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SEXAGÉSIMO PRIMER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

A finales del siglo XIX, los fundamentos de la Restauración fueron puestos en cuestión por el regeneracionismo, una corriente ideológica que denunciaba, tanto los vicios del sistema –bipartidismo, turnismo y fraude electoral-, como la existencia de una oligarquía que controlaba los destinos del Estado. De esta forma, el modelo de monarquía liberal basado en la vigencia de la Constitución de 1876 y la alternancia pacífica entre conservadores y liberales fue puesto en cuestión por una serie de propuestas de modernización política, económica y social planteadas por los regeneracionistas.

De manera progresiva, tanto la clase política española como la monarquía fueron aceptando los postulados del regeneracionismo. Incluso, al alcanzar la mayoría de edad Alfonso XIII (1902), los partidos dinásticos estaban encabezados por miembros de ese movimiento: Antonio Maura dirigía el Partido Conservador y José Canalejas el Liberal. Precisamente el primero de ellos puso en marcha, entre 1907 y 1909, un programa de reforma del sistema parlamentario, la llamada “revolución desde arriba”.

Antonio Maura ideó también un proyecto de ley de administración local en el que se pretendía dotar de mayor autonomía a las corporaciones municipales. Además, en el texto se abría la puerta a la creación de mancomunidades y a la ampliación de las competencias provinciales. Por último, cabe destacar aquellas disposiciones de corte económico y social, como la política de intervención estatal para el fomento y la protección de la industria nacional, la creación del Instituto Nacional de Previsión, la legalización del derecho a la huelga y la ley de descanso dominical.

Durante su etapa como presidente del Consejo de Ministros (1910-1912), José Canalejas realizó un importante esfuerzo para democratizar el sistema y ampliar sus bases sociales. Además, también desarrolló una importante política socio-laboral, donde destacaron medidas como la reducción de la jornada laboral, la prohibición del trabajo femenino nocturno, la ley de accidentes de trabajo y la supresión del impuesto de consumos. También debe mencionarse la llamada “Ley Candado” (1910), con la que pretendía profundizar en la secularización del Estado.

ESTRUCTURA DEL VÍDEO:

0:13. El regeneracionismo.
0:54. Los partidos dinásticos.
1:17. Las reformas de Antonio Maura.
2:02. El gobierno de José Canalejas.

BIBLIOGRAFÍA:

Historia de España 2 – Editorial Anaya.
Historia de España – Editorial Vicens Vives.
Historia de España Contemporánea; José Luis Comellas – Rialp.

DIAPOSITIVAS DEL VÍDEO:

En el debate en torno al poder de la monarquía castellana podemos distinguir dos planteamientos que, de por sí, consideramos muy tradicionales y faltos de vigencia. Por un lado nos encontramos con la llamada postura “binaria”, según la cual la Edad Media española se caracterizó por su Corte feudovasallática y su pluralidad de poderes, mientras que la Edad Moderna lo destacó por su férreo absolutismo monárquico. Y por el otro estaría la postura “ternaria”, que considera los siglos XIV y XV como transición entre el equilibrio de poderes los típicamente altomedieval y el absolutismo monárquico del mundo Moderno.

Entre otras polémicas que rodean a la cuestión del régimen político se encuentran las siguientes:

¿Hubo o no hubo Estado antes de la revolución liberal burguesa? Debate planteado entre los modernistas que, con el tiempo, se ha contagiado a los medievalistas que estudian el bajomedievo.
El debate de si hay que hablar de una conexión Estado-sociedad –es decir, ensamblar la construcción de este Estado centralizado dentro de unas necesidades de los poderes sociales- o de una monarquía centralizada que surge, al imponerse sobre los demás fuerzas sociales, como resultado de la acumulación de poderes.

La cuestión del autoritarismo castellano, tradicionalmente contrapuesto al pactismo aragonés, ha dejado tras de sí una larga estela de luchas entre los apologistas de este modelo y los que lo critican. Entre los indicadores de ese autoritarismo castellano cabe destacar que el rey no dependía del reino –no realizaba concesiones ni llegaba a acuerdos- a la hora de: reformar las instituciones, exigir impuestos, llevar a cabo la labor legislativa del reino… A esto hay que añadir la debilidad de las Cortes del reino, que poseían un escaso peso legislativo y fiscal, y la ausencia de representantes de las ciudades en los órganos de gobierno del reino.

No obstante todo lo anterior es muy matizable. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, incluso en etapas de debilidad monárquica, el proceso de centralización –que no ha de confundirse con el autoritarismo- avanza. Por otro lado, es curioso ver como en el caso castellano se denominan etapas de anarquía e inestabilidad –bandos nobiliares, minorías, cierto poder de las Cortes, representantes urbanos en el Consejo Real- a aquellas que, en el modelo aragonés, son claras muestras de pactismo. Además, incluso en las etapas de mayor fortaleza real, las Cortes juegan, de forma intermitente, un papel importante. Por todo esto, hoy día, son cada vez más lo autores que prefieren no llamar autoritarista al sistema castellano; lo que conlleva, también, superar la comparación con el caso aragonés.

Entre los motores del poder regio castellano, que a lo largo de esta etapa se fue, a pesar de los argumentos anteriormente expuestos, fortaleciendo son:

La conquista de amplias extensiones, lo que favoreció el desarrollo del mundo urbano y concejil como contrapeso del nobiliar.
La relativa autonomía financiera, cuyas bases se pusieron en la fiscalidad del XIII, que sin duda se vio favorecida por el desarrollo concejil y por el eficaz sistema de alcabalas.
El acuerdo entre la monarquía y los principales poderes del reino para remodelar las estructuras del poder.