilegio de conocer a “don Vicente” en el año 58, al asumir la Presidencia Nacional de la Juventud de Acción Católica, cuando él era obispo de Solsona y secretario de la Conferencia de Metropolitanos -un organismo distante-. Hemos hablado docenas de veces durante nuestras vidas. Siempre defendió la apertura de la Iglesia al mundo moderno, las libertades de los ciudadanos, la autonomía respecto al Régimen de los movimientos obreros y juveniles del apostolado seglar; la entrega de la Iglesia a los más necesitados. Sin él no hubiera sido posible el cambio de rumbo metodológico y de acción que tomó la Acción Católica en los años 60. Luchó hasta el límite de sus fuerzas por evitar la “crisis de la Acción Católica” decretada por sus hermanos en el Episcopado, y nos defendió a los dirigentes de los ataques de “filomarxismo” lanzados desde el Régimen y “afirmó que en los movimientos de A. C. hay una voluntad firme de aplicar el Concilio y que el papa Pablo VI está con ellos”.
Acompañé a Tarancón muchas veces en momentos importantes de su vida. Era un hombre clarividente, cordial, con sentido del humor, muy fumador. Pero recuerdo especialmente aquella tarde del 21 de diciembre de 1973, en el entierro de Carrero Blanco, cuando el Príncipe Juan Carlos marchaba detrás del féretro y el cardenal vivía su particular “vía dolorosa”, rodeado de jóvenes “ultras” enloquecidos que vociferaban “Tarancón al paredón”. Yo iba a escaso metros suyos. Su cara era una emotiva síntesis de profundo dolor, de resignación y de perdón.
Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p. 275-276.
La economía, que tuvo máximos de bonanza en el período 1970/1972, inicia en los últimos años del Régimen un deterioro grave, que se prolongará y se acentuará desde los primeros de la Transición hasta los Pactos de la Moncloa. “Los efectos de la primera crisis del petróleo, que había llegado en otoño de 1973, se empieza a notar con dureza: descenso de los beneficios de las empresas; aumento del déficit externo, de la inflación y del paro; disminución del crecimiento de la economía; frenazo de la inversión privada; etc. Mientras que los países de nuestro entorno hacía casi dos años que se habían apretado el cinturón para resistir la crisis, los últimos gobiernos de Franco en España, no habían tenido la voluntad política ni la fuerza necesaria para trasladar a los ciudadanos los sacrificios”.
Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p. 46.
1. Introducción.
La historia política de España durante el periodo 1939-1975 presenta una característica constante: la dictadura personal del general Francisco Franco. Si analizamos el poder que se le otorgaba, comprobaremos que este poseía el alto mando supremo del Ejército y los dos poderes políticos básicos: legislativo y ejecutivo. De esta forma, Franco podía hacer las leyes, aprobarlas, promulgarlas y, al mismo tiempo, controlar su aplicación.
A lo largo del periodo 1939-1975, Franco gobernó el país de acuerdo con sus peculiares ideas políticas:
– En primer lugar, tenía una obsesión propia de su formación militar: el mantenimiento del orden público.
– A esto habría que añadir un nacionalismo español exacerbado , del cual derivaba una concepción absolutamente unitaria y centralista del Estado español.
– Creía, además, en un catolicismo tradicional muy arraigado, en el cual debía basarse todo el sistema de valores de la sociedad española.
– Finalmente, hemos de destacar su militancia anticomunista, que serviría, a su vez, de motivación para el alzamiento de 1936.
En un periodo que duró casi cuarenta años, el país experimentó importantes cambios en todos los aspectos: político, cultural, social y económico. Analizando estos cambios, podemos dividir la época franquista en varias etapas:
– Etapa “azul” o fascista (1939-1943).
– Etapa de transición: del inmovilismo a las grandes transformaciones (1944-1957).
– Etapa de gran desarrollo económico y social (1958-1970).
– Etapa de crisis política del régimen (1971-1975).
2. La evolución interna del régimen.
Etapa “azul” o fascista (1939-1943).
La fuerza política dominante durante el primer periodo fue la Falange, que tenía muchas similitudes con los otros partidos fascistas europeos. El 19 de abril de 1937, Franco había decretado la unificación en un solo partido de falangistas y requetés, formando FET y de las JONS. La nueva fuerza política tenía que convertirse en algo parecido al partido único típico de los regímenes fascistas.
El nuevo partido proporcionó la ideología básica del régimen franquista y una parte importante de su personal político en el periodo 1939-1943. Con todo, hay que advertir que la nueva Falange perdió su autonomía política. Así, al finalizar la Guerra Civil, Franco controlaba FET de las JONS, prueba de ello es que situase al frente a su cuñado, Ramón Serrano Suñer.
Las ideas de Falange se convirtieron en la base de la ideología política que el régimen franquista difundió por toda España en el periodo 1939-1943. Dos documentos resumen la ideología franquista en esta etapa: los 27 Puntos de Falange, elaborado en 1934 como programa del partido, y el Fuero del Trabajo, de 1938.
Además, se hacía uso frecuente de las manifestaciones y los signos externos típicos de todos los regímenes fascistas: concentraciones de masas, uniformes, gestos, eslóganes… A partir de 1943, toda esa liturgia fascista se fue evaporando a medida que los aliados empezaron a perfilarse como vencedores de la II Guerra Mundial.
El nuevo Estado español creado por Franco era rígidamente unitario y centralizado. Desparecieron los Estatutos de Autonomía aprobados por la República, y cualquier decisión política tenía que salir del Consejo de Ministros, presidido por el propio Franco.
Al terminar la guerra se extendió por todo el país el sistema de represión instaurado durante la contienda en la zona ocupada por los sublevados. Los tribunales militares continuaron juzgando y condenando a los acusados de toda clase de delitos políticos. La legislación que se aplicaba en esos caso era la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939.
Los tribunales militares dictaban sentencias que acarreaban a los condenados penas de cárcel o condenas a muerte. El número de ejecuciones realizadas en todo el territorio español en la posguerra no ha sido evaluado con exactitud, pero los historiadores las sitúan entre las 30.000 y las 50.000.
En lo que se refiere a las penas de cárcel, se considera que en abril de 1939 ya eran 100.000 las personas encarceladas. Esta cifra ascendía a 270.000 a finales de ese año.
En el periodo 1939-1943, la política social del régimen franquista fue dirigida por los falangistas, que aspiraban a aplicar sus teorías nacionalsindicalistas.
Al terminar la Guerra Civil, el Gobierno tuvo que emprender inmediatamente la reconstrucción económica del país. La situación era muy difícil, ya que los niveles de producción de 1939 eran muy inferiores a los de 1935.
El Gobierno de Franco programó una política económica autárquica basada en un rígido control de la actividad económica por parte del Estado y en la reducción radical de los intercambios económicos.
En el periodo 1939-1946, los resultados de esta política económica fueron absolutamente negativos. Pronto se pudo comprobar que la idea en que se basaba el sistema era solamente un eslogan propagandístico muy alejado de la triste realidad. Ni la producción industrial ni la agraria lograron alcanzar los niveles de producción de 1935 hasta los años 50.
Los falangistas se limitaron a regular, a su manera, las relaciones entre los empresarios y los trabajadores. En primer lugar, se suprimieron los sindicatos obreros y el Gobierno creó unos sindicatos verticales de los que formaban parte tanto empresarios como trabajadores. Todos estos nuevos sindicatos constituían la Central Nacional Sindicalista (CNS), controlada rígidamente por el Gobierno a través del ministros Delegado de Sindicatos.
En esta etapa, el Gobierno fijaba, por decreto, el valor de los salarios en cada rama de la producción. Además, los trabajadores no podían declararse en huelga, que era siempre ilegal. Por su parte, los empresarios tenían muchas dificultades para despedir a sus empleados.
A partir de 1941 el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, un falangista de la etapa anterior a 1936, empezó a desarrollar un sistema de seguridad social. Así se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1943) y, en años posteriores, los seguros de invalidez, accidentes laborales, paro y vejez. Esta primera etapa de creación de la Seguridad Social se alargó hasta 1957.
Del inmovilismo a las primeras transformaciones (1944-1957).
A partir de 1943 el régimen franquista se apresuró a arrinconar todos los signos políticos fascistas que lo habían caracterizado desde 1939. Esta “desfascistización” hubiera podido desembocar en un sistema político similar al que se estaba imponiendo en la Europa Occidental. Sin embargo, eso no fue posible porque Franco seguía manteniendo su firme oposición a la democracia liberal.
En 1945, el régimen sufrió una serie de retoques –operación de maquillaje-, destinados a demostrar que se respetaban los derechos políticos propios de los sistemas democráticos. El resultado final fue la creación de una especie de híbrido político que recibió el nombre de “democracia orgánica”.
Por otra, para que quedara bien claro cuál era el tipo de democracia que tenían los españoles, se publicó en 1958 un documento, la Ley de Principios del Movimiento. En ella se definían claramente las bases políticas del sistema franquista.
Desde 1943 algunos grupos monárquicos españoles empezaron a actuar. Se trataba de partidarios de don Juan de Borbón que había heredado de su padre, el rey Alfonso XIII, los derechos a la Corona de España. Tras varios desencuentros, donde destaca el Manifiesto de Lausana hecho público por don Juan, en marzo de 1948, se pactó que el príncipe Juan Carlos se trasladara a España para continuar sus estudios.
Un año antes, en julio de 1947, el Gobierno había sometido a referéndum la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que fue aprobada.
Entre 1943 y 1951 se produjeron pocas modificaciones en el panorama de miseria que había caracterizado la etapa anterior. Las estadísticas reflejan un estancamiento de la renta nacional, que no logró alcanzar los niveles de 1935.
En los años siguientes la situación económica del país experimentaría un leve mejora. Esta fue consecuencia, en gran medida, de la fundación del INI y la llegada de la ayuda norteamericana logró acabar con la situación de miseria que vivía el país.
La gran transformación del país (1958-1970).
Las dificultades que, a partir de 1956, se fueron acumulando en el campo de la economía provocaron otra modificación en la política económica del régimen franquista.
De esta manera, a partir de 1957, un grupo de nuevos ministros, los llamados tecnócratas, tomaron en sus manos el control de la política económica de España. A lo largo de la década de 1960 los políticos tecnócratas serán los encargados de dirigir la economía del país.
Franco había formado en 1957 un nuevo Gobierno en el cual dos personalidades destacadas de este grupo ocuparon dos carteras básicas en el área económica. Estas fueron la de Comercio, desempeñada por Alberto Ullastres, y la de Hacienda, a cuyo frente se situó a Mariano Navarro Rubio.
Los nuevos ministros elaboraron un Plan de estabilización Económica, que consideraban imprescindible para asentar sobre una base sólida el proceso de crecimiento económico que se quería iniciar.
El Plan de Estabilización fue aprobado por el Gobierno el 21 de julio de 1959. Mediante este decreto se impusieron una serie de medidas básicas para orientar la economía del país, entre las que destacaban:
– Reducción del excesivo gasto estatal; esto implicó restricciones en la concesión de créditos y congelación de los salarios.
– Desaparición progresiva de los controles del Gobierno sobre las actividades económicas.
– Apertura de la economía española a los mercados exteriores aumentando las facilidades para la realización de exportaciones.
La finalidad última de esta operación de política económica era poner en contacto la economía española con la internacional.
Como consecuencia de estas medidas, a lo largo de los años 60, la economía española entró en una etapa de fuerte crecimiento. Este fue más notable en algunas regiones del país, las denominadas regiones industriales: el País Vasco, Cataluña y Valencia. A su vez, algunas ciudades como Madrid, Burgos, Valladolid, Zaragoza, Vigo, La Coruña, Huelva y Sevilla se convirtieron en importantes núcleos de desarrollo.
En el periodo 1957-1970 la población española pasó de 29.784.019 habitantes a 34.032.801.vEn diez años el aumento de población había sido superior al que se había registrado en los veinte transcurridos entre 1940 y 1960, evaluado en sólo dos millones. Semejante modificación del ritmo de crecimiento demográfico fue debido, básicamente, a la disminución de los índices de mortalidad.
La segunda característica demográfica de este periodo fue la gran movilidad de la población.vLas migraciones de los años 60 resultaron verdaderamente espectaculares. Se trataba, en primer lugar, de la emigración de los trabajadores que se trasladaron a los distintos países de Europa Occidental. Entre 1963 y 1973 salieron de España casi un millón de personas que iban a trabajar a Francia, Alemania y Suiza.
Pero el fenómeno más impresionante al respecto fue el de las migraciones internas.vEstas pusieron en movimiento una gran cantidad de españoles que abandonaban su región de origen para ir a establecerse en zonas industrializadas.
El crecimiento de los años 60 provocó una profunda transformación de la sociedad española, que pasó de ser predominantemente rural a convertirse en urbana en apenas dos décadas. La urbanización de buena parte de la población fue una consecuencia de la modificación de la actividad económica.
Una sociedad urbanizada suele ser, normalmente, una sociedad más alfabetizada que una sociedad rural. Efectivamente, a lo largo de los años 60 el nivel educativo de la población española se fue aproximando al de los otros países de la Europa Occidental.
La crisis del régimen franquista (1971-1975).
A lo largo de esta etapa se sucedieron tres Gobiernos que tuvieron que afrontar los problemas propios de un sistema que cada vez encontraba más dificultades para mantener la vida política del país dentro del marco del régimen.
En la formación del primero de ellos, consecuencia de la implicación de varios ministros en el “caso Matesa”, destaca la figura del almirante Carrero Blanco, nombrado vicepresidente. La importancia de este nombramiento residía no sólo en el cargo, sino en los poderes que adquiría como consecuencia del deterioro de la salud del general Franco.
En esta situación, Carrero Blanco era el hombre encargado de mantener en pie el espíritu y las formas del sistema franquista.
No obstante, el empeoramiento de la salud de Franco parece que fue el elemento determinante de la operación política que se realizó en junio de 1973. Por primera vez, Franco abandonó la jefatura del Gobierno, entregándosela al almirante Carrero Blanco. Este empezó su actuación excluyendo de su Gobierno a las personalidades del ejecutivo anterior que se habían manifestado partidarias de la transformación del sistema.
Sin embargo, los proyectos de Franco y de Carrero fueron truncados por un atentado, reivindicado por ETA, que costó la vida al almirante el día 20 de diciembre de 1973.
Después de la muerte de Carrero, la única preocupación de Franco, incapaz ya de elaborar nuevas estrategias políticas, parecía ser el mantenimiento del orden público. Así se explica que nombrara jefe de Gobierno a Carlos Arias Navarro, que había sido ministro de la Gobernación en el Gobierno presidido por Carrero Blanco.
El Gobierno de Arias Navarro se encontró con problemas cada vez más graves, a lo que se añadía que la salud de Franco empeoraba. Finalmente, en la madrugada el 20 de noviembre de 1975, el general Francisco Franco moría en Madrid.
3. La política exterior.
La política internacional del periodo 1939-1943.
Al comienzo de la II Guerra Mundial, como consecuencia del apoyo germano-italiano recibido durante la Guerra Civil, el Gobierno español empezó a recibir presiones de ambos países, que le pedían alguna clase de apoyo.
En un primer momento, el ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder, pudo mantener la neutralidad. Pero pronto la presión de Alemania le obligó a para a la no beligerancia. A partir de ese momento se fueron imponiendo, en el Gobierno español, los partidarios de adoptar una actitud más favorable hacia el Gobierno alemán.
En octubre de 1940 Serrano Suñer sustituyó a Beigbeder al frente de Exteriores, iniciándose así una etapa de colaboración con Alemania que se alargó hasta 1943. Al parecer Hitler contaba con la intervención española en la guerra para realizar un proyecto militar: el cierre del estrecho de Gibraltar a los barcos británicos. Sin embargo, la entrevista entre Hitler y Franco, celebrada en Hendaya en octubre de 1940, no dio los resultados que el Führer esperaba.
Cuando en 1941 se produjo el ataque alemán a la URSS, Franco vio la oportunidad de ofrecer su apoyo a Alemania. Se creó un cuerpo de voluntarios españoles, la División Azul, para ir a luchar al frente ruso al lado de los alemanes.
Sin embargo, en otoño de 1942 la situación militar de Alemania empezó a deteriorarse. A partir de ese momento el Gobierno español inició, tímidamente, su distanciamiento de los alemanes. En septiembre de 1943 Serrano Suñer fue sustituido por el conde de Jordana al frente de Exteriores. A su vez, se retornó a la situación diplomática de neutralidad, mientras los combatientes de la División Azul volvían a España.
El bloqueo internacional del régimen franquista (1945-1948).
La victoria de los aliados sobre Alemania, Italia y Japón desencadenó una fuerte oposición internacional contra los gobiernos que habían ofrecido algún tipo de apoyo a los vencidos.
Esta oposición internacional se abatió, entre 1946 y 1948, sobre el régimen político español. La ofensiva empezó en enero de 1946, con una nota oficial de los gobiernos de los EE.UU., Gran Bretaña y Francia, en la que se rechazaba la legitimidad del régimen español. A su vez, en el documento se manifestaba la esperanza de que la oposición interior al régimen lograra cambiar el sistema político de España.
Esta declaración se vio confirmada solemnemente en la ONU cuando, el 13 de diciembre de 1946, la Asamblea General condenó el régimen español. También se recomendaba a los países miembros retirar su embajada de Madrid.
La presión internacional adoptó pronto un nuevo aspecto: el bloqueo económico. Sólo algunas excepciones, como la Argentina gobernada por el general Perón, dieron un pequeño respiro a la economía española al proporcionarle el trigo que necesitaba urgentemente.
Franco reaccionó con dureza ante esta ofensiva internacional. La propaganda franquista, que adoptó tonos de un nacionalismo exaltado, supo presentar esta presión como un atentado intolerable a la dignidad y a la soberanía del pueblo español. Una gran manifestación, convocada en Madrid en diciembre de 1946, representó el punto culminante de esta campaña propagandística.
La Guerra Fría y el viraje de la política internacional (1948-1955).
A partir de 1948, la situación internacional dio un vuelco espectacular: empezó la Guerra Fría, con los EE.UU. y la URSS como protagonistas. Por este motivo, a partir de ese año, la política exterior norteamericana se basó en un anticomunismo radical, siendo su objetivo conseguir aliados seguros.
El régimen español fue integrándose en el bando de los países liderados por los EE.UU. y, poco a poco, se fueron sucediendo una serie de hechos significativos:
– En octubre de 1950 la ONU levantaba su veto contra el régimen político español.
– En el año 1951 España empezaba a integrarse en algunos organismos dependientes de la ONU, empezando por la FAO.
– En 1953 se firmaban los acuerdos entre el gobierno español y el de EE.UU.
– Finalmente, en el año 1955 España ingresaba en la ONU como miembro de pleno derecho.
4. La oposición al Régimen.
Conflictos y reivindicaciones.
A lo largo de los años 60 se fue extendiendo entre los estudiantes universitarios un fuerte movimiento de oposición política al régimen franquista. A principios de la década, los dirigentes del SEU, que era el sindicato oficial de los universitarios, aceptaron que algunos de sus cargos fueran elegidos por los estudiantes. Pronto se pudo comprobar que resultaban elegidos los estudiantes más críticos con el régimen franquista.
El paso siguiente de este movimiento de contestación en la Universidad fue el rechazo del SEU y el inicio de los incidentes dentro de los recintos universitarios a partir del año 1962. En 1965 ya se concretó, en las Universidades de Madrid y de Barcelona, el intento de crear un Sindicato Democrático de Estudiantes. Este hecho marcaría el inicio de un periodo de agitación endémica en la Universidad.
Fuera del ámbito universitario cabe destacar los movimientos contestatarios protagonizados por los trabajadores. La tímida apertura del Gobierno que, desde 1954, había autorizado la elección de representantes sindicales por parte de los trabajadores, tuvo como consecuencia la rápida transformación de panorama sindical.
En 1958 el Gobierno promulgó la Ley de Convenios Colectivos, por la cual se aceptaba claramente que la negociación sobre salarios y condiciones de trabajo la realizarían: Los representantes de los trabajadores, aún encuadrados dentro del sindicato oficial, junto con los empresarios. Pero a partir de ese momento, cada una de las negociaciones, una para cada sector, empezó a ir acompañada de una oleada de conflictos.
En septiembre de 1962 se aprobó la Ley de Conflictos Colectivos. En ella se aceptaba, por primera vez, que pudieran existir en España huelgas que no fueran ilegales, aunque se tomaron las precauciones para restringirlas al máximo.
Durante la huelga de 1962 se produjeron una serie de hechos que iban a modificar a fondo el panorama sindical del país. Para organizarla se habían creado en algunas poblaciones unas comisiones de obreros encargadas de dirigir el proceso. Una vez finalizada la huelga, alguna de estas comisiones no se disolvieron, llegando a formar con el tiempo Comisiones Obreras (1964).
A lo largo de la década siguiente la agitación iniciada en los años 60 no sólo no se redujo, sino que fue en aumento. En la Universidad los conflictos se convirtieron en algo endémico. Se trataban siempre de problemas de raíz política que degeneraban en una agitación permanente. El Gobierno ya no sabía cómo atajarla; la medida más frecuente consistía en mantener cerradas las aulas universitarias durante largos periodos de tiempo.
Por su parte, el movimiento de reivindicación de los trabajadores, dirigido normalmente por CCOO, iba también en aumento. Las huelgas, que raramente podían ser consideradas legales, acarrearon en 1968 la pérdida de 4,5 millones de jornadas de trabajo, para ascender, en 1974, a 44 millones.
Los grupos políticos de la oposición.
A partir de 1960 algunas personalidades de ideología liberal y democratacristiana que residían en España, empezaron a manifestar su oposición al régimen franquista. Además, se declaraban partidarios de la implantación de un régimen de democracia liberal parlamentaria en España. Algunas de estas personalidades –Gil Robles, Álvarez de Miranda, Joaquín Satrústegui– se reunieron en Munich (junio de 1962) con miembros de la oposición que estaban exiliados. El Gobierno llamó a esta reunión “El Contubernio de Munich”.
Dentro de la ideología socialista existían grupos y tendencias muy variados:
– Dionisio Ridruejo, un falangista de los primeros tiempos, fundó en esa época un grupo, Acción Democrática, de tendencia socialdemócrata.
– La dirección del PSOE seguía establecida en el exilio, pero en el interior del país se organizaban grupos de militantes que, con el paso del tiempo, adquirieron más importancia.
– En Cataluña existía un grupo de ideología socialista, el MSC (Moviment Socialista de Catalunya) que había sido creado en el Sur de Francia en el año 1945.
En los años 60 los comunistas se agrupaban en el PCE (Partido Comunista Español). Este partido, dirigido desde el exilio por personalidades nuevas, como su secretario general Santiago Carrillo, realizó en este periodo una constante labor de penetración en la sociedad. Ya en la década de 1950 habían modificado su mensaje: abandonaron la Guerra Civil y la revancha para embarcarse en un proyecto de reconciliación nacional.
No obstante, a partir de 1973, surgieron a la izquierda del PCE grupos radicalizados que preconizaban la lucha armada y practicaban el terrorismo (fenómeno similar al alemán o al italiano). Entre estos destacaban FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico) y los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).
Los comunistas catalanes de esa época se agruparon, a su vez, en el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), totalmente controlado por el PCE.
En el País Vasco subsistía el PNV como máximo representante de la ideología nacionalista. Su dirección estaba en el exilio, donde mantenía el Gobierno vasco.
A partir de 1959 algunos grupos de jóvenes nacionalistas comenzaron a distanciarse del PNV por considerarlo demasiado moderado. De estos grupos iba a surgir ETA (Euzkadi Ta Askatasuna: Euskadi Patria y Libertad) en 1962. Los miembros de ETA se inclinaron por una ideología socialista y, a partir de 1968, iniciaron la “lucha armada” contra el Estado español.
5. Conclusiones.
En la década de 1960, se produjo en España una profunda transformación económica y social. El país que, en 1939, era predominantemente rural y agrario, se convirtió en urbano e industrial durante ese periodo.
El principal motor del cambio fue el proceso de industrialización, que produjo un aumento de la producción industrial y del número de trabajadores del sector secundario. Estos trabajadores procedían en buena parte del mundo rural y acudían a las ciudades más industrializadas con el fin de mejorar su nivel de vida.
En paralelo a esta transformación económica, empezaron a surgir reivindicaciones sociales y posturas críticas en los sectores obreros y en el mundo universitario.
Al mismo tiempo, el propio régimen franquista, incapaz de adaptarse a los cambios que se estaban produciendo, encontraba cada vez más dificultades para ser aceptado.
En el periodo comprendido entre 1969 y 1975, el franquismo vivió una larga agonía, provocada por la evolución económica, social y cultural del país, así como por los deseos de apertura política que mostraba la población. Al mismo tiempo, la salud del dictador se deterioraba a marchas forzadas: era evidente que, sin la presencia de su arquitecto y cabeza omnipresente, era imposible mantener el régimen.
Así, la muerte del general Franco puso fin a una dictadura que a lo largo de la última década había mostrado claros síntomas de agotamiento: se abría la puerta a un periodo de transición a la democracia.
Presento a continuación un texto que escribí en mayo de 2007 para la revista digital “Luz y Taquígrafos”. El sexto número de esta publicación se dedicó, con motivo del Día de Europa -9 de mayo-, al proceso de integración europeo. Yo me decidí, animado por los recientes acontecimientos de abril y mayo, a tratar la cuestión turca dentro del marco de su posible incorporación a la Unión Europea. Este es el resultado.
La Historia de los turcos es la de un pueblo que lleva casi mil años llamando a las puertas de Europa. Constituyen el recuerdo de una antigua amenaza para la entonces llamada Cristiandad, pero también el de un muro de contención contra las imprevisibles y devastadoras incursiones centroasiáticas. Forman parte de la tradición histórica de nuestro entorno; sin embargo, somos muy diferentes. Han sido durante mucho tiempo el límite oriental del mundo europeo. Y, como habitantes de una tierra de frontera, han desarrollado aspectos culturales propios de nuestro ámbito, pero también del de otros pueblos situados más allá de ese limes. Tal vez esa peculiar situación geográfica sea la responsable de que hoy por hoy los europeos veamos al turco como un extraño.
Turquía comenzó hace más de ochenta años su proceso de occidentalización. De la mano de Mustafa Kemal Atatürk se iniciaron una serie de reformas tendentes a desislamizar el Estado y proporcionar a la población una educación moderna y de carácter liberal. Incluso, en ese afán por abandonar las viejas tradiciones, el líder turco llegó a prohibir el alfabeto árabe, imponiéndose como oficial el de tipo occidental. Tras la Segunda Guerra Mundial, Turquía se convirtió en una pieza clave en el escenario de Guerra Fría como aliada de los Estado Unidos. Eso explicaría las abundantes ayudas que recibió del Plan Marshall, y su elección como miembro del Consejo de Europa en 1949. No obstante, su entrada en el proyecto comunitario se frustró en tres ocasiones –1973, 1981 y 2004- por la desidia de sus gobernantes y las dificultades internas.
Entre estas últimas destaca una que, a día de hoy, todavía preocupa notablemente en Bruselas. Se trata de la continua intromisión del ejército en la vida política del país. Desde los años de gobierno de Atatürk, los militares han cumplido el papel de defensores de la democracia y la laicidad del Estado. Esto explicaría un fenómeno que en Occidente, cuya Historia casi siempre ha funcionado en el sentido contrario, difícilmente podemos entender: el ejército es el garante del liberalismo republicano. Así ha sucedido hasta la década de 1980, cuando se produjo el último de los cuatro golpes militares vividos por Turquía desde el final de la Gran Guerra. Es cierto que desde entonces el estamento militar no ha vuelto a tomar el control directo del país, pero su sombra –como bien se ha podido comprobar a raíz de la crisis presidencial de este año- siempre ha estado presente en la vida política nacional.
Turquía pretende ahora acercarse a la Unión Europea, y esta, consciente de la complejidad de la cuestión, elude responder de forma inmediata. Los miembros comunitarios no quieren precipitarse a la hora de dar entrada a un gigante tan peculiar en el seno de Europa. Por su parte, los turcos, de la mano del islamista Recep Tayyip Erdogan, repiten la misma jugada que durante siglos han utilizado para alcanzar sus objetivos: presionar al adversario –en este caso futuro aliado- jugándose todo a una carta. Sin embargo, como tantas veces les ha sucedido en la Historia a los gobiernos turcos y otomanos, se han encontrado con divisiones dentro de su propio territorio: son muchos los turcos que no quieren entrar en Europa. Y, para complicar la cuestión, son más los europeos que no desean ver dentro del proceso integrador a los hijos de la media luna.
Las negociaciones para la adhesión de Turquía a la Unión Europea como miembro de pleno derecho se iniciaron el 3 de octubre de 2005. El largo camino de los turcos hacia el paneuropeísmo parecía estar llegando a su fin cuarenta años después. Sin embargo, los ciudadanos europeos hemos abierto un debate completamente nuevo: se trata de dilucidar si queremos tener a los antiguos otomanos dentro de nuestro proceso integrador. Y, como suele suceder en los casos en que la prensa no especializada toma la batuta, la discusión está marcada por la ignorancia y los viejos prejuicios.
De pronto han resurgido de las páginas de la Historia las figuras de los antiguos sultanes que ponían cerco a Viena y asaltaban naves venecianas en el Mediterráneo Oriental. La atención de nuestros ojos se ha centrado en su retraso socioeconómico y en el auge de los movimientos islamistas en todo Próximo Oriente. Se han magnificado las diferencias al tiempo que se tapan las numerosas similitudes. En definitiva, muchos europeos estamos dando la espalda a los esfuerzos turcos que, sin ser suficientes, no merecen tal desprecio por nuestra parte.
Nos olvidamos de aquellos sultanes que negociaron con Europa, que respetaron a los cristianos de sus territorios, que frenaron las hordas asiáticas dispuestas a terminar con la cultura occidental… Reprochamos a los gobernantes turcos la deplorable situación de su país mientras dejamos entrar en la Unión a naciones –véase el caso rumano- con similar nivel de desarrollo. Les cerramos las puertas por miedo al Islam sin percatarnos de que un aliado poderoso dentro del mundo musulmán sería beneficioso para la propia Europa.
No obstante, lo curioso es que a esta nación no se le perdona ninguno de sus errores y carencias, mientras que otros países en situaciones similares pudieron integrarse fácilmente en el ámbito europeo sin demasiados reproches. Es más, los turcos tienen una mayor riqueza que aportar a Europa, tanto en el ámbito geoestratégico como en el cultural. A mi juicio, Turquía está llamada a ser la puerta de Europa en sus futuras relaciones con el Islam. Y eso incluye tanto el avispero de Oriente Próximo como toda la franja costera del norte de África. También es, por tradición histórica, uno de lo grandes protagonistas de la región que más quebraderos de cabeza ha dado a Europa: los Balcanes. Turquía vendría a cerrar el círculo creado con la integración de los antiguos países del Este, al tiempo que daría a la Unión un mayor potencial diplomático y militar. El peso de los europeos en política exterior se vería sumamente reforzado con la presencia turca.
Una de las cuestiones que más ha perjudicado a Turquía en este debate sobre su posible entrada en la Unión Europea ha sido la relativa al genocidio armenio. No pretendo quitar hierro a un asunto tan grave como este, pero pienso que exige atender a numerosos matices. Armenia pertenecía desde siglos atrás al Imperio Otomano, y sus habitantes habían convivido pacíficamente con los turcos. Incluso habían llegado a desempeñar altas responsabilidades de gobierno.
No obstante, a finales del XIX, al tiempo que el territorio de los sultanes era invadido por el nacionalismo turcomano, los armenios rescataron del baúl de la Historia su propia identidad. Reclamaban un Estado-nación propio, algo que el gobierno de Estambul no podía permitir. La actuación imperial para detener el movimiento independentista no estuvo exenta de actos represivos. Sin embargo, hasta 1915 la situación estuvo marcada por una relativa normalidad.
Fue en la Gran Guerra cuando las autoridades otomanas, previendo el peligro quintacolumnista que el pueblo armenio constituía en la frontera con Rusia, se decidieron a internar a miles de personas en campos de prisioneros. Se esperaba para el verano de 1915 una invasión zarista que contase con el apoyo incondicional de la población de Armenia; por esa razón se optó por trasladar a los habitantes de esta región al sur del Imperio. No se trataba de una operación de exterminio como la que llevarían a cabo los nazis treinta años después, pero todo acabó en tragedia.
La causas de esta catástrofe, no del todo involuntaria, fueron la escasez de suministros que asoló Anatolia desde esa fecha hasta el final de la contienda, el odio al “traidor armenio”, y la dureza física que suponía trasladar por el desierto a miles de personas famélicas con el calor del verano a sus espaldas. La mayor parte de los deportados sucumbieron de camino a su destino, y los que quedaron vivos acabaron por encontrar la muerte en los propios campos de prisioneros.
No se trató, aunque muchas veces se ha querido ver así, de un plan para exterminar la nación Armenia. Y, aunque así fuera, eso justificaría poco el empeño occidental por lastrar a los turcos con semejante losa. Fue el Imperio Otomano, y no la República de Turquía, la que llevó a cabo tales actos. La nueva nación democrática y laica surgida tras la Gran Guerra hizo todo lo posible por alejarse de la herencia imperial. Sería, pues, una situación similar a la de los alemanes cuando renegaron del Tercer Reich. La diferencia es que a Alemania se le permitió dar ese paso, mientras que en el caso turco miramos con recelo y desconfianza ese deseo por olvidar el pasado.
Desde Bruselas se exige a Turquía que pida perdón por el exterminio armenio de 1915. Sin embargo, los europeos nos olvidamos con demasiada facilidad de los años del imperialismo. Naciones como Inglaterra, Italia, Francia o Alemania tienen tras de sí –incluso en el siglo XX- una larga lista de víctimas equiparable, si no superior, a la de los turcos. Hoy todos nos sentamos juntos para construir una Europa más justa y solidaria; nos horrorizamos por los errores cometidos en el pasado, y procuramos evitar que se repitan ¿Acaso no debemos dar la misma oportunidad a la República Turca? Han de pedir perdón, eso está claro, pero esperemos que ahí termine el acoso contra la candidatura de los turcos.
En las últimas semanas Turquía ha sido noticia por el enfrentamiento entre islamistas y kemalistas. Los primeros, agrupados en torno a la formación política mayoritaria en el Parlamento –Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP)-, trataron de llevar a la presidencia de la República a Abdullah Gül, Ministro de Exteriores del ejecutivo Erdogan. Por su parte, la oposición –Partido Republicano del Pueblo (CHP)-, con el apoyo del Ejército y del Tribunal Constitucional, logró bloquear ese nombramiento. En definitiva, el país ha atravesado la mayor crisis institucional y política de los últimos veinte años.
Estas pocas líneas resumen los hechos acaecidos en Turquía a lo largo del malogrado proceso de investidura de Abdullah Gül. No obstante, detrás de cada una de esas palabras se vislumbra cuál es la situación actual de la política turca; reflejo, al fin y al cabo, de su desarrollo a lo largo del siglo XX. El kemalismo sirvió en su momento para modernizar la nación y librarla de las ataduras de la confesionalidad más estricta. Sin embargo, ochenta años después, su discurso choca con la libertad religiosa defendida por las democracias occidentales. Atatürk, en su afán por desislamizar Turquía, pisoteó muchos derechos reconocidos como fundamentales por la Carta de los Derechos Humanos y los propios postulados del liberalismo democrático.
Ahí es donde se sitúan los llamados islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo. No son, como piensan los altos mandos del ejército turco –de ahí su oposición al AKP-, radicales ni fundamentalistas; tampoco han de ser considerados continuadores de las formaciones políticas fundadas por Necmettin Erbakan. Los actuales gobernantes de Turquía son republicanos y demócratas que defienden un ligero, a la par que necesario, viraje en la política kemalista. Desean vivir en una nación laica –que no laicista-; un país que reconozca los derechos de las religiones, incluida la musulmana. Y son precisamente estos hombres los que desean ardientemente entrar en la Unión Europea.
Desde Occidente se mira con desconfianza a los miembros del actual gobierno turco por tratarse de islamistas. Sin embargo, esa denominación no tiene, como en otras naciones musulmanas, un carácter radical. Son personajes contrarios al laicismo predominante en Turquía. No quieren volver al Estado-religión de otras épocas y lugares, sino establecer una aconfesionalidad respetuosa con las creencias. Por esa razón miran a Europa. Esperan que ella ayude a consolidar su democracia, a hacerla más estable. Buscan también en la Unión un respaldo a sus reivindicaciones en pro de la libertad individual; en este caso referida a la expresión religiosa.
Por su parte, no quedan dudas, tras las últimas declaraciones de las autoridades comunitarias, de que Bruselas prefiere a Abdullah Gül al frente de Turquía. Una vuelta de la élite kemalista al poder reavivaría las llamas del nacionalismo turco, contrario a la integración de la República en Europa. El futuro es incierto, aunque todo parece indicar que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) volverá a imponerse sobre las destartaladas filas socialdemócratas en las elecciones del próximo mes de julio. Para entonces, con el sólido respaldo de las urnas, Recep Tayyip Erdogan podrá operar el cambio que necesita Turquía para encaminarse definitivamente a Europa.
