El proyecto liberal español

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La consulta al país

Una vez asentado su poder, la Junta Suprema decidió convocar unas Cortes. Pero antes, con el fin de conocer los problemas que padecía la nación y las reformas que necesitaba, se decidió realizar una “consulta al país”. Esta fue encargada a una Comisión de Cortes, cuyo presidente fue Jovellanos.

Las conclusiones más importantes extraídas de la consulta fueron las siguientes:
  • Descontento generalizado con el absolutismo; no se critica al Antiguo Régimen como sistema, sino sus excesos.
  • Crítica a los privilegiados y al exceso de privilegios, se ve la necesidad de establecer un sistema de igualdad social basado en la meritocracia.
  • Cuestiones económicas; enorme pobreza del país, deuda pública y crisis de la Hacienda, necesidad de reformar el sistema de propiedad salvando los obstáculo feudales.
  • Cuestiones administrativas; crítica al régimen señorial y al poder de las instituciones eclesiásticas. Se vio necesario un proceso desamortizador y que el Estado tomase las riendas de todos los instrumentos de la administración.

Después de esto, las trece Juntas Provinciales se erigieron en gobierno y convocaron unas Cortes para junio de 1809. Podemos distinguir dos corrientes en torno a esta convocatoria: la mayoría defendía que fuera de tipo representativa, mientras que una minoría prefería que fueran de tipo tradicional o estamental –tres órdenes, sin carácter legislativo, y sometidas al rey.

Finalmente se convocaron Cortes Estamentales para noviembre de 1810. No obstante, las Cortes acabaron autoconvocándose, y lo hicieron de forma representativa. Esto fue consecuencia del vacío de poder generado por los conflictos entre la Junta Central y las Juntas Provinciales, que acabaron por ceder el poder a la Regencia. A su vez, la inestabilidad de esta permitió que las Cortes actuasen a sus anchas.

Tarea política

Las Cortes estuvieron compuestas por 308 diputados, de entre los cuales un tercio eran clérigos –mayoritariamente urbanos- y otro tercio hidalgos. El resto de los procuradores pertenecía a la burguesía ilustrada, al grupo de profesiones liberales, o eran altos funcionarios del Estado. Ideológicamente predominaba el pensamiento liberal, bien de tipo radical o moderado; mientras que los absolutistas, a pesar de ser muy beligerantes, estaban en minoría.

En la primera reunión se autodefinieron como Cortes representativas y constituyentes convocadas por convención. Con esto querían dejar claro que estaban allí como representantes del pueblo y que, por ello, no reconocían ninguna autoridad superior. Además, establecieron un régimen parlamentario, por el cual la primera y última iniciativa le correspondía al parlamento.

Declararon la soberanía nacional y procedieron a la construcción del nuevo Estado liberal basado en los siguientes postulados:
  • Construcción del Estado como realidad jurídico-política bien definida. Para ello se procede a la abolición del absolutismo monárquico, y se establecen los límites territoriales de la nación.- Separación tripartita del poder: la capacidad normativa reside en el legislativo; al ejecutivo le corresponde llevar a la práctica lo legislado; y las armas coercitivas son patrimonio del poder judicial. Este esquema se reproduce además a nivel provincial y local.
  • Creación de un órgano de justicia independiente con un cuerpo de funcionarios profesionalizado. Este ha de basarse en la igualdad ante la ley, por lo que es necesario abolir los privilegios y las estructuras jurídicas forales. La fuente de la justicia deja de ser Dios para pasar a ser el legislativo, por cuyas leyes se rige todo el país.

Tarea social

Las nuevas Cortes también emprendieron la tarea de transformar la sociedad. Mediante el desmantelamiento de sus bases jurídicas, económicas y políticas, se procedió a la abolición de la sociedad estamental. Se trataba, pues, de imponer la sociedad de clases. El primer paso para esto fue la abolición del régimen señorial con sus relaciones de dependencia y vinculación a un señorío. Por un decreto de agosto de 1811 se estableció que:

  • Los derechos territoriales permanecen en el señor, pero no como propiedad imperfecta, sino como perfecta o capitalista.
  • Los derechos jurisdiccionales pasaron a la nación, titular de la soberanía.
  • Los privilegios y monopolios, previa indemnización, también pararon a la nación.

Como consecuencia de estas medidas cabe destacar la eliminación jurídica y política del régimen señorial; lo que supuso también el fortalecimiento económico de los señores. Dentro de estas reformas, también se procedió a la abolición de los gremios y del mayorazgo.

Modelos de sociedad

A continuación enumeraremos las principales característica de ambos modelos de sociedad. Iniciaremos este repaso con la estamental:

  • Jerarquizada; se ordena de arriba abajo.
  • Sacralizada; recibe su legitimidad de Dios.
  • Cada estamento se ordena por funciones preestablecidas.
  • Articulada por el privilegio.
  • Basada en el linaje y la sumisión (vasallaje).
  • Cerrada; ausencia de dinamismo.
  • Endogámica; cada estamento se alimenta con sus propios miembros.
  • Pensada para un mundo rural y agrario.

Características de la sociedad de clases:

  • Individualista; el sujeto social es el individuo, no los colectivos o estamentos.
  • Hablamos de ciudadanos, no de súbditos.
  • Se construye de abajo a arriba.
  • Sociedad securalizada; no se basa en argumentos divinos.
  • Organizada en función de la capacidad, no en la función.
  • Se basa en la igualdad de derechos y deberes.
  • Se tiene en cuenta la riqueza, no el linaje.

A los rasgos enunciados sobre la sociedad de clases, hemos de añadir tres principios básicos sobre los cuales se sustenta este sistema:

  • Libertad; ruptura de las vinculaciones laborales, comerciales, jurisdiccionales. La nación y el individuo ganan en autonomía.
  • Igualdad; en oposición al privilegio e igualdad ante la ley.
  • Propiedad; elemento básico del nuevo sistema económico y fundamental para estructurar la sociedad y los derechos políticos.

Transformaciones económicas

Abordamos ahora el cambio del sistema económico que, desde la perspectiva del materialismo histórico, fue la clave del proceso revolucionario. El primer factor necesario para transformar la economía era la propiedad de la tierra; esto se llevó a cabo a través del procedimiento de reforma agraria.

Mediante esa fórmula no se procedió tanto a la redistribución de la tierra como a la adecuación de la propiedad a las tesis del liberalismo. En este sentido, era necesario cambiar su naturaleza, titularidad, uso y estructura. Analicemos con más detenimiento estos cuatro aspectos:

  • Naturaleza de la propiedad; la propiedad tardofeudal era imperfecta en tanto que estaba sometida a múltiples derechos –ius ultimum, ius eminens, ius utile, derechos de monopolio…- perfectamente compatibles entres sí. Con la reforma agraria la propiedad pasa a ser perfecta en tanto que se convierte en única y absoluta.
  • Titularidad de la propiedad de la tierra; la propiedad tardofeudal era de carácter estamental y, en cierto modo, colectiva. El titular era el poseedor, no el individuo; el señorío, no el señor; el beneficio eclesiástico, no el clérigo; el concejo, no el alcalde… La tierra no podía desvincularse del estamento y de sus funciones. Con la reforma agraria, previo proceso de desvinculación, la propiedad pasó a ser individual o personal.
  • Uso de la propiedad de la tierra; como consecuencia de la naturaleza y titularidad de la propiedad, el uso en época tardofeudal estaba vinculado a las funciones del estamento (cargado de obligaciones y servidumbres). El nuevo sistema económico exigía que el uso fuera libre, tanto en lo relativo al tipo de cultivo como en lo relacionado con el arrendamiento.
  • Estructura de la propiedad de la tierra; tradicionalmente predominaba el minifundio exagerado en la cornisa cantábrica, moderado en la Meseta, y el latifundio en la zona meridional. Esta estructura se mantuvo tras la reforma, pero las transformaciones anteriores facilitaron los intercambios de tierra

Entre los aspectos económicos en transformación hemos de destacar también el trabajo. En época tardofeudal este estaba al servicio del estamento, el señorío, la comunidad o el gremio. Con la legislación gaditana se liberalizó tanto su titularidad como su uso y su naturaleza. Esto afectó también a los precios y a la producción, lo que abrió las puertas a la libre competencia.

El crédito estaba poco desarrollado en el Antiguo Régimen. Se basaba en los censos consignativos, los pósitos y las arcas de misericordia; sistemas incapaces de satisfacer la demanda de la burguesía. Se hacía necesario crear instituciones que aportasen créditos a las fuerzas económicas. El sistema de crédito no acabó de desarrollarse hasta 1856, año en el que se establecieron los bancos. Sin embargo, a pesar de su aparente fracaso, la obra legislativa de Cádiz puso las primeras piedras para que esto fuera posible.

La creación de un auténtico mercado nacional fue otro de los grandes objetivos de las Cortes gaditanas. La libre circulación de bienes hacía imprescindible la supresión de los circuitos cerrados, tasas, aduanas, peajes… Para ello resultaba necesaria la homologación de precios. Medida que, sin duda, facilitó al desarrollo de la especialización regional. Esto, a su vez, ayudó a solucionar las crisis de subsistencia de tipo local.

En Cádiz también se abordó la cuestión hacendística. Se abolieron los viejos principios e inmunidades, bien fuesen de tipo estamental o territorial. La exención de los privilegiados debía desaparecer, pero también la de determinadas localidades o regiones del país. Todos por igual debían contribuir en el mantenimiento del edificio estatal. De esta manera, se homogeneizó el sistema fiscal; el impuesto debía ser único, universal, proporcional y directo.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.

Un repaso histórico a la Unión Europea

 Artículo publicado por Historia en Presente el 23 de julio de 2008.


Orígenes y bases del proyecto europeísta

En la presente exposición explicaremos de forma resumida el origen, desarrollo y presente de la integración europea. Tal como reflejan los epígrafes de este texto, trataremos de alcanzar ese objetivo siguiendo dos vías bien diferenciadas: por un lado abordaremos la cuestión relativa al proceso histórico –de la Declaración Schuman al Tratado de Lisboa-, donde incluimos tanto los acuerdos entre estados como las sucesivas incorporaciones de los veintisiete miembros; y por otro, el desarrollo institucional del mismo en sus aspectos intergubernamentales, supranacionales, judiciales, representativos, y de carácter económico.

Antes de comenzar con el anunciado repaso histórico, conviene recordar cuáles fueron, en sus inicios, las tres ideas fuerza del movimiento europeísta: la paz perpetua, el buen gobierno y el bienestar de los pueblos.

Estos ideales, que alcanzaron plena actualidad en los años posteriores a las dos guerras mundiales, hunden sus raíces en la tradición cultural continental de los siglos anteriores; en el pensamiento de personajes como Kant, Rousseau, Montesquieu, Comte, Voltaire, Goethe, Jovellanos… En ellos se basaron los europeístas de principios de siglo XX a la hora de fundar un movimiento que tardó varias décadas en producir sus primeros frutos.

Paneuropa, de Coudenhove-Kalergi, y los esfuerzos políticos de Aristide Briand fueron los primeros intentos de establecer una solidaridad europea. Sin embargo, la crisis económica de los años treinta y la Guerra Mundial que la siguió impidieron que los proyectos de estos “abuelos” de Europa llegaran a buen puerto. Europa tuvo que encontrarse a sí misma entre la miseria de la posguerra para darse cuenta de que la colaboración entre las naciones del Viejo Continente era beneficiosa para todas ellas.

La generación de posguerra y la integración europea

Los proyectos europeístas comenzaron a tener repercusiones prácticas tras la II Guerra Mundial. Las consecuencias del conflicto –destrucción de las infraestructuras, reducción de la actividad industrial, caída de la renta, escasez de alimentos, abatimiento moral…- favorecieron de manera considerable el afán de los europeos por colaborar entre ellos. Distinguimos cinco hitos en la prehistoria del proceso de integración europea:

1. El discurso de Churchill en Zürich sobre los “Estados Unidos de Europa”. El antiguo premier británico defendió durante esa alocución de 1946 la necesidad de construir un entidad que agrupase a las naciones europeas. Afirmaba que, sólo así, el Viejo Continente podría llevar a cabo una reconstrucción duradera, basada en la colaboración de los antiguos enemigos, Francia y Alemania. Además, veía en la unidad europea un instrumento eficaz para evitar la expansión del socialismo soviético. No obstante, Churchill no creía en la integración británica dentro de estos “Estados Unidos de Europa”; para el mundo anglosajón tenía otros planes: una mayor colaboración con el gigante norteamericano.

2. El Programa de Recuperación Económica de Europa o Plan Marshall (1947). Siguiendo la línea de pensamiento esbozada por Churchill en su famoso discurso de Fulton (Missouri), la administración Truman comenzó a desarrollar una intensa actividad con el fin de evitar la expansión del comunismo. En lo que se refiere a Europa, la medida más importante fue este plan de ayuda económica, que no sólo sacó a los europeos de la miseria, sino que les obligó a colaborar en la distribución de la ayuda. Cabe destacar en este ámbito el papel jugado por Jean Monet, que pocos años después se convirtió en uno de los padres de la unidad europea.

3. El congreso europeísta de La Haya (1948). Fue convocado por el Comité de Coordinación de movimientos europeístas, y en el se debatió fundamentalmente la cuestión de cómo se debía construir la Paneuropa esbozada por los europeístas del periodo de entreguerras.

4. La Conferencia de José Ortega y Gasset en la Universidad Libre de Berlín, donde animaba a Europa a levantarse de entre los escombros.

5. La Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, donde se invitaba a las naciones europeas a establecer un mercado único en relación al carbón y al acero. Este proyecto francés dio lugar un año después a la primera Comunidad Europea, la CECA.

Tal como indicábamos en el epígrafe anterior, a raíz del llamamiento del ministro de exteriores francés Robert Schuman, se constituyó el 18 de abril de 1951 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).

El objetivo de esta era crear un mercado común limitado al carbón y al acero, aunque con vistas a futuras ampliaciones. En ella se integraron seis naciones: Francia, la República Federal Alemana, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Además, para su mejor funcionamiento, se doto a la nueva estructura supranacional de instituciones propias: Alta Autoridad, Consejo de Ministros, Asamblea Común y Tribunal de Justicia.

Más tarde, en 1954, Francia intentó poner en marcha la segunda de las Comunidades Europeas, la de Defensa (CED). Sin embargo, la oposición de la propia Asamblea Francesa dio al traste con el proyecto de colaboración en materia de seguridad.

El 25 de mayo de 1957 se firmaron en Roma los tratados por los cuales vieron la luz dos nuevas Comunidades Europeas: la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). Las principales consecuencias de ellas fueron: eliminación de barreras; fijación de una tarifa exterior común; libre circulación de mercancías; políticas comunes en agricultura, transporte, comercio y energía; homogeneización en los mecanismo de intervención económica; y colaboración en lo relativo a la cuestión atómica.

Sin embargo, unos años más tarde el proceso de integración se vio sacudido por otra nueva crisis; su protagonista era, una vez más, el nacionalismo francés. La llamada “crisis de la silla vacía” –la denominación hace referencia a la ausencia de la representación francesa- se solucionó con el Acuerdo de Luxemburgo (1966). A partir de ese momento la Comisión quedó sometida al Consejo, y las decisiones dejaron de tomarse por mayoría.

El Tratado del Acta Única Europea (AUE) fue firmado por los estados miembros en 1986, y tenía como fin perfeccionar el mercado único creado con los Tratados de Roma. Se trataba, en definitiva, de establecer medidas que evitaran los obstáculos a la libre circulación.

No obstante, el nuevo acuerdo también introdujo nuevas políticas en materia de medioambiente, investigación y desarrollo, y cohesión económica y social. Además, se ampliaron también las funciones del Parlamento Europeo. El Acta Única Europea fue negociada por diez países -los seis fundadores, los tres de la incorporación de 1973 (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca), y Grecia, integrada en 1981- y firmada por estos más España y Portugal, que se incorporaron ese mismo año.

El siguiente paso en el proceso de construcción europeo fue el Tratado de la Unión Europea (1992), conocido también como Tratado de Maastricht. Este acuerdo sentó las bases de la moneda única, que no entró en circulación hasta 2001. Con este fin se impusieron los criterios de convergencia y se fundó el Banco Central Europeo. También se reconoció la ciudadanía europea –superpuesta y fundamentada en la del estado miembro-, cuyas principales ventajas son las siguientes:

  • Derecho de circulación y residencia en el territorio comunitario.
  • Derecho al sufragio en las elecciones europeas y municipales.
  • Derecho de petición ante el Parlamento Europeo.
  • Derecho a gozar de la representación diplomática de la Unión Europea.

En lo que se refiere a las reformas institucionales establecidas en Maastricht, cabe destacar las siguientes:

  • Ampliación de las competencias del Parlamento –investidura de la Comisión y poder de codecisión.
  • Aplicación de los supuestos para la aplicación de la mayoría en el Consejo de Ministros.
  • Creación de nuevas instituciones tales como el Comité de Regiones, el Defensor del Pueblo, y el Tribunal de Primera Instancia.
Por último, se procedió a reformar la cooperación en política exterior mediante la creación de una Política Exterior de Seguridad Común (PESC) y la Cooperación Judicial en Asuntos de Interior.

Tras la incorporación a la Unión Europea de Austria, Suecia y Finlandia en 1995, se firmaron dos tratados más, el de Ámsterdam (1997) y el de Niza (2000). Ambos ratificaron lo acordado en Maastrich, a lo que añadieron escasas medidas institucionales. No obstante, hay que destacar dos aspectos de ambos tratados: el protagonismo en ellos del reparto de poder entre los estados miembros, y la preparación de la próxima apertura de la Unión Europea a los países de la Europa central y oriental.

Este último fenómeno se produjo en dos etapas: en mayo de 2004 se integraron diez nuevos estados –Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Malta, Chipre, Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría-, y en enero de 2007 dos más –Bulgaria y Rumania-. Con estas últimas incorporaciones, a falta de lo que suceda con Croacia, Macedonia y Turquía, finaliza a día de hoy el proceso de ampliación territorial de la Unión Europea.

El que se refiere a los acuerdos y tratados se completaría con el malogrado Proceso de Laeken, también conocido como Tratado Constitucional Europeo, y el Tratado de Lisboa, firmado en 2007.

Las sucesivas ampliaciones de las Comunidades Europeas

A lo largo del epígrafe anterior, al tiempo que explicábamos el contenido y repercusiones de los tratados comunitarios, hemos procurado indicar también cómo se fue produciendo el proceso de ampliación de las Comunidades Europeas a nuevos países. No obstante, con el fin de aportar una visión más amplia en los relativo a ese punto, vamos a proceder a repasar, de forma clara y esquemática, el proceso de ampliación de la Unión desde 1951 hasta 2007.

Desde sus inicios, en 1951, la CECA contó con seis miembros: Francia, República Federal Alemana, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

A estos pretendió unirse el Reino Unido en la década de los sesenta. Sin embargo, el veto francés evitó durante varios años que los británicos se unieran al proceso de integración. Hubo que esperar a 1973 para que las Comunidades Europeas pasaran de los seis a los nueve miembros. Ese mismo año entraron a formar parte de las mismas el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Noruega, cuya solicitud también había sido aceptada, rechazó su integración a causa del rechazo que esta provocaba entre la población del país.

La Europa de los nuevo pasó a ser de los doce con la ampliación al sur. Esta se llevó a cabo en dos etapas: en 1981 se incorporó Grecia, y en 1986 lo hicieron España y Portugal. Sobre las integraciones de la década de los ochenta habría que destacar dos aspectos: su importancia de cara a la consolidación democrática en estos tres países –recién salidos de regímenes dictatoriales-, y la oposición de Francia a la entrada de España antes de la negociación del Acta Única Europea (1986) por cuestiones relacionadas con la Política Agraria Común.

El 3 de octubre de 1990, como consecuencia de la reunificación germana, se integraron en las Comunidades Europeas los territorios de la antigua República Democrática Alemana.

Sin embargo, no se incorporó ningún nuevo estado en esta ampliación; los länder orientales pasaron a formar parte del proyecto europeo dentro de un único estado alemán. Esta no sería la única consecuencia de la desintegración del mundo soviético. Sin embargo, antes de que se produjera la entrada en la Unión de los antiguos países de la Europa central y oriental, se llevó a cabo una nueva ampliación. En 1995, tras la llegada de Austria, Finlandia y Suecia al seno de la Unión, surgió la Europa de los quince.

En los primeros años del siglo XXI, tal como anunciábamos en el párrafo anterior, entraron a formar parte de la Unión Europea los antiguos países de la Europa central y oriental. La ampliación al este se produjo en dos etapas: en 2004 lo hicieron Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Malta, Chipre, Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría; y en 2007 Bulgaria y Rumania.

Esta ha sido la mayor ampliación de la historia europea y, en cierto modo, ha venido a saldar la deuda que la Europa occidental adquirió con sus hermanos orientales tras los sucesos de Yalta y Potsdam.

Bibliografía:

[1] La idea de Europa, 1920-1970, H. Brugman .

[2] La Unión Europea: guiones para su enseñanza, A. Calonge, (dir).

[3] Paneuropa. Dedicado a la juventud de Europa, R. Coudenhove-Kalergi.

[4] La idea de Europa: historia, cultura, política, P. García Picazo.

[5] Postguerra: una historia de Europa desde 1945, T. Judt.

[6] Robert Schuman. Padre de Europa (1886-1963), R. Lejeune.

[7] Historia de la integración europea, R. Martín de la Guardia y G. Pérez.

[8] La Unión Europea: procesos, actores y políticas, F. Morata.

[9] Meditación de Europa, J. Ortega y Gasset.

[10] Historia de la Unión Europea, R. Pérez Bustamante.