¿Quieres ir bien preparado a las oposiciones de Geografía, Historia e Historia del Arte de Secundaria? Si es así, quizá te sirva el material que pongo a tu disposición. El siguiente es uno de los temas que elaboré en su momento y, aunque cada caso es distinto, al menos a mí me ayudó a sacar la plaza.
A continuación dejo como archivo adjunto un pdf con el texto del tema 67. He decidido mantener el formato de puntos que tan buen resultado me ha dado en mi estudio, pero se puede convertir fácilmente en un texto compuesto por párrafos largos. También dejo más abajo la bibliografía utilizada y, en breve, espero hacer un vídeo dedicado a esta cuestión.
El siguiente vídeo muestra de forma rápida, visual y sencilla la evolución del Congreso de los Diputados en España desde las elecciones de 1977 a las segundas de 2019. Sin embargo, para una mejor comprensión recomiendo consultar la información complementaria.
ELECCIONES DE 1977
Censo electoral: 23.583.762. Votos emitidos: 18.590.130. Participación: 78,83%. Presidente del Gobierno: Adolfo Suárez.
Unión de Centro Democrático (UCD) 165.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 118.
Partido Comunista Español (PCE) 20.
Alianza Popular (AP): 16.
Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) 11.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 8.
Partido Socialista Popular (PSP): 6.
Resto de partidos: 6.
ELECCIONES DE 1979
Censo electoral: 26.836.490. Votos emitidos: 18.259.192. Participación: 67,43%. Presidente del Gobierno: Adolfo Suárez.
Unión de Centro Democrático (UCD) 168.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 121.
Partido Comunista Español (PCE) 23.
Coalición Democrática (CD): 10.
Convergència i Unió (CiU) 8.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 7.
Partido Andalucista (PSP): 5.
Resto de partidos: 8.
ELECCIONES DE 1982
Censo electoral: 26.846.940. Votos emitidos: 18.259.192. Participación: 79,97%. Presidente del Gobierno: Felipe González.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 202.
Alianza Popular (AP): 107.
Convergència i Unió (CiU) 12.
Unión de Centro Democrático (UCD) 11.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 8.
Resto de partidos: 10.
ELECCIONES DE 1986
Censo electoral: 29.117.613. Votos emitidos: 20.524.858. Participación: 70,49%. Presidente del Gobierno: Felipe González.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 184.
Partido Popular (PP): 105.
Centro Democrático y Social (CDS): 19.
Convergència i Unió (CiU) 18.
Izquierda Unida (IU): 7.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 6.
Herri Batasuna (HB): 5.
Resto de partidos: 6.
ELECCIONES DE 1989
Censo electoral: 29.604.055. Votos emitidos: 20.646.365. Participación: 69,74%. Presidente del Gobierno: Felipe González.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 175.
Partido Popular (PP): 107.
Convergència i Unió (CiU) 18.
Izquierda Unida (IU): 17.
Centro Democrático y Social (CDS): 14.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5.
Resto de partidos: 15.
ELECCIONES DE 1993
Censo electoral: 31.030.511. Votos emitidos: 23.718.816. Participación: 76,44%. Presidente del Gobierno: Felipe González.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 159.
Partido Popular (PP): 141.
Izquierda Unida (IU): 18.
Convergència i Unió (CiU) 17.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5.
Resto de partidos: 11.
ELECCIONES DE 1996
Censo electoral: 32.531.833. Votos emitidos: 25.172.058. Participación: 77,38%. Presidente del Gobierno: José María Aznar.
Partido Popular (PP): 156.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 141.
Izquierda Unida (IU): 21.
Convergència i Unió (CiU) 16.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5.
Resto de partidos: 11.
ELECCIONES DE 2000
Censo electoral: 33.969.640. Votos emitidos: 23.339.490. Participación: 68,71%. Presidente del Gobierno: José María Aznar.
Partido Popular (PP): 183.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 125.
Convergència i Unió (CiU) 15.
Izquierda Unida (IU): 8.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 7.
Resto de partidos: 12.
ELECCIONES DE 2004
Censo electoral: 34.571.831. Votos emitidos: 26.155.436. Participación: 75,66%. Presidente del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 164.
Partido Popular (PP): 148.
Convergència i Unió (CiU) 10.
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC): 8.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 7.
Izquierda Unida (IU): 5.
Resto de partidos: 8.
ELECCIONES DE 2008
Censo electoral: 35.073.179. Votos emitidos: 25.900.439. Participación: 73,85%. Presidente del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 169.
Partido Popular (PP): 154.
Convergència i Unió (CiU) 10.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 6.
Resto de partidos: 11.
ELECCIONES DE 2011
Censo electoral: 35.779.491. Votos emitidos: 24.666.441. Participación: 71,71%. Presidente del Gobierno: Mariano Rajoy.
Partido Popular (PP): 186.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 110.
Convergència i Unió (CiU) 16.
Izquierda Unida (IU): 11.
Amaiur: 7.
Unión Progreso y Democracia (UPyD): 5.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5.
Resto de partidos: 10.
ELECCIONES DE 2015
Censo electoral: 36.511.848. Votos emitidos: 25.438.532. Participación: 73,2%. Presidente del Gobierno: Mariano Rajoy.
Partido Popular (PP): 123.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 90.
Podemos: 42.
Ciudadanos: 40.
En Comú Podem: 12.
Es el Moment: 9.
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC): 9.
Democràcia i Llibertat: 8.
En Marea: 6.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 6.
Resto de partidos: 5.
ELECCIONES DE 2016
Censo electoral: 36.520.913. Votos emitidos: 24.279.259. Participación: 69,84%. Presidente del Gobierno: Mariano Rajoy/Pedro Sánchez.
Partido Popular (PP): 137.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 85.
Unidos Podemos: 45.
Ciudadanos: 32.
En Comú Podem: 12.
A la Valenciana: 9.
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC): 9.
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC): 8.
En Marea: 5.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5.
Resto de partidos: 3.
ELECCIONES DE 2019 (I)
Censo electoral: 36.898.883. Votos emitidos: 26.478.140. Participación: 71,76%. Presidente del Gobierno: Pedro Sánchez.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 123.
Partido Popular (PP): 66.
Ciudadanos: 57.
Unidas Podemos: 33.
Vox: 24.
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC): 15.
En Comú Podem: 7.
Junts per Catalunya (JxCAT): 7.
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 6.
Resto de partidos: 12.
ELECCIONES DE 2019 (II)
Censo electoral: 37.001.379. Votos emitidos: 24.507.715. Participación: 66,2%. Presidente del Gobierno: Pedro Sánchez.
Con motivo del 40 Aniversario de la Constitución Española, el alumnado de 3º de ESO del IESO Canal de Castilla (Villamuriel de Cerrato, Palencia) elaboró una serie de trabajos orientados a conmemorar la efeméride. En la semana previa al 6 de diciembre, dedicamos tres de sesiones de clase a elaborar murales, hacer debates sobre una posible reforma del texto y tuitear contenido relacionado con la Transición. Además, también preparamos una pequeña gymkhana con los padres de la Constitución como protagonistas. Sin embargo, por falta de tiempo el juego se quedó en proyecto.
Como la mayor parte de esas actividades no son fáciles de mostrar en internet, dedico esta entrada únicamente a una de ellas: las conversaciones por WhatsApp, hechas en la aplicación WhatsFake, entre algunos de los principales protagonistas de aquella etapa de nuestra historia. Al respecto, debo aclarar que las faltas de ortografía y los errores a la hora de teclear son intencionados. Buscábamos que, de alguna forma, las conversaciones fueran lo más realistas posibles, así que decidimos introducir esos fallos que son tan habituales en el uso los teléfonos móviles.
El primer bloque de imágenes se remonta al año 1976 y, más en concreto, al nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Como se ve a continuación, las alumnas que lo elaboraron presentan la conversación desde los dos puntos de vista:
La segunda conversación de WhatsApp tiene como protagonistas a don Juan Carlos, Adolfo Suárez y Felipe González. En ella nos cuentan los preparativos para la celebración del 40 aniversario:
Por último, preparamos una conversación entre Fernando Abril y Alfonso Guerra. Como se puede leer, esta tercera tanda de WhatsApps también está ambientada en la actualidad:
Conjunto de estándares del temario de 2º de Bachillerato pertenecientes al Bloque 12, que está dedicado a la transición española y desarrollo de la democracia.
NONAGÉSIMO SEXTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
Con el fin de elaborar un borrador de la nueva constitución, las Cortes salidas de las elecciones del 15 de junio de 1977 nombraron una ponencia de siete miembros que representaba a los distintos grupos parlamentarios. Formaban parte de ella tres miembros de la UCD (Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros), un socialista (Gregorio Peces Barba), un comunista (Jordi Solé Tura), un nacionalista catalán (Miquel Roca Junyent) y un diputado de Alianza Popular (Manuel Fraga).
El proceso de elaboración, que duró un total de dieciséis meses, no fue sencillo. Mientras que la UCD y Alianza Popular querían un texto breve y con referencias a las declaraciones internacionales aceptadas por la ONU, el PSOE y el PCE querían que quedaran reflejados, con detalle, los derechos y libertades políticas y sociales del individuo. En su confección, también primo el deseo, por parte de todos, de redactar un texto suficientemente abierto para que pudiera adaptarse a la ideología de cualquier partido democrático que llegara a gobernar. De esta manera, se pretendía evitar episodios del pasado reciente de España en el que los cambios en el poder habían conducido a enmiendas, reformas e, incluso, a la elaboración de una nueva constitución.
Finalmente, el consenso entre las distintas fuerzas políticas permitió terminar los trabajos y presentar el texto definitivo en julio de 1978. Posteriormente, en una sesión conjunta, el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron la Constitución en el mes de octubre. El referéndum del 6 de diciembre fue el episodio definitivo para la aprobación de la nueva carta magna, que obtuvo un respaldo del 87.7% de los votantes. La Constitución fue refrendada por el Rey el 27 de diciembre, entrando en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El texto, formado por ciento sesenta y nueve artículos, recogía las características esenciales de las democracias occidentales. El articulado del Título Preliminar definía a España como un “Estado democrático de Derecho”, y posteriormente se definía la forma política como una monarquía parlamentaria. En su artículo segundo se fundamentaba en la “indisoluble unidad de la Nación española”, al tiempo que se reconocía el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran; aspecto concretado en el Título VIII. También se establecía la separación e independencia de los tres poderes fundamentales del Estado y se garantiza en sus distintos artículos los derechos humanos y las libertades.
ESTRUCTURA DEL VÍDEO:
0:30. Las Cortes Constituyentes y la Ponencia Constitucional.
NONAGÉSIMO QUINTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
Una vez se produjo la dimisión de Carlos Arias Navarro y el nombramiento como presidente de Adolfo Suárez en julio de 1976, el nuevo gobierno inició un conjunto de reformas con las que, en el plazo de un año, se desmontó la estructura e instituciones del régimen franquista. El objetivo era, al fin y al cabo, sustituir la dictadura por una monarquía parlamentaria y democrática donde se respetara la división de poderes y se erradicara la represión política, socio-laboral y cultural. Ahora bien, a través de un proceso que respetara la legalidad vigente –“de la Ley a la Ley”-, por lo que había que convencer a los miembros de las Cortes franquistas de que aprobaran una Octava Ley Fundamental que desmantelara el sistema desde dentro.
A los pocos días de terminar de configurarse el gobierno de Adolfo Suárez hizo pública su declaración programática, en la que destacaban dos compromisos básicos:
La elaboración de una Ley para la Reforma Política que, una vez aprobada por las Cortes y por los españoles en referéndum, permitiera abrir un proceso constituyente para implantar en España un nuevo régimen. Este texto venía a ser, en realidad, el acta de autoliquidación del franquismo, ya que simplemente eliminaba, desde el respeto escrupuloso de la ley, los obstáculos existentes para iniciar la construcción de una democracia.
La convocatoria de unas elecciones para elegir unas nuevas Cortes, que serían las encargadas de elaborar la nueva constitución.
El proyecto de Ley para la Reforma Política fue elaborado por el Gobierno a lo largo del verano de 1976 y presentado y debatido en las Cortes en noviembre. Finalmente, el texto salió adelante con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Posteriormente, con la participación de un 77.72% de la población, fue aprobada en el referéndum del mes de diciembre. El camino para la celebración de las primeras elecciones democráticas desde febrero de 1936 quedaba abierto, de tal modo que estas fueron convocadas para el 15 de junio de 1977. Ahora bien, Suárez entendía que, para un correcto desarrollo de los comicios, era precisa la participación de las fuerzas políticas de oposición. Por ese motivo, con el fin de ganarse su confianza y dar credibilidad a la reforma que había emprendido, adoptó las siguientes medidas:
En marzo de 1977 amplió la amnistía política parcial decretada en julio del año anterior (Ley de Amnistía), y en mayo se reformó nuevamente para su aplicación a todos los encarcelados por motivos ideológicos.
En diciembre de 1976 se disolvió el Tribunal de Orden Público (TOP).
En marzo de 1977 se legalizó el derecho a la huelga, y un mes después se decretó la libertad sindical.
En abril de 1977 se legalizaba el PCE, haciendo posible así su participación en las elecciones de junio.
NONAGÉSIMO CUARTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
Existe un acuerdo global a la hora de situar la transición española dentro de la “tercera ola” democratizadora enunciada por Samuel P. Huntington. Asimismo, se observa un amplio consenso en torno a la labor realizada, que consistía en desmantelar el viejo régimen, dar voz institucional a la oposición democrática, reconocer a los partidos políticos, los derechos de los sindicatos y el derecho de catalanes y vascos a ser culturalmente diferentes y políticamente autónomos, todo esto sin provocar una reacción autoritaria por parte del ejército y del búnker franquista, sin desatar los viejos demonios históricos de la primera y de la segunda República española y de todas las guerras civiles de la España contemporánea.
Ahora bien, para una mejor compresión de ese proceso de cambio, es preciso describir la situación política del país a la muerte del General Franco. En ese contexto distinguimos tres grandes proyectos: continuismo, reforma y ruptura. El primero de ellos, al que se adscribían los grupos más involucionistas de la administración estatal -el bunker-, se caracterizó por una defensa a ultranza del régimen político tal y como se había forjado durante la Guerra Civil y los años de posguerra; es decir, sin admitir ningún tipo de cambio en lo relativo a la organización del poder, las Leyes Fundamentales y los derechos y libertades de la ciudadanía. En el otro extremo se situaban los partidarios de romper con el pasado franquista e instaurar en España una democracia a través de un proceso de cambio político en el que, si bien no era lo deseado, no se renunciaba a la vía revolucionaria. Dentro de ese grupo se situaban los grupos de izquierdas, con especial protagonismo del PSOE y del PCE, así como los nacionalistas periféricos.
Por último, en una posición intermedia entre las otras dos posturas, se situaban los reformistas, grupo integrado tanto por los aperturistas del régimen como por la oposición mas moderada; democristianos, liberales y socialdemócratas fundamentalmente. Su objetivo, al igual que el de los rupturistas, era la sustitución de la dictadura del general Franco por un régimen democrático con sufragio universal, la desaparición de la represión y la división de poderes que ello conlleva. Sin embargo, entendían que ese proceso debía realizarse desde la legalidad franquista –“de la Ley a la Ley”-, desmontando piedra a piedra el régimen dictatorial sin rupturas ni discontinuidades.
Desde el primer momento se hizo evidente que los ciudadanos deseaban, de forma mayoritaria, la democratización del país, pero sin sacrificar la paz y el orden. Esto sólo dejaba una posibilidad, la reforma, que fue el camino seguido por el proceso de transición hasta la aprobación, el 15 de diciembre de 1976, de la Ley para la Reforma Política. En ese periodo de casi trece meses, los españoles fueron testigos de cómo, tanto el búnker como la oposición rupturista al régimen, fracasaban en sus respectivos proyectos.
No obstante, una vez llevada a cabo la reforma legal desde arriba, los reformistas del régimen no podían continuar el tránsito a un orden democrático sin la ayuda de la oposición. Necesitaban atraerse a los sectores más moderados de entre las filas rupturistas, lo que supuso aceptar buena parte de sus postulados. De esta manera, el cambio político pudo llevarse a cabo porque ambos proyectos, reformista y rupturista, cedieron en determinados aspectos con el fin de constituir un régimen democrático. De hecho, la democratización del país era la meta común de los dos grupos, que tan sólo diferían en la manera de llevarlo a cabo. A este respecto, podemos decir que en un principio, por la lógica del momento ya enunciada anteriormente, se impuso la vía reformista; sin embargo, más adelante comenzaron a integrarse también algunos rasgos del proyecto rupturista.
Conjunto de estándares del temario de 2º de Bachillerato pertenecientes al Bloque 11, en el que se estudia la evolución y características del régimen franquista.
OCTOGÉSIMO NOVENO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
El asesinato del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, por parte de la banda terrorista ETA en diciembre de 1973 aceleró la crisis que afectaba a la dictadura desde finales de los años sesenta. La tensión y el nerviosismo entre las distintas “familias” aumentó ante la cercanía del “hecho biológico –eufemismo utilizado para referirse a la muerte de Franco-, la inseguridad puesta de manifiesto con ese atentado y la pérdida de una persona clave para la supervivencia del régimen tras la desaparición del dictador.
Si bien la elección de Carlos Arias Navarro como nuevo presidente fue acogida con optimismo tras las perspectivas de cambio suscitadas por su primer discurso (“espíritu del 12 de febrero”), pronto de puso de manifiesto su tendencia continuista. Es más, esta se vio endurecida, también en su ámbito represivo, por dos acontecimientos de corte internacional y socioeconómico:
En abril de 1974, como consecuencia de la Revolución de los Claveles, caía la dictadura portuguesa. Desaparecía así un régimen político que, tanto por sus postulados ideológicos como por su condición ibérica, podía considerarse hermano de la España de Franco. Además, por esas mismas fechas tocaba a su fin también la dictadura en Grecia, que contribuía aún más a aislar a España de la Europa democrática y, por tanto, de las Comunidades Europeas.
En el ámbito socioeconómico hay que hacer referencia a las consecuencias derivadas de la crisis del petróleo de 1973. La pérdida de poder adquisitivo y el aumento del desempleo llevó a un incremento de la conflictividad social, que se manifestó en movilizaciones y numerosas huelgas. La pasividad mostrada por el gobierno ante estos problemas, unida a la actividad terrorista y el auge de los nacionalismos, contribuyó a generar una imagen negativa del régimen en sus últimos años de existencia. Al fin y al cabo, terminó por perder dos de sus señas de identidad a lo largo de las décadas anteriores: orden y desarrollo económico.
Ante esta compleja problemática, la única respuesta del ejecutivo presidido por Carlos Arias Navarro fue el uso de la fuerza y la represión a través de los cuerpos de seguridad y los tribunales de justicia. El objetivo era evitar, a cualquier precio, cualquier tipo de manifestación, reunión política o acto reivindicativo, ya fuera de corte reformista o económico. En ese contexto se ha de situar la aprobación de la ley antiterrorista de 1975, con la que se pretendió, sin mucho éxito, luchar contra la subversión y las aspiraciones democráticas de buena parte de la sociedad española.
Sin embargo, los buenos resultados del referéndum en Cataluña hicieron que Suárez perdiera interés en el ilustre exiliado, y la posterior incorporación de Pujol a la comisión de los nueve -que irritó profundamente a Tarradellas, defensor a ultranza de que las negociaciones entre la oposición catalana y el gobierno se realizaran por separado-, pareció abrir una vía más directa.
Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 184.
