Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales


A la hora de analizar el carlismo, se ha de hacer referencia, en primer lugar, a los territorios peninsulares en los que alcanzó un mayor grado de aceptación. En líneas generales, el pretendiente Carlos María Isidro recibió un importante apoyo del ámbito rural y las pequeñas ciudades de Navarra y las provincias vascas, donde fue fundamental la labor realizada por el bajo clero local. Otro factor clave para entender el arraigo de su causa en esos territorios fue su tradicionalismo de corte foralista. La defensa de los fueros le granjeó también el apoyo de buena parte de la población catalana y aragonesa, que ansiaba recuperar los derechos y leyes propias que les habían sido arrebatados con los Decretos de Nueva Planta tras la Guerra de Sucesión.

Precisamente la defensa de los regímenes forales fue uno de los principales elementos del programa ideológico del carlismo. A este se ha de añadir la defensa de la religión, el absolutismo monárquico y los privilegios sociales propios del Antiguo Régimen. En definitiva, el pretendiente a la corona mostraba su rechazo frontal al ideario liberal y al conjunto de reformas que se habían iniciado en España a raíz de las Cortes de Cádiz.

Los grupos sociales que respaldaron de forma más significativa la causa carlista fueron, precisamente, los defensores del Antiguo Régimen y el tradicionalismo foralista. Aquellos, en definitiva, que se oponían con más fuerza a las reformas emprendidas por el liberalismo. De entre ellos es preciso destacar al estamento clerical -especialmente entre el bajo clero y en el ámbito rural-, a los grupos nobiliares más afectados por la abolición del régimen señorial, al campesinado pobre del noreste peninsular y a las clases medias defensoras del tradicionalismo y los fueros.

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Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas


SEXAGÉSIMO TERCERO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

Las turbulencias políticas que marcaron el Sexenio Democrático, unidas a la solidez del sistema de la Restauración en sus primeros compases, condenaron al ostracismo a las fuerzas de oposición. De esta manera, hasta comienzos del siglo XX los partidos republicanos y nacionalistas se mantuvieron al margen de la vida política del país, excluidos de los órganos de decisión. Ahora bien, el progresivo desgaste del modelo ideado por Cánovas permitió que, con el paso de los años, su fuerza y apoyos se incrementaran notablemente.

A comienzos del siglo XX, los grupos republicanos constituían la fuerza de oposición mas importante a la monarquía liberal y a los partidos dinásticos. De entre sus partidarios destacaban los intelectuales y amplios sectores de las clases medias, quienes identificaban el ideal de república con la democratización real del país. Además, su progresiva apertura a las reformas sociales relacionadas con la forma de vida de los obreros, les permitió ganar partidarios entre la clase trabajadora.

Esa orientación hacia postulados de corte democrático y social obtuvo sus primeros frutos en las elecciones de 1903. En esos comicios las fuerzas republicanas, que concurrían en una candidatura conjunta (Unión Republicana), obtuvieron unos buenos resultados. Sin embargo, la falta de entendimiento entre los grupos que conformaban esa coalición, condujo escisión del ala más radical. De esta manera, en 1908, Alejandro Lerroux fundó el Partido Republicano Radical.

De entre los nacionalismos del primer tercio del siglo XX, el catalán fue el que contó con mayor fuerza e implantación en el territorio. El escenario político en ese territorio estuvo dominado por la Lliga Regionalista, un partido de corte burgués fundado en 1901. De hecho, en su programa no se prestaban atención a las reformas sociales y, quizá por ese motivo, no contaba con el apoyo de la clase obrera, más proclive al republicanismo. Los miembros de la Lliga consideraban que se debía compatibilizar la regeneración política y la modernización económica con su reivindicación de autonomía. Eso les permitió colaborar en numerosas ocasiones con los gobiernos del turno, ya fueran conservadores o liberales.

Después del fallecimiento de su fundador en 1903, en el seno del Partido Nacionalista Vasco (PNV) se inició un enfrentamiento entre el sector independentista, defensor de las ideas tradicionalistas de Sabino Arana, y el ala más moderada, de corte liberal y posibilista; es decir, los partidarios de buscar un arreglo con el gobierno de España para dotar de autonomía a las provincias vascas. El triunfo de esta segunda postura permitió que el nacionalismo se extendiera, desde su base en Vizcaya, al conjunto del País Vasco. Además, su aproximación a la burguesía industrial le dotó de una fuente de financiación que terminó por consolidar el partido hasta convertirlo en la fuerza política más importante del territorio.

Compara la revolución industrial con la de los países más avanzados de Europa


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Una vez finalizadas las Guerras Napoleónicas, la Europa continental iniciaba su proceso de industrialización siguiendo, en gran medida, el modelo británico de las décadas anteriores. Ese proceso de cambio económico estuvo acompañado, y favorecido, por un cambio en las estructuras políticas de los países; fundamentalmente con el establecimiento de instituciones de corte liberal. Sin embargo, entre 1814 y 1833, España se mantuvo aislada de esa gran transformación. Esa circunstancia, unida en el campo político a la pervivencia del régimen absolutista, permite entender algunas de las claves del atraso económico español.

Ahora bien, la industrialización en España no se vio únicamente lastrada por el régimen político. De hecho, una vez se produjo el triunfo del liberalismo, el desarrollo económico continuó siendo inferior al de los países del entorno. Además, la revolución industrial española fue desigual, afectando fundamentalmente a Cataluña y el País Vasco.

En definitiva, aunque a lo largo del siglo XIX fueron resolviéndose algunos de los principales problemas económicos del país, la industrialización en España fue lenta, débil y tardía en comparación con los países más avanzados de Europa. Esto se debió, tanto a la falta de poder adquisitivo de la población, como a la política proteccionista ejercida a ultranza y a la falta de inversión en el sector industrial. A esto se sumaron otros factores, como las deficientes comunicaciones terrestres, la escasez de fuentes de energía y la pérdida de las colonias americanas.

Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego


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El proyecto de Estado unitario forjado por los liberales españoles durante los primeros dos tercios del XIX, no fue aceptado en todos los territorios. Su rechazo en Cataluña, el País Vasco y Galicia dio origen a los regionalismos periféricos que, con el tiempo, desarrollaron sus propias formas de nacionalismo. A lo largo de las siguientes líneas se pretende abordar cada uno de ellos, prestando especial atención a sus orígenes, fundamentos y desarrollo hasta comienzos del siglo XX.

El nacionalismo catalán decimonónico presentaba, en sus orígenes, un evidente rechazo a la concepción de nación uniforme propia del modelo canovista. Sin embargo, frente a esa idea surgieron dos concepciones que, sin ser del todo antagónicas, se mostraron irreconciliables. De un lado estaba el modelo conservador, que defendía una Cataluña singular dentro de una España plural -sus principales representantes fueron la Unión Catalanista, fundada en 1891, y la Lliga Regionalista, de 1901-, y del otro, el republicanismo federal catalán.

La cuestión foral fue, sin lugar a dudas, el eje fundamental de confrontación entre el Estado liberal y las provincias vascas. Ahora bien, en el origen del ideario nacionalista en ese territorio también desempeñaron un papel clave las guerras carlistas y el proceso de industrialización. De hecho, el principal promotor del Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue Sabino Arana, un acérrimo defensor de Carlos VII antes de fundar ese grupo político en 1895.

Al igual que los restantes regionalismos periféricos, el gallego no adquirió importancia hasta los últimos años del XIX. De hecho, aunque la Asociación Regionalista Gallega de Santiago se fundó en 1890, no logró implantarse con fuerza en el territorio hasta los comienzos del siglo XX.

Los últimos tiempos de Franco IV

Raymond Carr y Juan Pablo Fusi explican así lo sucedido con la frustrada apertura: «Arias fracasó por una acumulación de circunstancias: por la resistencia de la derecha franquista, Franco incluido (lo que empezó a llamarse el «búnker»); por la alarma que produjo en España la Revolución portuguesa de abril de 1974 y por el temor del franquismo a que Arias pudiera ser el Caetano español; por la creciente presión del terrorismo, por el malestar laboral y por la agitación de los estudiantes; por la durísima política de orden público, especialmente en el País Vasco, con que Arias quiso contrarrestar las críticas que recibía desde su derecha; y, finalmente, porque, en el fondo, Arias era demasiado conservador y franquista como para haber realizado una democratización verdadera del régimen, esto es, una democratización no limitada por la propia legalidad del régimen que se pretendía transformar».

Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p.29.

Transformaciones económicas y cambios sociales la España del siglo XIX


Introducción

Durante el siglo XIX España experimentó una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales. De entre ellas cabe destacar, por su importancia, las siguientes:
  • Introducción de nuevas técnicas y modos de producción agrícola.
  • Aparición de una industria moderna, basada en la maquinaria y la fábrica.
  • Sustitución de la monarquía absoluta por una de tipo parlamentaria y constitucional.
  • Desaparición de la Inquisición y de los derechos señoriales.
  • Sustitución de la vieja sociedad feudal por una sociedad de clases.

Ese conjunto de cambios siguieron las pautas de los experimentados por otros países de Europa occidental. Se trataba, pues, de un proceso de modernización que hundía sus raíces en la revolución liberal y la industrialización. Ahora bien, España no alcanzó el mismo grado de desarrollo que los países de su entorno.

La agricultura, y no la industria, continuó siendo la principal actividad económica. La modernización tampoco alcanzó su plenitud en el ámbito político, donde el régimen parlamentario no terminó de afianzarse, tanto como consecuencia de los sucesivos pronunciamientos y golpes de Estado como por la manipulación de los resultados electorales a través de prácticas como el caciquismo, el encasillado o el pucherazo.

En cierto modo puede hablase de un atraso o fracaso del proceso de modernización e industrialización, pues esta no se inició hasta bien entrada la década de 1830.

Ahora bien, partiendo de unos niveles de desarrollo inferiores a los de los países de su entorno -fruto de atraso al que nos hemos referido-, la industria española experimentó un importante avance a finales de siglo. Dentro de este fenómeno cabe destacar la industria siderúrgica vasca, las fábricas textiles catalanas y la explotación minera asturiana y andaluza. Además, gracias a la inversión extranjera, el país pudo contar con una moderna red de ferrocarril y carreteras.

El proceso de modernización experimentado por el país afectó también a la demografía. A pesar de los sucesivos conflictos bélicos, se produjo un aumento constante de la población. Este fenómeno fue especialmente llamativo en las ciudades, que se convirtieron en el destino de las personas que emigraban desde el medio rural.

De esta forma, muchas urbes superaron los límites de sus antiguas murallas, al tiempo que iniciaban los planes urbanísticos de «ensanche». Ahora bien, junto a la ciudad burguesa, de estructura ortogonal y cómodas avenidas, surgieron los insalubres y marginales barrios obreros en el entorno de las fábricas.

Por último, hemos de mencionar la evolución de la estructura social que, como comentamos anteriormente, abandonó el criterio estamental. El grupo social, la clase, pasó a ser el criterio de diferenciación. De esta manera, como en el resto de los países industrializados, surgió en España el proletariado o clase obrera, formada por los trabajadores de las fábricas.

Poco a poco esto fueron agrupándose y organizándose en sindicatos con el fin de mejorar sus condiciones de vida y  defender sus derechos.

Aspectos que condicionaron el desarrollo económico

Geográficos. Desde este punto de vista España presentaba como ventajas una óptima localización para el comercio exterior y una gran riqueza del subsuelo; sin embargo, las dificultades orográficas complicaban el desarrollo del comercio interior y el suelo agrícola era pobre y árido.

Demográficos. A pesar del crecimiento constante de la población, el ritmo fue menor que en Europa. La distribución por regiones fue muy desigual. Además predominaba la población activa agrícola, a pesar de que se produjo un importante crecimiento de la población urbana.

Sociales. La nobleza se aburguesó, ya que la base económica continuó siendo la tierra. Por su parte la burguesía optó también por invertir en latifundios en detrimento de la industria. En el campo se produce un incremento notable de asalariados que polariza la sociedad.

Infraestructuras. La descapitalización y el endeudamiento del Estado será una constante, así como los elevados costes de los transportes y la producción energética.

La propiedad. La mayor parte de la tierra cultivable estaba inmovilizada a comienzos del siglo XIX.

Los procesos de desamortización

A comienzos del siglo XIX, la propiedad de la tierra en España presentaba una estructura heredada de la Edad Media que tenía como rasgo fundamental la gran desigualdad entre los distintos grupos sociales.

Entre los grandes propietarios se encontraban la Corona, la Iglesia (manos muertas), los nobles (mayorazgos) y los municipios o concejos. Durante el Antiguo Régimen los terrenos de los estamentos privilegiados estaban exentos de pagar impuestos y mal explotados. Por lo tanto, no es de extrañar que desde finales del siglo XVIII se viera en la desamortización -incautación por el Estado de bienes de la Iglesia, de la Corona y de los municipios que eran nacionalizados y después se vendían en pública subasta- una vía para aumentar los ingresos de la Hacienda, primero por la venta de los terrenos y después a través de los impuestos.

Además en el siglo XIX hay un grupo social que quiere maximizar esa riqueza y desea apoderarse de esas tierras: la burguesía liberal. De ahí que con el triunfo de los liberales triunfen las desamortizaciones.

Las primeras actuaciones desamortizadoras se remontan a finales del siglo XVIII, y más en concreto a la política llevada a cabo por Manuel Godoy entre 1798 y 1808. Estas afectaron fundamentalmente a la Iglesia y tenían como principal objetivo recaudar dinero para hacer frente al endeudamiento de la Hacienda. Sin embargo, durante el reinado de Fernando VII se detuvo la desamortización de bienes eclesiásticos y se inició un segundo proceso centrado en los bienes de particulares.

Las desamortizaciones de la primera mitad del siglo XIX estuvieron acompañadas de una serie de medidas encaminadas a suprimir los privilegios del Antiguo Régimen: vinculaciones, régimen señorial, diezmos….

La primera fue la que afectó a los bienes de la Iglesia y la llevó a cabo el liberal progresista Mendizábal en 1836. No en vano, las desamortizaciones eclesiásticas sirvieron para debilitar a la Iglesia, que apoyaba la causa carlista. La segunda y más importante fue la que afectó fundamentalmente a las tierras comunes de los Ayuntamientos. Esta tuvo como protagonista al ministro progresista Pascual Madoz, y tuvo lugar en 1855.

Ambas podrían haber creado una nueva clase de pequeños propietarios agrícolas, pero no fue así. Las tierras nacionalizadas fueron vendidas en pública subasta, pagándose con deuda pública la de Mendizábal, y con dinero la de Madoz.

Esas tierras desamortizadas pasaron en su mayor parte a la antigua nobleza, que se vio compensada por la pérdida de sus prebendas jurisdiccionales al ser indemnizada con títulos de la deuda. También se vio favorecida la alta burguesía, que había apoyado a los liberales en la guerra carlista, y en menor medida, los medianos propietarios. Muchas de las tierras desamortizadas quedaron en manos de los hasta entonces insignificantes gobernantes locales que pasaron a convertirse en auténticos caciques.

Desde el punto de vista agrario, no se contribuyó a la racionalización del tamaño de la propiedad, es más se contribuyó a reforzar el latifundio y el minifundio en zonas donde anteriormente existían. No se modernizó la agricultura, ni se invirtió en nueva tecnología. La agricultura siguió siendo tradicional y explotada por jornaleros sin tierra.

Una de las principales consecuencias sociales de las desamortizaciones fue que los campesinos sin tierra vieron empeorada su situación. Quedaron a merced de la explotación de los terratenientes y sin posibilidad de emigrar a las ciudades por no producirse un desarrollo industrial paralelo. Todo ello generó  el caldo de cultivo revolucionario donde harían su agosto las ideologías anarquistas.

En resumen, el proceso de desamortización de la tierra fue un proceso largo, que duró aproximadamente cien años, (casi hasta finales del siglo XIX), y supuso la abolición de las instituciones jurídicas que sostenían el Antiguo Régimen, un gran trasvase de la propiedad y la consolidación de una estructura agraria (agricultura tradicional) vigente hasta el siglo XX.

Industrialización y modernización de las infraestructuras.

Para una buena parte de los países europeos, el siglo XIX resultó una época de profundos cambios económicos concentrados en la industrialización. Por el contrario, a finales del siglo XIX, la economía española seguía teniendo rasgos de atraso económico evidente:

  • Una agricultura arcaica y con bajos rendimientos se mantenía en el centro de la vida económica.
  • El mercado interior era incapaz de absorber la propia producción industrial.
  • La falta de una red de transportes y comunicaciones eficaz que hubiera facilitado y abaratado los intercambios.

La consecuencia de todo ello fue que, mientras los granos de Castilla se pudrían en los graneros, Cataluña o Valencia debían importarlos del extranjero. Mientras Asturias no encontraba compradores para su hulla, los campesinos castellanos debían quemar la paja en sus hogares, tan necesaria como era para el abonado del campo. Es decir, se fomentaba el estancamiento energético por un lado y el inmovilismo agrario por otro y, al mismo tiempo, se establecía una balanza comercial desfavorable con el extranjero.

En realidad todo remitía a un mismo problema: la inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas, planeadas tras las pérdidas de las colonias americanas.

No obstante, a lo largo de la centuria hubo importantes intentos de avance económico que comportaron el nacimiento de significativos focos industriales. Dos fueron las zonas pioneras: Cataluña y País Vasco. Y dos también las industrias más importantes: la textil y la siderurgia. Junto a ellas la minería conoció un auge digno de reseñar.

La revolución industrial española fue más tardía y menos potente que la del resto de Europa occidental. Las causas hay que buscarlas en la inestabilidad política, las destrucciones de la guerra de la Independencia y de las guerras carlistas, y en la inexistencia de una burguesía moderna y abundante que prefirió invertir en la compra de tierras (desamortizaciones) antes que en la industria.

España, desde los fenicios, ha sido tierra de exportación de su riqueza minera (cobre, estaño, oro, hierro, mercurio…). Durante el siglo XIX, y sobre todo a partir de 1868 (Ley de Minas, desamortización del subsuelo), van a ser los capitales extranjeros (principalmente británicos) los que van a venir a explotar la minería y montar las primeras fundiciones para ese mineral. Los capitales extranjeros se sintieron especialmente atraídos por las zonas mineras de Huelva, Cartagena y Vizcaya.

Los capitales acumulados por la exportación de mineral de hierro vasco y la baratura del carbón británico serán el origen de la gran siderurgia vasca (Altos Hornos de Vizcaya, 1902).

El inicio de la explotación del carbón asturiano va a crear una industria siderúrgica moderna, que en el caso de Vizcaya, va a ayudar a la instalación en sus costas de los más potentes astilleros del país (Euskalduna).

Por otra parte en Cataluña van a aparecer una serie de empresarios textiles que van a modernizar el proceso productivo textil y van a crear modernas empresas en este sector. Todos estos procesos productivos estaban favorecidos por una política de proteccionismo económico.

La industria se centrará en estos dos focos principalmente. En determinados núcleos urbanos surgirán pequeñas industrias de carácter local y ligadas a los bienes de consumo y a la reparación de maquinaria. Serán pequeños oasis industriales en una sociedad agraria.

Desde mediados del siglo XIX la atormentada geografía hispana mejoró un poco su sistema de comunicaciones.

Se mejoraron algo las “carreteras” (nada que ver con las actuales) y se construyeron más de 40.000 km. Pero mucho más importante fue el nacimiento del ferrocarril que posibilitó la creación de un mercado nacional mucho más especializado e intercomunicado. Se pueden distinguir dos periodos: antes y después de la Ley de Ferrocarriles de 1855.

Antes de 1855 se diseñó una red radial con un ancho diferente al europeo. Se constituyeron numerosas compañías ferroviarias que respondían a un movimiento especulador. Se construyeron muy pocos kilómetros y la mayoría respondían a los intereses de las oligarquías rurales. Los primeros trayectos fueron Barcelona-Mataró en 1848, Madrid-Aranjuez en 1851 y Gijón-Langreo 1855.

La Ley General de Ferrocarriles de 1855 permitió a compañías extranjeras la construcción y explotación de los ferrocarriles originó una oleada constructora. Todas las grandes líneas fueron financiadas por capitales extranjeros (belgas y franceses principalmente) que tuvieron grandes ventajas económicas. Bilbao-Tudela por Miranda en 1857, Madrid-Irún, en 1874, Madrid-Zaragoza-Alicante-Barcelona, etc.

Crecimiento demográfico y cambio social

A lo largo del siglo XIX, la población española creció considerablemente, pasó de diez a veinte millones de habitantes, aunque lo hizo a un ritmo más lento que los países más industrializados de Europa occidental, ya que se mantuvieron arcaísmos demográficos (hambrunas hasta 1882, epidemias, elevada mortandad infantil).

Este crecimiento fue desigual por regiones, fue mayor en el norte que en el sur, y en las zonas periféricas que en el interior, a excepción de Madrid.

El aumento de población en las ciudades hizo necesario romper sus antiguas murallas. Se proyectaron ensanches urbanos como los realizados por Arturo Soria en Madrid o Ildefonso Cerdá en Barcelona. No obstante, la mayor parte de la población siguió siendo agraria.

La sociedad también se transformó y los estamentos propios del Antiguo Régimen dieron paso a la moderna división de clases propia de una sociedad capitalista.

La nobleza, que había perdido sus antiguos derechos señoriales pero que había acrecentado su poder económico gracias a la desamortización, se integró en los grupos dirigentes de la sociedad burguesa.

La Iglesia perdió gran parte de su poder económico al disolverse algunas órdenes religiosas y perder sus bienes con las desamortizaciones. Perdió también influencia social entre la nueva clase proletaria y entre sectores intelectuales.

Las clases burguesas adquirían el papel de nuevas clases dirigentes con la nueva estructura social que se fue configurando a lo largo del siglo XIX. Si a principios de siglo adoptó posturas políticas que tendía a acabar con los antiguos privilegios de la Iglesia y la nobleza, desde mediados de siglo se produjo un desplazamiento hacia posiciones cada vez más conservadoras.

La alta burguesía enriquecida en parte por la desamortización perdió toda iniciativa empresarial y tendió hacia modos de vida rentista buscando el ennoblecimiento y la equiparación social con la antigua aristocracia.

Las llamadas clases medias fueron un sector poco numeroso constituido por pequeños comerciantes, empresarios industriales, abogados, médicos, etc., que ocuparon la cúspide social de las ciudades.

La pequeña burguesía, tenderos, artesanos, funcionariado, etc., constituyeron grupos en los que se apoyaban las alternativas políticas liberal-progresistas. Imitaban las foras de vida de la alta burguesía, aunque de forma más modesta.

La mayor parte de la población (clases populares) estaba constituida, en primer lugar, por el campesinado, y, en las zonas industrializadas, por los obreros industriales.

Los campesinos, en gran parte jornaleros, continuaron ocupando el estrato más bajo de la escala social. Sus condiciones de vida eran miserables, lo que provocó numerosas revueltas en el campo (creación de la Guardia Civil en 1844 para mantener el orden de las zonas rurales).

El número de obreros industriales creció enormemente a partir de 1840, sobre todo en Cataluña. Antiguos campesinos y artesanos emigraron a las ciudades (éxodo rural) en busca de mejores condiciones de vida y salarios más altos. Sin embargo, las condiciones de trabajo en las fábricas y de vida en sus míseras viviendas son tan terribles que poco a poco van tomando conciencia de su injusta situación y se van agrupando en asociaciones que defiendan sus derechos: sindicatos (los primeros sindicatos ilegales surgen en Cataluña y participarán a partir de 1842) y en mutuas obreras. Los gobiernos moderados los perseguirán.

Había también un sector de la población marginado: mendigos que iban de una ciudad a otra (cerca de 100000 pobres).

En este contexto surge el movimiento obrero español. Durante el siglo XIX y gracias a la libertad de asociación surgirán en Gran Bretaña y Francia sindicatos (Trade Unions británicas) y diferentes movimientos socialistas (cartismo, socialismos utópicos, socialismos marxistas y anarquistas). Todos ellos pedían una transformación del sistema capitalista y una mejora en la situación de la clase obrera.

Entre esos movimientos, los que más trascendencia han tenido son el marxismo y el anarquismo, que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX.

El marxismo (Karl Marx) era un socialismo revolucionario. Su ideología partía de que la clase burguesa estaba explotando a la clase obrera (proletariado) mediante la apropiación de la plusvalía del trabajo. Los obreros deberían tomar conciencia de dicha explotación, organizarse en partidos y sindicatos de clase y, cuando el sistema capitalista entrara en crisis, conquistar el poder y establecer una dictadura del proletariado como paso previo a un Estado que controlara los medios de producción y regulara las condiciones laborales.

El anarquismo partía de la base de que el Estado era el sostén de la clase burguesa y de que había que destruirlo para alcanzar la libertad. Deberían desaparecer el Estado, la Iglesia, la “familia burguesa” y la propiedad privada. El individuo libre y responsable se organizaría en comunas autogestionarias. Dentro del anarquismo surgieron dos corrientes distintas: una pacifista que se basaba en los sindicatos asamblearios y en la expansión de sus ideas, y otra partidaria del terrorismo. La península estuvo al margen de estos movimientos.

En 1864 todas las corrientes socialistas crearon la Asociación Internacional de Trabajadores o I Internacional que reunida en Londres en 1864, donde se enfrentaron los presupuestos marxistas y anarquistas. En la fundación de la Internacional participaron algunos españoles a título individual. Cuando en España se produce la revolución de 1868 comienzan a llegar periódicos y propagandistas de la Internacional.

Paul Lafargue, yerno de Marx, extendió los planteamientos marxistas que calaron en Madrid, País Vasco y Asturias. La figura más importante del marxismo español fue Pablo Iglesias que fundará el P.S.O.E. en 1879 y la U.G.T. en 1888. Pedían la intervención del Estado y la nacionalización de los sectores económicos más importantes.

Giuseppe Fannelli extendió los planteamientos anarquistas por Cataluña, Levante y entre los jornaleros agrarios del centro y del sur; no quieren un Estado que controle todo, ya que entienden que es una atadura para la libertad total, esa corriente no es un partido político ya que están en contra de ellos, pero sí un sindicato. Surgirán multitud de pequeños sindicatos y revistas sin conexión entre ellas. Tras la Semana Trágica formarán el sindicato de la C.N.T. en 1910.

La mayor parte de la población, por su falta de formación y por la dispersión geográfica, no participó en la lucha política. La existencia del voto censitario (sólo podían votar los que tuvieran un determinado nivel de renta) les alejó de la participación política durante el reinado de Isabel II. Durante el Sexenio Revolucionario comienza la participación en política.

La falta de instrucción y de preparación hicieron que la mayor parte de la población estuviese más cercana al «mesianismo anarquista» que a la formación de partidos y sindicatos. Las duras condiciones de vida, la perdida de las tierras comunales y las hambrunas hicieron que las clases más pobres fuesen partidarias y promoviesen levantamientos y algaradas.

La participación de las masas en el movimiento cantonal fue el germen de la posterior movilización popular a finales del siglo XIX.

La dictadura franquista (1939-1975)

1. Introducción.

La historia política de España durante el periodo 1939-1975 presenta una característica constante: la dictadura personal del general Francisco Franco. Si analizamos el poder que se le otorgaba, comprobaremos que este poseía el alto mando supremo del Ejército y los dos poderes políticos básicos: legislativo y ejecutivo. De esta forma, Franco podía hacer las leyes, aprobarlas, promulgarlas y, al mismo tiempo, controlar su aplicación.

A lo largo del periodo 1939-1975, Franco gobernó el país de acuerdo con sus peculiares ideas políticas:

– En primer lugar, tenía una obsesión propia de su formación militar: el mantenimiento del orden público.

– A esto habría que añadir un nacionalismo español exacerbado , del cual derivaba una concepción absolutamente unitaria y centralista del Estado español.

– Creía, además, en un catolicismo tradicional muy arraigado, en el cual debía basarse todo el sistema de valores de la sociedad española.

– Finalmente, hemos de destacar su militancia anticomunista, que serviría, a su vez, de motivación para el alzamiento de 1936.

En un periodo que duró casi cuarenta años, el país experimentó importantes cambios en todos los aspectos: político, cultural, social y económico. Analizando estos cambios, podemos dividir la época franquista en varias etapas:

– Etapa “azul” o fascista (1939-1943).

– Etapa de transición: del inmovilismo a las grandes transformaciones (1944-1957).

– Etapa de gran desarrollo económico y social (1958-1970).

– Etapa de crisis política del régimen (1971-1975).

2. La evolución interna del régimen.

Etapa “azul” o fascista (1939-1943).

La fuerza política dominante durante el primer periodo fue la Falange, que tenía muchas similitudes con los otros partidos fascistas europeos. El 19 de abril de 1937, Franco había decretado la unificación en un solo partido de falangistas y requetés, formando FET y de las JONS. La nueva fuerza política tenía que convertirse en algo parecido al partido único típico de los regímenes fascistas.

El nuevo partido proporcionó la ideología básica del régimen franquista y una parte importante de su personal político en el periodo 1939-1943. Con todo, hay que advertir que la nueva Falange perdió su autonomía política. Así, al finalizar la Guerra Civil, Franco controlaba FET de las JONS, prueba de ello es que situase al frente a su cuñado, Ramón Serrano Suñer.

Las ideas de Falange se convirtieron en la base de la ideología política que el régimen franquista difundió por toda España en el periodo 1939-1943. Dos documentos resumen la ideología franquista en esta etapa: los 27 Puntos de Falange, elaborado en 1934 como programa del partido, y el Fuero del Trabajo, de 1938.

Además, se hacía uso frecuente de las manifestaciones y los signos externos típicos de todos los regímenes fascistas: concentraciones de masas, uniformes, gestos, eslóganes… A partir de 1943, toda esa liturgia fascista se fue evaporando a medida que los aliados empezaron a perfilarse como vencedores de la II Guerra Mundial.

El nuevo Estado español creado por Franco era rígidamente unitario y centralizado. Desparecieron los Estatutos de Autonomía aprobados por la República, y cualquier decisión política tenía que salir del Consejo de Ministros, presidido por el propio Franco.

Al terminar la guerra se extendió por todo el país el sistema de represión instaurado durante la contienda en la zona ocupada por los sublevados. Los tribunales militares continuaron juzgando y condenando a los acusados de toda clase de delitos políticos. La legislación que se aplicaba en esos caso era la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939.

Los tribunales militares dictaban sentencias que acarreaban a los condenados penas de cárcel o condenas a muerte. El número de ejecuciones realizadas en todo el territorio español en la posguerra no ha sido evaluado con exactitud, pero los historiadores las sitúan entre las 30.000 y las 50.000.

En lo que se refiere a las penas de cárcel, se considera que en abril de 1939 ya eran 100.000 las personas encarceladas. Esta cifra ascendía a 270.000 a finales de ese año.

En el periodo 1939-1943, la política social del régimen franquista fue dirigida por los falangistas, que aspiraban a aplicar sus teorías nacionalsindicalistas.

Al terminar la Guerra Civil, el Gobierno tuvo que emprender inmediatamente la reconstrucción económica del país. La situación era muy difícil, ya que los niveles de producción de 1939 eran muy inferiores a los de 1935.

El Gobierno de Franco programó una política económica autárquica basada en un rígido control de la actividad económica por parte del Estado y en la reducción radical de los intercambios económicos.

En el periodo  1939-1946, los resultados de esta política económica fueron absolutamente negativos. Pronto se pudo comprobar que la idea en que se basaba el sistema era solamente un eslogan propagandístico muy alejado de la triste realidad. Ni la producción industrial ni la agraria lograron alcanzar los niveles de producción de 1935 hasta los años 50.

Los falangistas se limitaron a regular, a su manera, las relaciones entre los empresarios y los trabajadores. En primer lugar, se suprimieron los sindicatos obreros y el Gobierno creó unos sindicatos verticales de los que formaban parte tanto empresarios como trabajadores. Todos estos nuevos sindicatos constituían la Central Nacional Sindicalista (CNS), controlada rígidamente por el Gobierno a través del ministros Delegado de Sindicatos.

En esta etapa, el Gobierno fijaba, por decreto, el valor de los salarios en cada rama de la producción. Además, los trabajadores no podían declararse en huelga, que era siempre ilegal. Por su parte, los empresarios tenían muchas dificultades para despedir a sus empleados.

A partir de 1941 el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, un falangista de la etapa anterior a 1936, empezó a desarrollar un sistema de seguridad social. Así se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1943) y, en años posteriores, los seguros de invalidez, accidentes laborales, paro y vejez. Esta primera etapa de creación de la Seguridad Social se alargó hasta 1957.

Del inmovilismo a las primeras transformaciones (1944-1957).

A partir de 1943 el régimen franquista se apresuró a arrinconar todos los signos políticos fascistas que lo habían caracterizado desde 1939. Esta “desfascistización” hubiera podido desembocar en un sistema político similar al que se estaba imponiendo en la Europa Occidental. Sin embargo, eso no fue posible porque Franco seguía manteniendo su firme oposición a la democracia liberal.

En 1945, el régimen sufrió una serie de retoques –operación de maquillaje-, destinados a demostrar que se respetaban los derechos políticos propios de los sistemas democráticos. El resultado final fue la creación de una especie de híbrido político que recibió el nombre de “democracia orgánica”.

Por otra, para que quedara bien claro cuál era el tipo de democracia que tenían los españoles, se publicó en 1958 un documento, la Ley de Principios del Movimiento. En ella se definían claramente las bases políticas del sistema franquista.

Desde 1943 algunos grupos monárquicos españoles empezaron a actuar. Se trataba de partidarios de don Juan de Borbón que había heredado de su padre, el rey Alfonso XIII, los derechos a la Corona de España. Tras varios desencuentros, donde destaca el Manifiesto de Lausana hecho público por don Juan, en marzo de 1948, se pactó que el príncipe Juan Carlos se trasladara a España para continuar sus estudios.

Un año antes, en julio de 1947, el Gobierno había sometido a referéndum la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que fue aprobada.

Entre 1943 y 1951 se produjeron pocas modificaciones en el panorama de miseria que había caracterizado la etapa anterior. Las estadísticas reflejan un estancamiento de la renta nacional, que no logró alcanzar los niveles de 1935.

En los años siguientes la situación económica del país experimentaría un leve mejora. Esta fue consecuencia, en gran medida, de la fundación del INI y la llegada de la ayuda norteamericana logró acabar con la situación de miseria que vivía el país.

La gran transformación del país (1958-1970).

Las dificultades que, a partir de 1956, se fueron acumulando en el campo de la economía provocaron otra modificación en la política económica del régimen franquista.

De esta manera, a partir de 1957, un grupo de nuevos ministros, los llamados tecnócratas, tomaron en sus manos el control de la política económica de España. A lo largo de la década de 1960 los políticos tecnócratas serán los encargados de dirigir la economía del país.

Franco había formado en 1957 un nuevo Gobierno en el cual dos personalidades destacadas de este grupo ocuparon dos carteras básicas en el área económica. Estas fueron la de Comercio, desempeñada por Alberto Ullastres, y la de Hacienda, a cuyo frente se situó a Mariano Navarro Rubio.

Los nuevos ministros elaboraron un Plan de estabilización Económica, que consideraban imprescindible para asentar sobre una base sólida el proceso de crecimiento económico que se quería iniciar.

El Plan de Estabilización fue aprobado por el Gobierno el 21 de julio de 1959. Mediante este decreto se impusieron una serie de medidas básicas para orientar la economía del país, entre las que destacaban:

– Reducción del excesivo gasto estatal; esto implicó restricciones en la concesión de créditos y congelación de los salarios.

– Desaparición progresiva de los controles del Gobierno sobre las actividades económicas.

– Apertura de la economía española a los mercados exteriores aumentando las facilidades para la realización de exportaciones.

La finalidad última de esta operación de política económica era poner en contacto la economía española con la internacional.

Como consecuencia de estas medidas, a lo largo de los años 60, la economía española entró en una etapa de fuerte crecimiento. Este fue más notable en algunas regiones del país, las denominadas regiones industriales: el País Vasco, Cataluña y Valencia. A su vez, algunas ciudades como Madrid, Burgos, Valladolid, Zaragoza, Vigo, La Coruña, Huelva y Sevilla se convirtieron en importantes núcleos de desarrollo.

En el periodo 1957-1970 la población española pasó de 29.784.019 habitantes a 34.032.801.vEn diez años el aumento de población había sido superior al que se había registrado en los veinte transcurridos entre 1940 y 1960, evaluado en sólo dos millones. Semejante modificación del ritmo de crecimiento demográfico fue debido, básicamente, a la disminución de los índices de mortalidad.

La segunda característica demográfica de este periodo fue la gran movilidad de la población.vLas migraciones de los años 60 resultaron verdaderamente espectaculares. Se trataba, en primer lugar, de la emigración de los trabajadores que se trasladaron a los distintos países de Europa Occidental. Entre 1963 y 1973 salieron de España casi un millón de personas que iban a trabajar a Francia, Alemania y Suiza.

Pero el fenómeno más impresionante al respecto fue el de las migraciones internas.vEstas pusieron en movimiento una gran cantidad de españoles que abandonaban su región de origen para ir a establecerse en zonas industrializadas.

El crecimiento de los años 60 provocó una profunda transformación de la sociedad española, que pasó de ser predominantemente rural a convertirse en urbana en apenas dos décadas. La urbanización de buena parte de la población fue una consecuencia de la modificación de la actividad económica.

Una sociedad urbanizada suele ser, normalmente, una sociedad más alfabetizada que una sociedad rural. Efectivamente, a lo largo de los años 60 el nivel educativo de la población española se fue aproximando al de los otros países de la Europa Occidental.

La crisis del régimen franquista (1971-1975).

A lo largo de esta etapa se sucedieron tres Gobiernos que tuvieron que afrontar los problemas propios de un sistema que cada vez encontraba más dificultades para mantener la vida política del país dentro del marco del régimen.

En la formación del primero de ellos, consecuencia de la implicación de varios ministros en el “caso Matesa”, destaca la figura del almirante Carrero Blanco, nombrado vicepresidente. La importancia de este nombramiento residía no sólo en el cargo, sino en los poderes que adquiría como consecuencia del deterioro de la salud del general Franco.

En esta situación, Carrero Blanco era el hombre encargado de mantener en pie el espíritu y las formas del sistema franquista.

No obstante, el empeoramiento de la salud de Franco parece que fue el elemento determinante de la operación política que se realizó en junio de 1973. Por primera vez, Franco abandonó la jefatura del Gobierno, entregándosela al almirante Carrero Blanco. Este empezó su actuación excluyendo de su Gobierno a las personalidades del ejecutivo anterior que se habían manifestado partidarias de la transformación del sistema.

Sin embargo, los proyectos de Franco y de Carrero fueron truncados por un atentado, reivindicado por ETA, que costó la vida al almirante el día 20 de diciembre de 1973.

Después de la muerte de Carrero, la única preocupación de Franco, incapaz ya de elaborar nuevas estrategias políticas, parecía ser el mantenimiento del orden público. Así se explica que nombrara jefe de Gobierno a Carlos Arias Navarro, que había sido ministro de la Gobernación en el Gobierno presidido por Carrero Blanco.

El Gobierno de Arias Navarro se encontró con problemas cada vez más graves, a lo que se añadía que la salud de Franco empeoraba. Finalmente, en la madrugada el 20 de noviembre de 1975, el general Francisco Franco moría en Madrid.

3. La política exterior.

La política internacional del periodo 1939-1943.

Al comienzo de la II Guerra Mundial, como consecuencia del apoyo germano-italiano recibido durante la Guerra Civil, el Gobierno español empezó a recibir presiones de ambos países, que le pedían alguna clase de apoyo.

En un primer momento, el ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder, pudo mantener la neutralidad. Pero pronto la presión de Alemania le obligó a para a la no beligerancia. A partir de ese momento se fueron imponiendo, en el Gobierno español, los partidarios de adoptar una actitud más favorable hacia el Gobierno alemán.

En octubre de 1940 Serrano Suñer sustituyó a Beigbeder al frente de Exteriores, iniciándose así una etapa de colaboración con Alemania que se alargó hasta 1943. Al parecer Hitler contaba con la intervención española en la guerra para realizar un proyecto militar: el cierre del estrecho de Gibraltar a los barcos británicos. Sin embargo, la entrevista entre Hitler y Franco, celebrada en Hendaya en octubre de 1940, no dio los resultados que el Führer esperaba.

Cuando en 1941 se produjo el ataque alemán a la URSS, Franco vio la oportunidad de ofrecer su apoyo a Alemania. Se creó un cuerpo de voluntarios españoles, la División Azul, para ir a luchar al frente ruso al lado de los alemanes.

Sin embargo, en otoño de 1942 la situación militar de Alemania empezó a deteriorarse. A partir de ese momento el Gobierno español inició, tímidamente, su distanciamiento de los alemanes. En septiembre de 1943 Serrano Suñer fue sustituido por el conde de Jordana al frente de Exteriores. A su vez, se retornó a la situación diplomática de neutralidad, mientras los combatientes de la División Azul volvían a España.

El bloqueo internacional del régimen franquista (1945-1948).

La victoria de los aliados sobre Alemania, Italia y Japón desencadenó una fuerte oposición internacional contra los gobiernos que habían ofrecido algún tipo de apoyo a los vencidos.

Esta oposición internacional se abatió, entre 1946 y 1948, sobre el régimen político español. La ofensiva empezó en enero de 1946, con una nota oficial de los gobiernos de los EE.UU., Gran Bretaña y Francia, en la que se rechazaba la legitimidad del régimen español. A su vez, en el documento se manifestaba la esperanza de que la oposición interior al régimen lograra cambiar el sistema político de España.

Esta declaración se vio confirmada solemnemente en la ONU cuando, el 13 de diciembre de 1946, la Asamblea General condenó el régimen español. También se recomendaba a los países miembros retirar su embajada de Madrid.

La presión internacional adoptó pronto un nuevo aspecto: el bloqueo económico. Sólo algunas excepciones, como la Argentina gobernada por el general Perón, dieron un pequeño respiro a la economía española al proporcionarle el trigo que necesitaba urgentemente.

Franco reaccionó con dureza ante esta ofensiva internacional. La propaganda franquista, que adoptó tonos de un nacionalismo exaltado, supo presentar esta presión como un atentado intolerable a la dignidad y a la soberanía del pueblo español. Una gran manifestación, convocada en Madrid en diciembre de 1946, representó el punto culminante de esta campaña propagandística.

La Guerra Fría y el viraje de la política internacional (1948-1955).

A partir de 1948, la situación internacional dio un vuelco espectacular: empezó la Guerra Fría, con los EE.UU. y la URSS como protagonistas. Por este motivo, a partir de ese año, la política exterior norteamericana se basó en un anticomunismo radical, siendo su objetivo conseguir aliados seguros.

El régimen español fue integrándose en el bando de los países liderados por los EE.UU. y, poco a poco, se fueron sucediendo una serie de hechos significativos:

– En octubre de 1950 la ONU levantaba su veto contra el régimen político español.

– En el año 1951 España empezaba a integrarse en algunos organismos dependientes de la ONU, empezando por la FAO.

– En 1953 se firmaban los acuerdos entre el gobierno español y el de EE.UU.

– Finalmente, en el año 1955 España ingresaba en la ONU como miembro de pleno derecho.

4. La oposición al Régimen.

Conflictos y reivindicaciones.

A lo largo de los años 60 se fue extendiendo entre los estudiantes universitarios un fuerte movimiento de oposición política al régimen franquista. A principios de la década, los dirigentes del SEU, que era el sindicato oficial de los universitarios, aceptaron que algunos de sus cargos fueran elegidos por los estudiantes. Pronto se pudo comprobar que resultaban elegidos los estudiantes más críticos con el régimen franquista.

El paso siguiente de este movimiento de contestación en la Universidad fue el rechazo del SEU y el inicio de los incidentes dentro de los recintos universitarios a partir del año 1962. En 1965 ya se concretó, en las Universidades de Madrid y de Barcelona, el intento de crear un Sindicato Democrático de Estudiantes. Este hecho marcaría el inicio de un periodo de agitación endémica en la Universidad.

Fuera del ámbito universitario cabe destacar los movimientos contestatarios protagonizados por los trabajadores. La tímida apertura del Gobierno que, desde 1954, había autorizado la elección de representantes sindicales por parte de los trabajadores, tuvo como consecuencia la rápida transformación de panorama sindical.

En 1958 el Gobierno promulgó la Ley de Convenios Colectivos, por la cual se aceptaba claramente que la negociación sobre salarios y condiciones de trabajo la realizarían: Los representantes de los trabajadores, aún encuadrados dentro del sindicato oficial, junto con los empresarios. Pero a partir de ese momento, cada una de las negociaciones, una para cada sector, empezó a ir acompañada de una oleada de conflictos.

En septiembre de 1962 se aprobó la Ley de Conflictos Colectivos. En ella se aceptaba, por primera vez, que pudieran existir en España huelgas que no fueran ilegales, aunque se tomaron las precauciones para restringirlas al máximo.

Durante la huelga de 1962 se produjeron una serie de hechos que iban a modificar a fondo el panorama sindical del país. Para organizarla se habían creado en algunas poblaciones unas comisiones de obreros encargadas de dirigir el proceso. Una vez finalizada la huelga, alguna de estas comisiones no se disolvieron, llegando a formar con el tiempo Comisiones Obreras (1964).

A lo largo de la década siguiente la agitación iniciada en los años 60 no sólo no se redujo, sino que fue en aumento. En la Universidad los conflictos se convirtieron en algo endémico. Se trataban siempre de problemas de raíz política que degeneraban en una agitación permanente. El Gobierno ya no sabía cómo atajarla; la medida más frecuente consistía en mantener cerradas las aulas universitarias durante largos periodos de tiempo.

Por su parte, el movimiento de reivindicación de los trabajadores, dirigido normalmente por CCOO, iba también en aumento. Las huelgas, que raramente podían ser consideradas legales, acarrearon en 1968 la pérdida de 4,5 millones de jornadas de trabajo, para ascender, en 1974, a 44 millones.

Los grupos políticos de la oposición.

A partir de 1960 algunas personalidades de ideología liberal y democratacristiana que residían en España, empezaron a manifestar su oposición al régimen franquista. Además, se declaraban partidarios de la implantación de un régimen de democracia liberal parlamentaria en España. Algunas de estas personalidades –Gil Robles, Álvarez de Miranda, Joaquín Satrústegui– se reunieron en Munich (junio de 1962) con miembros de la oposición que estaban exiliados. El Gobierno llamó a esta reunión “El Contubernio de Munich”.

Dentro de la ideología socialista existían grupos y tendencias muy variados:

Dionisio Ridruejo, un falangista de los primeros tiempos, fundó en esa época un grupo, Acción Democrática, de tendencia socialdemócrata.

– La dirección del PSOE seguía establecida en el exilio, pero en el interior del país se organizaban grupos de militantes que, con el paso del tiempo, adquirieron más importancia.

– En Cataluña existía un grupo de ideología socialista, el MSC (Moviment Socialista de Catalunya) que había sido creado en el Sur de Francia en el año 1945.

En los años 60 los comunistas se agrupaban en el PCE (Partido Comunista Español). Este partido, dirigido desde el exilio por personalidades nuevas, como su secretario general Santiago Carrillo, realizó en este periodo una constante labor de penetración en la sociedad. Ya en la década de 1950 habían modificado su mensaje: abandonaron la Guerra Civil y la revancha para embarcarse en un proyecto de reconciliación nacional.

No obstante, a partir de 1973, surgieron a la izquierda del PCE grupos radicalizados que preconizaban la lucha armada y practicaban el terrorismo (fenómeno similar al alemán o al italiano). Entre estos destacaban FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico) y los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

Los comunistas catalanes de esa época se agruparon, a su vez, en el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), totalmente controlado por el PCE.

En el País Vasco subsistía el PNV como máximo representante de la ideología nacionalista. Su dirección estaba en el exilio, donde mantenía el Gobierno vasco.

A partir de 1959 algunos grupos de jóvenes nacionalistas comenzaron a distanciarse del PNV por considerarlo demasiado moderado. De estos grupos iba a surgir ETA (Euzkadi Ta Askatasuna: Euskadi Patria y Libertad) en 1962. Los miembros de ETA se inclinaron por una ideología socialista y, a partir de 1968, iniciaron la “lucha armada” contra el Estado español.

5. Conclusiones.

En la década de 1960, se produjo en España una profunda transformación económica y social. El país que, en 1939, era predominantemente rural y agrario, se convirtió en urbano e industrial durante ese periodo.

El principal motor del cambio fue el proceso de industrialización, que produjo un aumento de la producción industrial y del número de trabajadores del sector secundario. Estos trabajadores procedían en buena parte del mundo rural y acudían a las ciudades más industrializadas con el fin de mejorar su nivel de vida.

En paralelo a esta transformación económica, empezaron a surgir reivindicaciones sociales y posturas críticas en los sectores obreros y en el mundo universitario.

Al mismo tiempo, el propio régimen franquista, incapaz de adaptarse a los cambios que se estaban produciendo, encontraba cada vez más dificultades para ser aceptado.

En el periodo comprendido entre 1969 y 1975, el franquismo vivió una larga agonía, provocada por la evolución económica, social y cultural del país, así como por los deseos de apertura política que mostraba la población. Al mismo tiempo, la salud del dictador se deterioraba a marchas forzadas: era evidente que, sin la presencia de su arquitecto y cabeza omnipresente, era imposible mantener el régimen.

Así, la muerte del general Franco puso fin a una dictadura que a lo largo de la última década había mostrado claros síntomas de agotamiento: se abría la puerta a un periodo de transición a la democracia.

La Guerra Civil (1936-1939)

1. Introducción.

En 1936, incluso antes de que tuvieran lugar las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular, grupos de militares se habían reunido para planificar un golpe de Estado en caso de que las izquierdas alcanzaran el gobierno.

El general Mola, relegado por el Gobierno de la República al Gobierno Militar de Pamplona, actuó como organizador. Este contaba con muchos oficiales de la UME (Unión Militar Española, especie de asociación clandestina de oficiales antirrepublicanos) distribuidos por todo el territorio.

El prestigioso general Sanjurjo, entonces exiliado en Lisboa, tomaría el mando superior. Los planes debían estar muy avanzados el 10 de julio cuando el periodista de ABC, Luis Bolín, alquiló un avión (Dragon Rapide) con el que se dirigiría a Canarias para trasladar a Franco a Marruecos.

El 12 de julio se produjo un doble asesinato político que aumentó la tensión en el país. Pistoleros falangistas asesinaron al teniente Castillo, que había dado muestras de un acendrado republicanismo. Sus compañeros, los Guardias de Asalto, contestaron asesinando al diputado monárquico Calvo Sotelo.

2. La sublevación militar y el estallido de la Guerra Civil.

Los sucesos del 18 de julio de 1936 se situaban en la línea de los pronunciamientos militares de tradición decimonónica. Si bien, con el tiempo, recibió el nombre de Alzamiento Nacional. Los militares tenían intención de declarar el estado de guerra en las principales con las fuerzas de las distintas guarniciones y, ocupada Madrid, obligarían a un cambio de gobierno. Hablaban de restablecer el orden y evitar una presunta revolución comunista que se estaba gestando en la República del Frente Popular.

Los militares sabían que podían contar para ello con el apoyo del sector conservador de la sociedad: terratenientes, grandes latifundistas, el mundo de la Banca, industriales, la Iglesia, los carlistas-tradicionalistas, Falange… Es decir, aquellos que querían poner fin a la experiencia republicana reformista.

El pronunciamiento se inició el 17 de julio en los cuarteles de Melilla y al día siguiente había triunfado en el resto del Protectorado. El Gobierno de Casares Quiroga fue informado de forma inmediata de todo lo sucedido, sin embargo, en un primer momento, no se atrevió a tomar ninguna medida.

El día 18 llegó el general Franco desde Canarias y tomó el mando del ejército de África, el más preparado y mejor armado de la República. Al conocer esta noticia, se sublevaron otros jefes militares: Mola en Pamplona, Queipo de Llano en Sevilla, Goded en Mallorca, Cabanellas en Zaragoza…

El pronunciamiento triunfaba, en líneas generales, en Castilla la Vieja-León, Navarra, la parte occidental de Aragón, Galicia, Baleares, Canarias y algunas ciudades andaluzas. A su vez, fracasaba en Cataluña, el Levante, la franja cantábrica, Castilla la Nueva, Extremadura y gran parte de Andalucía. Sin embargo, el mayor fracaso fue no controlar la capital, Madrid, y los principales centros industriales: Barcelona y el País Vasco.

En Madrid fracasó porque, una vez sustituido el indeciso Casares Quiroga por José Giral, se repartieron armas entre los sindicatos obreros que acudieron en ayuda de las guarniciones leales. El momento simbólico del fracaso de la sublevación fue la rendición del cuartel de la Montaña, donde se había refugiado el general Fanjul.

En Barcelona la sublevación tuvo lugar el 19 de julio. Su fracaso fue debido a que el Gobierno de la Generalitat pudo contar con las fuerzas de orden público apoyadas por los obreros armados de la CNT-FAI. Así, cuando el general Goded acudió desde Mallorca a la ciudad condal para tomar el mando, la balanza había caído ya del lado de Companys.

En un primer momento, los militares habían fracasado en el intento de derribar al Gobierno de la República. Esta mantenía los principales centros industriales de la periferia, las zonas de agricultura de exportación (Levante), la mayoría de la flota y de la aviación, así como de las reservas del Banco de España.

No parecía que los militares sublevados pudieran resistir demasiado si no lograban trasladar rápidamente su fuerza de choque, el ejército de África, a la Península. Lo consiguieron entre los últimos días del mes de julio y los primeros de agosto gracias a que los aviones alemanes e italianos establecieron un puente aéreo entre Tetuán y Sevilla. Los dos Estados autoritarios más importantes de la Europa del momento, la Alemania nazi y la Italia fascista se mostraron dispuestos a facilitar armamento, soldados, técnicos…

Así, a pesar del fracaso inicial del pronunciamiento, los sublevados lograron mantener una guerra de larga duración.

Las grandes potencias europeas seguían con atención los acontecimientos de España: Los Estados fascistas (Alemania, Italia y Portugal principalmente) manifestaron desde un principio su decidida protección y ayuda a los militares sublevados. La URSS, aislada por la mayoría de los países europeos, se inclinaba, no sin vacilar, a dar su apoyo al Gobierno de la República, dentro del cual aumentaba rápidamente la influencia del PCE.

Los países democráticos se plantearon dudas más serias:

– Francia, con un gobierno socialista, parecía más predispuesta a ayudar a la República.

– Gran Bretaña, donde gobernaban los conservadores, no mostraba la misma predisposición. Por una parte, no deseaba que la guerra de España les llevara a un enfrentamiento con los regímenes fascistas. Tampoco deseaba que la República Española, por la intervención de la URSS, se convirtiera en un Estado revolucionario de izquierdas. Finalmente, tenía importantes intereses comerciales en zonas ocupadas desde el primer momento por los sublevados (minería de Río Tinto, por ejemplo)

El 9 de septiembre de 1936, Gran Bretaña y Francia patrocinaron el establecimiento en Londres de un Comité de No-intervención, que se comprometía a evitar la ayuda militar a los contendientes.  En realidad, fue una farsa, porque Alemania e Italia continuaron ayudando a los sublevados y la URSS empezó a facilitar armamento a la República.

Dentro de estas excepciones, también hemos de citar la organización de las Brigadas Internacionales, adscritas al bando republicano.

Los acontecimientos políticos de Europa. El Gobierno de la República mantuvo hasta el último momento la esperanza de que estallara la guerra en Europa entre los regímenes fascistas y las democracias, de tal modo que afectara a España. Esta esperanza estaba justificada por la política de expansión territorial que estaba llevando a cabo Hitler.

Sin embargo, las potencias democráticas cedieron en repetidas ocasiones ante el expansionismo alemán con el fin de evitar una guerra (Renania, Austria y Checoslovaquia). Así, a principios de 1939, cuando la derrota de la República era ya clara y manifiesta, Gran Bretaña y Francia la abandonaron definitivamente, reconociendo el Gobierno del general Franco.

La II Guerra Mundial no estalló hasta septiembre de ese año, cuando Hitler atacó Polonia; para los republicanos españoles llegó con cinco meses de retraso.

3. La evolución de las dos zonas.

Durante las primeras semanas de la guerra se produjo un vacío de poder generalizado, especialmente en la zona republicana. La dispersión fue muy grande en la zona que se mantuvo fiel a la República: obreros y campesinos armados, establecieron comités a todos los niveles (pueblos, fábricas, transportes…).

Estos comités obedecían a los sindicatos y partidos correspondientes. Así, aunque la República no llegó al colapso, el desorden generalizado adquirió el aspecto de inicio de una revolución.

Hasta el 4 de septiembre de 1936 no se logró formar un gobierno de concentración con representantes de los partidos más importantes. Este fue presidido por Largo Caballero, secretario de la UGT, y estaba formado por socialistas, republicanos, anarquistas, comunistas y nacionalistas.

Este Gobierno procuró reconstruir el Estado, es decir, intentó recuperar el control de las organizaciones de gobierno: Orden público, justicia, ejército, hacienda… Sin embargo, ante el avance de los sublevados hacia Madrid, el Gobierno se trasladó finalmente a Valencia.

Entre los republicanos no hubo unidad de acción:

– Unos creían en la necesidad de crear, en primer lugar un Estado fuerte que pudiera ganar la guerra. Era el caso de republicanos, socialistas moderados y comunistas.

– Otros pensaban que había llegado el momento de llevar a cabo una revolución que llevaría al pueblo a la victoria. Era el caso de anarquistas y socialistas radicales, que defendían la ocupación de las tierras y las fábricas, la eliminación de la propiedad privada, la nacionalización de la banca…

A partir de mayo de 1937, un nuevo gobierno presidido por el también socialista Juan Negrín, cada vez con mayor influencia comunista, procuró frenar las colectivizaciones. Al mismo tiempo reorganizó la estructura y disciplina del Ejército y mantuvo la idea de resistencia al ultranza en un momento en el que el pesimismo era generalizado.

En la zona dominada por los sublevados, conocida como zona nacional, hubo desde el primer momento un orden mantenido por la disciplina militar y la proclamación del estado de guerra. Aunque muy pronto se organizó una Junta de Defensa Nacional (24 de julio) presidida por el general Cabanellas, los generales actuaron como virreyes en su territorio: Mola en Navarra, Queipo de Llano en Sevilla, Franco en Marruecos…

Ante la necesidad imperiosa de unificar el mando a causa de la muerte del general Sanjurjo, varios generales y altos jefes se reunieron en Salamanca y eligieron al general Franco. Este joven y prestigioso general pasó a denominarse Generalísimo de todos los Ejércitos y Jefe de Gobierno del Estado español (Decreto de 1 de octubre de 1936).

Durante los años 1937 y 1938, Franco fue cimentando su poder según la ideología de los Estados fascistas. Fundó un partido político único: FET y de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). Este partido único era una conjunción forzada de las ideologías e intereses falangistas y carlistas-tradicionalistas.

De esta manera, Franco se convirtió en su líder o caudillo. Además, Franco consiguió el apoyo de la Iglesia, que desde los primeros días del conflicto sufrió una dura persecución en la zona republicana.

La República disponía, al principio, de la mayoría de la población, de las zonas industriales y de la agricultura de exportación. Sin embargo, la principal zona cerealista (Castilla la Vieja-León) estaba en manos de los nacionales. De esta manera, pronto surgieron problemas con el suministro de las ciudades, saturadas de refugiados, y del ejército.

Además, se sufrió la escasez de materias primas como algodón, petróleo o carbón, ya que las empresas suministradoras de otros países desconfiaban de la solvencia económica republicana. A esto se unía la retirada de capitales extranjeros por temor a las colectivizaciones.

Las colectivizaciones, es decir, la apropiación de las tierras de cultivo y de las fábricas por campesinos y obreros organizados en comités, se realizó de manera desigual y bastante desorganizada.

Así, la industria fue colectivizada en gran parte de Cataluña, pero no en el País Vasco. Del mismo modo, los anarquistas que formaron un Consejo de Defensa colectivizaron los campos del Aragón republicano, pero la propiedad se respetó en Levante. Desde el extranjero daba la sensación de que se estaba realizando una revolución, lo que desacreditaba a la República ante las potencias extranjeras.

La producción agrícola e industrial descendió muchísimo. Así, la industria siderúrgica vasca solo alcanzó, en el primer semestre de 1937, entre el 5% y el 10% de la producción de 1929. Esto se debió, en parte, al aislamiento que esta zona sufría con respecto al resto del territorio republicano. En estas circunstancias, la República recurrió al oro y divisas depositadas en el Banco de España para adquirir armamento del extranjero, especialmente de la URSS.

Al principio de la guerra, la zona nacional estaba formada, en su mayor parte, por tierras de cultivo y ganadería, además de algunas zonas mineras. Por tanto, tuvo menos problemas de abastecimiento que la zona republicana. Era una economía, sin embargo, desequilibrada, que sólo se potenció cuando los nacionales conquistaron Bilbao y la franja cantábrica (otoño de 1937).

Durante la guerra, el general Franco pudo contar con créditos a largo plazo de Alemania y de Italia de empresas petroleras como la TEXACO de EE.UU.

La guerra produjo un serio deterioro de la vida en la retaguardia, sobre todo en las grandes ciudades de la zona republicana. Allí se vivió la gran escasez de alimentos, que provocaron el hambre y la aparición del mercado negro (“estraperlo”). A esto hemos de añadir el bombardeo de las ciudades, que contribuía a desmoralizar aún más a la población civil.

Los militares sublevados utilizaron, desde el primer momento, una represión de extrema dureza para aterrorizar al enemigo. Así fueron fusilados sin previo juicio líderes políticos y sindicales, maestros, autoridades republicanas, intelectuales, campesinos y obreros.

La respuesta en la zona republicana fue brutal y sin que el Gobierno, en los primeros momentos, pudiera llegar a controlarla, lo que le generó un enorme descrédito entre las democracias occidentales. Personas conocidas por sus ideas de derechas, propietarios de tierras y fábricas, eclesiásticos… fueron denunciadas, perseguidas y asesinadas. La Iglesia sufrió una persecución particularmente dura, con unas cifras de ejecutados superiores a las 15.000 personas.

Para completar este panorama de los primeros meses, en los que más de 150.000 personas fueron víctimas de la represión en ambas zonas, hay que añadir los odios existentes en las distintas localidades.

La cuestión de los refugiados fue un grave problema, sobre todo en la zona republicana. Las variaciones de los frentes de guerra desplazaron a mucha gente, sufriéndolo especialmente los ancianos, mujeres y niños.

El primer gran movimiento de refugiados lo provocó la batalla de Madrid y la decisión del Gobierno republicano de trasladar mucha gente hacia Valencia y Cataluña.

El segundo gran desplazamiento de población tuvo lugar en el País Vasco y en la franje cantábrica cuando se produjo la ofensiva nacional durante el verano-otoño de 1937.

El último gran desplazamiento se produjo al final de la guerra, durante la campaña de Cataluña, cuando miles de soldados, hombres, ancianos, mujeres y niños buscaron refugio en Francia. Se calcula que fueron más de 300.000 los exiliados en un primer momento, si bien la cifra se reduciría a la mitad en los años siguientes por el retorno de muchos.

Después del fracaso del pronunciamiento del 18 de julio, los nacionales declararon la movilización general en la zona que dominaban. En los primeros momentos de la guerra, el ejército de África (cerca de 50.000 hombres entre legionarios, regulares y marroquíes) fue su principal fuerza de choque. En la Península pudieron contar con las tropas de las zonas sublevadas, con las milicias falangistas y los requetés (carlistas).

La ayuda extranjera resultó fundamental para sobrevivir primero y ganar la guerra después. Mussolini envió unos 120.000 soldados, teóricamente voluntarios (CTV, Comando di Truppe Volontarie), con mandos organizados y armamento moderno. La ayuda alemana fue más selectiva, y see agrupó alrededor de la llamada Legión Cóndor, formada por unos 8.000 hombres bien pertrechados.

Los nacionales disponían también de unos 100.000 mercenarios marroquíes que acudieron atraídos por el botín de guerra y el salario. La colaboración portuguesa fue más reducida, aunque durante mucho tiempo Lisboa fue el puerto por el que llegaron suministros para los nacionales.

En la zona republicana se tardó en organizar un ejército disciplinado y suficientemente armado. En los primeros momentos, el ejército que se mantuvo fiel a la República casi desapareció, siendo sustituido por las milicias populares. Estas fueron organizadas por los partidos políticos (el V Regimiento del PCE) o sindicatos (la columna Durruti de la CNT-FAI).

Los mandos del ejército que se mantuvieron fieles a la República no gozaron de la confianza popular, aunque algunos dieron muestras sobradas de su valía (general Vicente Rojo).

Dos elementos permitieron a la República organizarse:

– La ayuda militar de la URSS, que envió toda clase de material bélico, así como un grupo de 2.000 técnicos y consejeros militares.

– Las Brigadas Internacionales, que estaban formadas por voluntarios (unos 60.000) de todo el mundo, que acudieron a defender la democracia española frente al fascismo.

Así, durante la primavera de 1937, la guerra enfrentaba a dos ejércitos bien organizados, de unos 500.000 hombres cada uno.

Los militares sublevados declararon desde el primer momento su inclinación hacia el centralismo, contraria a los nacionalismos periféricos. El nacionalismo gallego apenas tuvo oportunidad de manifestarse y de conseguir aprobar su Estatuto porque Galicia fue ocupada rápidamente por los militares sublevados.

Para atraerse la fidelidad del País Vasco, la República reconoció el Estatuto de Estella (1 de octubre de 1936). El PNV formó así su primer gobierno bajo la presidencia del leherdakari José Antonio Aguirre, y tuvo un ministro en el Gobierno de Largo Caballero. Su aislamiento le permitió ejercer una máxima autonomía, más allá del Estatuto:

– Concentró todos los poderes y funciones del Estado.

– Creó un ejército regular (gudaris).

– Mantuvo incluso relaciones internacionales.

La conquista de Bilbao por las tropas de Franco acabó con el Gobierno de Aguirre, que se refugió en Cataluña, para exiliarse al término de la guerra.

En Cataluña los acontecimientos se complicaron también para le República. La Generalitat presidida por Lluís Companys había salido muy debilitada después del 18 de julio: el poder estaba en manos de las milicias de partidos políticos y sindicatos. A este respecto, la superioridad de la CNT era clara.

Por su parte, la Generalitat actuaba con gran independencia del Gobierno central, que no disimulaba su malestar. Organizó su propia economía de guerra, se veía forzada a colectivizar las fábricas y tomaba sus propias decisiones en cuestiones de orden público.

El enfrentamiento entre partidarios de llevar a cabo en primer lugar la revolución (anarquistas y POUM) y partidarios de crear primero un ejército disciplinado estalló en mayo de 1937. Esta pugna se decidió en una lucha callejera en la ciudad de Barcelona, conocida como Fets de maig.

El Gobierno central aprovechó la ocasión para intervenir con fuerzas del orden público enviadas desde Valencia y restablecer así su autoridad en Cataluña. Más aún, el 30 de octubre de 1937, el Gobierno de Negrín se trasladó a Barcelona, anulando completamente al Gobierno de la Generalitat.

Por su parte el general Franco, en cuanto sus tropas pusieron pie en Cataluña, derogó, por decreto del 5 de abril, el Estatuto de Cataluña.

4. Evolución de la guerra.

En líneas generales, la guerra se desarrolló según unos rasgos muy definidos:

– El general Franco y los militares sublevados dispusieron siempre de un ejército más disciplinado, con mejores mandos y abundancia de armamento. Además, a partir del año 1938, se superioridad en artillería y aviación era manifiesta.

– La República, como ya hemos dicho, tardó en organizar un ejército disciplinado y muchas veces padeció escasez de armamento.

– La ofensiva estuvo casi siempre en manos de los nacionales, que desde su posición central pudieron escoger los frentes a los que trasladar y concentrar sus tropas.
Los movimientos iniciales.

Las operaciones militares del principio de la guerra dieron lugar a lo que se llamó “guerra de columnas”. Eran columnas de pocos efectivos (2.000 ó 3.000 hombres), la mayoría de infantería, ligeramente armados que, con camiones y autocares, se desplazaban por amplias zonas. Carecían estas de frente fijo; más bien buscaban ocupar ciudades importantes o puntos estratégicos.

Así, las columnas republicanas salieron de Barcelona hacia Aragón para liberar las ciudades de Zaragoza y Huesca, donde había triunfado el pronunciamiento. Estas, compuestas por milicianos de partidos y sindicatos, no llegaron a conseguir sus objetivos, pero lograron estabilizar el frente cerca de esas dos ciudades.

Los militares sublevados movieron sus columnas desde dos puntos: Sevilla y Pamplona, ambas con el objetivo de ocupar Madrid para asegurarse una rápida victoria. Las columnas más importantes fueron las que dirigió el general Franco desde Sevilla siguiendo la ruta de Extremadura y el valle del Tajo. Sólo la resistencia de la ciudad de Badajoz fue dura, mientras que en los demás puntos apenas halló una desorganizada oposición.

Un error de cálculo hizo fracasar la marcha de estas sobre Madrid. En lugar de avanzar directamente sobre la capital, Franco prefirió desviarse para liberar el Alcázar de Toledo. Esta actuación le dio prestigio, pero le hizo perder un tiempo precioso, pues permitió a los republicanos organizar la defensa de la capital.

Entre noviembre de 1936 y marzo de 1937 se desarrollaron tres grandes combates por la ocupación y defensa de Madrid. El Gobierno republicano, antes de trasladarse a Valencia, nombró una Junta de Defensa dirigida por el general Miaja que supo preparar la defensa y levantar la moral popular.

El ataque frontal de Franco fue detenido en la Casa de Campo y en la Ciudad Universitaria, donde se desarrollaron violentos combates. Los republicanos pudieron contar en aquella ocasión con el apoyo de las primeras Brigadas Internacionales y los tanques y la aviación que empezaba a proporcionar la URSS.

El general Franco intentó, entonces, dos ofensivas por el sur y por el norte de la ciudad, con el fin de cortar a los republicanos las comunicaciones con Valencia. La primera, en el valle del Jarama (febrero de 1937), fue durísima. La segunda, hacia Guadalajara (marzo de 1937), realizada por las tropas italiana, acabó en un estrepitoso fracaso. A partir de ese momento el frente se estabilizó alrededor de Madrid, que no cambiaría de bando hasta el final de la guerra.

Al no lograr tomar la capital, Franco decidió dirigir sus fuerzas contra la franja republicana del Cantábrico, que permanecía aislada.  El 19 de junio cayó Bilbao, a pesar de la dura defensa del “cinturón de hierro” (sistema de trincheras construidas con cemento armado), en agosto fue ocupada Santander y en octubre Gijón y el resto de Asturias.

La ocupación de la franja cantábrica fue determinante para la victoria final de los nacionales, ya que le proporcionó una importante industria siderometalúgica y una rica zona minera.

El año 1938 se inició con un ataque y conquista del ejército republicano sobre la ciudad de Teruel. Sin embargo, se trató de un éxito efímero, porque Franco, que ahora disponía de las tropas que habían quedado libres del frente cantábrico, la recuperó a finales de febrero. Poco después, a partir de marzo, desencadenó una fuerte ofensiva a lo largo de todo el frente de Aragón.

En su avance hacia Cataluña y el Mediterráneo, en el mes de abril Franco había ocupado Lérida, y por el Maestrazgo y el Bajo Ebro había alcanzado el puerto de Vinaroz. Había dividido la zona republicana en dos partes, quedando Cataluña aislada del resto. En aquellos momentos, ya hacía tiempo que el Gobierno de Negrín se había trasladado a Barcelona.

Desmoralizado por las derrotas militares, el presidente Azaña veía la guerra perdida y quería pactar la paz. Por su parte, Negrín era partidario de mantener una firme resistencia en espera de los que pudiera ocurrir en Europa. De todos modos, Franco se sentía cada vez más seguro de su victoria final y no deseaba ningunas conversaciones de paz.

Fue entonces cuando el ejército republicano de Cataluña, bajo el mando del general Vicente Rojo, llevó a cabo una ofensiva inesperada y bien preparada. El 25 de julio de 1938, varias compañías de los 250.000 hombres del ejército republicano, atravesaron el río Ebro por la zona de Gandesa, estableciendo una cabeza de puente.

A partir del 14 de agosto, Franco, que había concentrado fuerzas y disponía de una superioridad absoluta en artillería y aviación, inició el contraataque. En pocos kilómetros de terreno se utilizaron grandes cantidades de armamento y murieron muchos soldados: la batalla duró cuatro meses.

Entre el 16 y el 18 de noviembre, las últimas tropas republicanas volvieron a cruzar el Ebro. Ambos bandos habían sufrido unas pérdidas similares, que rondaban los 30.000 muertos cada uno.

Poco tardó el general Franco en organizar la ofensiva definitiva contra Cataluña. Su superioridad era tan manifiesta que la conquista fue rápida, siendo el avance incontenible: el 15 de enero de 1939 caía Tarragona, el 26 Barcelona y entre el 9 y el 10 de febrero las tropas nacionales alcanzaban la frontera.

El presidente Azaña se quedó en la embajada de París, donde dimitió al poco tiempo. Mientras, el Gobierno de Negrín volvió a la zona que todavía se mantenía republicana con el fin de continuar la resistencia. Sin embargo, el ejército estaba muy desmoralizado y dividido hasta el punto de que una parte de la oficialidad se sublevó en Madrid e intentó someterse a la “generosidad del Caudillo”, que no hizo el menor caso.

El 28 de marzo las tropas de Franco entraban en Madrid y el 30 del mismo mes en Alicante, donde se habían concentrado los últimos republicanos que intentaban desesperadamente huir por mar. El 1 de abril el general Franco firmó el último y breve parte de guerra.

5. Conclusiones.

Desde julio de 1936 hasta abril de 1939, España sufrió los destrozos materiales y sociales de una cruenta guerra civil. Iniciada por un golpe de Estado militar, la guerra acabó enfrentando a los partidarios de la España tradicional, católica y de pequeños y grandes propietarios con la España progresista, anticlerical, obrera y campesina.

La consecuencia más inmediata, después de la guerra, fue la pérdida de vidas humanas. Se calculan en torno a las 200.000 las víctimas de las represiones de uno y otro bando, y otras tantas en el frente. A las pérdidas mortales, habría que sumar los 165.000 exiliados republicanos que no volverían a España.

En cuanto a las pérdidas materiales, España retrocedió al nivel de renta de 1914. Se había perdido el 15% de la riqueza nacional y se debían 20.000 millones de dólares. Pérdidas a las que debía añadirse la destrucción de las comunicaciones, del tejido industrial (dos tercios del material ferroviario), de la mitad de la cabaña ganadera, 250.000 viviendas y 225.000 toneladas de marina.

Además, el inicio de la II Guerra Mundial impedirá que España mantenga unas relaciones comerciales normales, sin duda necesarias para su reconstrucción. Tanto el conflicto, como el aislamiento de posguerra llevarán al régimen español a emprender un nacionalismo económico basado en la autarquía.

La Segunda República (1931-1936)

1. Introducción.

El 14 de abril de 1931 se proclamó, en España, la II República en un ambiente de euforia y esperanza. El nuevo régimen representaba unos ideales de progreso y de democracia deseados por gran parte del país. No obstante, como consecuencia del choque entre los intereses y las mentalidades de las clases acomodadas y de las clases populares desembocó en una terrible guerra civil.

Atendiendo a la política llevada a cabo por los partidos que ocuparon el poder, la II República se desarrolló en tres etapas:

– El Bienio Reformista (1931-1933), bajo el gobierno de las izquierdas.

– El Bienio Radical-Cedista (1934-1936), con predominio de las derechas.

– El triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, que supuso el retorno de las izquierdas al poder, pero también el inicio de un proceso revolucionario que escapó al control de los más moderados.

2. El final de la monarquía.

Alfonso XIII, tras la caída del dictador Miguel Primo de Rivera, encomendó al gobierno del general Dámaso Berenguer la tarea de reconstruir la antigua normalidad constitucional. Se trataba, por tanto, de reabrir las Cortes, volver a poner en marcha los partidos políticos y los sindicatos, organizar de nuevo elecciones…

No obstante, esta vuelta a la normalidad fue demasiado lenta para cumplir con las exigencias de los grupos opositores y de buena parte de la población. Además, los españoles recelaban de la monarquía, pues se había comprometido demasiado con la Dictadura de Primo de Rivera.

En el mes de agosto de 1930, en la semiclandestinidad, representantes de los partidos republicanos –Lerroux, Azaña, Marcelino Domingo-, socialistas –Prieto, Fernando de los Ríos-, nacionalistas –Casares Quiroga, Carrasco i Formiguera– y de otros grupos, se reunieron en la ciudad de San Sebastián. Allí pactaron una política antimonárquica y eligieron un Comité Revolucionario para llevarla a cabo. Incluso contaban con una actuación militar.

Sin embargo, la revuelta militar, mal preparada, que iniciaron los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández en Jaca (diciembre de 1930), no encontró eco en los cuarteles y fracasó.

En estas condiciones, el último gobierno de la monarquía, presidido por el almirante Aznar, con el que colaboró la Lliga Regionalista, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. El gobierno confiaba en que una victoria de los partidos monárquicos facilitaría el posterior triunfo en las elecciones para el Congreso, que se iban a celebrar el 7 de mayo.

Aunque sólo se trataba de unas elecciones municipales, los partidos de la oposición las presentaron como un plebiscito entre monarquía y república. Si las ganaban, significaría que el pueblo español era partidario de la opción republicana. Los monárquicos confiaban en ganar en los pueblos gracias al sistema caciquil, pero sabían que esto no funcionaría en las ciudades. Así, la campaña fue muy intensa en ambos bloques.

Fueron a votar el 65% de los hombres censados, de tal modo que, a partir de las primeras horas de la mañana del día 13, empezaron a conocerse los resultados. Los partidarios de la república ganaban en 45 de las 50 capitales de provincia, en las ciudades más importantes y en las zonas industriales y cuencas mineras.

En un clima de euforia y sin violencia, muchos ayuntamientos, al conocer el resultado del escrutinio, proclamaron la República. Eibar, en el País Vasco, fue el primero en hacerlo; después le siguieron Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Oviedo… El monarca dudó durante algunas horas, pero ante el desánimo de la mayoría de sus ministros acabó abandonando Madrid en dirección a Cartagena. Desde allí, un buque de guerra lo llevó al exilio en Francia. Sin embargo, en modo alguno renunció a sus derechos a la Corona ni a los de su familia.

El nuevo gobierno provisional estaba presidido por un antiguo monárquico, de mentalidad conservadora y católico, Niceto Alcalá Zamora. El primer problema de la República surgió en Barcelona donde, tras proclamar Lluís Companys la República, el líder de ERC, Francesc Maciá proclamaba la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. En una clara interpretación federalista, establecía a Cataluña como un Estado dentro del Estado español.

Después de una larga discusión con tres ministros enviados desde Madrid, se llegó al acuerdo de formar un órgano gubernamental provisional llamado Generalitat. Además, el Gobierno central se comprometía a patrocinar la elaboración y aceptación de un Estatuto de Autonomía

3. La Constitución de 1931.

Principios fundamentales de la Constitución de 1931

El 28 de junio de 1931 se celebraron unas elecciones, con sufragio universal masculino a partir de los 23 años, con el fin de elegir unas Cortes Constituyentes. Estas debía elaborar una Constitución republicana capaz de estructurar el nuevo Estado, ya que la anterior Constitución, la de 1876, era monárquica y conservadora.

Votó el 70,4% del censo, superando así el porcentaje de las anteriores elecciones municipales. Fueron, además, las primeras elecciones sin caciquismo y, por tanto, las primeras elecciones limpias que se realizaron en España. Dos cosas hay que destacar de los resultados:

– La multiplicidad de los partidos, como consecuencia de la desaparición del bipartidismo dinástico del viejo sistema.

– El triunfo de las izquierdas.

Durante la elaboración de la Constitución surgieron dos temas que acapararon, principalmente, la atención y ocasionaron furos debates entre la izquierda y la derecha:

– Las relaciones Iglesia-Estado.

– El problema de las autonomías.

Finalmente, la mayoría republicano-socialista acabó imponiendo sus criterios y en el mes de diciembre fue aprobada la Constitución, que los partidos de derecha no votaron.

La Constitución de 1931 era bastante avanzada para su tiempo, con algunos toques socializantes, como daba a entender el artículo 1º: “España es un República democrática de trabajadores de toda clase…”. A esto se unía la posibilidad de expropiación de bienes privados (tierras, minas, ferrocarriles…) si lo hiciera necesario la utilidad pública.

La Constitución establecía los siguientes principios:

– Una sola cámara (Congreso de los Diputados-Parlamento) elegida cada 4 años por sufragio universal para ambos sexos, con un Presidente de la República nombrado cada 6 años.

– Un modelo de Estado integral, no federal, aunque aceptaba que las regiones que lo pidiesen pudieran conseguir un Estatuto de autonomía.

– La protección muy detallada de los derechos democráticos individuales: libertad religiosa, de expresión y asociación, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia…

– La desaparición definitiva de los privilegios de clase, con la anulación de los títulos nobiliarios.

Una vez aprobada la Constitución, fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, un político moderado de centro-derecha. Manuel Azaña presidió el primer gobierno, formado por una coalición de republicanos de izquierda, socialistas y nacionalistas. Estos continuaron con la labor reformista que había iniciado el Gobierno Provisional desde abril de 1931.

Los partidos políticos

Las izquierdas estaban asociadas con la inclinación hacia la república como sistema político. Se trataba de una república, de alguna manera, federal o que por lo menos aceptaba las autonomías regionales. Además, eran partidarias de realizar cambios socio-económicos que mejoraran la situación del pueblo –reforma agraria, legislación laboral, etc.- y le acercara al nivel de vida de los países avanzados de Europa.

Las izquierdas rechazaban, a su vez, la influencia que las viejas instituciones –Iglesia, Ejército, etc.- tenían sobre el Estado. Por último, Confiaban en el criterio de los intelectuales progresistas y en la educación laica y racionalista para llevar a cabo esos cambios.

El abanico de las izquierdas estuvo dominado por dos partidos:

– Izquierda Republicana; era un partido de pequeños burgueses con muchos intelectuales y representantes de profesiones liberales.

– El PSOE; de mentalidad marxista, que contaba con el soporte de su sindicato, la UGT (Unión General de Trabajadores).

Más a la izquierda se situaban los comunistas y anarquistas. El Partido Comunista de España (PCE) había surgido como una escisión del ala más revolucionaria y joven del PSOE, alrededor de 1921. Los anarquistas se agruparon alrededor de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) que estaba fuertemente asentada en Cataluña y Andalucía. En su seno se había producido una escisión entre los moderados sindicalistas, que querían que la CNT actuará como un sindicato, y los revolucionarios faístas, agrupados en la FAI.

Las derechas eran partidarias, en principio, de mantener las estructuras socio-económicas de la Restauración, es decir, el poder de los terratenientes, industriales y banqueros, no efectuando más cambios de los necesarios. Se apoyaban en las viejas instituciones, como la Iglesia, el Ejército, el funcionariado… para mantener el orden y los valoras tradicionales: familia, propiedad, seguridad…

Mayoritariamente eran centralistas y no estaban dispuesto a acatar las autonomías. Las derechas eran preferentemente monárquicas, aunque los partidos que representaban esta tendencia en el Parlamento parecían haber aceptado la República.

Dentro de estos partidos se podían distinguir tres grupos:

– Los fascistas; imitaban, en gran parte, la ideología y la puesta en escena del régimen de Mussolini. En España aparecieron dos grupos con esta mentalidad: las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) en 1931 y Falange Española en 1933.

– Los partidos monárquicos; los partidarios de Alfonso XIII, de la línea de los Borbones, y los partidarios de la rama carlista.

– Las derechas republicanas; La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) llegó a ser el partido más representativo de las derechas.

El centro es más difícil de definir. En general, estaba compuesto por moderados predispuestos a hacer pocos cambios. Parecía claro que, en caso de situación social conflictiva, se inclinarían rápidamente hacia las derechas. Cuando la sociedad española se polarizó entre derechas e izquierdas en las elecciones de febrero del año 1936, el centro casi desapareció.

Además de pequeños partidos republicanos liderados por hombres que habían sido monárquicos hasta la proclamación de la República (Alcalá Zamora o Miguel Maura), el partido de centro más importante era el Republicano Radical. Este grupo, fundado y liderado por Alejandro Lerroux, había ido moderándose con respecto a la demagogia anticlerical y anticatalanista de principios de siglo XX.

Aparte de los partidos políticos de ámbito estatal, se continuaron desarrollando en ciertas regiones –Cataluña, el País Vasco y Galicia- partidos autonómicos-nacionalistas.

En Cataluña se daban cuatro tendencias:

– La derecha estaba representada por la Lliga Regionalista, liderada por Francesc Cambó.

– El centro estaba representado por Acció Catalana Republicana y los cristiano-demócratas de Unió Democrática de Catalunya (Carrasco i Formiguera).

– La izquierda se había unificado en torno a Ezquerra Republicana de Catalunya (Francesc Maciá y Lluís Companys), el partido más votado en la región.

– En la extrema izquierda, dos partidos comunistas: el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña), surgido al inicio de la guerra.

En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) mantuvo su predominio. Considerado como partido católico y de derechas, evolucionó a partir de 1933 a posiciones de centro cuando su líder, José Antonio Aguirre, se enemistó con la derecha centralista.

En Galicia adquirió fuerza la Organización Republicana Gallega Autonomista (ORGA), cuyo líder, Casares Quiroga, mantenía buenas relaciones con la Izquierda Republicana de Manuel Azaña.

Los Estatutos de autonomía

La primera región en dotarse de un Estatuto de autonomía fue Cataluña, cuestión que ya se había apalabrado previamente en el Pacto de San Sebastián y en la reunión del Gobierno Provisional con los líderes de ERC. El Estatuto se redactó en Nuria (santuario del Pirineo), refrendado por el pueblo catalán, fue presentado en Madrid en agosto de 1931, antes incluso de la aprobación de la Constitución.

Los autores del Estatuto partían del principio de que la República española iba a ser federal, proponiendo, por tanto la cesión de abundantes competencias (enseñanza, cultura, sanidad, orden público, justicia, fiscalidad…). Por tanto, una vez aprobada la Constitución, la discusión del Estatuto catalán se alargó ante la fuerte oposición de la derecha y la excesiva ambición de los nacionalistas. Esta última, en concreto, generaba grandes dudas en el seno de los intelectuales socialistas y de izquierdas.

Sin embargo, el fracasado pronunciamiento del general Sanjurjo (agosto de 1932) aceleró la aprobación, por los partidos de centro izquierda, de las leyes a trámite más discutidas: La Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña.

El Estatuto fue aprobado el 9 de septiembre de 1932, si bien rebajando las competencias exigidas en Nuria como consecuencia de la existencia de un Estado integral, y no federal.

En el País Vasco, el PNV y los carlistas habían llegado a un acuerdo sobre un proyecto de Estatuto (Estatuto de Estella, junio de 1931), pero dos hechos impidieron su realización y presentación:

– La defección de Navarra y la debilidad nacionalista en la provincia de Álava, donde el plebiscito de 1933 no alcanzó el 50% de los votos necesarios.

– Por otra parte, el Gobierno central tenía sus dudas: Cuando mandaban las izquierdas, porque desconfiaban del conservadurismo del PNV y de su acentuado independentismo; cuando mandaban las derechas, porque eran declaradamente antiautonomistas.

No fue hasta octubre de 1936, ya en plena Guerra Civil, cuando las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía Vasco, entre otras razones para mantener a la región fiel a la República.

En Galicia, donde la conciencia nacionalista era menor, el Estatuto no fue aprobado por plebiscito popular hasta junio de 1936. El pronunciamiento militar de julio impidió su trámite por las Cortes, ya que la región fue inmediatamente ocupada por los sublevados.

4. El Bienio Reformista (1931-1933).

Una coyuntura económica poco propicia

La II República nació en un mal momento de la economía mundial. La caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 había provocado una profunda depresión que afectó a todo el mundo a lo largo de una década.

La quiebra de Wall Street repercutió menos en España porque tenía una economía bastante autárquica, sin grandes relaciones económicas con Europa y América. De todas maneras, planteó una serie de problemas:

– La reducción de las inversiones de capitales extranjeros que tanto habían contribuido al desarrollo de la industria y de las fuentes de energía.

– El descenso de las exportaciones, especialmente productos agrarios (aceite, cítricos, arroz, vino…) y mineros (hierro, piritas…).

– La interrupción de la emigración (restricción de entrada), hacia América preferentemente, que podía solucionar el problema del desempleo.

Los problemas internos del país agravaban aún más las dificultades económicas. Había, en primer lugar, un alto paro crónico en el campo andaluz y extremeño debido en gran medida a la desigualdad en el reparto de la propiedad de la tierra. Por otra parte, la República se encontró con una enorme deuda pública, provocada por los presupuestos de la Dictadura, que había llevado a cabo costosas obras públicas.

Finalmente, los propios gobiernos de izquierda de la República propiciaron otros problemas. Al defender un aumento de los salarios de los obreros y campesinos, que coincidió con la bajada de los precios de los productos, provocaron la reducción de los beneficios.

Esto afectó negativamente tanto a la industria como a la banca. Inmediatamente se redujo la inversión y muchos burgueses, alarmados, trasladaron sus capitales al extranjero por desconfianza hacia el Gobierno de Azaña. Esta situación aumentó aún más el paro y el malestar social.

La reforma del ejército

El Gobierno republicano se encontró con un ejército mayoritariamente monárquico, es decir, los generales y oficiales eran partidarios de la monarquía, y también de la derecha conservadora.

Eran, por tanto, enemigos de los republicanos de izquierdas, sino de la misma República. Además, se trataba de un ejército mal y anticuadamente armado, con mucha burocracia y con un exceso de oficiales.

El primer ministro Azaña, que también era ministro de Defensa, procuraba encontrar una solución con la Ley Azaña (abril de 1931). Esta ofrecía, a todos los oficiales que no desearan hacer el juramento de fidelidad a la República, la posibilidad de retirarse a la vida civil con el sueldo íntegro y los ascensos reconocidos.

Azaña creó también un nuevo cuerpo militar de orden público, la Guardia de Asalto, con hombres adictos a la República. Estructuró el cuerpo de suboficiales en un intento de atraerlos y clausuró la Academia Militar de Zaragoza. Sin embargo, por falta e presupuesto, no hizo gran cosa por modernizar el armamento.

La reforma religiosa

Las relaciones con la Iglesia fue, para la República fue uno de los problemas más graves. Los partidos de los gobiernos de izquierda eran decididamente anticlericales, así como partidarios de la separación entre Iglesia y Estado.

Las medidas que tomaron fueron, por tanto, muy duras, y en aquel momento la Iglesia las consideró como un ataque directo. Las relaciones Iglesia-Estado llegaron a ser tan tensas que el primado arzobispo de Toledo, el cardenal Pedro Segura, fue expulsado del país por sus pastorales antirrepublicanas.

La Constitución establecía un Estado no confesional y proclamaba la libertad de cultos. Además, por la Ley de Congregaciones (1933), se prohibía a la Iglesia dedicarse a la industria y el comercio, y lo que era más grave, a la enseñanza. Se establecía el matrimonio civil, el divorcio y se secularizaban los cementerios.

Además, en el término de dos años, se suprimía el presupuesto del clero, cantidad que, desde el Concordato de 1851, pagaba el Estado a la Iglesia como reparación por la desamortización de Mendizábal.

La política social y la reforma agraria

Aunque la República de izquierdas hizo aprobar una serie de leyes favorables a obreros y campesinos, no pudo evitar que aumentara el desempleo, tal como hemos visto anteriormente.

El malestar de los trabajadores provocó huelgas y revueltas, dirigidas principalmente por la CNT. Se repitieron huelgas generales en Barcelona, Zaragoza, Asturias, Sevilla… El movimiento de protesta más grave se produjo en la cuenca minera del Alto Llobregat. Los mineros la ocuparon durante cinco días de enero de 1932, lo que obligó a la intervención del Ejército.

Entre las reformas laborales del Gobierno reformista destacan:

– La jornada de 8 horas.

– La regulación del derecho a la huelga.

– La formación de jurados mixtos entre patronos, obreros y Gobierno para resolver los problemas laborales.

– La regulación de la contratación laboral.

La reforma agraria fue uno de los caballos de batalla de la obra reformista de la República, cuyos dirigentes tuvieron en cuenta la dura situación a la que estaban sometidos los campesinos de Andalucía, Extremadura y el Levante.

Los primeros decretos del Gobierno reformista procuraron proteger a los campesinos arrendatarios, poniendo dificultades a la anulación de los contratos por parte de los grandes latifundistas. También se decretaron mejoras para los jornaleros: la jornada de 8 horas y la Ley de Términos Municipales, que obligaba a los terratenientes a dar trabajo, primero, a los jornaleros autóctonos.

La Ley de Reforma Agraria fue debatida en el Parlamento durante buena parte del año 1932, siendo aprobada en septiembre. La ley proponía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los terratenientes que habían participado en la “Sanjurjada” y, con indemnización, de las tierras de señorío y de las semiabandonadas.

Sin embargo, los fondos dedicados fueron escasos como consecuencia de la gran deuda pública del país: tan sólo se dedicaron 50 millones de pesetas al año (un 1% del presupuesto del país). Por otra parte, el Instituto de la Reforma Agraria (IRA), creado para la aplicación de la ley, se encontró con numerosos problemas burocráticos y administrativos y con falta de estudios previos sobre los latifundios.

En lugar de crear una sólida base de campesinos-propietarios adictos a la República, la Ley de Reforma Agraria provocó dos tendencias:

– Las derechas mostraban su oposición, acusándola de radical e, incluso, comunista.

– Los campesinos, descontentos, la acusaban de lentitud, calificándola además de insuficiente.

En el campo se produjeron serios enfrentamientos entre los campesinos excitados por la demora de la reforma agraria y las fuerzas de orden público. En Castilblanco (Badajoz, diciembre de 1931), campesinos enfierecidos dieron muerte a varios miembros de la Guardia Civil cuando estos acudieron a la llamada de los terratenientes.

Ante este hecho, la benemérita reaccionó poco después, provocando la muerte de varios campesinos que se manifestaban en Arrendó (La Rioja). La violencia culminó con la represión que llevaron a cabo los Guardias de Asalto contra los campesinos anarquistas que habían ocupado tierras en Casas Viejas (Cádiz, enero de 1933).

La tensión y los desórdenes en el campo y en las zonas industriales (aumento considerable de huelgas) desgastaron mucho el prestigio del gobierno de Manuel Azaña que se vio obligado a presentar la dimisión. El presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933.

5. El Bienio Radical-Cedista (1933-1936).

Las elecciones de noviembre de 1933, resultaron un éxito para los partidos de centro-derecha –republicanos radicales de Lerroux (102 escaños) y la CEDA (115 escaños)- y  un fracaso para la izquierda -PSOE (58 escaños) y Acción Republicana (5).

Las derechas aparecían organizadas y unidas, mientras que en las izquierdas se presentaron divididas e, incluso, enfrentadas. Por su parte, la CNT, siguiendo su teoría apoliticista, pidió a sus afiliados la abstención. En los extremos, falangistas y comunistas sólo obtuvieron un escaño.

Al no contar ni los republicanos radicales ni la CEDA con la mayoría absoluta, el presidente Alcalá Zamora, que desconfiaba de Gil Robles, encomendó la formación del gobierno a Alejandro Lerroux. Este acabó necesitando en el Parlamento los votos de la CEDA y de otros pequeños partidos conservadores, por lo que se vio obligado a llevar a cabo una política de derechas.

Esta se caracterizó por la paralización y derogación de muchas de las reformas llevadas a cabo en la etapa anterior:

– En primer lugar, se paralizó la reforma agraria, devolviéndose las tierras expropiadas y expulsando a los campesinos de las que se les habían otorgado.

– Por otro lado, se derogó la Ley de salarios, que favorecía a los obreros y campesinos

– Se concedió la amnistía para el general Sanjurjo y sus compañeros del pronunciamiento de agosto de 1931.

– Se permitió el retorno de la Compañía de Jesús, a la que se le devolvían los bienes nacionalizados, y se volvía a incluir el presupuesto del clero dentro de los presupuestos del Estado.

Además, en el Ejército, cuando Gil Robles se convirtió en ministro de Defensa, fueron promocionados los generales jóvenes de ideología más conservadora y antirrepublicana (Fanjul, Goded, Franco, Mola…).

Después del verano de 1934, la CEDA exigió a Lerroux la inclusión de ministros de su partido si deseaba seguir contando con su apoyo. Este no pudo negarse, por lo que el 4 de octubre de 1934 incluía a tres ministros de la CEDA.

Esto asustó a las izquierdas, sobre todo a los socialistas, que temían la formación de un gobierno autoritario y fascista que siguiera el modelo austríaco de Dollfuss. El día 5 de octubre la UGT declaró una huelga general en todo el país sin contar para ello con la CNT. La huelga resultó un fracaso por la escasa organización y por la respuesta rápida del Gobierno. Sólo se produjeron acontecimientos importantes en Asturias y Cataluña

En Asturias los mineros del carbón, unidos a la UGT, la CNT y los comunistas llevaron a cabo un movimiento insurreccional revolucionario. Se apoderaron de las armas de los cuarteles y de las fábricas e armamento, ocuparon la cuenca minera y sitiaron Oviedo. Llegaron incluso a establecer una organización militar y económica propia.

El Gobierno no tardó en enviar al ejército de África que, bajo el mando del general Franco, restableció la situación el 17 de octubre. La represión fue dura: millares de encarcelados, 40 condenados a muerte y, finalmente, 4 ejecutados.

En Cataluña la huelga obrera, sin apoyo de la CNT, fue un fracaso. Pero el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Española el 6 de octubre de 1934, ofreciéndolo como refugio a la República de izquierdas.

Tomaba esta decisión, emulando a Maciá en 1931, preocupado por el sesgo derechista del nuevo Gobierno, que podía actuar contra el Estatuto catalán. No obstante, las izquierdas españolas no lo aceptaron y el Gobierno lo presentó al resto del país como un acto separatista.

Así, el capitán general Batet declaró el estado de guerra y ocupó la ciudad de Barcelona sin gran resistencia. El 7 de octubre, el presidente Companys, sus ministros y la mayoría de los parlamentarios se entregaron, siendo juzgados y condenados a 30 años de cárcel. Además, se suspendió el Estatuto, y la Generalitat, dirigida por un gobernador general nombrado por el Gobierno, quedó reducida a labores administrativas.

Por tanto, tampoco los gobiernos de derechas ofrecieron estabilidad ni seguridad a la República (siete gobiernos entre 1933 y 1935). Al malestar social y al enfrentamiento cada vez más duro entre los partidos políticos se añadieron los casos de corrupción de los radicales, que culminaron con el asunto del “estraperlo”.

En diciembre de 1935, el presidente Alcalá Zamora, que no deseaba que la CEDA formara gobierno en solitario, disolvió el Parlamento y convoco elecciones para febrero de 1936.

6. El Frente Popular (1936).

Con el fin de detener el avance de los partidos de derechas, las izquierdas decidieron formar una alianza que recibió el nombre de Frente Popular, incluyendo en su seno a republicanos de izquierdas, socialistas y comunistas. La CNT no participó en esta alianza electoral, pero aconsejó el voto a sus afiliados en este sentido para evitar el triunfo de la derecha.

Precisamente uno de los apartados fundamentales del programa electoral del Frente Popular era la amnistía general para todos los presos políticos. Además, se preveía la reactivación de las reformas socio-económicas iniciadas durante el Bienio Reformista. Por tanto, no se trataba, en principio, de un programa revolucionario, sino más bien de un retorno a la situación de 1931-1933.

La campaña electoral fue muy dura, alcanzando la violencia verbal cotas muy altas en los discursos de los líderes de ambos grupos. Finalmente, el Frente Popular consiguió 263 escaños, mientras que la derecha obtuvo 133 y el centro-derecha 77. La debilidad del centro, del Partido Republicano Radical de Lerroux, en especial, resultaba clara.

Las elecciones dejaron patente que el país se polarizaba peligrosamente hacia dos extremos: el fascismo de la ultraderecha y el socialismo-comunismo de la izquierda.

Los primeros contratiempos, después del triunfo del Frente Popular, surgieron al formar gobierno. Los socialistas, una parte de los cuales se inclinaba cada vez más hacia la extrema izquierda como consecuencia del carisma de Largo Caballero, no quisieron formar gobierno con Azaña como en 1931. No obstante, le ofrecieron su soporte en el Parlamento para poder gobernar.

A su vez, el Parlamento decidió destituir al presidente de la República, Alcalá Zamora, por considerarlo demasiado conservador, con la excusa de que legalmente no podía hacer convocado las elecciones de 1936. Después de muchas dudas, Manuel Azaña aceptó el cargo y se nombró primer ministro a Casares Quiroga (ORGA), un político de escasa personalidad para un momento difícil.

Por otra parte, se aceleraba la tensión social. Los campesinos, instigados por la CNT-FAI, ocupaban tierras de los latifundistas de Andalucía y Extremadura, sin esperar la reanudación de la Ley de Reforma Agraria. Mientras, en las ciudades y zonas industriales, las huelgas aumentaron en número e intensidad.

Los industriales y terratenientes contestaron a estos desórdenes cerrando las fábricas y retirando capitales hacia el extranjero. Algunos de ellos incitaban a los militantes antirrepublicanos a dar un golpe de Estado.

Ante este ambiente, lo único que hizo el Gobierno fue dispersar lejos de Madrid a los generales más dispuestos a llevarlo a cabo: Franco a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Pamplona. Pero era demasiado tarde, pues desde el mismo momento del triunfo del Frente Popular, un grupo de militares, dirigidos por Mola, preparaban un pronunciamiento.

7. Conclusiones.

A partir del 17 de julio de 1936, un grupo de militares llevaron a cabo un pronunciamiento –el llamado “Alzamiento Nacional”- que se transformó en un conflicto bélico. Desde ese momento, y hasta abril de 1939, España sufrió los destrozos materiales y sociales de una cruenta guerra civil que enfrentó a los partidarios de la España tradicional, católica y de pequeños y grandes propietarios con la España progresista, anticlerical, obrera y campesina.

La República no pudo superar el conflicto armado. Sus representantes acabaron en el exilio, mientras en España se iniciaba la dictadura del general Franco. Las esperanzas nacidas el 14 de abril de 1931 se vieron truncadas por el predominio de las ideologías y la progresiva radicalización de los dirigentes políticos de ambas facciones. La falta de entendimiento -el escaso o nulo interés por buscarlo- acabó, al fin y al cabo, con la experiencia democrática española.

Cuestiones generales del urbanismo medieval

Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos sobre las villas vascas en la Edad Media. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.


Trataremos ahora de describir brevemente los elementos más característicos del urbanismo vasco medieval. Son en general aspectos comunes a todas las villas de la época –no nos encontramos ante rasgos específicos únicamente de estas dos provincias-; sin embargo, los abordaremos de tal manera que la referencia a emplazamientos vizcaínos y guipuzcoanos sea constante.

Las murallas

Podemos considerar que las murallas constituían el elemento fundacional de la ciudad medieval. Estos muros, además de facilitar la defensa de la villa, marcaban sus límites territoriales y jurisdiccionales. También establecían las demarcaciones del sistema impositivo, tanto comercial como municipal. Las murallas podían cumplir la misión de elemento divisorio –de carácter social o étnico- dentro de la propia villa. Este fue el caso de Bilbao, tal vez la ciudad vizcaína más importante en lo que a diversidad –funcional y estructural- de fortificaciones se refiere.

La murallas establecían los límites territoriales y jurisdiccionales de la villa, pero no impedían su crecimiento. Las nuevas fortificaciones fueron incorporando poco a poco esos barrios y calles que antes se encontraban fuera de sus límites. Esos núcleos que rebasaron los muros obligaron a construir otros más amplios y extensos que los incluyeran. Es más, en numerosos casos las murallas antiguas fueron destruidas, levantándose en su lugar calles de curioso e inconfundible trazado. Este fue el caso de Estella y, una vez más, Bilbao, en cuyos planos se pueden apreciar las huellas de este fenómeno urbanístico.

Tampoco faltaron las construcciones adosadas a la muralla, especialmente las iglesias. De ellas se aprovechaban las altas y sólidas torres como un elemento defensivo más. Estas se incluían dentro de las fortificaciones, en ocasiones también como puertas de la villa. Esto explicaría la austeridad del diseño de muchas de estas construcciones. De entre estas hemos de destacar el caso de Segura.

El plano de la ciudad

La estructura urbana medieval estaba claramente condicionada por aspectos como la muralla, la estructura social de la población de la villa y la distribución de la propiedad. En lo referido a esta última cuestión, habría que decir del caso vasco que, al tratarse todo de propiedad real, esta era notablemente homogénea.

Distinguiremos a continuación varios tipos de ciudades clasificadas en función del tipo de plano. Trataremos además de describirlas y poner ejemplos concretos de cada una:
  • Las ciudades camino, cuyo ejemplo más claro fue Estella, se caracterizaron por su arcaica estructura: en ellas se confunden el camino y la calle. En estos casos podemos empezar a hablar de ciudad con la contrucción de murallas y el trazado de calles perpendiculares a la principal.
  • Las ciudades de planta rectangular presentaban ya una estructura más compleja de carácter ortogonal. Además, estaban divididas en parroquias, y presentaban cierta jerarquización social del espacio.
  • Las ciudades de recinto fortificado irregular con dos parroquias se caracterizaban porque las iglesias influían notablemente en la estructura urbana. Estas formaban plazas y condicionaban el trazado de las calles. Además, con sus altas torres, en muchos casos utilizadas como elementos defensivos, destacaban sobre los demás edificios de la villa. Es decir, configuraban el paisaje de la misma. En Vizcaya destacaron los casos de Marquina, Durango, Guernica y Bilbao.
  • Las ciudades con una sola iglesia central presentaban, por el contrario, una estructura sencilla. En Guipúzcoa nos encontramos con ese modelo de plano en Mondragón, Segura, Vergara y Guetaria; y en Vizcaya hay que hablar de Puebla de Arganzón.

Los arrabales

Aquellos espacios periféricos que, temporal o permanentemente, se mantuvieron fuera de los muros de la villa se llamaron arrabales. Eran estos núcleos que iban desarrollándose al margen, pero en las inmediaciones, de la ciudad. Dejaban, por tanto, de ser arrabales cuando se incluían en el área fortificada. Estos elementos fueron desarrollándose y urbanizándose a lo largo del medievo.

Sin embargo, hemos de distinguir varios modelos de arrabales.

En primer lugar habría que hablar de los surgidos en torno a ciudades con un fin casi exclusivamente militar. En ellas este fenómeno apenas hechos raíces, como bien puede apreciarse en el caso de Segura.

El caso contrario encontramos en otras villas donde el elemento humano y económico resultaba más importante. Sin duda los casos de Bilbao y Durango, cuyos arrabales fueron los más importantes de todo elo territorio vasco, constituyen el mejor ejemplo de este segundo tipo.

En tercer lugar citaremos brevemente los espacios en torno a los que solían surgir estos núcleos de población. Hablamos de los caminos, las fuentes y el entorno de los conventos y torres mobiliarias, como bien podemos apreciar en Mondragón.