Conjunto de estándares del temario de 2º de Bachillerato pertenecientes al Bloque 6, que aborda el reinado de Isabel II y el Sexenio Democrático. Aunque he mantenido la numeración original, para la prueba EBAU del curso 2017-2018 no serán objeto de examen en Castilla y León el segundo y el séptimo.
SEXAGÉSIMO PRIMER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
A finales del siglo XIX, los fundamentos de la Restauración fueron puestos en cuestión por el regeneracionismo, una corriente ideológica que denunciaba, tanto los vicios del sistema –bipartidismo, turnismo y fraude electoral-, como la existencia de una oligarquía que controlaba los destinos del Estado. De esta forma, el modelo de monarquía liberal basado en la vigencia de la Constitución de 1876 y la alternancia pacífica entre conservadores y liberales fue puesto en cuestión por una serie de propuestas de modernización política, económica y social planteadas por los regeneracionistas.
De manera progresiva, tanto la clase política española como la monarquía fueron aceptando los postulados del regeneracionismo. Incluso, al alcanzar la mayoría de edad Alfonso XIII (1902), los partidos dinásticos estaban encabezados por miembros de ese movimiento: Antonio Maura dirigía el Partido Conservador y José Canalejas el Liberal. Precisamente el primero de ellos puso en marcha, entre 1907 y 1909, un programa de reforma del sistema parlamentario, la llamada “revolución desde arriba”.
Antonio Maura ideó también un proyecto de ley de administración local en el que se pretendía dotar de mayor autonomía a las corporaciones municipales. Además, en el texto se abría la puerta a la creación de mancomunidades y a la ampliación de las competencias provinciales. Por último, cabe destacar aquellas disposiciones de corte económico y social, como la política de intervención estatal para el fomento y la protección de la industria nacional, la creación del Instituto Nacional de Previsión, la legalización del derecho a la huelga y la ley de descanso dominical.
Durante su etapa como presidente del Consejo de Ministros (1910-1912), José Canalejas realizó un importante esfuerzo para democratizar el sistema y ampliar sus bases sociales. Además, también desarrolló una importante política socio-laboral, donde destacaron medidas como la reducción de la jornada laboral, la prohibición del trabajo femenino nocturno, la ley de accidentes de trabajo y la supresión del impuesto de consumos. También debe mencionarse la llamada “Ley Candado” (1910), con la que pretendía profundizar en la secularización del Estado.
QUINCUAGÉSIMO NOVENO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
La doctrina librecambista defiende que la actividad económica debe desarrollarse sin la intervención del Estado y, en el ámbito comercial, sin el establecimiento de aranceles u otro tipo de trabas a determinados productos. De esta manera, al tener que adaptar a la competencia, las empresas innovan más y se vuelven más eficientes y competitivas. Además, según los defensores del librecambismo, el consumidor se ve beneficiado por la lucha entre las empresas por ganar cuota de mercado, ya que eso debe conducir a un producto de mayor calidad a un precio más bajo.
Por el contrario, el proteccionismo se basa en la defensa del producto nacional frente al foráneo. Es decir, en el caso concreto de la España decimonónica, los promotores de esa doctrina trababan de proteger las empresas autóctonas de la competencia británica fundamentalmente. De entre los apoyos de la política proteccionista cabe destacar aquellos grupos que preconizaban la ruina del producto nacional si se aplicaba el librecambismo. Nos referimos, tanto al capital textil catalán, como por los terratenientes andaluces, la industria harinera castellana y la siderurgia vasca.
Si bien con breves periodos de librecambismo, a lo largo del XIX la política comercial española estuvo marcada por la aplicación de medidas proteccionistas. De entre las excepciones cabe destacar la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, la reforma tributaria de Mon Santillán (1845), el arancel con matices librecambistas aprobado en 1849 y el Arancel Figuerola de 1869, ya durante el Sexenio Democrático. Ahora bien, solo esta última medida puede considerarse netamente librecambista, pues suprimía el derecho diferencial de bandera.
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
Durante el bienio progresista (1854-1856), el gobierno de España aprobó la Ley General de Ferrocarriles. Se trató de una medida que, a partir de su entrada en vigor en 1855, estimuló la construcción de la red viaria básica, que era uno de los grandes anhelos del partido político en el poder.
Los objetivos de la Ley de Ferrocarriles pueden resumirse en tres puntos que, a su vez, están interrelacionados:
Activar la economía nacional gracias a un medio de transporte con mayor capacidad y notablemente más rápido que el existente.
Dar salida, mediante una inversión rentable en apariencia, al excedente de capital acumulado en las últimas décadas.
Favorecer el desarrollo de la industria mediante la articulación del mercado nacional y el aumento de la demanda.
A la hora de abordar las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles, se ha de tener en cuenta que algunas de ellas fueron positivas para el país, pero también las hubo negativas. Dentro de ese último grupo cabe destacar la escasa rentabilidad de la inversión realizada, así como los efectos de la excesiva especulación, que terminó por llevar a la crisis de 1866 y a la quiebra de numerosas entiedades financieras. Sin embargo, también se ha de destacar que la ley aprobada en 1855 revolucionó el sistema de comunicaciones en España, permitiendo crear un mercado nacional que trajo consigo el fortalecimiento de la industria. De hecho, la carga transportada pasó de 3.000 millones de toneladas en 1870 a 16.000 millones en el año 1900.
CUADRAGÉSIMO OCTAVO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
De entre los elementos que permitieron configurar el régimen de la Restauración destacaron, por encima de los demás, el sistema bipartidista y el turno pacífico, denominado comúnmente “turnismo”. A continuación se procede al análisis de cada uno de ellos, haciendo hincapié en su íntima relación. A su vez, es preciso señalar que fueron posibles, en gran medida, gracias a prácticas electorales de tipo fraudulento.
Antonio Cánovas del Castillo entendía que los grupos políticos debían ser instrumentos al servicio de la causa monárquica. Considera necesario superar las divisiones entre liberales, propias de periodos anteriores, con el fin de convertir a los partidos dinásticos en muros de contención capaces de detener el avance del republicanismo y el carlismo. Fue así como, a imitación del modelo británico, terminó por imponerse un sistema bipartidista dominado por conservadores, a cuyo frente se situó el propio Cánovas, y liberales, liderados por Práxedes Mateo Sagasta.
Ahora bien, un correcto funcionamiento del engranaje bipartidista exigía que los partidos dinásticos se turnaran en el poder. Este objetivo se lograba mediante la manipulación o falseamiento de los resultados electorales. De esta manera, ese continuo fraude que permitía a conservadores y liberales alternarse en el poder, nos permite hablar de una democracia puramente formal; es decir, un sistema liberal sin democracia. En ese proceso desempeñaban una labor decisiva los caciques locales y comarcales, así como de los gobernadores civiles provinciales. Todo esto, claro está, con el beneplácito y apoyo de la Corona y de las élites de los partidos dinásticos.
CUADRAGÉSIMO TERCER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
La desamortización de Juan Álvarez Mendizábal (1836) coincidía con la llevada a cabo por Pascual Madoz (1855) en varios puntos. El primero de ellos es la filiación política los protagonistas, ambos miembros de partido progresista. Además, tanto los objetivos –analizados más abajo- como las consecuencias socioeconómicas de estos procesos, fueron muy similares. Por último, es necesario destacar que las desamortizaciones favorecieron especialmente a una clase social: la burguesía.
A la hora de establecer diferencias entre estos dos procesos, hay que detenerse primero analizar la situación de la Hacienda Estatal en cada uno de esos momentos. Mientras la desamortización de Mendizábal estuvo espoleada por la urgente necesidad económica de la Primera Guerra Carlistas, la de Madoz se desarrolló sin esos apuros. De esta manera, los ingresos de esta última no se destinaron a un esfuerzo bélico, sino a la industrialización del país y al trazado ferroviario.
En segundo lugar, se ha de hacer referencia a los afectados por estas medidas. Mientras en 1836 se desamortizaron solo bienes del clero, la de 1855 puede considerarse de carácter general, pues se incluyeron propiedades municipales y de la Iglesia.
Podemos resumir los objetivos de ambas desamortizaciones agrupándolos en cuatro grandes grupos:
Económicos; ampliar la cantidad de tierra disponible en el mercado.
Financieros; mejorar la Hacienda pública a través del dinero recaudado.
Políticos; ampliar el número de simpatizantes del liberalismo, creando un sector de propietarios que se sintieran unidos al régimen liberal isabelino, en el caso de la de Mendizábal.
Sociales; crear una clase media agraria de campesinos propietarios.
ESTRUCTURA DEL VÍDEO:
0:12. Semejanzas entre las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
0:47. Diferencias entre las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
CUADRAGÉSIMO PRIMER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
Durante el reinado de Isabel II (1833-1868), los partidos políticos más importantes fueron el demócrata, el progresista, la Unión Liberal, el moderado y el carlista. El orden de la relación anterior obedece a un criterio ideológico, siendo el primero de ellos el que se situaría en una posición más de izquierdas y el último el más a la derecha.
Los partidos decimonónicos presentaban numerosas diferencias con los actuales, pues se trataban de agrupaciones de personas influyentes y poderosas, los llamados notables. Es decir, tenían un fuerte componente individualista, cuyas principales consecuencias eran la división interna y el enfrentamiento entre sus líderes. Además, los partidos contaban con empresas de prensa afines a su ideología que estaban al servicio de sus intereses.
Estos partidos apenas tenían contacto con la realidad social de los grupos sociales más humildes, a los que, por lo general, tendían a ignorar. Esta circunstancia se veía favorecida por la escasa participación en las elecciones de una población mayoritariamente analfabeta y sumida en la pobreza, mera espectadora de la vida política centrada en Madrid y sus élites. Estas trataron por todos los medios de mantener vigente un sistema electoral en el que solo participaban los mayores contribuyentes y los grupos que contaban con una formación superior. El porcentaje de votantes osciló entre el 0,1 % y el 25% de los españoles entre 1834 y 1868.
CUADRAGÉSIMO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
1833-1868. Reinado de Isabel II.
1833-1840. Regencia de María Cristina.
1833-1839. Primera Guerra Carlista.
1834. Estatuto Real.
1835. Insurrección popular progresista.
1836. Desamortización de Mendizábal.
1836. Motín de La Granja.
1837. Constitución progresista.
1839. Pacto de Vergara.
1840-1843. Regencia de Espartero.
1843. Mayoría de edad de Isabel II.
1842. Insurrección popular en Barcelona.
1844-1854. Década Moderada.
1844. Fundación de la Guardia Civil.
1845. Constitución moderada.
1846-1849. Segunda Guerra Carlista.
1849. Fundación del Partido Demócrata.
1851. Concordato con la Santa Sede.
1854. Pronunciamiento de Vicálvaro.
1854. Fundación de la Unión Liberal.
1854-1856. Bienio Progresista.
1855. Desamortización de Madoz.
1855. Ley General de Ferrocarriles.
1856. Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias.
1856. Constitución progresista (no aplicada).
1858. Gobierno de la Unión Liberal.
1858. Expedición franco-española a Indochina.
1859. Guerra de Marruecos.
1861. Expedición a México.
1864. Inicio de la crisis económica.
1865. Sucesos de la noche de san Daniel.
1866. Pacto de Ostende.
1868. Gloriosa Revolución.
1868-1874. Sexenio Democrático.
1870. Asesinato del general Prim.
1871-1873. Reinado de Amadeo de Saboya.
1872. Comienzo de la Tercera Guerra Carlista.
1873. Proclamación de la Primera República.
1873. Presidencia de Figueras.
1873. Presidencia de Pi i Margall.
1873. Estallido de la Revolución Cantonal.
1873. Presidencia de Salmerón.
1873. Presidencia de Castelar.
1874. Golpe de Estado: presidencia del general Serrano.
1874. Pronunciamiento de Sagunto.
1874. Alfonso XII es proclamado rey de España.
