QUINCUAGÉSIMO OCTAVO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
Durante el bienio progresista (1854-1856), el gobierno de España aprobó la Ley General de Ferrocarriles. Se trató de una medida que, a partir de su entrada en vigor en 1855, estimuló la construcción de la red viaria básica, que era uno de los grandes anhelos del partido político en el poder.
Los objetivos de la Ley de Ferrocarriles pueden resumirse en tres puntos que, a su vez, están interrelacionados:
- Activar la economía nacional gracias a un medio de transporte con mayor capacidad y notablemente más rápido que el existente.
- Dar salida, mediante una inversión rentable en apariencia, al excedente de capital acumulado en las últimas décadas.
- Favorecer el desarrollo de la industria mediante la articulación del mercado nacional y el aumento de la demanda.
A la hora de abordar las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles, se ha de tener en cuenta que algunas de ellas fueron positivas para el país, pero también las hubo negativas. Dentro de ese último grupo cabe destacar la escasa rentabilidad de la inversión realizada, así como los efectos de la excesiva especulación, que terminó por llevar a la crisis de 1866 y a la quiebra de numerosas entiedades financieras. Sin embargo, también se ha de destacar que la ley aprobada en 1855 revolucionó el sistema de comunicaciones en España, permitiendo crear un mercado nacional que trajo consigo el fortalecimiento de la industria. De hecho, la carga transportada pasó de 3.000 millones de toneladas en 1870 a 16.000 millones en el año 1900.