Egipto en la era post-Mubarak

Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos que he escrito sobre el origen y desarrollo de la «Primavera Árabe» en Túnez y Egipto. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.

*Esta texto se terminó de escribir en marzo de 2012, por lo que no incluye los acontecimientos históricos posteriores a esa fecha.


La revolución en manos del ejército

El mensaje televisado de Omar Suleiman anunciando la renuncia del presidente Hosni Mubarak devolvió temporalmente la calma a las plazas y calles de Egipto. El poder se entregó, de manera temporal, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Este, mediante un comunicado hecho público el 12 de febrero se comprometía a «traspasar pacíficamente el poder, en el marco de un sistema democrático, a una autoridad civil». Es decir, a convocar elecciones legislativas para la constitución de una nueva cámara que tuviese como misión fundamental la redacción de una constitución para el país.

Al abrigo de la nueva autoridad militar, los distintos grupos de oposición comenzaron a prepararse para las primeras elecciones de la era post-Mubarak. El mejor organizado de todos era, sin lugar a dudas, el partido de los Hermanos Musulmanes.

El largo periodo de clandestinidad al que se habían visto relegados los islamistas durante los treinta años de dictadura no había sido suficiente para terminar con su prestigio entre determinados sectores de la sociedad. Los resultados de las elecciones de 2005, a las que habían concurrido bajo otras siglas obteniendo el 20% de los escaños, constituían buena prueba de ello.

Entre los restantes grupos políticos con posibilidades de obtener representación parlamentaria destacaba el partido laico Al Ghad, bajo el liderazgo de Ayman Nur; la Coalición de Jóvenes de la Revolución, formada por algunas de las organizaciones responsables de las revueltas; el partido de Mohamed el-Baradei, Premio Nobel de la Paz y ex Director General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica; y el Partido Nour, otro grupo integrista, en este caso de corte salafista.

Además, algunas de las principales figuras del régimen no descartaban su participación en los comicios. Este era el caso del diplomático Amr Musa o del propio ex vicepresidente Omar Suleiman.

Mientras tanto, el nuevo hombre fuerte de Egipto, si bien de manera interina, era Mohamed Hussein Tantawi, mariscal que ostentaba la presidencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

En su haber, al margen de su historial militar, cabe destacar su condición de ministro de Defensa y Armamento desde 1991, así como de viceprimer ministro desde el 31 de enero de 2011. Sobre él recaía la compleja tarea de lleva al país a un régimen democrático, sin despertar por el camino los recelos de los revolucionarios, islamistas, aliados occidentales o del propio ejército al que representaba.

Si bien las manifestaciones disminuyeron en las primeras semanas tras la marcha de Mubarak, pronto la tensión volvió a ser frecuente en las calles. A comienzos de marzo la crisis económica se convirtió en la protagonista de las protestas de miles de egipcios. Los bajos salarios y el alto índice de paro, monopolizaron unas consignas que poco a poco fueron volviéndose más críticas con el gobierno interino y con el mariscal Tantawi.

La frustración por la falta de recursos acabó por transformarse en un clamor contra la lentitud con la que las autoridades estaban llevando a cabo la transición política. En las calles y plazas del país comenzaba a circular la sospecha de que habían hecho la revolución para cambiar un dictador, Mubarak, por otro, Tantawi.

Lo cierto es que, a la mala situación económica de finales de 2010, se unían las consecuencias negativas que para el sector del turismo había tenido la revolución de enero y febrero de 2011.

La crisis política se dejó notar en el producto interior bruto de Egipto, que se contrajo un 7% en ese periodo. Además, la ausencia de turistas afectó a casi dos millones de trabajadores, lo que suponía elevar la tasa de desempleo por encima del 10%. El gobierno, temiendo que esta situación llevase a un estancamiento de la economía que contribuiría a elevar la pobreza y, por ende, la tensión social, pidió al Fondo Monetario Internacional un préstamo de tres mil millones de dólares. Buena parte de estos fondos fueron dirigidos, de manera inmediata an aumento en los subsidios de alimentos y comestibles.

Una vez solventada la papeleta económica, el gobierno de Tantawi inició una serie de actuaciones con el fin de dar a entender a la población que la transición real estaba en marcha. En primer lugar, el mariscal ratificó que su único objetivo era conducir al país a unas elecciones legislativas que le llevaran a convertirse en una democracia.

Al mismo tiempo, para de demostrar el compromiso del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con la revolución, se despidieron a más de cien policías de alto rango por los actos llevados a cabo contra los manifestantes de la plaza de Tahrir en el mes de enero. Además, se condenó a muerte a un policía por el asesinato de varios manifestantes durante la jornada del 28 de enero, y se condenó a doce años de prisión al ex ministro del Interior, Habib El Adly.

En el viaje emprendido por Tantawi para romper los puentes con el régimen de Hosni Mubarak cabe destacar el propio juicio del antiguo dirigente egipcio. En el mes de agosto, bajo la atenta mirada de millones de televidentes, el octogenario dictador comparecía por primera vez ante un tribunal.

Permaneció toda la vista tumbado en una camilla y acompañado por sus hijos Gamal y Alaa, también acusados de corrupción.

La agenda democrática egipcia

A finales de 2011, en los meses de noviembre y diciembre, la Junta Militar cumplió su promesa de convocar elecciones legislativas. Los comicios se llevaron a cabo en tres rondas –dos en noviembre y una en diciembre-, de tal modo que los ciudadanos acudían a las urnas en una fecha u otra en función de su territorio de residencia.

Ahora bien, ni siquiera reinó la calma en el país durante el periodo electoral. Un grupo de personas volvió a acudir a la plaza de Tahrir para protestar contra lo que consideraban un secuestro de su revolución. Estos manifestantes, muy inferiores en número a los reunidos en los meses de enero y febrero, acusaban a la Junta Militar de retrasar la transición democrática, al tiempo que denunciaban su alianza con el partido Libertad y Justicia (FJP) de los Hermanos Musulmanes.

La protesta de estos jóvenes no andaba del todo desencaminada, puesto que no es descabellado pensar que un ejército con más de medio siglo de gobierno a sus espaldas le cueste dejar el poder y los privilegios que ello conlleva.

Sin embargo, el tiempo ha terminado por demostrar que la Junta Militar no pretendía mantener el poder, sino pilotar el cambio político de tal modo que no afectara negativamente a sus intereses. De ahí que muchos analistas hayan afirmado que el modelo turco era el preferiodo del mariscal Tantawi y de sus correligionarios. Según este esquema, el ejército se convertiría en el defensor de la república y garante de la constitución frente a las desviaciones de los grupos extremistas que pudieran llegar a hacerse con el poder.

En esa situación, sobre cualquier gobierno con ambiciones demasiado reformistas, pendería la espada de Damocles del ejército. Esto es lo que sucede en Turquía desde que, en el año 2002, el partido islamista Justicia y Desarrollo (AKP) ganara las elecciones legislativas llevando a su candidato, Recep Tayyip Erdogan, al cargo de primer ministro del país.

En Egipto, con las encuestas dando la victoria al partido Libertad y Justicia (FJP), primo hermano del AKP turco, no era extraño pensar por aquel entonces en una posible alianza entre los militares y los islamistas.

Un pacto que permitiría a los primeros conservar ciertos privilegios y, a los segundos, llegar al poder; si bien bajo la tutela y vigilancia del ejército.

Tal como indicaban las encuestas, los grupos islamistas fueron los grandes triunfadores de las elecciones legislativas. Sus dos ramas, el partido Libertad y Justicia (FJP), con un 47% de los escaños, y el partido Nour de los salafistas, con un 23%, sumaban el 70 % de los asientos de la nueva cámara legislativa. No obstante, esa superioridad en la cámara no les otorgaba más poder que el propio del legislativo, puesto que el ejecutivo permanecerá en manos de la Junta Militar hasta las elecciones presidenciales previstas para junio de 2012.

El 24 de enero, trescientos sesenta y cuatro días después de la Jornada de la Ira, se reunían por primera vez los quinientos ocho miembros del nuevo parlamento egipcio. Previamente, en una carta dirigida al Consejo de ministros y hecha pública por la prensa del país, el mariscal Tantawi renunciaba al poder legislativo en favor de la nueva asamblea. A su vez, especificaba que el parlamento debía ser el encargado de nombrar una comisión constitucional que redactara la nueva Carta Magna.

Desde entonces Egipto sigue una apretada agenda que le encamina, en principio, hacia un régimen democrático vigilado por el ejército.

En mayo de 2012 debe estar terminado el texto constitucional, y, un mes después, se llevarán a acabo las elecciones presidenciales. Mientras tanto, no hay que descartar que se produzcan nuevas protestas, como la de la plaza de Tahrir en el primer aniversario de la revolución, o incluso actos violentos, como los acaecidos en Port Said durante un partido de fútbol o en octubre contra la comunidad cristina copta de El Cairo.

Túnez después de Ben Alí

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La huida de Ben Alí y la formación, el 17 de enero, de un nuevo ejecutivo no marcaron el final de la Revolución de los Jazmines.

Apenas veinticuatro horas bastaron para que el pueblo tunecino retirara su confianza al gobierno de transición. En la base del rebrote de la protesta estaba la presencia en el ejecutivo de personalidades que habían ostentado cargos de alta responsabilidad durante el régimen –doce en el gabinete sobre un total de veinte miembros-, en especial el primer ministro Mohamed Ghanuchi, hombre de confianza del ex presidente.

De esta manera, convencidos de que se encontraban ante un gobierno continuista, los tunecinos volvieron a salir a la calle el día 18 de enero. Argumentaban que no habían hecho la revolución para terminar simplemente con Ben Alí, sino con el régimen en su conjunto.

Miles de personas llenaron la medina del centro de Túnez, sede de los principales edificios gubernamentales, para mostrar su rechazo al ejecutivo dirigido por Mohamed Ghanuchi. Ante la ventana de la oficina del primer ministro, en la plaza del Palacio de Gobierno, se formó, en pocas horas, un extenso campamento.

La capital de esta república Mediterránea inauguraba, por tanto, ese mecanismo de protesta, que más tarde se haría famoso en España y los EE.UU.

La mayor parte de los miembros de esa improvisada acampada eran habitantes del interior del país, de regiones como Gafsa, Kaserín, Gabes o Sidi Bouzid, ciudad natal de Mohamed Bouazizi. Personas, al fin y al cabo, que se habían trasladado a la capital para unirse a la protesta y que, a falta de un lugar donde hospedarse, habían echado mano de sus propias tiendas.

Los manifestantes se comprometieron a no marcharse de la plaza hasta que todos los colaboradores del régimen de Ben Alí abandonaran el gobierno. Sin embargo, ese mismo día, las fuerzas de seguridad consiguieron dispersar a los ciudadanos, obligándoles a levantar la acampada. La violencia policial, esta vez sin víctimas mortales, volvió ha hacer acto de presencia. En protesta contra estos actos, cuatro miembros del ejecutivo, todos ellos miembros de la oposición, presentaron su dimisión a Mohamed Ghanuchi.

La jornada del 18 de enero, con su gran manifestación, la actuación policial y la dimisión de cuatro ministros, había dejado herido de muerte al gobierno de transición.

Quizás por esa razón, el ejecutivo decidió tomar una serie de medidas para congraciarse con el pueblo. En primer lugar, declaró su intención de legalizar todos los partidos políticos salvo el islamista Ennahdha, al tiempo que se anunciaba la liberación de los presos políticos. En segundo término, con el fin de distanciarse lo máximo posible del huido presidente, las autoridades pidieron a Arabia Saudí su extradición. La diplomacia tunecina basaba sus exigencias en los crímenes cometidos por Ben Alí durante la revuelta de los días anteriores.

En concreto, se le acusaba de participar en varios delitos graves como “incitación al asesinato o fomento de la discordia entre los ciudadanos del país”. Además, a estos cargos había que añadir aquellos anteriores a la Revolución de los Jazmines: especulación ilegal, blanqueo de dinero, corrupción a gran escala… El documento de la embajada tunecina terminaba pidiendo a los saudíes información sobre el estado de salud de Ben Alí, puesto que, sobre la cuestión, circulaban rumores contradictorios, e incluso se hablaba de la posible muerte del dictador.

No obstante, las medidas tomadas por el gobierno de Ghanuchi no fueron suficientes para calmar al pueblo. En los días que siguieron al desalojo del 18 de enero, los manifestantes volvieron a ocupar la plaza, llenándola nuevamente con sus tiendas de campaña. Además, a partir del día 22, cientos de agentes de policía comenzaron a simpatizar con la protesta, hasta el punto de unirse a ella.

Finalmente, la llegada a la plaza de un gran grupo de universitarios y jóvenes de la capital, elevó el número de acampados a los tres mil en la tarde del jueves 24.

Con el fin de aprovechar la masa humana que se concentraba frente al Palacio de Gobierno, y percibiendo a su vez la fragilidad del ejecutivo, la oposición convocó para el viernes 25 de enero una nueva manifestación masiva por las calles del centro de la capital. Lo que comenzó siendo una marcha pacífica en pro de la dimisión de Ghanuchi, fue degenerando hasta terminar en una batalla campal entre un grupo de radicales y la policía.

El enfrentamiento tuvo su origen en la avenida Burguiba, donde los agentes de seguridad cortaron el paso a los manifestantes que se disponían a asaltar la sede del Ministerio del Interior. En respuesta a la acción policial, estos comenzaron a lanzarles piedras, al tiempo que prendían fuego al mobiliario urbano. En ese momento se produjo la carga policial, que dejó a su paso tres muertos. Escenas similares se vivieron en los aledaños del Parlamento, cuyo asalto fue también detenido por las fuerzas de seguridad.

La primera reacción del gobierno ante los acontecimientos de la jornada de protesta fue pedir calma a la población, al tiempo que apelaba a su responsabilidad, vital para llevar a buen puerto el proceso de transición. Pero, a pesar de esas recomendaciones, los disturbios continuaron a lo largo del 26 de enero, con un saldo de tres muerto y ochenta y cinco heridos.

Al día siguiente, con la situación totalmente fuera de control, el primer ministro Mohamed Ghanuchi presentaba su dimisión ante el presidente Fouad Mebaza. Desaparecía así de la escena política el sucesor de Ben Alí, un hombre que, a causa de su pasado ligado al régimen, no había podido llevar a buen puerto el cambio político en su país.

El elegido para sucederle fue Beji Caid-Essebsi, un veterano político de ochenta y cuatro años que, durante la etapa de Habib Burguiba, había desempeñado cargos ministeriales.

Tras el relevo gubernamental, las aguas volvieron a su cauce. Las manifestaciones cesaron, al tiempo que la acampada frente al Palacio de Gobierno fue perdiendo integrantes poco a poco hasta desaparecer a comienzos del mes de marzo. A todo esto contribuyó, sin lugar a dudas, la mejora de las relaciones entre el ejecutivo y las fuerzas de oposición agrupadas en el Alto Consejo para la Protección de la Revolución.

También influyó la dimisión de los ministros Aziz Chlabi y Mohamed Nuri Yuini. Estos, titulares de los departamentos de Industria y Cooperación Internacional respectivamente, pertenecían al partido Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), vinculado al régimen de Ben Alí.

Otro símbolo del cambio político fue la legalización, tras veintitrés años en la clandestinidad, del partido islamista Ennahdha. El 1 de marzo, a las pocas horas de confirmarse la noticia, su líder, Rachid Ghanuchi, manifestaba su voluntad de aceptar y respetar las reglas del juego democrático, al tiempo que anunciaba su deseo de convocar un congreso nacional del partido.

El 3 de marzo, en un discurso televisado a la nación, Fouad Mebaza anunciaba que las elecciones a la Asamblea Constitucional se celebrarían el 24 de julio.

El presidente confirmó que el gobierno de transición se mantendría en el poder hasta que los nuevos representantes del pueblo estuvieran en situación de designar un nuevo ejecutivo. A su vez, Mebaza informó a los ciudadanos sobre la elaboración de una normativa electoral, cuya aprobación estaba prevista para finales de marzo. Terminaba su intervención asegurando que la gran misión del gobierno interino, así como de la asamblea elegida por el pueblo en julio era “consagrar las aspiraciones del pueblo tunecino y su revolución”.

Cuatro días después de este importante discurso, se legalizaban nueve partidos políticos, entre ellos Congreso para la República (CPR) del médico, escritor y opositor a Ben Alí, Moncef Marzouki. De igual modo, el 18 de marzo, el Partido Comunista de los Obreros de Túnez (PCOT) abandonaba la clandestinidad.

A comienzos de junio, el ejecutivo tunecino decidió retrasar las elecciones legislativas hasta el 23 de octubre. En una comparecencia pública, Beji Caid-Essebsi explicó detenidamente las razones por las que creían preferible convocar los comicios en otoño en lugar del 24 de julio.

A lo largo de su discurso, el octogenario primer ministro, puntualizó que la decisión se había tomado teniendo en cuenta la opinión de la Comisión Electoral. Este organismo era partidario de dar más tiempo a los partidos políticos para organizar sus estructuras y confeccionar las listas de candidatos. A su vez, Beji Caid-Essebi dejó entrever que la situación del país aún era demasiado tensa como para enfrentarse a una consulta popular.

El cambio de la fecha fue acogido con cierto malestar en el seno de las fuerzas opositoras. Sin embargo, la inmensa mayoría de los partidos políticos no dudó en reconocer que ese plus de tiempo otorgado por la Comisión Electoral les permitiría llegar mejor organizados a los comicios. De esta manera, salvo incidentes aislados protagonizados por simpatizantes del Tahrir, grupo político fundamentalista de carácter salafista, la noticia no provocó ningún tipo de reacción popular.

Además, los actos de protesta de ese grupo islamista, declarado ilegal por el gobierno de transición, eran más un intento de presión para estar presente en las urnas que una expresión de malestar por el cambio de fecha. Los incidentes de comienzos de junio, así como otros previos a la cita electoral, no influyeron en la decisión del ejecutivo: se mantuvo el carácter ilegal del partido Tahrir basándose en su rechazo a la democracia, así como en su intención de imponer el Sharia de forma integral.

Las pocas esperanzas del movimiento salafista se desvanecieron cuando, el 12 de septiembre, la Instancia Superior Independiente para las Elecciones publicó el registro de las listas autorizadas a participar en los comicios. Las candidaturas del partido Tahrir no se encontraban presentes entre las 11.618 admitidas. La comisión organizadora había seleccionado 1517 listas -148 del extranjero-, de las cuales 828 pertenecían a partidos políticos, 34 a coaliciones, y 655 a independientes.

Además, una cuarta parte de los candidatos no superaban los treinta años, mientras que únicamente un 7% de las listas estaban encabezadas por mujeres.

En los días previos a la cita electoral del 23 de octubre, comenzaron a circular un gran número de encuestas. La mayoría de ellas daba como vencedor, con un 30% de los votos, al partido islamista Ennahdha. Desde ese momento, algunos de sus rivales -Partido Democrático y Progresista (PDP) y el Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades (FDLL)- comenzaron a explotar el argumento del miedo al establecimiento de un régimen fundamentalista en el país.

Sin embargo, el alto número de simpatizantes con los que contaba este grupo, así como el discurso moderado de su líder Rachid Ghanuchi, contrarrestaron con bastante eficacia el discurso de los demás partidos. A lo largo de la campaña, el Ennahdha trató de mostrarse como un partido respetuoso con la democracia y partidario de la línea política del islamismo moderado. Es decir, manifestaron su deseo de seguir los pasos del AKP turco de Recep Tayyip Erdogan.

Además, Rachib Ghanuchi no olvidó cuidar su imagen en el exterior, tal como se reflejó en la entrevista que concedió a The Guardian la semana previa a las elecciones. En ella, anunció su intención de estrechar las relaciones con la Unión Europea, al tiempo que apostaba por la vía democrática “dentro de la tendencia general del Islam político moderado”, con Turquía como modelo.

El Ennahdha también tuvo que hacer frente a las declaraciones de los grupos feministas, temerosos de que, con su victoria, el país retrocediera en el campo de la igualdad.

El líder del partido salió al paso de esas acusaciones en numerosas intervenciones y entrevistas, entre ellas la citada para The Guardian: «Nuestro manifiesto subraya nuestra defensa de los derechos de la mujer y el respaldo al sistema de participación que fija la igualdad de hombres y mujeres.

Las mujeres juegan un papel importante a todos los niveles de nuestro partido, como cabría esperarse de cualquier formación democrática». Las palabras de Ghanuchi estaban, además, respaldadas por los hechos. Un alto porcentaje de los candidatos de su partido eran mujeres, y la mayoría de ellas no usaba de manera habitual el velo.

El domingo 23 de octubre, los ciudadanos tunecinos acudieron a las urnas para elegir a los parlamentarios que iban a formar parte de la Asamblea Constituyente.

Además, tal como quedaba reflejado en la convocatoria electoral, si estos lo creían conveniente, estarían autorizados para nombrar un nuevo gobierno, así como un presidente de la república. El sistema electoral, diseñado por la Alta Instancia para la Realización de los Objetivos de la Revolución, de la Reforma Política y de la Transición Democrática, contemplaba un modelo representativo proporcional mayoritario, a una vuelta y con listas cerradas.

A su vez, el país quedaba dividido en treinta y tres circunscripciones diferentes. Estas, en función de su población, se repartían ciento noventa y nueve de los doscientos diecisiete asientos parlamentarios, quedando los restantes dieciocho reservados para el voto emigrante. Yadh Ben Achour, director del citado organismo, aseguraba que, de este modo, se buscaba establecer “un panorama lo más representativo posible”, al tiempo que se evitaba la presencia de un partido hegemónico. Así, las distintas fuerzas políticas estaban obligadas a llegar a acuerdos, construyendo una Constitución basada en el consenso.

Si bien en la mañana del día 24 ya circulaban numerosos rumores, los resultados no fueron publicados por la Instancia Superior Independiente para las Elecciones hizo hasta el día 28 de octubre. El recuento final arrojó una participación del 86% -4.308.888 votos emitidos-, con un 3,6% de votos nulos y un 2,3% en blanco. El sistema electoral utilizado configuró un parlamento con doce fuerzas parlamentarias, de las cuales ninguna llegaba a la mayoría absoluta. En lo que se refiere a distribución de escaños por género, las mujeres alcanzaron un 27% frente al 73% de los varones. Porcentajes, por otro lado, muy similares al de los candidatos de cada sexo.

El triunfo fue para los islamistas del Ennahda, con el 37% de los votos. El partido de Rachib Ghanuchi obtuvo así 89 escaños, 42 de ellos ocupados por mujeres. El Partido Congreso para la República, liderado por Moncef Marzouki, se convirtió en la segunda fuerza política, con el 8,7% y un total de 29 representantes.

El 6,9% y tres parlamentarios menos obtuvo el grupo Al Aridha, y veinte, con un 7% de los sufragios, Ettakatol (Forum Democrático para el Trabajo y las Libertades). El Partido Democrático Progresista (PDP) obtuvo un 4% de los votos y 16 escaños, mientras que Polo Democrático Modernista (PDM) y Al Moubadara consiguieron 5 representantes cada uno, con un 2,8% el primero y un 3,2% el segundo. Por debajo del 2% se situaron Afek Tounis, con 4, Alternativa Revolucionaria, con 3 escaños, así como el Movimiento de los Socialdemócratas y Echaab, con 2 cada uno. A su vez, 16 independientes alcanzaron también representación parlamentaria.

La comparecencia pública del líder de Ennahda se produjo a las pocas horas de conocerse los resultados. Ghanuchi volvió a tranquilizar a la población y a las fuerzas políticas laicas, dando a entender de forma clara que su partido respetaría las conquistas democráticas de los tunecinos, así como el papel de la mujer y los derechos humanos: “La democracia es para todo el mundo, nuestros corazones están abiertos a todo el mundo y pedimos a nuestros hermanos, cualesquiera que sean sus orientaciones políticas, que participen en la redacción de la Constitución y en la instauración de un régimen democrático (…) Ennahda no va a cambiar el modo de vida. Dejará el asunto en manos de las mujeres tunecinas. Habrá mujeres en el nuevo Gobierno que lleven o no lleven velo”.

A su vez, el líder islamista aprovechó para lanzar varios mensajes al exterior: “Ennahda se compromete (…) a respetar todos los compromisos de Túnez (…) La revolución no ha destruido al Estado, solo destruyó al régimen (…) Estamos abiertos a las inversiones de todas partes y nos comprometamos a respetar los intereses de los inversores”.

Hamadi Jebali, número dos de Ennahda, fue la persona designada por Rachib Ghanuchi para formar un nuevo gobierno. La negociación con los restantes partidos políticos no se cerró hasta finales de diciembre. De ella salió un ejecutivo de coalición con cuarenta y dos miembros, dieciocho de ellos islamistas. A su vez, Jebali fue nombrado primer ministro.

Previamente, con el apoyo de Ennahda, Congreso para la República y Ettakatol, el parlamento había aprobado una Constitución provisional que debía regir el país durante un año. Es decir, hasta la redacción de un texto definitivo. Sus veintiséis artículos, además de distribuir los poderes entre las distintas instituciones de la república, establecían el proceso para designar al presidente y al primer ministro.

A partir de lo establecido por el texto constitucional, los parlamentarios eligieron presidente de Túnez al líder del Congreso para la República. Moncef Marzouki, médico de profesión, comenzó su labor como opositor en la etapa de Habib Burguiba, poco tiempo después de licenciarse en la Universidad de Estrasburgo.

En 1980 se unió a la Liga Tunecina de Derecho Humanos, cuestión sobre la que publicó más de diez obras en francés y árabe. A sus sesenta y seis años, este polifacético personaje fue elegido presidente de su país con el apoyo de 153 parlamentarios, 3 votos en contra, 44 en blanco y 2 abstenciones.

De esta forma, con la designación de Marzouki y, posteriormente, con la formación del ejecutivo de Jebali, se iniciaba en Túnez una nueva etapa. El gobierno de transición, así como el presidente Mebaza, dejaban paso a los nuevos cargos electos, encargados de llevar a buen puerto el último reto de la Revolución de los Jazmines: la redacción de la Constitución.

Turquía: Atatürk camina hacia Europa

Presento a continuación un texto que escribí en mayo de 2007 para la revista digital «Luz y Taquígrafos». El sexto número de esta publicación se dedicó, con motivo del Día de Europa -9 de mayo-, al proceso de integración europeo. Yo me decidí, animado por los recientes acontecimientos de abril y mayo, a tratar la cuestión turca dentro del marco de su posible incorporación a la Unión Europea. Este es el resultado.


La Historia de los turcos es la de un pueblo que lleva casi mil años llamando a las puertas de Europa. Constituyen el recuerdo de una antigua amenaza para la entonces llamada Cristiandad, pero también el de un muro de contención contra las imprevisibles y devastadoras incursiones centroasiáticas. Forman parte de la tradición histórica de nuestro entorno; sin embargo, somos muy diferentes. Han sido durante mucho tiempo el límite oriental del mundo europeo. Y, como habitantes de una tierra de frontera, han desarrollado aspectos culturales propios de nuestro ámbito, pero también del de otros pueblos situados más allá de ese limes. Tal vez esa peculiar situación geográfica sea la responsable de que hoy por hoy los europeos veamos al turco como un extraño.

No obstante, aunque también participan de otras tradiciones culturales, ellos se consideran parte de Europa. Y lo cierto es que, tal vez, pesen más las similitudes que las diferencias.

Turquía comenzó hace más de ochenta años su proceso de occidentalización. De la mano de Mustafa Kemal Atatürk se iniciaron una serie de reformas tendentes a desislamizar el Estado y proporcionar a la población una educación moderna y de carácter liberal. Incluso, en ese afán por abandonar las viejas tradiciones, el líder turco llegó a prohibir el alfabeto árabe, imponiéndose como oficial el de tipo occidental. Tras la Segunda Guerra Mundial, Turquía se convirtió en una pieza clave en el escenario de Guerra Fría como aliada de los Estado Unidos. Eso explicaría las abundantes ayudas que recibió del Plan Marshall, y su elección como miembro del Consejo de Europa en 1949. No obstante, su entrada en el proyecto comunitario se frustró en tres ocasiones –1973, 1981 y 2004- por la desidia de sus gobernantes y las dificultades internas.

Entre estas últimas destaca una que, a día de hoy, todavía preocupa notablemente en Bruselas. Se trata de la continua intromisión del ejército en la vida política del país. Desde los años de gobierno de Atatürk, los militares han cumplido el papel de defensores de la democracia y la laicidad del Estado. Esto explicaría un fenómeno que en Occidente, cuya Historia casi siempre ha funcionado en el sentido contrario, difícilmente podemos entender: el ejército es el garante del liberalismo republicano. Así ha sucedido hasta la década de 1980, cuando se produjo el último de los cuatro golpes militares vividos por Turquía desde el final de la Gran Guerra. Es cierto que desde entonces el estamento militar no ha vuelto a tomar el control directo del país, pero su sombra –como bien se ha podido comprobar a raíz de la crisis presidencial de este año- siempre ha estado presente en la vida política nacional.

Turquía pretende ahora acercarse a la Unión Europea, y esta, consciente de la complejidad de la cuestión, elude responder de forma inmediata. Los miembros comunitarios no quieren precipitarse a la hora de dar entrada a un gigante tan peculiar en el seno de Europa. Por su parte, los turcos, de la mano del islamista Recep Tayyip Erdogan, repiten la misma jugada que durante siglos han utilizado para alcanzar sus objetivos: presionar al adversario –en este caso futuro aliado- jugándose todo a una carta. Sin embargo, como tantas veces les ha sucedido en la Historia a los gobiernos turcos y otomanos, se han encontrado con divisiones dentro de su propio territorio: son muchos los turcos que no quieren entrar en Europa. Y, para complicar la cuestión, son más los europeos que no desean ver dentro del proceso integrador a los hijos de la media luna.

Turquía frente a Europa

Las negociaciones para la adhesión de Turquía a la Unión Europea como miembro de pleno derecho se iniciaron el 3 de octubre de 2005. El largo camino de los turcos hacia el paneuropeísmo parecía estar llegando a su fin cuarenta años después. Sin embargo, los ciudadanos europeos hemos abierto un debate completamente nuevo: se trata de dilucidar si queremos tener a los antiguos otomanos dentro de nuestro proceso integrador. Y, como suele suceder en los casos en que la prensa no especializada toma la batuta, la discusión está marcada por la ignorancia y los viejos prejuicios.

De pronto han resurgido de las páginas de la Historia las figuras de los antiguos sultanes que ponían cerco a Viena y asaltaban naves venecianas en el Mediterráneo Oriental. La atención de nuestros ojos se ha centrado en su retraso socioeconómico y en el auge de los movimientos islamistas en todo Próximo Oriente. Se han magnificado las diferencias al tiempo que se tapan las numerosas similitudes. En definitiva, muchos europeos estamos dando la espalda a los esfuerzos turcos que, sin ser suficientes, no merecen tal desprecio por nuestra parte.

Nos olvidamos de aquellos sultanes que negociaron con Europa, que respetaron a los cristianos de sus territorios, que frenaron las hordas asiáticas dispuestas a terminar con la cultura occidental… Reprochamos a los gobernantes turcos la deplorable situación de su país mientras dejamos entrar en la Unión a naciones –véase el caso rumano- con similar nivel de desarrollo. Les cerramos las puertas por miedo al Islam sin percatarnos de que un aliado poderoso dentro del mundo musulmán sería beneficioso para la propia Europa.

Cierto es que en la actualidad todavía le queda a Turquía un largo trecho por recorrer en su andadura hacia la Unión Europea.

No obstante, lo curioso es que a esta nación no se le perdona ninguno de sus errores y carencias, mientras que otros países en situaciones similares pudieron integrarse fácilmente en el ámbito europeo sin demasiados reproches. Es más, los turcos tienen una mayor riqueza que aportar a Europa, tanto en el ámbito geoestratégico como en el cultural. A mi juicio, Turquía está llamada a ser la puerta de Europa en sus futuras relaciones con el Islam. Y eso incluye tanto el avispero de Oriente Próximo como toda la franja costera del norte de África. También es, por tradición histórica, uno de lo grandes protagonistas de la región que más quebraderos de cabeza ha dado a Europa: los Balcanes. Turquía vendría a cerrar el círculo creado con la integración de los antiguos países del Este, al tiempo que daría a la Unión un mayor potencial diplomático y militar. El peso de los europeos en política exterior se vería sumamente reforzado con la presencia turca.

Europa también ha de entonar el mea culpa

Una de las cuestiones que más ha perjudicado a Turquía en este debate sobre su posible entrada en la Unión Europea ha sido la relativa al genocidio armenio. No pretendo quitar hierro a un asunto tan grave como este, pero pienso que exige atender a numerosos matices. Armenia pertenecía desde siglos atrás al Imperio Otomano, y sus habitantes habían convivido pacíficamente con los turcos. Incluso habían llegado a desempeñar altas responsabilidades de gobierno.

No obstante, a finales del XIX, al tiempo que el territorio de los sultanes era invadido por el nacionalismo turcomano, los armenios rescataron del baúl de la Historia su propia identidad. Reclamaban un Estado-nación propio, algo que el gobierno de Estambul no podía permitir. La actuación imperial para detener el movimiento independentista no estuvo exenta de actos represivos. Sin embargo, hasta 1915 la situación estuvo marcada por una relativa normalidad.

Fue en la Gran Guerra cuando las autoridades otomanas, previendo el peligro quintacolumnista que el pueblo armenio constituía en la frontera con Rusia, se decidieron a internar a miles de personas en campos de prisioneros. Se esperaba para el verano de 1915 una invasión zarista que contase con el apoyo incondicional de la población de Armenia; por esa razón se optó por trasladar a los habitantes de esta región al sur del Imperio. No se trataba de una operación de exterminio como la que llevarían a cabo los nazis treinta años después, pero todo acabó en tragedia.

La causas de esta catástrofe, no del todo involuntaria, fueron la escasez de suministros que asoló Anatolia desde esa fecha hasta el final de la contienda, el odio al “traidor armenio”, y la dureza física que suponía trasladar por el desierto a miles de personas famélicas con el calor del verano a sus espaldas. La mayor parte de los deportados sucumbieron de camino a su destino, y los que quedaron vivos acabaron por encontrar la muerte en los propios campos de prisioneros.

Las cifras oficiales hablan de un millón y medio de seres humanos desaparecidos; aunque los turcos rebajan ese número a doscientos mil.

No se trató, aunque muchas veces se ha querido ver así, de un plan para exterminar la nación Armenia. Y, aunque así fuera, eso justificaría poco el empeño occidental por lastrar a los turcos con semejante losa. Fue el Imperio Otomano, y no la República de Turquía, la que llevó a cabo tales actos. La nueva nación democrática y laica surgida tras la Gran Guerra hizo todo lo posible por alejarse de la herencia imperial. Sería, pues, una situación similar a la de los alemanes cuando renegaron del Tercer Reich. La diferencia es que a Alemania se le permitió dar ese paso, mientras que en el caso turco miramos con recelo y desconfianza ese deseo por olvidar el pasado.

Desde Bruselas se exige a Turquía que pida perdón por el exterminio armenio de 1915. Sin embargo, los europeos nos olvidamos con demasiada facilidad de los años del imperialismo. Naciones como Inglaterra, Italia, Francia o Alemania tienen tras de sí –incluso en el siglo XX- una larga lista de víctimas equiparable, si no superior, a la de los turcos. Hoy todos nos sentamos juntos para construir una Europa más justa y solidaria; nos horrorizamos por los errores cometidos en el pasado, y procuramos evitar que se repitan ¿Acaso no debemos dar la misma oportunidad a la República Turca? Han de pedir perdón, eso está claro, pero esperemos que ahí termine el acoso contra la candidatura de los turcos.

Actualidad: la crisis presidencial de 2007

En las últimas semanas Turquía ha sido noticia por el enfrentamiento entre islamistas y kemalistas. Los primeros, agrupados en torno a la formación política mayoritaria en el Parlamento –Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP)-, trataron de llevar a la presidencia de la República a Abdullah Gül, Ministro de Exteriores del ejecutivo Erdogan. Por su parte, la oposición –Partido Republicano del Pueblo (CHP)-, con el apoyo del Ejército y del Tribunal Constitucional, logró bloquear ese nombramiento. En definitiva, el país ha atravesado la mayor crisis institucional y política de los últimos veinte años.

Estas pocas líneas resumen los hechos acaecidos en Turquía a lo largo del malogrado proceso de investidura de Abdullah Gül. No obstante, detrás de cada una de esas palabras se vislumbra cuál es la situación actual de la política turca; reflejo, al fin y al cabo, de su desarrollo a lo largo del siglo XX. El kemalismo sirvió en su momento para modernizar la nación y librarla de las ataduras de la confesionalidad más estricta. Sin embargo, ochenta años después, su discurso choca con la libertad religiosa defendida por las democracias occidentales. Atatürk, en su afán por desislamizar Turquía, pisoteó muchos derechos reconocidos como fundamentales por la Carta de los Derechos Humanos y los propios postulados del liberalismo democrático.

Ahí es donde se sitúan los llamados islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo. No son, como piensan los altos mandos del ejército turco –de ahí su oposición al AKP-, radicales ni fundamentalistas; tampoco han de ser considerados continuadores de las formaciones políticas fundadas por Necmettin Erbakan. Los actuales gobernantes de Turquía son republicanos y demócratas que defienden un ligero, a la par que necesario, viraje en la política kemalista. Desean vivir en una nación laica –que no laicista-; un país que reconozca los derechos de las religiones, incluida la musulmana. Y son precisamente estos hombres los que desean ardientemente entrar en la Unión Europea.

La élite kemalista, ahogada en su nacionalismo laicista, mira con recelo a Bruselas.

Desde Occidente se mira con desconfianza a los miembros del actual gobierno turco por tratarse de islamistas. Sin embargo, esa denominación no tiene, como en otras naciones musulmanas, un carácter radical. Son personajes contrarios al laicismo predominante en Turquía. No quieren volver al Estado-religión de otras épocas y lugares, sino establecer una aconfesionalidad respetuosa con las creencias. Por esa razón miran a Europa. Esperan que ella ayude a consolidar su democracia, a hacerla más estable. Buscan también en la Unión un respaldo a sus reivindicaciones en pro de la libertad individual; en este caso referida a la expresión religiosa.

Por su parte, no quedan dudas, tras las últimas declaraciones de las autoridades comunitarias, de que Bruselas prefiere a Abdullah Gül al frente de Turquía. Una vuelta de la élite kemalista al poder reavivaría las llamas del nacionalismo turco, contrario a la integración de la República en Europa. El futuro es incierto, aunque todo parece indicar que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) volverá a imponerse sobre las destartaladas filas socialdemócratas en las elecciones del próximo mes de julio. Para entonces, con el sólido respaldo de las urnas, Recep Tayyip Erdogan podrá operar el cambio que necesita Turquía para encaminarse definitivamente a Europa.

¿Kemalismo contra islamismo en Turquía?

Artículo publicado en la sección Colaboraciones de La Segunda en mayo de 2007.


La crisis presidencial turca de 2007 parece haber terminado en tablas tras el primer asalto. Esos días a caballo entre abril y mayo finalizaron sin un claro triunfador en la lucha por el poder. El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por el actual primer ministro – Recep Tayyip Erdogan-, no logró que Abdullah Gül alcanzase la presidencia de la nación. No obstante, tampoco la oposición kemalista del Partido Republicano del Pueblo (CHP) y el Ejército han conseguido desbancar a los islamistas del poder.

Hasta el próximo 22 de julio, fecha que la Junta Electoral ha establecido para la celebración de comicios anticipados, todo seguirá igual en Turquía: Ahmet Necdet Sezer continuará siendo presidente, y Erdogan primer ministro

¿Qué sucederá tras las elecciones? Esa es la gran pregunta que nadie acierta a contestar a día de hoy. Parece claro que, salvo sorpresas, los islamistas moderados de AKP reeditarán su mayoría en la Cámara. Sin embargo, no está del todo claro si ese nuevo triunfo desbloqueará la oposición a la designación de un presidente de ese partido. Es más, en caso de que se produjera un nuevo bloqueo, no habría que descartar la intervención de un Ejército ansioso por volver a ser el protagonista de la vida política turca. Y esto, bien lo sabemos, volvería a cerrar a Turquía las puertas de la Unión Europea durante muchos años. De momento lo más sensato es esperar a los sucesos del día electoral; sólo entonces podremos analizar de una manera más certera esta cuestión.

Nadie es capaz de predecir un futuro tan incierto como el de la alta política turca. No obstante, podemos analizar, basándonos en aspectos históricos, sociológicos e ideológicos, su situación actual. La Turquía de Mustafa Kemal inició tras la Gran Guerra su proceso de occidentalización. Este se manifestó en un sinfín de reformas que tenían como objetivo su modernización y conversión en una nación competitiva.

A la muerte de Kemal sus seguidores trataron de continuar su obra política, y para ello se basaron en dos pilares: el partido kemalista –actual CHP- y el Ejército. Los primeros defenderían a través de las urnas el Estado laicista y democrático impuesto por su fundador; y los segundos intervendrían militarmente cuando, tras la derrota electoral del kemalismo, sus rivales amenazaran con desmontar el sistema.

Sin embargo, este “modus operandi” ha ido degenerando poco a poco hasta convertirse en una simple excusa para que determinadas élites nacionales se mantengan en el poder.

El Partido Republicano Popular, que de unos años a esta parte se viene denominando socialdemócrata, es la cuna de los herederos de Atatürk e Ismet Ínönü. Deniz Baykal y los suyos son personajes que, acostumbrados a que sus antecesores controlaran los resortes del poder, no entienden porque ellos no han de hacerlo. Muestran en sus planteamientos una alarmante carencia de cultura democrática: no admiten la alternancia y el ascenso de figura ajenas a sus élites.

Por su parte, el Ejército ha terminado por convertirse en defensor de los intereses kemalistas, que no democráticos. Es más, sus abundantes injerencias en la actividad política –algunas, a mi juicio, justificadas- a lo largo del último siglo, les han dejado buen sabor de boca. Los altos cargos militares turcos se sienten a gusto dirigiendo a la acción gubernamental, bien por coacción o por acción directa.

Hemos descrito brevemente a uno de los dos oponentes en la lucha por el poder en Turquía; a continuación vamos a conocer a sus rivales. Lo primero que hay que determinar a la hora de hablar del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) es si realmente es un grupo islamista. En su origen la mayor parte de estos personajes –Erdogan y Gül incluidos- fueron seguidores de Necmettin Erbakan. Este si que fue un verdadero líder islamista; un hombre que aspiraba a que la política turca volviera a sus antiguas tradiciones religiosas.

No obstante, los actuales gobernantes de Turquía se alejaron bien pronto de los planteamientos de su antiguo líder y fundaron un nuevo partido que muchos denominan como islamismo moderado. Se trata de un grupo que defiende la continuidad del actual régimen turco –el kemalista- pero suavizando determinados aspectos laicistas que, a su juicio, rozan la paranoia antirreligiosa (ciertamente, Turquía no es hoy un Estado laico, sino laicista). Son partidarios de la modernización del país y de su integración en la Unión Europea.

Es más, con el ejecutivo Erdogan se han dado los pasos más importantes en el proceso integrador.

Dicho esto, cabe plantearse si realmente AKP es peligroso para la democracia. Mi opinión es que no ¿De dónde viene, pues, la oposición tan radical mostrada en los pasados días –¡y lo que nos queda!- por kemalistas y militares? Lo cierto es que la presidencia de la República es uno de los últimos bastiones que le queda a esta élite todopoderosa desde los tiempos de Mustafa Kemal Atatürk. Es lógico, pues, que se resistan a entregarlo. Aunque en su día les costó, han dejado en numerosas ocasiones que otros ocuparan el gobierno del país. Incluso han permitido que cayera en manos de islamistas radicales como el anteriormente citado Necmettin Erbakan.

Sin embargo, en este proceso de normalización política que dura ya más de ochenta años, todavía no han abandonado nunca la presidencia. Esa es la tecla que han tocado Erdogan y Gül, y parece que el kemalismo todavía no estaba maduro para aceptarlo. En fin, se trata de un paso más hacia el pluralismo; un requisito que algún día –puede que dentro de pocas semanas- Turquía tendrá que cumplir para ser una nación totalmente democrática.

Bibliografía:

[1] El turco. Diez siglos a las puertas de Europa; Francisco Veiga – Barcelona – Debate – 2007.

[2] Turquía, entre Occidente y el Islam: una historia contemporánea; Glòria Rubiol – Barcelona – Viena -2004.

La carta turca y sus peligros

Artículo publicado por Historia en Presente el 1 de junio de 2008.


Llevamos más de dos años dándole vueltas a la cuestión turca. En numerosos círculos se ha discutido, y se sigue discutiendo, acerca de la conveniencia de la entrada de Turquía en la Unión Europea. Con este artículo trato de aportar una visión histórica del problema, al tiempo que advierto –siguiendo la línea marcada por Anthony Giddens en “Europa ante la era global”- de las consecuencias negativas de tener a los turcos de espaldas al proyecto europeísta.

He de reconocer que este texto no es más que la refundición –en ocasiones copia- de varios artículos que había escrito ya sobre la cuestión. Principalmente me he basado en dos: “Turquía: Atatürk camina hacia Europa” y “Turquía si, pero más tarde”. Ambos se encuentran en la bibliografía que he añadido al final.

Turquía: currículum vitae

El proceso de occidentalización llevado a cabo por el primer presidente de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, está a punto de cumplir noventa años. Durante ese periodo, y especialmente en sus inicios, se llevaron a cabo una serie de reformas tendentes a desislamizar el Estado y proporcionar a la población una educación moderna y de carácter liberal. Incluso, en ese afán por abandonar las viejas tradiciones, el líder turco llegó a prohibir el alfabeto árabe, imponiéndose como oficial el de tipo occidental [1]. Además, es evidente que el devenir histórico fue favorable para el desarrollo de esos planes reformistas.

Tras la Segunda Guerra Mundial, y en pleno escenario de Guerra Fría, Turquía se convirtió en una pieza clave como aliada de los Estado Unidos.

Eso explicaría las abundantes ayudas que recibió del Plan Marshall, y su elección como miembro del Consejo de Europa en 1949. A los turcos parece faltarles tan sólo una importante pieza para completar su puzzle: la entrada en la Unión Europea. La adhesión de Turquía al proyecto Europeo, bien por desidia de sus gobernantes o por las dificultades internas del país, se frustró en tres ocasiones: 1973, 1981 y 2004 [1].

Sin embargo, el 3 de octubre de 2005 se iniciaron por fin las negociaciones para admitir a Turquía como miembro del proyecto europeísta [4].

En relación a estas, hemos de indicar algo de lo que son plenamente conscientes muchos dirigentes de la Unión: los turcos pueden aportar una gran riqueza al proceso de integración europea, tanto en el ámbito geoestratégico como en el cultural. Turquía está llamada a ser la puerta de Europa en sus futuras relaciones con el Islam. Y eso incluye tanto el avispero de Oriente Medio como toda la franja costera del norte de África.

También es, por tradición histórica, uno de lo grandes protagonistas de la región que más quebraderos de cabeza ha dado a Europa: los Balcanes. Turquía vendría a cerrar el círculo creado con la integración de los antiguos países del Este, al tiempo que daría a la Unión un mayor potencial diplomático y militar. El peso de los europeos en política exterior se vería sumamente reforzado con la presencia turca [5].

Turquía si, pero todavía no

El 1 de mayo de 2004 se producía la mayor ampliación en la historia de la Unión Europea. Este organismo supranacional acogía en su seno a diez estados más: Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre. Casi tres años después, con la integración de Rumania y Bulgaria, surgía la Europa de los veintisiete. Además, las negociaciones para adhesión de Croacia y Macedonia comenzaron a dar sus primeros frutos a mediados de 2007.

Este cúmulo de acontecimientos, así como la tajante oposición del presidente francés, han hecho resurgir el debate acerca de la conveniencia o inconveniencia de la entrada de Turquía en la Unión. En principio la respuesta es afirmativa, pero parece que Europa no acaba de hacerla efectiva. Esto levanta suspicacias entre los políticos y la población turca, que temen una marcha atrás en el proceso de integración [6].Es evidente que el acceso de Turquía a la Unión Europea genera divisiones entre los países miembros. Estas no son injustificadas, ya que los motivos para apoyar o rechazar la adhesión turca son abundantes.

No obstante, todos –los a favor y los en contra- entienden que factores como el tamaño, la localización geográfica, el nivel de desarrollo económico y el carácter de sociedad predominantemente islámica, dificultan la entrada de este país en las instituciones europeas.

El problema podría plantearse cuando la actitud esquizofrénica de la Unión acabe desencantando a los propios turcos. Esto nos dejaría una Turquía de espaldas a Europa y, seguramente, a las puertas del fundamentalismo islámico. La Unión Europea debería respaldar mucho más incondicionalmente la decisión que ya ha tomado: aceptar a Turquía como candidata al ingreso. Muchos europeístas de Turquía, de diversas tendencias del espectro político, se sienten decepcionadas por la poco entusiasta acogida que Europa les ha dispensado. Los turcos son miembros de todas las organizaciones europeas salvo la UE, y pertenece a la OTAN desde su fundación.

Además, es miembro del Consejo de Europa desde los primeros años de la posguerra. No hay duda de que existen obstáculos importantes que superar antes de que el ingreso de Turquía pueda hacerse realidad; seguramente pase más de un lustro antes de que los representantes de ese estado se siente con los demás como miembro de pleno derecho. Sin embargo, si la Unión le diera la espalda a Turquía en ese momento, el resultado podría ser una disminución del ritmo de crecimiento del país, así como una mayor polarización política y una sociedad resentida que tendería a mirar hacia el este antes que hacia el oeste. Quienes hablan actualmente de poner obstáculos a la entrada de Turquía deberían reflexionar [2].

Si su postura triunfa, tendremos a las puertas de Europa un estado lleno de problemas, dividido y, posiblemente, antagonista.

Una Turquía democrática, liberal y próspera como estado miembro de la Unión es una perspectiva mucho más atractiva que una Turquía en quiebra y en actitud introspectiva. Turquía necesita unos años para completar su transformación, y Europa un tiempo para construir una estructura donde quepan los turcos. Sin embargo, eso no nos ha de llevar a decir no a la integración de ese país. La respuesta ha de ser afirmativa, pero sin hacerla realidad hasta que no llegue el momento oportuno para ambos negociadores.

Bibliografía:

[1] El turco. Diez siglos a las puertas de Europa; Francisco Veiga – Barcelona – Debate – 2007.

[2] Europa en la era global; Anthony Giddens – Barcelona – Paidós. Estado y sociedad – 2007.

[3] Turquía, entre Occidente y el Islam: una historia contemporánea; Glòria Rubiol – Barcelona – Viena -2004.

[4] Turquía: el largo camino hacia Europa; Delia Contreras – Madrid – Instituto de Estudios Europeos – 2004.

[5] Turquía: Atatürk camina hacia Europa; Carlos González Martínez – Luz y Taquígrafos – Mayo de 2007.

[6] Turquía si, pero más tarde; Carlos González Martínez– Planisferio – 25 de mayo de 2008.

Turquía: continúa la lucha entre islamistas y kemalistas

Artículo publicado por Historia en Presente el 11 de abril de 2008.


El pasado 14 de marzo Abdurrahman Yalçınkaya, fiscal jefe de la Corte Suprema de Apelaciones de Turquía, presentaba una demanda de cierre contra el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Apenas dos semanas después –el lunes 31-, el Tribunal Supremo del país admitía esta demanda contra el grupo político liderado por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

La decisión se producía por rotunda unanimidad a pesar de incluir el procesamiento del actual Presidente, también miembro de AKP, Abdullah Gül. Una vez expuestos los hechos, cabe plantearse qué es tan grave como para que la Corte de Apelaciones y el Tribunal Supremo se pongan de acuerdo en el inicio del proceso de ilegalización de un partido que, en los último comicios celebrados (julio de 2007), obtuvo algo más del 47% de los votos.

Para entender la problemática turca hemos de remontarnos al final de la I Guerra Mundial (1914-1918). Un derrotado Imperio Otomano, mermado territorialmente tras la firma de los acuerdo de paz, desapareció como entidad política para dar paso a un nuevo estado: Turquía.

Bajo la presidencia de Mustafa Kemal, conocido también con el nombre de Atatürk –padre de los turcos- el país inició un intenso y fructuoso proceso de reformas. Estas tenían por objetivo la modernización de Turquía y su conversión en una nación competitiva. El motivo de la actitud de la justicia turca ante los actuales jefes de Estado y de Gobierno es la supuesta traición de estos a las bases nacionales impuestas por Atatürk. Erdogan y Gül son acusados de ir contra las reformas de posguerra, y en especial contra la laicidad del estado; su supuesto carácter islamista parece no concordar con los principios del estado turco.

Lo primero que hay que determinar a la hora de hablar del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) es si realmente es un grupo islamista. En su origen la mayor parte de estos personajes –Erdogan y Gül incluidos- fueron seguidores de Necmettin Erbakan. Este aspiraba a que la política turca volviera a sus antiguas tradiciones religiosas. No obstante, los actuales gobernantes de Turquía se alejaron bien pronto de los planteamientos de su antiguo líder y fundaron un nuevo partido que muchos definen como “islamista moderado”.

Se trata de un grupo que defiende la continuidad del actual régimen turco, pero suavizando determinados aspectos laicistas que rozan la paranoia antirreligiosa (Turquía no es hoy un Estado laico, sino laicista) Son partidarios de la modernización del país y de su integración en la Unión Europea. Es más, con el ejecutivo Erdogan se han dado los pasos más importantes en el proceso integrador.

Dicho esto, cabe plantearse si realmente AKP es peligroso para la democracia y el progreso de Turquía. Mi opinión es que no. Entonces ¿de dónde viene la oposición de la justicia del país a este grupo y a sus representantes? ¿Cómo justificamos su actitud?

A la muerte de Mustafa Kemal sus seguidores trataron de continuar su obra política. Dos pilares les sirvieron de base para alcanzar ese fin: el partido kemalista –actual CHP, liderado por Deniz Baykal- y el Ejército. Durante varias décadas los primeros han defendido, a través de las urnas, el estado laicista y democrático impuesto por su fundador; mientras que los segundos han intervenido militarmente cuando, tras la derrota electoral del kemalismo, sus rivales amenazaban con desmontar el sistema. Sin embargo, este modus operandi ha ido degenerando poco a poco hasta convertirse en una simple excusa para que determinadas élites nacionales se mantengan en el poder. Su gran rival en los últimos años ha sido AKP, por eso ahora pretenden ilegalizarlo.

En abril de 2007 Turquía sufrió la mayor crisis política de los últimos años. Recep Tayyip Erdogan pretendió aprovechar el final del mandato Ahmet Necdet Sezer para situar como presidente de la República a Abdullah Gül, Ministro de Exteriores y hombre de confianza del líder de AKP. La élite kemalista se opuso tenazmente; no estaba dispuesta a entregar a sus rivales uno de sus últimos bastiones. Ante las presiones de los parlamentarios de CHP y de los altos mandos del ejército, el primer ministro decidió convocar elecciones anticipadas para recabar el apoyo de la población a su proyecto. La maniobra salió según los planes de Erdogan: AKP resultó ganador en los comicios de julio, aumentando su ventaja con respecto a sus rivales. A las pocas semanas, mientras los kemalistas de CHP se sumían en una profunda crisis interna, Gül fue investido presidente.

Los últimos acontecimientos han ensombrecido un tanto el panorama político turco. Tras varios meses de relativa tranquilidad, periodo en el que daba la impresión que Erdogan y los suyos habían vencido las resistencias de la vieja élite, se ha reabierto el debate. De nuevo se cuestiona la legitimidad política del gobierno de AKP. En esta ocasión el ataque viene de otro de los bastiones del kemalismo: el Tribunal Supremo.

Esta por ver si, tras vencer en las urnas y lograr mantener al levantisco ejército turco a raya, los islamistas consiguen imponerse a sus enemigos en esta nueva batalla.

Bibliografía:

[1] Historia Universal Contemporánea II; Javier Paredes (Coord.) – Barcelona – Ariel – 2004.

[2] La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de occidente (1904-1953); Niall Ferguson – Barcelona – Debate – 2007.

[3] El turco. Diez siglos a las puertas de Europa; Francisco Veiga – Barcelona – Debate – 2007.

[4] Turquía, entre Occidente y el Islam: una historia contemporánea; Glòria Rubiol – Barcelona – Viena -2004.

[5] Turquía: el largo camino hacia Europa; Delia Contreras – Madrid – Instituto de Estudios Europeos -2004.

Turquía: la lucha en torno al velo

 Artículo publicado por El Planisferio el 10 de junio de 2008.


La pasada semana el Tribunal Constitucional de Turquía anuló las enmiendas que otorgaban libertad a las universitarias para acudir a clase con el velo islámico. La medida, aprobada tras cinco largas horas de deliberaciones, deja en una complicada situación al Gobierno, principal promotor de la legalización de esa prenda femenina. El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) vuelve a tropezar una vez más con la oposición de la socialdemocracia kemalista.

Los laicistas del Partido Socialdemócrata (CHP), a pesar de haber cedido el poder gubernamental y parlamentario, mantienen el control del Ejército y la Justicia. Desde hace tiempo esto viene complicando enormemente la labor del primer ministro Erdogan y de sus programas reformista.

La lucha en torno al velo no es más que el último capítulo en esta compleja historia. El primero de ellos lo vivimos hace poco más de un año –abril de 2007- con la cuestión del relevo presidencial.

El mandato del entonces presidente Sezer tocaba a su fin, razón por la que AKP trató de situar a uno de los suyos al frente del Estado. El designado fue el Ministro de Exteriores Abdullah Gül, personaje con una reputación intachable y, sobre todo, una excelente relación con los hombres de Bruselas. Sin embargo, no alcanzó los dos tercios de la cámara parlamentaria requeridos por la Constitución. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan anunció entonces la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas para julio de 2007.

Si AKP lograba el triunfo, el camino de Güll a la presidencia quedaría libre. El triunfo sobre los socialdemócratas de Deniz Baykal fue aplastante (47% de los votos), pero las sombras seguían rodeando a la cuestión presidencial: el Ejército, fiel defensor de la herencia kemalista, no estaba conforme con el nombramiento de un islamista –por muy moderado que este fuera- como presidente de la República. Finalmente, la cesión gubernamental a la petición militar de atacar las bases kurdas del norte de Iraq acabó por apaciguar los ánimos. El ruido de sables fue desapareciendo poco a poco: el Ejército no se opondría, por el momento, al tanden Erdogan-Gül.

Después de los episodios que hemos resumido en el párrafo anterior (Presidencia y Ejército), le ha llegado el turno a la Justicia. El 14 de marzo de 2008 Abdurrahman Yalçınkaya, fiscal jefe de la Corte Suprema de Apelaciones de Turquía, presentaba una demanda de cierre contra el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Apenas dos semanas después –el lunes 31-, el Tribunal Supremo del país admitía esta demanda contra el grupo político liderado por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

La decisión se producía por rotunda unanimidad a pesar de incluir el procesamiento del actual Presidente, también miembro de AKP, Abdullah Gül.

Son muchos los comentaristas políticos que relacionan esta reacción judicial con la intención gubernamental de apoyar la legalización del velo. Es más, la medida se aprobó en la cámara parlamentaria durante el mes de febrero, tan sólo unas semanas antes de la reacción judicial. La conexión parece evidente. Por esa razón, la reciente decisión del Tribunal Constitucional no sólo ha de interpretarse como una negativa a la legislación del velo, sino también como un espaldarazo a los proyectos de ilegalización expuestos por el fiscal Yalçınkaya. Por su parte, AKP ya ha anunciado su deseo de reformar la actual Constitución turca, que data de los tiempos del último golpe militar (1980), Mustafa Kemal. Tendremos que esperar, al menos un mes, para ver en que acaba todo.

Bibliografía:

[1] El turco. Diez siglos a las puertas de Europa; Francisco Veiga – Barcelona – Debate – 2007.

[2] Turquía, entre Occidente y el Islam: una historia contemporánea; Glòria Rubiol – Barcelona – Viena -2004.

[3] Cuestión de laicismo; Pablo Gómez – Hacia Oriente – 8 de Junio de 2008.

[4] Turquía: continúa la lucha entre islamistas y kemalistas; Carlos González Martínez – Historia en Presente – 11 de Abril de 2008.