Oposiciones Secundaria | Tema 53


¿Quieres ir bien preparado a las oposiciones de Geografía, Historia e Historia del Arte de Secundaria? Si es así, quizá te sirva el material que pongo a tu disposición. El siguiente es uno de los temas que elaboré en su momento y, aunque cada caso es distinto, al menos a mí me ayudó a sacar la plaza.

A continuación dejo como archivo adjunto un pdf con el texto del tema 53. He decidido mantener el formato de puntos que tan buen resultado me ha dado en mi estudio, pero se puede convertir fácilmente en un texto compuesto por párrafos largos. También dejo más abajo la bibliografía utilizada y, en breve, espero hacer un vídeo dedicado a esta cuestión.

DESCARGA EL PDF: Tema53_La dictadura franquista

BIBLIOGRAFÍA:

  1. R. Carr, España: de la Restauración a la democracia, 1875-1980.
  2. R. De la Cierva, La historia del franquismo.
  3. E. Díaz, El pensamiento español en la era de Franco.
  4. R. Gunther, Política y cultura en España.
  5. J. M. Maravall, Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes.
  6. A. Miguel, Manual de estructura social de España.
  7. J. Paredes, Historia de Contemporánea de España.
  8. S. G. Payne, El régimen de Franco.
  9. M. Ruiz Carnicer, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1936-1965.
  10. M. Ruiz Carnicer, La universidad española bajo el régimen de Franco.
  11. J. Sinova, La censura de prensa durante el franquismo (1936-1951).
  12. L. Suárez, Franco.
  13. R. Tamames, Introducción a la economía española.
  14. J. Tusell, La oposición democrática al franquismo.

 

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Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma Política de 1976; Ley de Amnistía de 1977


NONAGÉSIMO QUINTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

Una vez se produjo la dimisión de Carlos Arias Navarro y el nombramiento como presidente de Adolfo Suárez en julio de 1976, el nuevo gobierno inició un conjunto de reformas con las que, en el plazo de un año, se desmontó la estructura e instituciones del régimen franquista. El objetivo era, al fin y al cabo, sustituir la dictadura por una monarquía parlamentaria y democrática donde se respetara la división de poderes y se erradicara la represión política, socio-laboral y cultural. Ahora bien, a través de un proceso que respetara la legalidad vigente –“de la Ley a la Ley”-, por lo que había que convencer a los miembros de las Cortes franquistas de que aprobaran una Octava Ley Fundamental que desmantelara el sistema desde dentro.

A los pocos días de terminar de configurarse el gobierno de Adolfo Suárez hizo pública su declaración programática, en la que destacaban dos compromisos básicos:

  • La elaboración de una Ley para la Reforma Política que, una vez aprobada por las Cortes y por los españoles en referéndum, permitiera abrir un proceso constituyente para implantar en España un nuevo régimen. Este texto venía a ser, en realidad, el acta de autoliquidación del franquismo, ya que simplemente eliminaba, desde el respeto escrupuloso de la ley, los obstáculos existentes para iniciar la construcción de una democracia.
  • La convocatoria de unas elecciones para elegir unas nuevas Cortes, que serían las encargadas de elaborar la nueva constitución.

El proyecto de Ley para la Reforma Política fue elaborado por el Gobierno a lo largo del verano de 1976 y presentado y debatido en las Cortes en noviembre. Finalmente, el texto salió adelante con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Posteriormente, con la participación de un 77.72% de la población, fue aprobada en el referéndum del mes de diciembre. El camino para la celebración de las primeras elecciones democráticas desde febrero de 1936 quedaba abierto, de tal modo que estas fueron convocadas para el 15 de junio de 1977. Ahora bien, Suárez entendía que, para un correcto desarrollo de los comicios, era precisa la participación de las fuerzas políticas de oposición. Por ese motivo, con el fin de ganarse su confianza y dar credibilidad a la reforma que había emprendido, adoptó las siguientes medidas:

  • En marzo de 1977 amplió la amnistía política parcial decretada en julio del año anterior (Ley de Amnistía), y en mayo se reformó nuevamente para su aplicación a todos los encarcelados por motivos ideológicos.
  • En diciembre de 1976 se disolvió el Tribunal de Orden Público (TOP).
  • En marzo de 1977 se legalizó el derecho a la huelga, y un mes después se decretó la libertad sindical.
  • En abril de 1977 se legalizaba el PCE, haciendo posible así su participación en las elecciones de junio.

Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de ellas


NONAGÉSIMO CUARTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

Existe un acuerdo global a la hora de situar la transición española dentro de la “tercera ola” democratizadora enunciada por Samuel P. Huntington. Asimismo, se observa un amplio consenso en torno a la labor realizada, que consistía en desmantelar el viejo régimen, dar voz institucional a la oposición democrática, reconocer a los partidos políticos, los derechos de los sindicatos y el derecho de catalanes y vascos a ser culturalmente diferentes y políticamente autónomos, todo esto sin provocar una reacción autoritaria por parte del ejército y del búnker franquista, sin desatar los viejos demonios históricos de la primera y de la segunda República española y de todas las guerras civiles de la España contemporánea.

Ahora bien, para una mejor compresión de ese proceso de cambio, es preciso describir la situación política del país a la muerte del General Franco. En ese contexto distinguimos tres grandes proyectos: continuismo, reforma y ruptura. El primero de ellos, al que se adscribían los grupos más involucionistas de la administración estatal -el bunker-, se caracterizó por una defensa a ultranza del régimen político tal y como se había forjado durante la Guerra Civil y los años de posguerra; es decir, sin admitir ningún tipo de cambio en lo relativo a la organización del poder, las Leyes Fundamentales y los derechos y libertades de la ciudadanía. En el otro extremo se situaban los partidarios de romper con el pasado franquista e instaurar en España una democracia a través de un proceso de cambio político en el que, si bien no era lo deseado, no se renunciaba a la vía revolucionaria. Dentro de ese grupo se situaban los grupos de izquierdas, con especial protagonismo del PSOE y del PCE, así como los nacionalistas periféricos.

Por último, en una posición intermedia entre las otras dos posturas, se situaban los reformistas, grupo integrado tanto por los aperturistas del régimen como por la oposición mas moderada; democristianos, liberales y socialdemócratas fundamentalmente. Su objetivo, al igual que el de los rupturistas, era la sustitución de la dictadura del general Franco por un régimen democrático con sufragio universal, la desaparición de la represión y la división de poderes que ello conlleva. Sin embargo, entendían que ese proceso debía realizarse desde la legalidad franquista –“de la Ley a la Ley”-, desmontando piedra a piedra el régimen dictatorial sin rupturas ni discontinuidades.

Desde el primer momento se hizo evidente que los ciudadanos deseaban, de forma mayoritaria, la democratización del país, pero sin sacrificar la paz y el orden. Esto sólo dejaba una posibilidad, la reforma, que fue el camino seguido por el proceso de transición hasta la aprobación, el 15 de diciembre de 1976, de la Ley para la Reforma Política. En ese periodo de casi trece meses, los españoles fueron testigos de cómo, tanto el búnker como la oposición rupturista al régimen, fracasaban en sus respectivos proyectos.

No obstante, una vez llevada a cabo la reforma legal desde arriba, los reformistas del régimen no podían continuar el tránsito a un orden democrático sin la ayuda de la oposición. Necesitaban atraerse a los sectores más moderados de entre las filas rupturistas, lo que supuso aceptar buena parte de sus postulados. De esta manera, el cambio político pudo llevarse a cabo porque ambos proyectos, reformista y rupturista, cedieron en determinados aspectos con el fin de constituir un régimen democrático. De hecho, la democratización del país era la meta común de los dos grupos, que tan sólo diferían en la manera de llevarlo a cabo. A este respecto, podemos decir que en un principio, por la lógica del momento ya enunciada anteriormente, se impuso la vía reformista; sin embargo, más adelante comenzaron a integrarse también algunos rasgos del proyecto rupturista.

Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos históricos


NONAGÉSIMO TERCER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

1939. Comienzo de la autarquía.
1940. Encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya.
1941. Creación del Instituto Nacional de Industria (INI).
1941. Envío de los voluntarios de la División Azul.
1942. Ley Constitutiva de las Cortes.
1944. El PCE organiza una entrada masiva por los Pirineos.
1945. Manifiesto de Lausana de D. Juan de Borbón.
1945. Fuero de los Españoles.
1946. La ONU rechaza la entrada de España.
1946. Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado.
1948. El PCE renuncia a la táctica guerrillera.
1950. ONU autoriza la entrada de España en organismos internacionales.
1953. Concordato con la Santa Sede.
1953. Tratado económico y defensivo con los EE.UU.
1955. Ingreso de España en la ONU.
1956. Revuelta de los estudiantes universitarios en Madrid.
1956. España reconoce la independencia de Marruecos.
1958. Ley de Principios del Movimiento Nacional.
1958. Entrada de España en el FMI y en el Banco Mundial.
1959. Plan de Estabilización Económica.
1959. Fundación de ETA.
1962. “Contubernio de Múnich”.
1962. Fundación de las Comisiones Obreras.
1963. Ejecución de Julián Grimau.
1963. Puesta en marcha de los Planes de Desarrollo.
1966. Ley de Prensa.
1966. Ley Orgánica del Estado.
1969. Juan Carlos de Borbón nombrado sucesor en la Jefatura del Estado.
1970. Proceso de Burgos contra los miembros de ETA.
1973. Luis Carrero Blanco es nombrado presidente del Gobierno.
1973. “Proceso 1001” contra los dirigentes de Comisiones Obreras.
1973. ETA asesina a Carrero Blanco.
1974. Ejecución del anarquista Puig Antich.
1975. Ejecución de cinco miembros de ETA y FRAP.
1975. Entrega del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania.
1975. Muerte de Francisco Franco.

Explica la organización política del Estado franquista


OCTOGÉSIMO OCTAVO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

El elemento clave de la dictadura fue, precisamente, la figura del general Franco, sin el cual resulta imposible comprender la naturaleza del régimen autoritario que se desarrolló en España de 1939 a 1975. De ahí que se tienda a hablar de una dictadura personal en la que, por la pertenencia de su líder al estamento militar, el ejército desempeñó un papel fundamental como pilar del Estado. A esto hemos de añadir que, durante la Guerra Civil, Franco fue concentrando en sus manos cada vez más poder: Generalísimo de todos los ejércitos, Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno y líder del único partido político legal, el “Movimiento Nacional”.

Con el tiempo, ese régimen personal y de corte autoritario fue desarrollando su propia estructura legal en forma de las llamadas Leyes Fundamentales del Reino: Fuero del Trabajo (1938), Ley Constitutiva de las Cortes (1942), Fuero de los Españoles (1945), Ley de Referéndum Nacional (1945), Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) y Ley Orgánica del Estado (1966). Este conjunto de textos permitió sentar las bases de un Estado corporativo que, según sus arquitectos legales, debía perdurar más allá de la vida del propio dictador.

Además, establecía los cauces para la participación de los ciudadanos en la vida política del país; si bien dentro de los estrechos márgenes permitidos por el régimen, y siempre supeditada a su voluntad. De hecho, las Cortes desempeñaban un papel meramente consultivo y servil con respecto al Ejecutivo. El proceso de elección de sus miembros se realizaba a través de la llamada “democracia orgánica”, según la cual los españoles eran representados por los llamados “órganos naturales”: familia, municipio y sindicato. En ese proceso de configuración legal, España pasó a definirse como un reino. De esta manera, tal como quedó fijado en la Ley de Sucesión de 1947, llegado el momento debía sustituir a Franco un Jefe del Estado que ostentara el título de rey.

Por último, hemos de hacer mención a la Administración del Estado, caracterizada por su marcado centralismo. Con este fin, se nombraron gobernadores civiles en cada una de las provincias para administrarlas de acuerdo a las directrices salidas de Madrid. Desde el Gobierno Civil, cuyo máximo responsable era también Jefe Provincial del Movimiento, también se elegían a los alcaldes, por lo que la política estatal tenía su reflejo también a nivel local.

La dictadura franquista (1939-1975)

1. Introducción.

La historia política de España durante el periodo 1939-1975 presenta una característica constante: la dictadura personal del general Francisco Franco. Si analizamos el poder que se le otorgaba, comprobaremos que este poseía el alto mando supremo del Ejército y los dos poderes políticos básicos: legislativo y ejecutivo. De esta forma, Franco podía hacer las leyes, aprobarlas, promulgarlas y, al mismo tiempo, controlar su aplicación.

A lo largo del periodo 1939-1975, Franco gobernó el país de acuerdo con sus peculiares ideas políticas:

– En primer lugar, tenía una obsesión propia de su formación militar: el mantenimiento del orden público.

– A esto habría que añadir un nacionalismo español exacerbado , del cual derivaba una concepción absolutamente unitaria y centralista del Estado español.

– Creía, además, en un catolicismo tradicional muy arraigado, en el cual debía basarse todo el sistema de valores de la sociedad española.

– Finalmente, hemos de destacar su militancia anticomunista, que serviría, a su vez, de motivación para el alzamiento de 1936.

En un periodo que duró casi cuarenta años, el país experimentó importantes cambios en todos los aspectos: político, cultural, social y económico. Analizando estos cambios, podemos dividir la época franquista en varias etapas:

– Etapa “azul” o fascista (1939-1943).

– Etapa de transición: del inmovilismo a las grandes transformaciones (1944-1957).

– Etapa de gran desarrollo económico y social (1958-1970).

– Etapa de crisis política del régimen (1971-1975).

2. La evolución interna del régimen.

Etapa “azul” o fascista (1939-1943).

La fuerza política dominante durante el primer periodo fue la Falange, que tenía muchas similitudes con los otros partidos fascistas europeos. El 19 de abril de 1937, Franco había decretado la unificación en un solo partido de falangistas y requetés, formando FET y de las JONS. La nueva fuerza política tenía que convertirse en algo parecido al partido único típico de los regímenes fascistas.

El nuevo partido proporcionó la ideología básica del régimen franquista y una parte importante de su personal político en el periodo 1939-1943. Con todo, hay que advertir que la nueva Falange perdió su autonomía política. Así, al finalizar la Guerra Civil, Franco controlaba FET de las JONS, prueba de ello es que situase al frente a su cuñado, Ramón Serrano Suñer.

Las ideas de Falange se convirtieron en la base de la ideología política que el régimen franquista difundió por toda España en el periodo 1939-1943. Dos documentos resumen la ideología franquista en esta etapa: los 27 Puntos de Falange, elaborado en 1934 como programa del partido, y el Fuero del Trabajo, de 1938.

Además, se hacía uso frecuente de las manifestaciones y los signos externos típicos de todos los regímenes fascistas: concentraciones de masas, uniformes, gestos, eslóganes… A partir de 1943, toda esa liturgia fascista se fue evaporando a medida que los aliados empezaron a perfilarse como vencedores de la II Guerra Mundial.

El nuevo Estado español creado por Franco era rígidamente unitario y centralizado. Desparecieron los Estatutos de Autonomía aprobados por la República, y cualquier decisión política tenía que salir del Consejo de Ministros, presidido por el propio Franco.

Al terminar la guerra se extendió por todo el país el sistema de represión instaurado durante la contienda en la zona ocupada por los sublevados. Los tribunales militares continuaron juzgando y condenando a los acusados de toda clase de delitos políticos. La legislación que se aplicaba en esos caso era la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939.

Los tribunales militares dictaban sentencias que acarreaban a los condenados penas de cárcel o condenas a muerte. El número de ejecuciones realizadas en todo el territorio español en la posguerra no ha sido evaluado con exactitud, pero los historiadores las sitúan entre las 30.000 y las 50.000.

En lo que se refiere a las penas de cárcel, se considera que en abril de 1939 ya eran 100.000 las personas encarceladas. Esta cifra ascendía a 270.000 a finales de ese año.

En el periodo 1939-1943, la política social del régimen franquista fue dirigida por los falangistas, que aspiraban a aplicar sus teorías nacionalsindicalistas.

Al terminar la Guerra Civil, el Gobierno tuvo que emprender inmediatamente la reconstrucción económica del país. La situación era muy difícil, ya que los niveles de producción de 1939 eran muy inferiores a los de 1935.

El Gobierno de Franco programó una política económica autárquica basada en un rígido control de la actividad económica por parte del Estado y en la reducción radical de los intercambios económicos.

En el periodo  1939-1946, los resultados de esta política económica fueron absolutamente negativos. Pronto se pudo comprobar que la idea en que se basaba el sistema era solamente un eslogan propagandístico muy alejado de la triste realidad. Ni la producción industrial ni la agraria lograron alcanzar los niveles de producción de 1935 hasta los años 50.

Los falangistas se limitaron a regular, a su manera, las relaciones entre los empresarios y los trabajadores. En primer lugar, se suprimieron los sindicatos obreros y el Gobierno creó unos sindicatos verticales de los que formaban parte tanto empresarios como trabajadores. Todos estos nuevos sindicatos constituían la Central Nacional Sindicalista (CNS), controlada rígidamente por el Gobierno a través del ministros Delegado de Sindicatos.

En esta etapa, el Gobierno fijaba, por decreto, el valor de los salarios en cada rama de la producción. Además, los trabajadores no podían declararse en huelga, que era siempre ilegal. Por su parte, los empresarios tenían muchas dificultades para despedir a sus empleados.

A partir de 1941 el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, un falangista de la etapa anterior a 1936, empezó a desarrollar un sistema de seguridad social. Así se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1943) y, en años posteriores, los seguros de invalidez, accidentes laborales, paro y vejez. Esta primera etapa de creación de la Seguridad Social se alargó hasta 1957.

Del inmovilismo a las primeras transformaciones (1944-1957).

A partir de 1943 el régimen franquista se apresuró a arrinconar todos los signos políticos fascistas que lo habían caracterizado desde 1939. Esta “desfascistización” hubiera podido desembocar en un sistema político similar al que se estaba imponiendo en la Europa Occidental. Sin embargo, eso no fue posible porque Franco seguía manteniendo su firme oposición a la democracia liberal.

En 1945, el régimen sufrió una serie de retoques –operación de maquillaje-, destinados a demostrar que se respetaban los derechos políticos propios de los sistemas democráticos. El resultado final fue la creación de una especie de híbrido político que recibió el nombre de “democracia orgánica”.

Por otra, para que quedara bien claro cuál era el tipo de democracia que tenían los españoles, se publicó en 1958 un documento, la Ley de Principios del Movimiento. En ella se definían claramente las bases políticas del sistema franquista.

Desde 1943 algunos grupos monárquicos españoles empezaron a actuar. Se trataba de partidarios de don Juan de Borbón que había heredado de su padre, el rey Alfonso XIII, los derechos a la Corona de España. Tras varios desencuentros, donde destaca el Manifiesto de Lausana hecho público por don Juan, en marzo de 1948, se pactó que el príncipe Juan Carlos se trasladara a España para continuar sus estudios.

Un año antes, en julio de 1947, el Gobierno había sometido a referéndum la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que fue aprobada.

Entre 1943 y 1951 se produjeron pocas modificaciones en el panorama de miseria que había caracterizado la etapa anterior. Las estadísticas reflejan un estancamiento de la renta nacional, que no logró alcanzar los niveles de 1935.

En los años siguientes la situación económica del país experimentaría un leve mejora. Esta fue consecuencia, en gran medida, de la fundación del INI y la llegada de la ayuda norteamericana logró acabar con la situación de miseria que vivía el país.

La gran transformación del país (1958-1970).

Las dificultades que, a partir de 1956, se fueron acumulando en el campo de la economía provocaron otra modificación en la política económica del régimen franquista.

De esta manera, a partir de 1957, un grupo de nuevos ministros, los llamados tecnócratas, tomaron en sus manos el control de la política económica de España. A lo largo de la década de 1960 los políticos tecnócratas serán los encargados de dirigir la economía del país.

Franco había formado en 1957 un nuevo Gobierno en el cual dos personalidades destacadas de este grupo ocuparon dos carteras básicas en el área económica. Estas fueron la de Comercio, desempeñada por Alberto Ullastres, y la de Hacienda, a cuyo frente se situó a Mariano Navarro Rubio.

Los nuevos ministros elaboraron un Plan de estabilización Económica, que consideraban imprescindible para asentar sobre una base sólida el proceso de crecimiento económico que se quería iniciar.

El Plan de Estabilización fue aprobado por el Gobierno el 21 de julio de 1959. Mediante este decreto se impusieron una serie de medidas básicas para orientar la economía del país, entre las que destacaban:

– Reducción del excesivo gasto estatal; esto implicó restricciones en la concesión de créditos y congelación de los salarios.

– Desaparición progresiva de los controles del Gobierno sobre las actividades económicas.

– Apertura de la economía española a los mercados exteriores aumentando las facilidades para la realización de exportaciones.

La finalidad última de esta operación de política económica era poner en contacto la economía española con la internacional.

Como consecuencia de estas medidas, a lo largo de los años 60, la economía española entró en una etapa de fuerte crecimiento. Este fue más notable en algunas regiones del país, las denominadas regiones industriales: el País Vasco, Cataluña y Valencia. A su vez, algunas ciudades como Madrid, Burgos, Valladolid, Zaragoza, Vigo, La Coruña, Huelva y Sevilla se convirtieron en importantes núcleos de desarrollo.

En el periodo 1957-1970 la población española pasó de 29.784.019 habitantes a 34.032.801.vEn diez años el aumento de población había sido superior al que se había registrado en los veinte transcurridos entre 1940 y 1960, evaluado en sólo dos millones. Semejante modificación del ritmo de crecimiento demográfico fue debido, básicamente, a la disminución de los índices de mortalidad.

La segunda característica demográfica de este periodo fue la gran movilidad de la población.vLas migraciones de los años 60 resultaron verdaderamente espectaculares. Se trataba, en primer lugar, de la emigración de los trabajadores que se trasladaron a los distintos países de Europa Occidental. Entre 1963 y 1973 salieron de España casi un millón de personas que iban a trabajar a Francia, Alemania y Suiza.

Pero el fenómeno más impresionante al respecto fue el de las migraciones internas.vEstas pusieron en movimiento una gran cantidad de españoles que abandonaban su región de origen para ir a establecerse en zonas industrializadas.

El crecimiento de los años 60 provocó una profunda transformación de la sociedad española, que pasó de ser predominantemente rural a convertirse en urbana en apenas dos décadas. La urbanización de buena parte de la población fue una consecuencia de la modificación de la actividad económica.

Una sociedad urbanizada suele ser, normalmente, una sociedad más alfabetizada que una sociedad rural. Efectivamente, a lo largo de los años 60 el nivel educativo de la población española se fue aproximando al de los otros países de la Europa Occidental.

La crisis del régimen franquista (1971-1975).

A lo largo de esta etapa se sucedieron tres Gobiernos que tuvieron que afrontar los problemas propios de un sistema que cada vez encontraba más dificultades para mantener la vida política del país dentro del marco del régimen.

En la formación del primero de ellos, consecuencia de la implicación de varios ministros en el “caso Matesa”, destaca la figura del almirante Carrero Blanco, nombrado vicepresidente. La importancia de este nombramiento residía no sólo en el cargo, sino en los poderes que adquiría como consecuencia del deterioro de la salud del general Franco.

En esta situación, Carrero Blanco era el hombre encargado de mantener en pie el espíritu y las formas del sistema franquista.

No obstante, el empeoramiento de la salud de Franco parece que fue el elemento determinante de la operación política que se realizó en junio de 1973. Por primera vez, Franco abandonó la jefatura del Gobierno, entregándosela al almirante Carrero Blanco. Este empezó su actuación excluyendo de su Gobierno a las personalidades del ejecutivo anterior que se habían manifestado partidarias de la transformación del sistema.

Sin embargo, los proyectos de Franco y de Carrero fueron truncados por un atentado, reivindicado por ETA, que costó la vida al almirante el día 20 de diciembre de 1973.

Después de la muerte de Carrero, la única preocupación de Franco, incapaz ya de elaborar nuevas estrategias políticas, parecía ser el mantenimiento del orden público. Así se explica que nombrara jefe de Gobierno a Carlos Arias Navarro, que había sido ministro de la Gobernación en el Gobierno presidido por Carrero Blanco.

El Gobierno de Arias Navarro se encontró con problemas cada vez más graves, a lo que se añadía que la salud de Franco empeoraba. Finalmente, en la madrugada el 20 de noviembre de 1975, el general Francisco Franco moría en Madrid.

3. La política exterior.

La política internacional del periodo 1939-1943.

Al comienzo de la II Guerra Mundial, como consecuencia del apoyo germano-italiano recibido durante la Guerra Civil, el Gobierno español empezó a recibir presiones de ambos países, que le pedían alguna clase de apoyo.

En un primer momento, el ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder, pudo mantener la neutralidad. Pero pronto la presión de Alemania le obligó a para a la no beligerancia. A partir de ese momento se fueron imponiendo, en el Gobierno español, los partidarios de adoptar una actitud más favorable hacia el Gobierno alemán.

En octubre de 1940 Serrano Suñer sustituyó a Beigbeder al frente de Exteriores, iniciándose así una etapa de colaboración con Alemania que se alargó hasta 1943. Al parecer Hitler contaba con la intervención española en la guerra para realizar un proyecto militar: el cierre del estrecho de Gibraltar a los barcos británicos. Sin embargo, la entrevista entre Hitler y Franco, celebrada en Hendaya en octubre de 1940, no dio los resultados que el Führer esperaba.

Cuando en 1941 se produjo el ataque alemán a la URSS, Franco vio la oportunidad de ofrecer su apoyo a Alemania. Se creó un cuerpo de voluntarios españoles, la División Azul, para ir a luchar al frente ruso al lado de los alemanes.

Sin embargo, en otoño de 1942 la situación militar de Alemania empezó a deteriorarse. A partir de ese momento el Gobierno español inició, tímidamente, su distanciamiento de los alemanes. En septiembre de 1943 Serrano Suñer fue sustituido por el conde de Jordana al frente de Exteriores. A su vez, se retornó a la situación diplomática de neutralidad, mientras los combatientes de la División Azul volvían a España.

El bloqueo internacional del régimen franquista (1945-1948).

La victoria de los aliados sobre Alemania, Italia y Japón desencadenó una fuerte oposición internacional contra los gobiernos que habían ofrecido algún tipo de apoyo a los vencidos.

Esta oposición internacional se abatió, entre 1946 y 1948, sobre el régimen político español. La ofensiva empezó en enero de 1946, con una nota oficial de los gobiernos de los EE.UU., Gran Bretaña y Francia, en la que se rechazaba la legitimidad del régimen español. A su vez, en el documento se manifestaba la esperanza de que la oposición interior al régimen lograra cambiar el sistema político de España.

Esta declaración se vio confirmada solemnemente en la ONU cuando, el 13 de diciembre de 1946, la Asamblea General condenó el régimen español. También se recomendaba a los países miembros retirar su embajada de Madrid.

La presión internacional adoptó pronto un nuevo aspecto: el bloqueo económico. Sólo algunas excepciones, como la Argentina gobernada por el general Perón, dieron un pequeño respiro a la economía española al proporcionarle el trigo que necesitaba urgentemente.

Franco reaccionó con dureza ante esta ofensiva internacional. La propaganda franquista, que adoptó tonos de un nacionalismo exaltado, supo presentar esta presión como un atentado intolerable a la dignidad y a la soberanía del pueblo español. Una gran manifestación, convocada en Madrid en diciembre de 1946, representó el punto culminante de esta campaña propagandística.

La Guerra Fría y el viraje de la política internacional (1948-1955).

A partir de 1948, la situación internacional dio un vuelco espectacular: empezó la Guerra Fría, con los EE.UU. y la URSS como protagonistas. Por este motivo, a partir de ese año, la política exterior norteamericana se basó en un anticomunismo radical, siendo su objetivo conseguir aliados seguros.

El régimen español fue integrándose en el bando de los países liderados por los EE.UU. y, poco a poco, se fueron sucediendo una serie de hechos significativos:

– En octubre de 1950 la ONU levantaba su veto contra el régimen político español.

– En el año 1951 España empezaba a integrarse en algunos organismos dependientes de la ONU, empezando por la FAO.

– En 1953 se firmaban los acuerdos entre el gobierno español y el de EE.UU.

– Finalmente, en el año 1955 España ingresaba en la ONU como miembro de pleno derecho.

4. La oposición al Régimen.

Conflictos y reivindicaciones.

A lo largo de los años 60 se fue extendiendo entre los estudiantes universitarios un fuerte movimiento de oposición política al régimen franquista. A principios de la década, los dirigentes del SEU, que era el sindicato oficial de los universitarios, aceptaron que algunos de sus cargos fueran elegidos por los estudiantes. Pronto se pudo comprobar que resultaban elegidos los estudiantes más críticos con el régimen franquista.

El paso siguiente de este movimiento de contestación en la Universidad fue el rechazo del SEU y el inicio de los incidentes dentro de los recintos universitarios a partir del año 1962. En 1965 ya se concretó, en las Universidades de Madrid y de Barcelona, el intento de crear un Sindicato Democrático de Estudiantes. Este hecho marcaría el inicio de un periodo de agitación endémica en la Universidad.

Fuera del ámbito universitario cabe destacar los movimientos contestatarios protagonizados por los trabajadores. La tímida apertura del Gobierno que, desde 1954, había autorizado la elección de representantes sindicales por parte de los trabajadores, tuvo como consecuencia la rápida transformación de panorama sindical.

En 1958 el Gobierno promulgó la Ley de Convenios Colectivos, por la cual se aceptaba claramente que la negociación sobre salarios y condiciones de trabajo la realizarían: Los representantes de los trabajadores, aún encuadrados dentro del sindicato oficial, junto con los empresarios. Pero a partir de ese momento, cada una de las negociaciones, una para cada sector, empezó a ir acompañada de una oleada de conflictos.

En septiembre de 1962 se aprobó la Ley de Conflictos Colectivos. En ella se aceptaba, por primera vez, que pudieran existir en España huelgas que no fueran ilegales, aunque se tomaron las precauciones para restringirlas al máximo.

Durante la huelga de 1962 se produjeron una serie de hechos que iban a modificar a fondo el panorama sindical del país. Para organizarla se habían creado en algunas poblaciones unas comisiones de obreros encargadas de dirigir el proceso. Una vez finalizada la huelga, alguna de estas comisiones no se disolvieron, llegando a formar con el tiempo Comisiones Obreras (1964).

A lo largo de la década siguiente la agitación iniciada en los años 60 no sólo no se redujo, sino que fue en aumento. En la Universidad los conflictos se convirtieron en algo endémico. Se trataban siempre de problemas de raíz política que degeneraban en una agitación permanente. El Gobierno ya no sabía cómo atajarla; la medida más frecuente consistía en mantener cerradas las aulas universitarias durante largos periodos de tiempo.

Por su parte, el movimiento de reivindicación de los trabajadores, dirigido normalmente por CCOO, iba también en aumento. Las huelgas, que raramente podían ser consideradas legales, acarrearon en 1968 la pérdida de 4,5 millones de jornadas de trabajo, para ascender, en 1974, a 44 millones.

Los grupos políticos de la oposición.

A partir de 1960 algunas personalidades de ideología liberal y democratacristiana que residían en España, empezaron a manifestar su oposición al régimen franquista. Además, se declaraban partidarios de la implantación de un régimen de democracia liberal parlamentaria en España. Algunas de estas personalidades –Gil Robles, Álvarez de Miranda, Joaquín Satrústegui– se reunieron en Munich (junio de 1962) con miembros de la oposición que estaban exiliados. El Gobierno llamó a esta reunión “El Contubernio de Munich”.

Dentro de la ideología socialista existían grupos y tendencias muy variados:

Dionisio Ridruejo, un falangista de los primeros tiempos, fundó en esa época un grupo, Acción Democrática, de tendencia socialdemócrata.

– La dirección del PSOE seguía establecida en el exilio, pero en el interior del país se organizaban grupos de militantes que, con el paso del tiempo, adquirieron más importancia.

– En Cataluña existía un grupo de ideología socialista, el MSC (Moviment Socialista de Catalunya) que había sido creado en el Sur de Francia en el año 1945.

En los años 60 los comunistas se agrupaban en el PCE (Partido Comunista Español). Este partido, dirigido desde el exilio por personalidades nuevas, como su secretario general Santiago Carrillo, realizó en este periodo una constante labor de penetración en la sociedad. Ya en la década de 1950 habían modificado su mensaje: abandonaron la Guerra Civil y la revancha para embarcarse en un proyecto de reconciliación nacional.

No obstante, a partir de 1973, surgieron a la izquierda del PCE grupos radicalizados que preconizaban la lucha armada y practicaban el terrorismo (fenómeno similar al alemán o al italiano). Entre estos destacaban FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico) y los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

Los comunistas catalanes de esa época se agruparon, a su vez, en el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), totalmente controlado por el PCE.

En el País Vasco subsistía el PNV como máximo representante de la ideología nacionalista. Su dirección estaba en el exilio, donde mantenía el Gobierno vasco.

A partir de 1959 algunos grupos de jóvenes nacionalistas comenzaron a distanciarse del PNV por considerarlo demasiado moderado. De estos grupos iba a surgir ETA (Euzkadi Ta Askatasuna: Euskadi Patria y Libertad) en 1962. Los miembros de ETA se inclinaron por una ideología socialista y, a partir de 1968, iniciaron la “lucha armada” contra el Estado español.

5. Conclusiones.

En la década de 1960, se produjo en España una profunda transformación económica y social. El país que, en 1939, era predominantemente rural y agrario, se convirtió en urbano e industrial durante ese periodo.

El principal motor del cambio fue el proceso de industrialización, que produjo un aumento de la producción industrial y del número de trabajadores del sector secundario. Estos trabajadores procedían en buena parte del mundo rural y acudían a las ciudades más industrializadas con el fin de mejorar su nivel de vida.

En paralelo a esta transformación económica, empezaron a surgir reivindicaciones sociales y posturas críticas en los sectores obreros y en el mundo universitario.

Al mismo tiempo, el propio régimen franquista, incapaz de adaptarse a los cambios que se estaban produciendo, encontraba cada vez más dificultades para ser aceptado.

En el periodo comprendido entre 1969 y 1975, el franquismo vivió una larga agonía, provocada por la evolución económica, social y cultural del país, así como por los deseos de apertura política que mostraba la población. Al mismo tiempo, la salud del dictador se deterioraba a marchas forzadas: era evidente que, sin la presencia de su arquitecto y cabeza omnipresente, era imposible mantener el régimen.

Así, la muerte del general Franco puso fin a una dictadura que a lo largo de la última década había mostrado claros síntomas de agotamiento: se abría la puerta a un periodo de transición a la democracia.