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Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos que he escrito sobre el origen y desarrollo de la “Primavera Árabe” en Túnez y Egipto. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.

*Esta texto se terminó de escribir en marzo de 2012, por lo que no incluye los acontecimientos históricos posteriores a esa fecha.

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La revolución en manos del ejército

El mensaje televisado de Omar Suleiman anunciando la renuncia del presidente Hosni Mubarak devolvió temporalmente la calma a las plazas y calles de Egipto. El poder se entregó, de manera temporal, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Este, mediante un comunicado hecho público el 12 de febrero se comprometía a “traspasar pacíficamente el poder, en el marco de un sistema democrático, a una autoridad civil”. Es decir, a convocar elecciones legislativas para la constitución de una nueva cámara que tuviese como misión fundamental la redacción de una constitución para el país.

Al abrigo de la nueva autoridad militar, los distintos grupos de oposición comenzaron a prepararse para las primeras elecciones de la era post-Mubarak. El mejor organizado de todos era, sin lugar a dudas, el partido de los Hermanos Musulmanes.

El largo periodo de clandestinidad al que se habían visto relegados los islamistas durante los treinta años de dictadura no había sido suficiente para terminar con su prestigio entre determinados sectores de la sociedad. Los resultados de las elecciones de 2005, a las que habían concurrido bajo otras siglas obteniendo el 20% de los escaños, constituían buena prueba de ello.

Entre los restantes grupos políticos con posibilidades de obtener representación parlamentaria destacaba el partido laico Al Ghad, bajo el liderazgo de Ayman Nur; la Coalición de Jóvenes de la Revolución, formada por algunas de las organizaciones responsables de las revueltas; el partido de Mohamed el-Baradei, Premio Nobel de la Paz y ex Director General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica; y el Partido Nour, otro grupo integrista, en este caso de corte salafista.

Además, algunas de las principales figuras del régimen no descartaban su participación en los comicios. Este era el caso del diplomático Amr Musa o del propio ex vicepresidente Omar Suleiman.

Mientras tanto, el nuevo hombre fuerte de Egipto, si bien de manera interina, era Mohamed Hussein Tantawi, mariscal que ostentaba la presidencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

En su haber, al margen de su historial militar, cabe destacar su condición de ministro de Defensa y Armamento desde 1991, así como de viceprimer ministro desde el 31 de enero de 2011. Sobre él recaía la compleja tarea de lleva al país a un régimen democrático, sin despertar por el camino los recelos de los revolucionarios, islamistas, aliados occidentales o del propio ejército al que representaba.

Si bien las manifestaciones disminuyeron en las primeras semanas tras la marcha de Mubarak, pronto la tensión volvió a ser frecuente en las calles. A comienzos de marzo la crisis económica se convirtió en la protagonista de las protestas de miles de egipcios. Los bajos salarios y el alto índice de paro, monopolizaron unas consignas que poco a poco fueron volviéndose más críticas con el gobierno interino y con el mariscal Tantawi.

La frustración por la falta de recursos acabó por transformarse en un clamor contra la lentitud con la que las autoridades estaban llevando a cabo la transición política. En las calles y plazas del país comenzaba a circular la sospecha de que habían hecho la revolución para cambiar un dictador, Mubarak, por otro, Tantawi.

Lo cierto es que, a la mala situación económica de finales de 2010, se unían las consecuencias negativas que para el sector del turismo había tenido la revolución de enero y febrero de 2011.

La crisis política se dejó notar en el producto interior bruto de Egipto, que se contrajo un 7% en ese periodo. Además, la ausencia de turistas afectó a casi dos millones de trabajadores, lo que suponía elevar la tasa de desempleo por encima del 10%. El gobierno, temiendo que esta situación llevase a un estancamiento de la economía que contribuiría a elevar la pobreza y, por ende, la tensión social, pidió al Fondo Monetario Internacional un préstamo de tres mil millones de dólares. Buena parte de estos fondos fueron dirigidos, de manera inmediata an aumento en los subsidios de alimentos y comestibles.

Una vez solventada la papeleta económica, el gobierno de Tantawi inició una serie de actuaciones con el fin de dar a entender a la población que la transición real estaba en marcha. En primer lugar, el mariscal ratificó que su único objetivo era conducir al país a unas elecciones legislativas que le llevaran a convertirse en una democracia.

Al mismo tiempo, para de demostrar el compromiso del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con la revolución, se despidieron a más de cien policías de alto rango por los actos llevados a cabo contra los manifestantes de la plaza de Tahrir en el mes de enero. Además, se condenó a muerte a un policía por el asesinato de varios manifestantes durante la jornada del 28 de enero, y se condenó a doce años de prisión al ex ministro del Interior, Habib El Adly.

En el viaje emprendido por Tantawi para romper los puentes con el régimen de Hosni Mubarak cabe destacar el propio juicio del antiguo dirigente egipcio. En el mes de agosto, bajo la atenta mirada de millones de televidentes, el octogenario dictador comparecía por primera vez ante un tribunal.

Permaneció toda la vista tumbado en una camilla y acompañado por sus hijos Gamal y Alaa, también acusados de corrupción.

La agenda democrática egipcia

A finales de 2011, en los meses de noviembre y diciembre, la Junta Militar cumplió su promesa de convocar elecciones legislativas. Los comicios se llevaron a cabo en tres rondas –dos en noviembre y una en diciembre-, de tal modo que los ciudadanos acudían a las urnas en una fecha u otra en función de su territorio de residencia.

Ahora bien, ni siquiera reinó la calma en el país durante el periodo electoral. Un grupo de personas volvió a acudir a la plaza de Tahrir para protestar contra lo que consideraban un secuestro de su revolución. Estos manifestantes, muy inferiores en número a los reunidos en los meses de enero y febrero, acusaban a la Junta Militar de retrasar la transición democrática, al tiempo que denunciaban su alianza con el partido Libertad y Justicia (FJP) de los Hermanos Musulmanes.

La protesta de estos jóvenes no andaba del todo desencaminada, puesto que no es descabellado pensar que un ejército con más de medio siglo de gobierno a sus espaldas le cueste dejar el poder y los privilegios que ello conlleva.

Sin embargo, el tiempo ha terminado por demostrar que la Junta Militar no pretendía mantener el poder, sino pilotar el cambio político de tal modo que no afectara negativamente a sus intereses. De ahí que muchos analistas hayan afirmado que el modelo turco era el preferiodo del mariscal Tantawi y de sus correligionarios. Según este esquema, el ejército se convertiría en el defensor de la república y garante de la constitución frente a las desviaciones de los grupos extremistas que pudieran llegar a hacerse con el poder.

En esa situación, sobre cualquier gobierno con ambiciones demasiado reformistas, pendería la espada de Damocles del ejército. Esto es lo que sucede en Turquía desde que, en el año 2002, el partido islamista Justicia y Desarrollo (AKP) ganara las elecciones legislativas llevando a su candidato, Recep Tayyip Erdogan, al cargo de primer ministro del país.

En Egipto, con las encuestas dando la victoria al partido Libertad y Justicia (FJP), primo hermano del AKP turco, no era extraño pensar por aquel entonces en una posible alianza entre los militares y los islamistas.

Un pacto que permitiría a los primeros conservar ciertos privilegios y, a los segundos, llegar al poder; si bien bajo la tutela y vigilancia del ejército.

Tal como indicaban las encuestas, los grupos islamistas fueron los grandes triunfadores de las elecciones legislativas. Sus dos ramas, el partido Libertad y Justicia (FJP), con un 47% de los escaños, y el partido Nour de los salafistas, con un 23%, sumaban el 70 % de los asientos de la nueva cámara legislativa. No obstante, esa superioridad en la cámara no les otorgaba más poder que el propio del legislativo, puesto que el ejecutivo permanecerá en manos de la Junta Militar hasta las elecciones presidenciales previstas para junio de 2012.

El 24 de enero, trescientos sesenta y cuatro días después de la Jornada de la Ira, se reunían por primera vez los quinientos ocho miembros del nuevo parlamento egipcio. Previamente, en una carta dirigida al Consejo de ministros y hecha pública por la prensa del país, el mariscal Tantawi renunciaba al poder legislativo en favor de la nueva asamblea. A su vez, especificaba que el parlamento debía ser el encargado de nombrar una comisión constitucional que redactara la nueva Carta Magna.

Desde entonces Egipto sigue una apretada agenda que le encamina, en principio, hacia un régimen democrático vigilado por el ejército.

En mayo de 2012 debe estar terminado el texto constitucional, y, un mes después, se llevarán a acabo las elecciones presidenciales. Mientras tanto, no hay que descartar que se produzcan nuevas protestas, como la de la plaza de Tahrir en el primer aniversario de la revolución, o incluso actos violentos, como los acaecidos en Port Said durante un partido de fútbol o en octubre contra la comunidad cristina copta de El Cairo.