Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934


OCTOGÉSIMO PRIMER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

En octubre de 1934, casi un año después de la victoria de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) en las elecciones generales, el presidente del Gobierno Alejandro Lerroux, del partido Republicano Radical, remodeló el ejecutivo integrando en él a tres ministros de la formación de derechas. Esto fue considerado por la izquierda como una traición a la República, pues consideraban a la CEDA, y más en concreto a su líder José María Gil Robles, enemiga declarada del régimen de 1931.

De esta manera, los socialistas promovieron una insurrección popular, justificando esa acción, a todas luces ilegal, alegando que la República estaba en peligro. Al margen de los hechos acaecidos en Asturias y Cataluña, la repercusión de la huelga general revolucionaria convocada por el PSOE fue escasa en la mayor parte del territorio.

El acuerdo entre socialistas, anarquistas y comunistas asturianos hizo posible la formación de una alianza obrera que emprendió una auténtica revolución social en esa región. Ante estos hechos, el gobierno declaró el estado de guerra y envió al ejército de Marruecos a poner orden en la recién bautizada República Obrera y Campesina. Como consecuencia de los enfrentamientos, asesinatos en la retaguardia y represión posterior, fallecieron más mil insurrectos y cerca de trescientos miembros de las fuerzas de seguridad.

Al margen de las pérdidas humanas y materiales, los acontecimientos de 1934 dieron un nuevo impulso a las medidas contrarreformistas emprendidas por el gobierno radical-cedista. Además, las trabas políticas no solo afectaron a los partidos obreros de corte revolucionario, sino también a algunos grupos nacionalistas y a la reglamentación de los estatutos de autonomía. Todo ello contribuyó a la polarización y radicalización de la sociedad española, así como a la aparición de grandes coaliciones de derecha e izquierda en las elecciones de febrero de 1936.

ESTRUCTURA DEL VÍDEO:

  • 0:11. Los ministros de la CEDA.
  • 0:46. La huelga general revolucionaria.
  • 1:07. La Revolución de Asturias.
  • 1:39. Las consecuencias de la Revolución de 1934.

BIBLIOGRAFÍA:

  1. Historia de España 2 – Editorial Anaya.
  2. Historia de España – Editorial Vicens Vives.
  3. Historia de España Contemporánea; José Luis Comellas – Rialp.

DIAPOSITIVAS DEL VÍDEO:

Transformaciones económicas y cambios sociales la España del siglo XIX


Introducción

Durante el siglo XIX España experimentó una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales. De entre ellas cabe destacar, por su importancia, las siguientes:
  • Introducción de nuevas técnicas y modos de producción agrícola.
  • Aparición de una industria moderna, basada en la maquinaria y la fábrica.
  • Sustitución de la monarquía absoluta por una de tipo parlamentaria y constitucional.
  • Desaparición de la Inquisición y de los derechos señoriales.
  • Sustitución de la vieja sociedad feudal por una sociedad de clases.

Ese conjunto de cambios siguieron las pautas de los experimentados por otros países de Europa occidental. Se trataba, pues, de un proceso de modernización que hundía sus raíces en la revolución liberal y la industrialización. Ahora bien, España no alcanzó el mismo grado de desarrollo que los países de su entorno.

La agricultura, y no la industria, continuó siendo la principal actividad económica. La modernización tampoco alcanzó su plenitud en el ámbito político, donde el régimen parlamentario no terminó de afianzarse, tanto como consecuencia de los sucesivos pronunciamientos y golpes de Estado como por la manipulación de los resultados electorales a través de prácticas como el caciquismo, el encasillado o el pucherazo.

En cierto modo puede hablase de un atraso o fracaso del proceso de modernización e industrialización, pues esta no se inició hasta bien entrada la década de 1830.

Ahora bien, partiendo de unos niveles de desarrollo inferiores a los de los países de su entorno -fruto de atraso al que nos hemos referido-, la industria española experimentó un importante avance a finales de siglo. Dentro de este fenómeno cabe destacar la industria siderúrgica vasca, las fábricas textiles catalanas y la explotación minera asturiana y andaluza. Además, gracias a la inversión extranjera, el país pudo contar con una moderna red de ferrocarril y carreteras.

El proceso de modernización experimentado por el país afectó también a la demografía. A pesar de los sucesivos conflictos bélicos, se produjo un aumento constante de la población. Este fenómeno fue especialmente llamativo en las ciudades, que se convirtieron en el destino de las personas que emigraban desde el medio rural.

De esta forma, muchas urbes superaron los límites de sus antiguas murallas, al tiempo que iniciaban los planes urbanísticos de «ensanche». Ahora bien, junto a la ciudad burguesa, de estructura ortogonal y cómodas avenidas, surgieron los insalubres y marginales barrios obreros en el entorno de las fábricas.

Por último, hemos de mencionar la evolución de la estructura social que, como comentamos anteriormente, abandonó el criterio estamental. El grupo social, la clase, pasó a ser el criterio de diferenciación. De esta manera, como en el resto de los países industrializados, surgió en España el proletariado o clase obrera, formada por los trabajadores de las fábricas.

Poco a poco esto fueron agrupándose y organizándose en sindicatos con el fin de mejorar sus condiciones de vida y  defender sus derechos.

Aspectos que condicionaron el desarrollo económico

Geográficos. Desde este punto de vista España presentaba como ventajas una óptima localización para el comercio exterior y una gran riqueza del subsuelo; sin embargo, las dificultades orográficas complicaban el desarrollo del comercio interior y el suelo agrícola era pobre y árido.

Demográficos. A pesar del crecimiento constante de la población, el ritmo fue menor que en Europa. La distribución por regiones fue muy desigual. Además predominaba la población activa agrícola, a pesar de que se produjo un importante crecimiento de la población urbana.

Sociales. La nobleza se aburguesó, ya que la base económica continuó siendo la tierra. Por su parte la burguesía optó también por invertir en latifundios en detrimento de la industria. En el campo se produce un incremento notable de asalariados que polariza la sociedad.

Infraestructuras. La descapitalización y el endeudamiento del Estado será una constante, así como los elevados costes de los transportes y la producción energética.

La propiedad. La mayor parte de la tierra cultivable estaba inmovilizada a comienzos del siglo XIX.

Los procesos de desamortización

A comienzos del siglo XIX, la propiedad de la tierra en España presentaba una estructura heredada de la Edad Media que tenía como rasgo fundamental la gran desigualdad entre los distintos grupos sociales.

Entre los grandes propietarios se encontraban la Corona, la Iglesia (manos muertas), los nobles (mayorazgos) y los municipios o concejos. Durante el Antiguo Régimen los terrenos de los estamentos privilegiados estaban exentos de pagar impuestos y mal explotados. Por lo tanto, no es de extrañar que desde finales del siglo XVIII se viera en la desamortización -incautación por el Estado de bienes de la Iglesia, de la Corona y de los municipios que eran nacionalizados y después se vendían en pública subasta- una vía para aumentar los ingresos de la Hacienda, primero por la venta de los terrenos y después a través de los impuestos.

Además en el siglo XIX hay un grupo social que quiere maximizar esa riqueza y desea apoderarse de esas tierras: la burguesía liberal. De ahí que con el triunfo de los liberales triunfen las desamortizaciones.

Las primeras actuaciones desamortizadoras se remontan a finales del siglo XVIII, y más en concreto a la política llevada a cabo por Manuel Godoy entre 1798 y 1808. Estas afectaron fundamentalmente a la Iglesia y tenían como principal objetivo recaudar dinero para hacer frente al endeudamiento de la Hacienda. Sin embargo, durante el reinado de Fernando VII se detuvo la desamortización de bienes eclesiásticos y se inició un segundo proceso centrado en los bienes de particulares.

Las desamortizaciones de la primera mitad del siglo XIX estuvieron acompañadas de una serie de medidas encaminadas a suprimir los privilegios del Antiguo Régimen: vinculaciones, régimen señorial, diezmos….

La primera fue la que afectó a los bienes de la Iglesia y la llevó a cabo el liberal progresista Mendizábal en 1836. No en vano, las desamortizaciones eclesiásticas sirvieron para debilitar a la Iglesia, que apoyaba la causa carlista. La segunda y más importante fue la que afectó fundamentalmente a las tierras comunes de los Ayuntamientos. Esta tuvo como protagonista al ministro progresista Pascual Madoz, y tuvo lugar en 1855.

Ambas podrían haber creado una nueva clase de pequeños propietarios agrícolas, pero no fue así. Las tierras nacionalizadas fueron vendidas en pública subasta, pagándose con deuda pública la de Mendizábal, y con dinero la de Madoz.

Esas tierras desamortizadas pasaron en su mayor parte a la antigua nobleza, que se vio compensada por la pérdida de sus prebendas jurisdiccionales al ser indemnizada con títulos de la deuda. También se vio favorecida la alta burguesía, que había apoyado a los liberales en la guerra carlista, y en menor medida, los medianos propietarios. Muchas de las tierras desamortizadas quedaron en manos de los hasta entonces insignificantes gobernantes locales que pasaron a convertirse en auténticos caciques.

Desde el punto de vista agrario, no se contribuyó a la racionalización del tamaño de la propiedad, es más se contribuyó a reforzar el latifundio y el minifundio en zonas donde anteriormente existían. No se modernizó la agricultura, ni se invirtió en nueva tecnología. La agricultura siguió siendo tradicional y explotada por jornaleros sin tierra.

Una de las principales consecuencias sociales de las desamortizaciones fue que los campesinos sin tierra vieron empeorada su situación. Quedaron a merced de la explotación de los terratenientes y sin posibilidad de emigrar a las ciudades por no producirse un desarrollo industrial paralelo. Todo ello generó  el caldo de cultivo revolucionario donde harían su agosto las ideologías anarquistas.

En resumen, el proceso de desamortización de la tierra fue un proceso largo, que duró aproximadamente cien años, (casi hasta finales del siglo XIX), y supuso la abolición de las instituciones jurídicas que sostenían el Antiguo Régimen, un gran trasvase de la propiedad y la consolidación de una estructura agraria (agricultura tradicional) vigente hasta el siglo XX.

Industrialización y modernización de las infraestructuras.

Para una buena parte de los países europeos, el siglo XIX resultó una época de profundos cambios económicos concentrados en la industrialización. Por el contrario, a finales del siglo XIX, la economía española seguía teniendo rasgos de atraso económico evidente:

  • Una agricultura arcaica y con bajos rendimientos se mantenía en el centro de la vida económica.
  • El mercado interior era incapaz de absorber la propia producción industrial.
  • La falta de una red de transportes y comunicaciones eficaz que hubiera facilitado y abaratado los intercambios.

La consecuencia de todo ello fue que, mientras los granos de Castilla se pudrían en los graneros, Cataluña o Valencia debían importarlos del extranjero. Mientras Asturias no encontraba compradores para su hulla, los campesinos castellanos debían quemar la paja en sus hogares, tan necesaria como era para el abonado del campo. Es decir, se fomentaba el estancamiento energético por un lado y el inmovilismo agrario por otro y, al mismo tiempo, se establecía una balanza comercial desfavorable con el extranjero.

En realidad todo remitía a un mismo problema: la inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas, planeadas tras las pérdidas de las colonias americanas.

No obstante, a lo largo de la centuria hubo importantes intentos de avance económico que comportaron el nacimiento de significativos focos industriales. Dos fueron las zonas pioneras: Cataluña y País Vasco. Y dos también las industrias más importantes: la textil y la siderurgia. Junto a ellas la minería conoció un auge digno de reseñar.

La revolución industrial española fue más tardía y menos potente que la del resto de Europa occidental. Las causas hay que buscarlas en la inestabilidad política, las destrucciones de la guerra de la Independencia y de las guerras carlistas, y en la inexistencia de una burguesía moderna y abundante que prefirió invertir en la compra de tierras (desamortizaciones) antes que en la industria.

España, desde los fenicios, ha sido tierra de exportación de su riqueza minera (cobre, estaño, oro, hierro, mercurio…). Durante el siglo XIX, y sobre todo a partir de 1868 (Ley de Minas, desamortización del subsuelo), van a ser los capitales extranjeros (principalmente británicos) los que van a venir a explotar la minería y montar las primeras fundiciones para ese mineral. Los capitales extranjeros se sintieron especialmente atraídos por las zonas mineras de Huelva, Cartagena y Vizcaya.

Los capitales acumulados por la exportación de mineral de hierro vasco y la baratura del carbón británico serán el origen de la gran siderurgia vasca (Altos Hornos de Vizcaya, 1902).

El inicio de la explotación del carbón asturiano va a crear una industria siderúrgica moderna, que en el caso de Vizcaya, va a ayudar a la instalación en sus costas de los más potentes astilleros del país (Euskalduna).

Por otra parte en Cataluña van a aparecer una serie de empresarios textiles que van a modernizar el proceso productivo textil y van a crear modernas empresas en este sector. Todos estos procesos productivos estaban favorecidos por una política de proteccionismo económico.

La industria se centrará en estos dos focos principalmente. En determinados núcleos urbanos surgirán pequeñas industrias de carácter local y ligadas a los bienes de consumo y a la reparación de maquinaria. Serán pequeños oasis industriales en una sociedad agraria.

Desde mediados del siglo XIX la atormentada geografía hispana mejoró un poco su sistema de comunicaciones.

Se mejoraron algo las “carreteras” (nada que ver con las actuales) y se construyeron más de 40.000 km. Pero mucho más importante fue el nacimiento del ferrocarril que posibilitó la creación de un mercado nacional mucho más especializado e intercomunicado. Se pueden distinguir dos periodos: antes y después de la Ley de Ferrocarriles de 1855.

Antes de 1855 se diseñó una red radial con un ancho diferente al europeo. Se constituyeron numerosas compañías ferroviarias que respondían a un movimiento especulador. Se construyeron muy pocos kilómetros y la mayoría respondían a los intereses de las oligarquías rurales. Los primeros trayectos fueron Barcelona-Mataró en 1848, Madrid-Aranjuez en 1851 y Gijón-Langreo 1855.

La Ley General de Ferrocarriles de 1855 permitió a compañías extranjeras la construcción y explotación de los ferrocarriles originó una oleada constructora. Todas las grandes líneas fueron financiadas por capitales extranjeros (belgas y franceses principalmente) que tuvieron grandes ventajas económicas. Bilbao-Tudela por Miranda en 1857, Madrid-Irún, en 1874, Madrid-Zaragoza-Alicante-Barcelona, etc.

Crecimiento demográfico y cambio social

A lo largo del siglo XIX, la población española creció considerablemente, pasó de diez a veinte millones de habitantes, aunque lo hizo a un ritmo más lento que los países más industrializados de Europa occidental, ya que se mantuvieron arcaísmos demográficos (hambrunas hasta 1882, epidemias, elevada mortandad infantil).

Este crecimiento fue desigual por regiones, fue mayor en el norte que en el sur, y en las zonas periféricas que en el interior, a excepción de Madrid.

El aumento de población en las ciudades hizo necesario romper sus antiguas murallas. Se proyectaron ensanches urbanos como los realizados por Arturo Soria en Madrid o Ildefonso Cerdá en Barcelona. No obstante, la mayor parte de la población siguió siendo agraria.

La sociedad también se transformó y los estamentos propios del Antiguo Régimen dieron paso a la moderna división de clases propia de una sociedad capitalista.

La nobleza, que había perdido sus antiguos derechos señoriales pero que había acrecentado su poder económico gracias a la desamortización, se integró en los grupos dirigentes de la sociedad burguesa.

La Iglesia perdió gran parte de su poder económico al disolverse algunas órdenes religiosas y perder sus bienes con las desamortizaciones. Perdió también influencia social entre la nueva clase proletaria y entre sectores intelectuales.

Las clases burguesas adquirían el papel de nuevas clases dirigentes con la nueva estructura social que se fue configurando a lo largo del siglo XIX. Si a principios de siglo adoptó posturas políticas que tendía a acabar con los antiguos privilegios de la Iglesia y la nobleza, desde mediados de siglo se produjo un desplazamiento hacia posiciones cada vez más conservadoras.

La alta burguesía enriquecida en parte por la desamortización perdió toda iniciativa empresarial y tendió hacia modos de vida rentista buscando el ennoblecimiento y la equiparación social con la antigua aristocracia.

Las llamadas clases medias fueron un sector poco numeroso constituido por pequeños comerciantes, empresarios industriales, abogados, médicos, etc., que ocuparon la cúspide social de las ciudades.

La pequeña burguesía, tenderos, artesanos, funcionariado, etc., constituyeron grupos en los que se apoyaban las alternativas políticas liberal-progresistas. Imitaban las foras de vida de la alta burguesía, aunque de forma más modesta.

La mayor parte de la población (clases populares) estaba constituida, en primer lugar, por el campesinado, y, en las zonas industrializadas, por los obreros industriales.

Los campesinos, en gran parte jornaleros, continuaron ocupando el estrato más bajo de la escala social. Sus condiciones de vida eran miserables, lo que provocó numerosas revueltas en el campo (creación de la Guardia Civil en 1844 para mantener el orden de las zonas rurales).

El número de obreros industriales creció enormemente a partir de 1840, sobre todo en Cataluña. Antiguos campesinos y artesanos emigraron a las ciudades (éxodo rural) en busca de mejores condiciones de vida y salarios más altos. Sin embargo, las condiciones de trabajo en las fábricas y de vida en sus míseras viviendas son tan terribles que poco a poco van tomando conciencia de su injusta situación y se van agrupando en asociaciones que defiendan sus derechos: sindicatos (los primeros sindicatos ilegales surgen en Cataluña y participarán a partir de 1842) y en mutuas obreras. Los gobiernos moderados los perseguirán.

Había también un sector de la población marginado: mendigos que iban de una ciudad a otra (cerca de 100000 pobres).

En este contexto surge el movimiento obrero español. Durante el siglo XIX y gracias a la libertad de asociación surgirán en Gran Bretaña y Francia sindicatos (Trade Unions británicas) y diferentes movimientos socialistas (cartismo, socialismos utópicos, socialismos marxistas y anarquistas). Todos ellos pedían una transformación del sistema capitalista y una mejora en la situación de la clase obrera.

Entre esos movimientos, los que más trascendencia han tenido son el marxismo y el anarquismo, que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX.

El marxismo (Karl Marx) era un socialismo revolucionario. Su ideología partía de que la clase burguesa estaba explotando a la clase obrera (proletariado) mediante la apropiación de la plusvalía del trabajo. Los obreros deberían tomar conciencia de dicha explotación, organizarse en partidos y sindicatos de clase y, cuando el sistema capitalista entrara en crisis, conquistar el poder y establecer una dictadura del proletariado como paso previo a un Estado que controlara los medios de producción y regulara las condiciones laborales.

El anarquismo partía de la base de que el Estado era el sostén de la clase burguesa y de que había que destruirlo para alcanzar la libertad. Deberían desaparecer el Estado, la Iglesia, la “familia burguesa” y la propiedad privada. El individuo libre y responsable se organizaría en comunas autogestionarias. Dentro del anarquismo surgieron dos corrientes distintas: una pacifista que se basaba en los sindicatos asamblearios y en la expansión de sus ideas, y otra partidaria del terrorismo. La península estuvo al margen de estos movimientos.

En 1864 todas las corrientes socialistas crearon la Asociación Internacional de Trabajadores o I Internacional que reunida en Londres en 1864, donde se enfrentaron los presupuestos marxistas y anarquistas. En la fundación de la Internacional participaron algunos españoles a título individual. Cuando en España se produce la revolución de 1868 comienzan a llegar periódicos y propagandistas de la Internacional.

Paul Lafargue, yerno de Marx, extendió los planteamientos marxistas que calaron en Madrid, País Vasco y Asturias. La figura más importante del marxismo español fue Pablo Iglesias que fundará el P.S.O.E. en 1879 y la U.G.T. en 1888. Pedían la intervención del Estado y la nacionalización de los sectores económicos más importantes.

Giuseppe Fannelli extendió los planteamientos anarquistas por Cataluña, Levante y entre los jornaleros agrarios del centro y del sur; no quieren un Estado que controle todo, ya que entienden que es una atadura para la libertad total, esa corriente no es un partido político ya que están en contra de ellos, pero sí un sindicato. Surgirán multitud de pequeños sindicatos y revistas sin conexión entre ellas. Tras la Semana Trágica formarán el sindicato de la C.N.T. en 1910.

La mayor parte de la población, por su falta de formación y por la dispersión geográfica, no participó en la lucha política. La existencia del voto censitario (sólo podían votar los que tuvieran un determinado nivel de renta) les alejó de la participación política durante el reinado de Isabel II. Durante el Sexenio Revolucionario comienza la participación en política.

La falta de instrucción y de preparación hicieron que la mayor parte de la población estuviese más cercana al «mesianismo anarquista» que a la formación de partidos y sindicatos. Las duras condiciones de vida, la perdida de las tierras comunales y las hambrunas hicieron que las clases más pobres fuesen partidarias y promoviesen levantamientos y algaradas.

La participación de las masas en el movimiento cantonal fue el germen de la posterior movilización popular a finales del siglo XIX.

La Guerra Civil (1936-1939)

1. Introducción.

En 1936, incluso antes de que tuvieran lugar las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular, grupos de militares se habían reunido para planificar un golpe de Estado en caso de que las izquierdas alcanzaran el gobierno.

El general Mola, relegado por el Gobierno de la República al Gobierno Militar de Pamplona, actuó como organizador. Este contaba con muchos oficiales de la UME (Unión Militar Española, especie de asociación clandestina de oficiales antirrepublicanos) distribuidos por todo el territorio.

El prestigioso general Sanjurjo, entonces exiliado en Lisboa, tomaría el mando superior. Los planes debían estar muy avanzados el 10 de julio cuando el periodista de ABC, Luis Bolín, alquiló un avión (Dragon Rapide) con el que se dirigiría a Canarias para trasladar a Franco a Marruecos.

El 12 de julio se produjo un doble asesinato político que aumentó la tensión en el país. Pistoleros falangistas asesinaron al teniente Castillo, que había dado muestras de un acendrado republicanismo. Sus compañeros, los Guardias de Asalto, contestaron asesinando al diputado monárquico Calvo Sotelo.

2. La sublevación militar y el estallido de la Guerra Civil.

Los sucesos del 18 de julio de 1936 se situaban en la línea de los pronunciamientos militares de tradición decimonónica. Si bien, con el tiempo, recibió el nombre de Alzamiento Nacional. Los militares tenían intención de declarar el estado de guerra en las principales con las fuerzas de las distintas guarniciones y, ocupada Madrid, obligarían a un cambio de gobierno. Hablaban de restablecer el orden y evitar una presunta revolución comunista que se estaba gestando en la República del Frente Popular.

Los militares sabían que podían contar para ello con el apoyo del sector conservador de la sociedad: terratenientes, grandes latifundistas, el mundo de la Banca, industriales, la Iglesia, los carlistas-tradicionalistas, Falange… Es decir, aquellos que querían poner fin a la experiencia republicana reformista.

El pronunciamiento se inició el 17 de julio en los cuarteles de Melilla y al día siguiente había triunfado en el resto del Protectorado. El Gobierno de Casares Quiroga fue informado de forma inmediata de todo lo sucedido, sin embargo, en un primer momento, no se atrevió a tomar ninguna medida.

El día 18 llegó el general Franco desde Canarias y tomó el mando del ejército de África, el más preparado y mejor armado de la República. Al conocer esta noticia, se sublevaron otros jefes militares: Mola en Pamplona, Queipo de Llano en Sevilla, Goded en Mallorca, Cabanellas en Zaragoza…

El pronunciamiento triunfaba, en líneas generales, en Castilla la Vieja-León, Navarra, la parte occidental de Aragón, Galicia, Baleares, Canarias y algunas ciudades andaluzas. A su vez, fracasaba en Cataluña, el Levante, la franja cantábrica, Castilla la Nueva, Extremadura y gran parte de Andalucía. Sin embargo, el mayor fracaso fue no controlar la capital, Madrid, y los principales centros industriales: Barcelona y el País Vasco.

En Madrid fracasó porque, una vez sustituido el indeciso Casares Quiroga por José Giral, se repartieron armas entre los sindicatos obreros que acudieron en ayuda de las guarniciones leales. El momento simbólico del fracaso de la sublevación fue la rendición del cuartel de la Montaña, donde se había refugiado el general Fanjul.

En Barcelona la sublevación tuvo lugar el 19 de julio. Su fracaso fue debido a que el Gobierno de la Generalitat pudo contar con las fuerzas de orden público apoyadas por los obreros armados de la CNT-FAI. Así, cuando el general Goded acudió desde Mallorca a la ciudad condal para tomar el mando, la balanza había caído ya del lado de Companys.

En un primer momento, los militares habían fracasado en el intento de derribar al Gobierno de la República. Esta mantenía los principales centros industriales de la periferia, las zonas de agricultura de exportación (Levante), la mayoría de la flota y de la aviación, así como de las reservas del Banco de España.

No parecía que los militares sublevados pudieran resistir demasiado si no lograban trasladar rápidamente su fuerza de choque, el ejército de África, a la Península. Lo consiguieron entre los últimos días del mes de julio y los primeros de agosto gracias a que los aviones alemanes e italianos establecieron un puente aéreo entre Tetuán y Sevilla. Los dos Estados autoritarios más importantes de la Europa del momento, la Alemania nazi y la Italia fascista se mostraron dispuestos a facilitar armamento, soldados, técnicos…

Así, a pesar del fracaso inicial del pronunciamiento, los sublevados lograron mantener una guerra de larga duración.

Las grandes potencias europeas seguían con atención los acontecimientos de España: Los Estados fascistas (Alemania, Italia y Portugal principalmente) manifestaron desde un principio su decidida protección y ayuda a los militares sublevados. La URSS, aislada por la mayoría de los países europeos, se inclinaba, no sin vacilar, a dar su apoyo al Gobierno de la República, dentro del cual aumentaba rápidamente la influencia del PCE.

Los países democráticos se plantearon dudas más serias:

– Francia, con un gobierno socialista, parecía más predispuesta a ayudar a la República.

– Gran Bretaña, donde gobernaban los conservadores, no mostraba la misma predisposición. Por una parte, no deseaba que la guerra de España les llevara a un enfrentamiento con los regímenes fascistas. Tampoco deseaba que la República Española, por la intervención de la URSS, se convirtiera en un Estado revolucionario de izquierdas. Finalmente, tenía importantes intereses comerciales en zonas ocupadas desde el primer momento por los sublevados (minería de Río Tinto, por ejemplo)

El 9 de septiembre de 1936, Gran Bretaña y Francia patrocinaron el establecimiento en Londres de un Comité de No-intervención, que se comprometía a evitar la ayuda militar a los contendientes.  En realidad, fue una farsa, porque Alemania e Italia continuaron ayudando a los sublevados y la URSS empezó a facilitar armamento a la República.

Dentro de estas excepciones, también hemos de citar la organización de las Brigadas Internacionales, adscritas al bando republicano.

Los acontecimientos políticos de Europa. El Gobierno de la República mantuvo hasta el último momento la esperanza de que estallara la guerra en Europa entre los regímenes fascistas y las democracias, de tal modo que afectara a España. Esta esperanza estaba justificada por la política de expansión territorial que estaba llevando a cabo Hitler.

Sin embargo, las potencias democráticas cedieron en repetidas ocasiones ante el expansionismo alemán con el fin de evitar una guerra (Renania, Austria y Checoslovaquia). Así, a principios de 1939, cuando la derrota de la República era ya clara y manifiesta, Gran Bretaña y Francia la abandonaron definitivamente, reconociendo el Gobierno del general Franco.

La II Guerra Mundial no estalló hasta septiembre de ese año, cuando Hitler atacó Polonia; para los republicanos españoles llegó con cinco meses de retraso.

3. La evolución de las dos zonas.

Durante las primeras semanas de la guerra se produjo un vacío de poder generalizado, especialmente en la zona republicana. La dispersión fue muy grande en la zona que se mantuvo fiel a la República: obreros y campesinos armados, establecieron comités a todos los niveles (pueblos, fábricas, transportes…).

Estos comités obedecían a los sindicatos y partidos correspondientes. Así, aunque la República no llegó al colapso, el desorden generalizado adquirió el aspecto de inicio de una revolución.

Hasta el 4 de septiembre de 1936 no se logró formar un gobierno de concentración con representantes de los partidos más importantes. Este fue presidido por Largo Caballero, secretario de la UGT, y estaba formado por socialistas, republicanos, anarquistas, comunistas y nacionalistas.

Este Gobierno procuró reconstruir el Estado, es decir, intentó recuperar el control de las organizaciones de gobierno: Orden público, justicia, ejército, hacienda… Sin embargo, ante el avance de los sublevados hacia Madrid, el Gobierno se trasladó finalmente a Valencia.

Entre los republicanos no hubo unidad de acción:

– Unos creían en la necesidad de crear, en primer lugar un Estado fuerte que pudiera ganar la guerra. Era el caso de republicanos, socialistas moderados y comunistas.

– Otros pensaban que había llegado el momento de llevar a cabo una revolución que llevaría al pueblo a la victoria. Era el caso de anarquistas y socialistas radicales, que defendían la ocupación de las tierras y las fábricas, la eliminación de la propiedad privada, la nacionalización de la banca…

A partir de mayo de 1937, un nuevo gobierno presidido por el también socialista Juan Negrín, cada vez con mayor influencia comunista, procuró frenar las colectivizaciones. Al mismo tiempo reorganizó la estructura y disciplina del Ejército y mantuvo la idea de resistencia al ultranza en un momento en el que el pesimismo era generalizado.

En la zona dominada por los sublevados, conocida como zona nacional, hubo desde el primer momento un orden mantenido por la disciplina militar y la proclamación del estado de guerra. Aunque muy pronto se organizó una Junta de Defensa Nacional (24 de julio) presidida por el general Cabanellas, los generales actuaron como virreyes en su territorio: Mola en Navarra, Queipo de Llano en Sevilla, Franco en Marruecos…

Ante la necesidad imperiosa de unificar el mando a causa de la muerte del general Sanjurjo, varios generales y altos jefes se reunieron en Salamanca y eligieron al general Franco. Este joven y prestigioso general pasó a denominarse Generalísimo de todos los Ejércitos y Jefe de Gobierno del Estado español (Decreto de 1 de octubre de 1936).

Durante los años 1937 y 1938, Franco fue cimentando su poder según la ideología de los Estados fascistas. Fundó un partido político único: FET y de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). Este partido único era una conjunción forzada de las ideologías e intereses falangistas y carlistas-tradicionalistas.

De esta manera, Franco se convirtió en su líder o caudillo. Además, Franco consiguió el apoyo de la Iglesia, que desde los primeros días del conflicto sufrió una dura persecución en la zona republicana.

La República disponía, al principio, de la mayoría de la población, de las zonas industriales y de la agricultura de exportación. Sin embargo, la principal zona cerealista (Castilla la Vieja-León) estaba en manos de los nacionales. De esta manera, pronto surgieron problemas con el suministro de las ciudades, saturadas de refugiados, y del ejército.

Además, se sufrió la escasez de materias primas como algodón, petróleo o carbón, ya que las empresas suministradoras de otros países desconfiaban de la solvencia económica republicana. A esto se unía la retirada de capitales extranjeros por temor a las colectivizaciones.

Las colectivizaciones, es decir, la apropiación de las tierras de cultivo y de las fábricas por campesinos y obreros organizados en comités, se realizó de manera desigual y bastante desorganizada.

Así, la industria fue colectivizada en gran parte de Cataluña, pero no en el País Vasco. Del mismo modo, los anarquistas que formaron un Consejo de Defensa colectivizaron los campos del Aragón republicano, pero la propiedad se respetó en Levante. Desde el extranjero daba la sensación de que se estaba realizando una revolución, lo que desacreditaba a la República ante las potencias extranjeras.

La producción agrícola e industrial descendió muchísimo. Así, la industria siderúrgica vasca solo alcanzó, en el primer semestre de 1937, entre el 5% y el 10% de la producción de 1929. Esto se debió, en parte, al aislamiento que esta zona sufría con respecto al resto del territorio republicano. En estas circunstancias, la República recurrió al oro y divisas depositadas en el Banco de España para adquirir armamento del extranjero, especialmente de la URSS.

Al principio de la guerra, la zona nacional estaba formada, en su mayor parte, por tierras de cultivo y ganadería, además de algunas zonas mineras. Por tanto, tuvo menos problemas de abastecimiento que la zona republicana. Era una economía, sin embargo, desequilibrada, que sólo se potenció cuando los nacionales conquistaron Bilbao y la franja cantábrica (otoño de 1937).

Durante la guerra, el general Franco pudo contar con créditos a largo plazo de Alemania y de Italia de empresas petroleras como la TEXACO de EE.UU.

La guerra produjo un serio deterioro de la vida en la retaguardia, sobre todo en las grandes ciudades de la zona republicana. Allí se vivió la gran escasez de alimentos, que provocaron el hambre y la aparición del mercado negro (“estraperlo”). A esto hemos de añadir el bombardeo de las ciudades, que contribuía a desmoralizar aún más a la población civil.

Los militares sublevados utilizaron, desde el primer momento, una represión de extrema dureza para aterrorizar al enemigo. Así fueron fusilados sin previo juicio líderes políticos y sindicales, maestros, autoridades republicanas, intelectuales, campesinos y obreros.

La respuesta en la zona republicana fue brutal y sin que el Gobierno, en los primeros momentos, pudiera llegar a controlarla, lo que le generó un enorme descrédito entre las democracias occidentales. Personas conocidas por sus ideas de derechas, propietarios de tierras y fábricas, eclesiásticos… fueron denunciadas, perseguidas y asesinadas. La Iglesia sufrió una persecución particularmente dura, con unas cifras de ejecutados superiores a las 15.000 personas.

Para completar este panorama de los primeros meses, en los que más de 150.000 personas fueron víctimas de la represión en ambas zonas, hay que añadir los odios existentes en las distintas localidades.

La cuestión de los refugiados fue un grave problema, sobre todo en la zona republicana. Las variaciones de los frentes de guerra desplazaron a mucha gente, sufriéndolo especialmente los ancianos, mujeres y niños.

El primer gran movimiento de refugiados lo provocó la batalla de Madrid y la decisión del Gobierno republicano de trasladar mucha gente hacia Valencia y Cataluña.

El segundo gran desplazamiento de población tuvo lugar en el País Vasco y en la franje cantábrica cuando se produjo la ofensiva nacional durante el verano-otoño de 1937.

El último gran desplazamiento se produjo al final de la guerra, durante la campaña de Cataluña, cuando miles de soldados, hombres, ancianos, mujeres y niños buscaron refugio en Francia. Se calcula que fueron más de 300.000 los exiliados en un primer momento, si bien la cifra se reduciría a la mitad en los años siguientes por el retorno de muchos.

Después del fracaso del pronunciamiento del 18 de julio, los nacionales declararon la movilización general en la zona que dominaban. En los primeros momentos de la guerra, el ejército de África (cerca de 50.000 hombres entre legionarios, regulares y marroquíes) fue su principal fuerza de choque. En la Península pudieron contar con las tropas de las zonas sublevadas, con las milicias falangistas y los requetés (carlistas).

La ayuda extranjera resultó fundamental para sobrevivir primero y ganar la guerra después. Mussolini envió unos 120.000 soldados, teóricamente voluntarios (CTV, Comando di Truppe Volontarie), con mandos organizados y armamento moderno. La ayuda alemana fue más selectiva, y see agrupó alrededor de la llamada Legión Cóndor, formada por unos 8.000 hombres bien pertrechados.

Los nacionales disponían también de unos 100.000 mercenarios marroquíes que acudieron atraídos por el botín de guerra y el salario. La colaboración portuguesa fue más reducida, aunque durante mucho tiempo Lisboa fue el puerto por el que llegaron suministros para los nacionales.

En la zona republicana se tardó en organizar un ejército disciplinado y suficientemente armado. En los primeros momentos, el ejército que se mantuvo fiel a la República casi desapareció, siendo sustituido por las milicias populares. Estas fueron organizadas por los partidos políticos (el V Regimiento del PCE) o sindicatos (la columna Durruti de la CNT-FAI).

Los mandos del ejército que se mantuvieron fieles a la República no gozaron de la confianza popular, aunque algunos dieron muestras sobradas de su valía (general Vicente Rojo).

Dos elementos permitieron a la República organizarse:

– La ayuda militar de la URSS, que envió toda clase de material bélico, así como un grupo de 2.000 técnicos y consejeros militares.

– Las Brigadas Internacionales, que estaban formadas por voluntarios (unos 60.000) de todo el mundo, que acudieron a defender la democracia española frente al fascismo.

Así, durante la primavera de 1937, la guerra enfrentaba a dos ejércitos bien organizados, de unos 500.000 hombres cada uno.

Los militares sublevados declararon desde el primer momento su inclinación hacia el centralismo, contraria a los nacionalismos periféricos. El nacionalismo gallego apenas tuvo oportunidad de manifestarse y de conseguir aprobar su Estatuto porque Galicia fue ocupada rápidamente por los militares sublevados.

Para atraerse la fidelidad del País Vasco, la República reconoció el Estatuto de Estella (1 de octubre de 1936). El PNV formó así su primer gobierno bajo la presidencia del leherdakari José Antonio Aguirre, y tuvo un ministro en el Gobierno de Largo Caballero. Su aislamiento le permitió ejercer una máxima autonomía, más allá del Estatuto:

– Concentró todos los poderes y funciones del Estado.

– Creó un ejército regular (gudaris).

– Mantuvo incluso relaciones internacionales.

La conquista de Bilbao por las tropas de Franco acabó con el Gobierno de Aguirre, que se refugió en Cataluña, para exiliarse al término de la guerra.

En Cataluña los acontecimientos se complicaron también para le República. La Generalitat presidida por Lluís Companys había salido muy debilitada después del 18 de julio: el poder estaba en manos de las milicias de partidos políticos y sindicatos. A este respecto, la superioridad de la CNT era clara.

Por su parte, la Generalitat actuaba con gran independencia del Gobierno central, que no disimulaba su malestar. Organizó su propia economía de guerra, se veía forzada a colectivizar las fábricas y tomaba sus propias decisiones en cuestiones de orden público.

El enfrentamiento entre partidarios de llevar a cabo en primer lugar la revolución (anarquistas y POUM) y partidarios de crear primero un ejército disciplinado estalló en mayo de 1937. Esta pugna se decidió en una lucha callejera en la ciudad de Barcelona, conocida como Fets de maig.

El Gobierno central aprovechó la ocasión para intervenir con fuerzas del orden público enviadas desde Valencia y restablecer así su autoridad en Cataluña. Más aún, el 30 de octubre de 1937, el Gobierno de Negrín se trasladó a Barcelona, anulando completamente al Gobierno de la Generalitat.

Por su parte el general Franco, en cuanto sus tropas pusieron pie en Cataluña, derogó, por decreto del 5 de abril, el Estatuto de Cataluña.

4. Evolución de la guerra.

En líneas generales, la guerra se desarrolló según unos rasgos muy definidos:

– El general Franco y los militares sublevados dispusieron siempre de un ejército más disciplinado, con mejores mandos y abundancia de armamento. Además, a partir del año 1938, se superioridad en artillería y aviación era manifiesta.

– La República, como ya hemos dicho, tardó en organizar un ejército disciplinado y muchas veces padeció escasez de armamento.

– La ofensiva estuvo casi siempre en manos de los nacionales, que desde su posición central pudieron escoger los frentes a los que trasladar y concentrar sus tropas.
Los movimientos iniciales.

Las operaciones militares del principio de la guerra dieron lugar a lo que se llamó “guerra de columnas”. Eran columnas de pocos efectivos (2.000 ó 3.000 hombres), la mayoría de infantería, ligeramente armados que, con camiones y autocares, se desplazaban por amplias zonas. Carecían estas de frente fijo; más bien buscaban ocupar ciudades importantes o puntos estratégicos.

Así, las columnas republicanas salieron de Barcelona hacia Aragón para liberar las ciudades de Zaragoza y Huesca, donde había triunfado el pronunciamiento. Estas, compuestas por milicianos de partidos y sindicatos, no llegaron a conseguir sus objetivos, pero lograron estabilizar el frente cerca de esas dos ciudades.

Los militares sublevados movieron sus columnas desde dos puntos: Sevilla y Pamplona, ambas con el objetivo de ocupar Madrid para asegurarse una rápida victoria. Las columnas más importantes fueron las que dirigió el general Franco desde Sevilla siguiendo la ruta de Extremadura y el valle del Tajo. Sólo la resistencia de la ciudad de Badajoz fue dura, mientras que en los demás puntos apenas halló una desorganizada oposición.

Un error de cálculo hizo fracasar la marcha de estas sobre Madrid. En lugar de avanzar directamente sobre la capital, Franco prefirió desviarse para liberar el Alcázar de Toledo. Esta actuación le dio prestigio, pero le hizo perder un tiempo precioso, pues permitió a los republicanos organizar la defensa de la capital.

Entre noviembre de 1936 y marzo de 1937 se desarrollaron tres grandes combates por la ocupación y defensa de Madrid. El Gobierno republicano, antes de trasladarse a Valencia, nombró una Junta de Defensa dirigida por el general Miaja que supo preparar la defensa y levantar la moral popular.

El ataque frontal de Franco fue detenido en la Casa de Campo y en la Ciudad Universitaria, donde se desarrollaron violentos combates. Los republicanos pudieron contar en aquella ocasión con el apoyo de las primeras Brigadas Internacionales y los tanques y la aviación que empezaba a proporcionar la URSS.

El general Franco intentó, entonces, dos ofensivas por el sur y por el norte de la ciudad, con el fin de cortar a los republicanos las comunicaciones con Valencia. La primera, en el valle del Jarama (febrero de 1937), fue durísima. La segunda, hacia Guadalajara (marzo de 1937), realizada por las tropas italiana, acabó en un estrepitoso fracaso. A partir de ese momento el frente se estabilizó alrededor de Madrid, que no cambiaría de bando hasta el final de la guerra.

Al no lograr tomar la capital, Franco decidió dirigir sus fuerzas contra la franja republicana del Cantábrico, que permanecía aislada.  El 19 de junio cayó Bilbao, a pesar de la dura defensa del “cinturón de hierro” (sistema de trincheras construidas con cemento armado), en agosto fue ocupada Santander y en octubre Gijón y el resto de Asturias.

La ocupación de la franja cantábrica fue determinante para la victoria final de los nacionales, ya que le proporcionó una importante industria siderometalúgica y una rica zona minera.

El año 1938 se inició con un ataque y conquista del ejército republicano sobre la ciudad de Teruel. Sin embargo, se trató de un éxito efímero, porque Franco, que ahora disponía de las tropas que habían quedado libres del frente cantábrico, la recuperó a finales de febrero. Poco después, a partir de marzo, desencadenó una fuerte ofensiva a lo largo de todo el frente de Aragón.

En su avance hacia Cataluña y el Mediterráneo, en el mes de abril Franco había ocupado Lérida, y por el Maestrazgo y el Bajo Ebro había alcanzado el puerto de Vinaroz. Había dividido la zona republicana en dos partes, quedando Cataluña aislada del resto. En aquellos momentos, ya hacía tiempo que el Gobierno de Negrín se había trasladado a Barcelona.

Desmoralizado por las derrotas militares, el presidente Azaña veía la guerra perdida y quería pactar la paz. Por su parte, Negrín era partidario de mantener una firme resistencia en espera de los que pudiera ocurrir en Europa. De todos modos, Franco se sentía cada vez más seguro de su victoria final y no deseaba ningunas conversaciones de paz.

Fue entonces cuando el ejército republicano de Cataluña, bajo el mando del general Vicente Rojo, llevó a cabo una ofensiva inesperada y bien preparada. El 25 de julio de 1938, varias compañías de los 250.000 hombres del ejército republicano, atravesaron el río Ebro por la zona de Gandesa, estableciendo una cabeza de puente.

A partir del 14 de agosto, Franco, que había concentrado fuerzas y disponía de una superioridad absoluta en artillería y aviación, inició el contraataque. En pocos kilómetros de terreno se utilizaron grandes cantidades de armamento y murieron muchos soldados: la batalla duró cuatro meses.

Entre el 16 y el 18 de noviembre, las últimas tropas republicanas volvieron a cruzar el Ebro. Ambos bandos habían sufrido unas pérdidas similares, que rondaban los 30.000 muertos cada uno.

Poco tardó el general Franco en organizar la ofensiva definitiva contra Cataluña. Su superioridad era tan manifiesta que la conquista fue rápida, siendo el avance incontenible: el 15 de enero de 1939 caía Tarragona, el 26 Barcelona y entre el 9 y el 10 de febrero las tropas nacionales alcanzaban la frontera.

El presidente Azaña se quedó en la embajada de París, donde dimitió al poco tiempo. Mientras, el Gobierno de Negrín volvió a la zona que todavía se mantenía republicana con el fin de continuar la resistencia. Sin embargo, el ejército estaba muy desmoralizado y dividido hasta el punto de que una parte de la oficialidad se sublevó en Madrid e intentó someterse a la “generosidad del Caudillo”, que no hizo el menor caso.

El 28 de marzo las tropas de Franco entraban en Madrid y el 30 del mismo mes en Alicante, donde se habían concentrado los últimos republicanos que intentaban desesperadamente huir por mar. El 1 de abril el general Franco firmó el último y breve parte de guerra.

5. Conclusiones.

Desde julio de 1936 hasta abril de 1939, España sufrió los destrozos materiales y sociales de una cruenta guerra civil. Iniciada por un golpe de Estado militar, la guerra acabó enfrentando a los partidarios de la España tradicional, católica y de pequeños y grandes propietarios con la España progresista, anticlerical, obrera y campesina.

La consecuencia más inmediata, después de la guerra, fue la pérdida de vidas humanas. Se calculan en torno a las 200.000 las víctimas de las represiones de uno y otro bando, y otras tantas en el frente. A las pérdidas mortales, habría que sumar los 165.000 exiliados republicanos que no volverían a España.

En cuanto a las pérdidas materiales, España retrocedió al nivel de renta de 1914. Se había perdido el 15% de la riqueza nacional y se debían 20.000 millones de dólares. Pérdidas a las que debía añadirse la destrucción de las comunicaciones, del tejido industrial (dos tercios del material ferroviario), de la mitad de la cabaña ganadera, 250.000 viviendas y 225.000 toneladas de marina.

Además, el inicio de la II Guerra Mundial impedirá que España mantenga unas relaciones comerciales normales, sin duda necesarias para su reconstrucción. Tanto el conflicto, como el aislamiento de posguerra llevarán al régimen español a emprender un nacionalismo económico basado en la autarquía.