Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna


SEXAGÉSIMO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

Si bien la banca moderna como tal no comenzó a desarrollarse hasta mediados del siglo XIX, puede afirmarse que la primera entidad financiera de titularidad pública en España fue el Banco Nacional de San Carlos, fundado en 1782 para administrar la deuda pública. Ahora bien, como se ha indicado, el mercado financiero español careció de dinamismo hasta la aprobación de la Ley de Banca de 1855 y la aparición del Banco de España al año siguiente.

A partir de esa fecha, el sector creció notablemente, si bien se vio afectado, en la década siguiente, por la crisis financiera de 1866. La principal consecuencia de ese acontecimiento fue la restructuración del sector en dos tipos de entidades: de un lado el Banco de España, que tenía el monopolio de la política monetaria y la emisión de moneda; y del otro la banca privada, que preciso de un proceso de fusiones y absorciones donde destacaron los bancos de Barcelona, Bilbao y Santander.

En líneas generales puede afirmarse que las entidades bancarias del siglo XIX sirvieron fundamentalmente para financiar la política estatal y captar recursos externos para inversiones públicas a través del sistema de deuda. Es decir, apenas desempeñaron funciones relacionadas con el desarrollo productivo.

En lo que a la moneda se refiere, hay que tener en cuenta, en primer término, que durante la primera mitad del XIX España careció de unidad y orden monetario. Así, esa diversidad entorpeció de manera notable el comercio interior y los intercambios. A pesar de los esfuerzos por solventar esas carencias, la reforma definitiva del sistema no se produjo hasta 1868. Los responsables políticos de la primera etapa del Sexenio Democrático lograron establecer una unidad monetaria en torno a la peseta, que equivalía en su momento a cuatro reales. Y, aunque su uso tardó en generalizarse, al final de la centuria se había convertido en la unidad de uso común para la mayor parte de las transacciones económicas.

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Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855


QUINCUAGÉSIMO OCTAVO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

Durante el bienio progresista (1854-1856), el gobierno de España aprobó la Ley General de Ferrocarriles. Se trató de una medida que, a partir de su entrada en vigor en 1855, estimuló la construcción de la red viaria básica, que era uno de los grandes anhelos del partido político en el poder.

Los objetivos de la Ley de Ferrocarriles pueden resumirse en tres puntos que, a su vez, están interrelacionados:

  • Activar la economía nacional gracias a un medio de transporte con mayor capacidad y notablemente más rápido que el existente.
  • Dar salida, mediante una inversión rentable en apariencia, al excedente de capital acumulado en las últimas décadas.
  • Favorecer el desarrollo de la industria mediante la articulación del mercado nacional y el aumento de la demanda.

A la hora de abordar las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles, se ha de tener en cuenta que algunas de ellas fueron positivas para el país, pero también las hubo negativas. Dentro de ese último grupo cabe destacar la escasa rentabilidad de la inversión realizada, así como los efectos de la excesiva especulación, que terminó por llevar a la crisis de 1866 y a la quiebra de numerosas entiedades financieras. Sin embargo, también se ha de destacar que la ley aprobada en 1855 revolucionó el sistema de comunicaciones en España, permitiendo crear un mercado nacional que trajo consigo el fortalecimiento de la industria. De hecho, la carga transportada pasó de 3.000 millones de toneladas en 1870 a 16.000 millones en el año 1900.

Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel de los militares


CUADRAGÉSIMO SEGUNDO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

Si bien distinguimos cinco etapas en el reinado de Isabel II (1833-1868), hay que tener en cuenta que las dos primeras corresponden a la minoría de edad de la reina. Por tanto, el gobierno del país no recaía sobre su persona, sino en una regencia, ejercida en primer término por su madre y, más adelante, por el general Espartero. A continuación se describen brevemente cada una de ellas, haciendo especial hincapié en el protagonismo del estamento militar durante esos años.

En 1833, al fallecer el rey Fernando VII, se inició en España un periodo de convulsión política marcado por la minoría de edad de Isabel II, así como por el estallido y desarrollo de la Primera Guerra Carlista. Hasta 1840 la regencia estuvo en manos de la mujer del difunto monarca, la reina viuda María Cristina. De esta etapa cabe destacar, además del contexto bélico, la aprobación del Estatuto Real (1834), la desamortización de Mendizábal (1836) y la Constitución de 1837.

Ahora bien, el progresivo desgaste de la figura de la regente, unido al ascenso y popularidad del Baldomero Espartero, llevó a un relevo en la dirección de los asuntos del Estado tras la revolución de 1840. De esta manera, este general de ideología progresista llevó, de un modo autoritario, las riendas del país durante los siguientes tres años.

Ante los problemas políticos del final de la regencia de Espartero, se proclamó la mayoría de edad de Isabel II. De esta forma, en 1844 se inauguró el periodo que conocemos como la Década Moderada, caracterizada por el predominio en el gobierno de ese partido. Su principal representante, también un militar, el general Ramón María Narváez, el cual modeló un Estado centralizado y uniforme. Además, en 1845 se aprobó una nueva Constitución acorde a la ideología moderada.

En 1854, una revolución de carácter progresista obligó a la reina a nombrar un gobierno dirigido por ese partido. Este se mantuvo en el poder durante todo el Bienio Progresista (1854-1856), promoviendo medidas de corte económico como la desamortización de Madoz o la Ley de Ferrocarriles.

La última etapa del reinado de Isabel II se desarrolló de 1856 a 1868. Se caracterizó por el retorno del moderantismo al poder de la mano de la Unión Liberal, un grupo político fundado por el general Leopoldo O´Donnell. Fue un periodo de relativa estabilidad pero con gobiernos autoritarios que terminaron llevando a la Gloriosa Revolución de 1868 y al exilio francés de Isabel II.

Las conquistas de la Rusia zarista


Durante buena parte del siglo XIX, el expansionismo ruso había tenido como objetivo primordial los Balcanes y el Mediterráneo Oriental, buscando siempre una necesaria salida al mar.

Esta política se convirtió en objetivo prioritario durante el reinado del zar Nicolás I, hasta que la guerra de Crimea (1853-1856) puso fin, momentáneamente a estas ambiciones. Las potencias europeas, en términos generales, eran contrarias a que Rusia alcanzara su tan anhelada salida al mar por los Estrechos.

Esta situación obligaba a reestructurar la política exterior que, a partir de los años centrales del siglo, centró su área de expansión natural en Asia.

De forma paulatina pero continuada se fue llevando a cabo la implantación rusa en el continente asiático:

  • Primero, en la región montañosa del Cáucaso, sometida tras vencer la dura resistencia de la población indígena.
  • Simultáneamente, adelantando sus fronteras en Asia Central, hasta situarlas entre el Caspio, el Aral y el Balkach.
  • A continuación fueron las fértiles regiones del Turquestán las que atrajeron su interés, sometiendo mediante una continuada campaña a sus ciudades más importantes.
  • Al comenzar los años setenta, todo el Turquestán había quedado bajo su área de influencia, que pretendía extenderse ahora hacia las zonas montañosas del Pamir.

La potencia más afectada por el expansionismo ruso por Asia era, sin lugar a dudas, Inglaterra. Por una parte, aumentaba el peligro sobre Turquía, a la que los británicos deseaban conservar inmune. Por otra, sus propios intereses en la India podían peligrar ante aquella inquietante vecindad.

Finalmente, se ponía en juego el área de influencia sobre Persia. Este antiquísimo imperio, postrado política y económicamente y, por tanto, vulnerable a la dependencia exterior, era una codiciada presa. Tanto ingleses como rusos deseaban obtener de Teherán concesiones de tipo económico, dando lugar esta situación a tensiones y recelos.

Inglaterra deseaba delimitar perfectamente su zona de influencia en esa parte del globo, evitando injerencias externar. Su dominio sobre Afganistán le permitió establecer un Estado-tapón que defendiera sus intereses en Asia Central.

Con todo ello, el Imperio ruso tuvo que desplazar su línea de actuación hacia Extremo Oriente, o sea, hacia la costa del Pacífico. Dentro de esta política estaría la colonización de Siberia, la cesión por parte de China de los territorios situados al norte del río Amur y la obtención de la zona costera entre este río y Corea. Justamente en ese enclave los rusos fundaron Vladivostok.

Su atención se centró entonces en China, de la que consiguió importantes concesiones como la construcción de vías férreas en este país y la entrega de Port Arthur. Con ello, Rusia consiguió su largo deseo de obtener una salida al mar.

Sin embargo, su presencia en Extremo Oriente se vería pronto amenazada por un expansionismo emergente: el del Japón.