¿Quieres ir bien preparado a las oposiciones de Geografía, Historia e Historia del Arte de Secundaria? Si es así, quizá te sirva el material que pongo a tu disposición. El siguiente es uno de los temas que elaboré en su momento y, aunque cada caso es distinto, al menos a mí me ayudó a sacar la plaza.
A continuación dejo como archivo adjunto un pdf con el texto del tema 67. He decidido mantener el formato de puntos que tan buen resultado me ha dado en mi estudio, pero se puede convertir fácilmente en un texto compuesto por párrafos largos. También dejo más abajo la bibliografía utilizada y, en breve, espero hacer un vídeo dedicado a esta cuestión.
¿Quieres ir bien preparado a las oposiciones de Geografía, Historia e Historia del Arte de Secundaria? Si es así, quizá te sirva el material que pongo a tu disposición. El siguiente es uno de los temas que elaboré en su momento y, aunque cada caso es distinto, al menos a mí me ayudó a sacar la plaza.
A continuación dejo como archivo adjunto un pdf con el texto del tema 53. He decidido mantener el formato de puntos que tan buen resultado me ha dado en mi estudio, pero se puede convertir fácilmente en un texto compuesto por párrafos largos. También dejo más abajo la bibliografía utilizada y, en breve, espero hacer un vídeo dedicado a esta cuestión.
Conjunto de estándares del temario de 2º de Bachillerato pertenecientes al Bloque 12, que está dedicado a la transición española y desarrollo de la democracia.
NONAGÉSIMO QUINTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
Una vez se produjo la dimisión de Carlos Arias Navarro y el nombramiento como presidente de Adolfo Suárez en julio de 1976, el nuevo gobierno inició un conjunto de reformas con las que, en el plazo de un año, se desmontó la estructura e instituciones del régimen franquista. El objetivo era, al fin y al cabo, sustituir la dictadura por una monarquía parlamentaria y democrática donde se respetara la división de poderes y se erradicara la represión política, socio-laboral y cultural. Ahora bien, a través de un proceso que respetara la legalidad vigente –“de la Ley a la Ley”-, por lo que había que convencer a los miembros de las Cortes franquistas de que aprobaran una Octava Ley Fundamental que desmantelara el sistema desde dentro.
A los pocos días de terminar de configurarse el gobierno de Adolfo Suárez hizo pública su declaración programática, en la que destacaban dos compromisos básicos:
La elaboración de una Ley para la Reforma Política que, una vez aprobada por las Cortes y por los españoles en referéndum, permitiera abrir un proceso constituyente para implantar en España un nuevo régimen. Este texto venía a ser, en realidad, el acta de autoliquidación del franquismo, ya que simplemente eliminaba, desde el respeto escrupuloso de la ley, los obstáculos existentes para iniciar la construcción de una democracia.
La convocatoria de unas elecciones para elegir unas nuevas Cortes, que serían las encargadas de elaborar la nueva constitución.
El proyecto de Ley para la Reforma Política fue elaborado por el Gobierno a lo largo del verano de 1976 y presentado y debatido en las Cortes en noviembre. Finalmente, el texto salió adelante con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Posteriormente, con la participación de un 77.72% de la población, fue aprobada en el referéndum del mes de diciembre. El camino para la celebración de las primeras elecciones democráticas desde febrero de 1936 quedaba abierto, de tal modo que estas fueron convocadas para el 15 de junio de 1977. Ahora bien, Suárez entendía que, para un correcto desarrollo de los comicios, era precisa la participación de las fuerzas políticas de oposición. Por ese motivo, con el fin de ganarse su confianza y dar credibilidad a la reforma que había emprendido, adoptó las siguientes medidas:
En marzo de 1977 amplió la amnistía política parcial decretada en julio del año anterior (Ley de Amnistía), y en mayo se reformó nuevamente para su aplicación a todos los encarcelados por motivos ideológicos.
En diciembre de 1976 se disolvió el Tribunal de Orden Público (TOP).
En marzo de 1977 se legalizó el derecho a la huelga, y un mes después se decretó la libertad sindical.
En abril de 1977 se legalizaba el PCE, haciendo posible así su participación en las elecciones de junio.
NONAGÉSIMO CUARTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
Existe un acuerdo global a la hora de situar la transición española dentro de la “tercera ola” democratizadora enunciada por Samuel P. Huntington. Asimismo, se observa un amplio consenso en torno a la labor realizada, que consistía en desmantelar el viejo régimen, dar voz institucional a la oposición democrática, reconocer a los partidos políticos, los derechos de los sindicatos y el derecho de catalanes y vascos a ser culturalmente diferentes y políticamente autónomos, todo esto sin provocar una reacción autoritaria por parte del ejército y del búnker franquista, sin desatar los viejos demonios históricos de la primera y de la segunda República española y de todas las guerras civiles de la España contemporánea.
Ahora bien, para una mejor compresión de ese proceso de cambio, es preciso describir la situación política del país a la muerte del General Franco. En ese contexto distinguimos tres grandes proyectos: continuismo, reforma y ruptura. El primero de ellos, al que se adscribían los grupos más involucionistas de la administración estatal -el bunker-, se caracterizó por una defensa a ultranza del régimen político tal y como se había forjado durante la Guerra Civil y los años de posguerra; es decir, sin admitir ningún tipo de cambio en lo relativo a la organización del poder, las Leyes Fundamentales y los derechos y libertades de la ciudadanía. En el otro extremo se situaban los partidarios de romper con el pasado franquista e instaurar en España una democracia a través de un proceso de cambio político en el que, si bien no era lo deseado, no se renunciaba a la vía revolucionaria. Dentro de ese grupo se situaban los grupos de izquierdas, con especial protagonismo del PSOE y del PCE, así como los nacionalistas periféricos.
Por último, en una posición intermedia entre las otras dos posturas, se situaban los reformistas, grupo integrado tanto por los aperturistas del régimen como por la oposición mas moderada; democristianos, liberales y socialdemócratas fundamentalmente. Su objetivo, al igual que el de los rupturistas, era la sustitución de la dictadura del general Franco por un régimen democrático con sufragio universal, la desaparición de la represión y la división de poderes que ello conlleva. Sin embargo, entendían que ese proceso debía realizarse desde la legalidad franquista –“de la Ley a la Ley”-, desmontando piedra a piedra el régimen dictatorial sin rupturas ni discontinuidades.
Desde el primer momento se hizo evidente que los ciudadanos deseaban, de forma mayoritaria, la democratización del país, pero sin sacrificar la paz y el orden. Esto sólo dejaba una posibilidad, la reforma, que fue el camino seguido por el proceso de transición hasta la aprobación, el 15 de diciembre de 1976, de la Ley para la Reforma Política. En ese periodo de casi trece meses, los españoles fueron testigos de cómo, tanto el búnker como la oposición rupturista al régimen, fracasaban en sus respectivos proyectos.
No obstante, una vez llevada a cabo la reforma legal desde arriba, los reformistas del régimen no podían continuar el tránsito a un orden democrático sin la ayuda de la oposición. Necesitaban atraerse a los sectores más moderados de entre las filas rupturistas, lo que supuso aceptar buena parte de sus postulados. De esta manera, el cambio político pudo llevarse a cabo porque ambos proyectos, reformista y rupturista, cedieron en determinados aspectos con el fin de constituir un régimen democrático. De hecho, la democratización del país era la meta común de los dos grupos, que tan sólo diferían en la manera de llevarlo a cabo. A este respecto, podemos decir que en un principio, por la lógica del momento ya enunciada anteriormente, se impuso la vía reformista; sin embargo, más adelante comenzaron a integrarse también algunos rasgos del proyecto rupturista.
Conjunto de estándares del temario de 2º de Bachillerato pertenecientes al Bloque 11, en el que se estudia la evolución y características del régimen franquista.
NONAGÉSIMO TERCER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
1939. Comienzo de la autarquía.
1940. Encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya.
1941. Creación del Instituto Nacional de Industria (INI).
1941. Envío de los voluntarios de la División Azul.
1942. Ley Constitutiva de las Cortes.
1944. El PCE organiza una entrada masiva por los Pirineos.
1945. Manifiesto de Lausana de D. Juan de Borbón.
1945. Fuero de los Españoles.
1946. La ONU rechaza la entrada de España.
1946. Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado.
1948. El PCE renuncia a la táctica guerrillera.
1950. ONU autoriza la entrada de España en organismos internacionales.
1953. Concordato con la Santa Sede.
1953. Tratado económico y defensivo con los EE.UU.
1955. Ingreso de España en la ONU.
1956. Revuelta de los estudiantes universitarios en Madrid.
1956. España reconoce la independencia de Marruecos.
1958. Ley de Principios del Movimiento Nacional.
1958. Entrada de España en el FMI y en el Banco Mundial.
1959. Plan de Estabilización Económica.
1959. Fundación de ETA.
1962. “Contubernio de Múnich”.
1962. Fundación de las Comisiones Obreras.
1963. Ejecución de Julián Grimau.
1963. Puesta en marcha de los Planes de Desarrollo.
1966. Ley de Prensa.
1966. Ley Orgánica del Estado.
1969. Juan Carlos de Borbón nombrado sucesor en la Jefatura del Estado.
1970. Proceso de Burgos contra los miembros de ETA.
1973. Luis Carrero Blanco es nombrado presidente del Gobierno.
1973. “Proceso 1001” contra los dirigentes de Comisiones Obreras.
1973. ETA asesina a Carrero Blanco.
1974. Ejecución del anarquista Puig Antich.
1975. Ejecución de cinco miembros de ETA y FRAP.
1975. Entrega del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania.
1975. Muerte de Francisco Franco.
NONAGÉSIMO SEGUNDO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
A la hora de analizar los grupos de oposición al franquismo hay que diferenciar, en primer lugar, tres grandes etapas: la posguerra (1939-1947), los años de desarrollo del régimen y la apertura internacional (1948-1968) y la crisis final de la dictadura (1969-1975). A su vez, hay que tener en cuenta que, en el periodo que siguió a la Guerra Civil y a la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló tanto un movimiento de oposición político-institucional como actividades armadas en forma de guerrilla, el llamado “maquis”. Por su parte, en los años cincuenta y sesenta surgieron las primeras protestas estudiantiles y obreras, en las que se formaron buena parte de los opositores de los últimos tiempos del franquismo.
Atendiendo al criterio cronológico establecido en el párrafo anterior, es preciso indicar que, a pesar de que las instituciones republicanas se mantuvieron tras la Guerra Civil, los exiliados estaban divididos, lo que debilitó los intentos de reinstaurar la democracia en España con el apoyo de las potencias aliadas en esos años. Además, a pesar de constituir uno de los grupos más activos contra Franco, siempre se tendió a aislar a los comunistas; al tiempo que los socialistas abandonaron a los republicanos para iniciar su acercamiento a los monárquicos “juanistas”. Todo esto impidió aprovechar la coyuntura internacional favorable que se dio en la segunda mitad de los años cuarenta.
Además, al término de la Segunda Guerra Mundial, los excombatientes republicanos, principalmente anarquistas y comunistas, iniciaron una serie de movimientos de guerrilla que conocemos como el “maquis”. Esta actividad armada, que se desarrolló fundamentalmente en zonas rurales y montañosas, alcanzó su mayor grado de intensidad entre 1945 y 1947, dejando de ser una amenaza para el régimen a partir de 1952.
Una vez superada esa primera etapa, los partidos políticos en el exilio se convencieron de la imposibilidad de acabar con el régimen mediante la guerrilla y la acción diplomática a través de las grandes potencias. A partir de entonces, los opositores, y principalmente el PCE, establecieron redes de acción en los ambientes universitarios y sindicales. La universidad fue, desde la década de los cincuenta, un símbolo de oposición al régimen, el cual empleó métodos represivos para controlarla.
Desde los años sesenta, la oposición política y social adquirió un protagonismo creciente. Esto fue posible, en gran medida, porque el movimiento obrero aprovechó el marco legal de los sindicatos verticales para debilitar el orden laboral franquista; mención especial merece al respecto la fundación de las Comisiones Obreras (CC.OO.) en 1962. A esto se ha de añadir la contribución del Concilio Vaticano II (1962-1965), que inició la renovación de la Iglesia española, abriendo el camino hacia el final del nacionalcatolicismo y del soporte ideológico-religioso de la dictadura.
A todo esto hemos de añadir que, a partir de 1973, surgieron a la izquierda del PCE grupos radicalizados que preconizaban la lucha armada y practicaban el terrorismo (fenómeno similar al alemán o al italiano). Entre estos destacaban FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico), los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) y ETA (Euskadi Ta Askatasuna). Por último, la crisis final del régimen facilitó la coordinación de la oposición política formada por los partidos de centro-derecha, izquierda y nacionalistas a través de organismos como la Junta Democrática de España o el Consell de Forçes Polítiques de Catalunya.
NONAGÉSIMO PRIMER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
Al término de la Guerra Civil, el régimen puso en marcha una política económica de carácter intervencionista y autárquico; es decir, pretendía ser autosuficiente y mantener escasa conexión con el exterior. Esta tendencia se vio favorecida, a su vez, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento diplomático de España hasta la década de los cincuenta. Esto resultó nefasto para un país atrasado industrialmente y con escasas fuentes de energía propias. La autarquía favoreció el estancamiento y la crisis de subsistencia, retrasando la recuperación de la renta per cápita de preguerra y el fin de las cartillas de racionamiento hasta 1952.
Las dificultades que, a partir de 1956, se fueron acumulando en el campo de la economía provocaron otra modificación en la política económica del régimen franquista. De esta manera, a partir de 1957, un grupo de nuevos ministros, los llamados tecnócratas, tomaron en sus manos el control de la política económica de España. A lo largo de la década de 1960 los políticos tecnócratas serán los encargados de dirigir la economía del país.
Franco había formado en 1957 un nuevo Gobierno en el cual dos personalidades destacadas de este grupo ocuparon dos carteras básicas en el área económica. Estas fueron la de Comercio, desempeñada por Alberto Ullastres, y la de Hacienda, a cuyo frente se situó a Mariano Navarro Rubio. Los nuevos ministros elaboraron un Plan de estabilización Económica, que consideraban imprescindible para asentar sobre una base sólida el proceso de crecimiento económico que se quería iniciar. El Plan de Estabilización fue aprobado por el Gobierno el 21 de julio de 1959. Mediante este decreto se impusieron una serie de medidas básicas para orientar la economía del país, entre las que destacaban:
Reducción del excesivo gasto estatal; esto implicó restricciones en la concesión de créditos y congelación de los salarios.
Desaparición progresiva de los controles del Gobierno sobre las actividades económicas.
Apertura de la economía española a los mercados exteriores aumentando las facilidades para la realización de exportaciones.
La finalidad última de esta operación de política económica era poner en contacto la economía española con la internacional. Como consecuencia de estas medidas, a lo largo de los años 60, la economía española entró en una etapa de fuerte crecimiento. Este fue más notable en algunas regiones del país, las denominadas regiones industriales: el País Vasco, Cataluña y Valencia. A su vez, algunas ciudades como Madrid, Burgos, Valladolid, Zaragoza, Vigo, La Coruña, Huelva y Sevilla se convirtieron en importantes núcleos de desarrollo.
OCTOGÉSIMO NOVENO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
El asesinato del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, por parte de la banda terrorista ETA en diciembre de 1973 aceleró la crisis que afectaba a la dictadura desde finales de los años sesenta. La tensión y el nerviosismo entre las distintas “familias” aumentó ante la cercanía del “hecho biológico –eufemismo utilizado para referirse a la muerte de Franco-, la inseguridad puesta de manifiesto con ese atentado y la pérdida de una persona clave para la supervivencia del régimen tras la desaparición del dictador.
Si bien la elección de Carlos Arias Navarro como nuevo presidente fue acogida con optimismo tras las perspectivas de cambio suscitadas por su primer discurso (“espíritu del 12 de febrero”), pronto de puso de manifiesto su tendencia continuista. Es más, esta se vio endurecida, también en su ámbito represivo, por dos acontecimientos de corte internacional y socioeconómico:
En abril de 1974, como consecuencia de la Revolución de los Claveles, caía la dictadura portuguesa. Desaparecía así un régimen político que, tanto por sus postulados ideológicos como por su condición ibérica, podía considerarse hermano de la España de Franco. Además, por esas mismas fechas tocaba a su fin también la dictadura en Grecia, que contribuía aún más a aislar a España de la Europa democrática y, por tanto, de las Comunidades Europeas.
En el ámbito socioeconómico hay que hacer referencia a las consecuencias derivadas de la crisis del petróleo de 1973. La pérdida de poder adquisitivo y el aumento del desempleo llevó a un incremento de la conflictividad social, que se manifestó en movilizaciones y numerosas huelgas. La pasividad mostrada por el gobierno ante estos problemas, unida a la actividad terrorista y el auge de los nacionalismos, contribuyó a generar una imagen negativa del régimen en sus últimos años de existencia. Al fin y al cabo, terminó por perder dos de sus señas de identidad a lo largo de las décadas anteriores: orden y desarrollo económico.
Ante esta compleja problemática, la única respuesta del ejecutivo presidido por Carlos Arias Navarro fue el uso de la fuerza y la represión a través de los cuerpos de seguridad y los tribunales de justicia. El objetivo era evitar, a cualquier precio, cualquier tipo de manifestación, reunión política o acto reivindicativo, ya fuera de corte reformista o económico. En ese contexto se ha de situar la aprobación de la ley antiterrorista de 1975, con la que se pretendió, sin mucho éxito, luchar contra la subversión y las aspiraciones democráticas de buena parte de la sociedad española.
