Los últimos tiempos de Franco II

Se ha especulado sobre la importancia que pudo suponer para la Transición la inesperada desaparición de Carrero. La mayoría de las opiniones no la consideran condicionante del proceso político, acaecido a la muerte de Franco. El propio Rey lo ha ratificado: «Pienso (…) que Carrero no hubiera estado en absoluto de acuerdo con lo que yo me proponía hacer. Pero no creo que se hubiera opuesto a la voluntad del Rey (…) simplemente hubiera dimitido.

Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p.27.

Los últimos tiempos de Franco I

Raimond Carr y J. P. Fusi afirman que no había «tan sólo una crisis de gobierno, sino de algo mucho más profundo: una verdadera crisis de Régimen», que había comenzado con las discusiones sobre las asociaciones durante 1967-69. España era un Estado católico, donde la Iglesia condenaba el Régimen; un Estado que prohibía las huelgas, y donde éstas se producían por miles; un Estado antiliberal, que buscaba alguna forma de legitimidad democrática; un Estado cuya ideología, según dijera Fernández-Miranda en 1971, era un «socialismo nacional integrador» y que había, sin embargo, transformado España en una sociedad capitalista. Las contradicciones eran evidentes. «En España -diría con razón el ultraderechista Blas Piñar en octubre de 1972- estamos padeciendo una crisis de identidad de nuestro propio Estado».

Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p.18.

La Guerra Civil (1936-1939)

1. Introducción.

En 1936, incluso antes de que tuvieran lugar las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular, grupos de militares se habían reunido para planificar un golpe de Estado en caso de que las izquierdas alcanzaran el gobierno.

El general Mola, relegado por el Gobierno de la República al Gobierno Militar de Pamplona, actuó como organizador. Este contaba con muchos oficiales de la UME (Unión Militar Española, especie de asociación clandestina de oficiales antirrepublicanos) distribuidos por todo el territorio.

El prestigioso general Sanjurjo, entonces exiliado en Lisboa, tomaría el mando superior. Los planes debían estar muy avanzados el 10 de julio cuando el periodista de ABC, Luis Bolín, alquiló un avión (Dragon Rapide) con el que se dirigiría a Canarias para trasladar a Franco a Marruecos.

El 12 de julio se produjo un doble asesinato político que aumentó la tensión en el país. Pistoleros falangistas asesinaron al teniente Castillo, que había dado muestras de un acendrado republicanismo. Sus compañeros, los Guardias de Asalto, contestaron asesinando al diputado monárquico Calvo Sotelo.

2. La sublevación militar y el estallido de la Guerra Civil.

Los sucesos del 18 de julio de 1936 se situaban en la línea de los pronunciamientos militares de tradición decimonónica. Si bien, con el tiempo, recibió el nombre de Alzamiento Nacional. Los militares tenían intención de declarar el estado de guerra en las principales con las fuerzas de las distintas guarniciones y, ocupada Madrid, obligarían a un cambio de gobierno. Hablaban de restablecer el orden y evitar una presunta revolución comunista que se estaba gestando en la República del Frente Popular.

Los militares sabían que podían contar para ello con el apoyo del sector conservador de la sociedad: terratenientes, grandes latifundistas, el mundo de la Banca, industriales, la Iglesia, los carlistas-tradicionalistas, Falange… Es decir, aquellos que querían poner fin a la experiencia republicana reformista.

El pronunciamiento se inició el 17 de julio en los cuarteles de Melilla y al día siguiente había triunfado en el resto del Protectorado. El Gobierno de Casares Quiroga fue informado de forma inmediata de todo lo sucedido, sin embargo, en un primer momento, no se atrevió a tomar ninguna medida.

El día 18 llegó el general Franco desde Canarias y tomó el mando del ejército de África, el más preparado y mejor armado de la República. Al conocer esta noticia, se sublevaron otros jefes militares: Mola en Pamplona, Queipo de Llano en Sevilla, Goded en Mallorca, Cabanellas en Zaragoza…

El pronunciamiento triunfaba, en líneas generales, en Castilla la Vieja-León, Navarra, la parte occidental de Aragón, Galicia, Baleares, Canarias y algunas ciudades andaluzas. A su vez, fracasaba en Cataluña, el Levante, la franja cantábrica, Castilla la Nueva, Extremadura y gran parte de Andalucía. Sin embargo, el mayor fracaso fue no controlar la capital, Madrid, y los principales centros industriales: Barcelona y el País Vasco.

En Madrid fracasó porque, una vez sustituido el indeciso Casares Quiroga por José Giral, se repartieron armas entre los sindicatos obreros que acudieron en ayuda de las guarniciones leales. El momento simbólico del fracaso de la sublevación fue la rendición del cuartel de la Montaña, donde se había refugiado el general Fanjul.

En Barcelona la sublevación tuvo lugar el 19 de julio. Su fracaso fue debido a que el Gobierno de la Generalitat pudo contar con las fuerzas de orden público apoyadas por los obreros armados de la CNT-FAI. Así, cuando el general Goded acudió desde Mallorca a la ciudad condal para tomar el mando, la balanza había caído ya del lado de Companys.

En un primer momento, los militares habían fracasado en el intento de derribar al Gobierno de la República. Esta mantenía los principales centros industriales de la periferia, las zonas de agricultura de exportación (Levante), la mayoría de la flota y de la aviación, así como de las reservas del Banco de España.

No parecía que los militares sublevados pudieran resistir demasiado si no lograban trasladar rápidamente su fuerza de choque, el ejército de África, a la Península. Lo consiguieron entre los últimos días del mes de julio y los primeros de agosto gracias a que los aviones alemanes e italianos establecieron un puente aéreo entre Tetuán y Sevilla. Los dos Estados autoritarios más importantes de la Europa del momento, la Alemania nazi y la Italia fascista se mostraron dispuestos a facilitar armamento, soldados, técnicos…

Así, a pesar del fracaso inicial del pronunciamiento, los sublevados lograron mantener una guerra de larga duración.

Las grandes potencias europeas seguían con atención los acontecimientos de España: Los Estados fascistas (Alemania, Italia y Portugal principalmente) manifestaron desde un principio su decidida protección y ayuda a los militares sublevados. La URSS, aislada por la mayoría de los países europeos, se inclinaba, no sin vacilar, a dar su apoyo al Gobierno de la República, dentro del cual aumentaba rápidamente la influencia del PCE.

Los países democráticos se plantearon dudas más serias:

– Francia, con un gobierno socialista, parecía más predispuesta a ayudar a la República.

– Gran Bretaña, donde gobernaban los conservadores, no mostraba la misma predisposición. Por una parte, no deseaba que la guerra de España les llevara a un enfrentamiento con los regímenes fascistas. Tampoco deseaba que la República Española, por la intervención de la URSS, se convirtiera en un Estado revolucionario de izquierdas. Finalmente, tenía importantes intereses comerciales en zonas ocupadas desde el primer momento por los sublevados (minería de Río Tinto, por ejemplo)

El 9 de septiembre de 1936, Gran Bretaña y Francia patrocinaron el establecimiento en Londres de un Comité de No-intervención, que se comprometía a evitar la ayuda militar a los contendientes.  En realidad, fue una farsa, porque Alemania e Italia continuaron ayudando a los sublevados y la URSS empezó a facilitar armamento a la República.

Dentro de estas excepciones, también hemos de citar la organización de las Brigadas Internacionales, adscritas al bando republicano.

Los acontecimientos políticos de Europa. El Gobierno de la República mantuvo hasta el último momento la esperanza de que estallara la guerra en Europa entre los regímenes fascistas y las democracias, de tal modo que afectara a España. Esta esperanza estaba justificada por la política de expansión territorial que estaba llevando a cabo Hitler.

Sin embargo, las potencias democráticas cedieron en repetidas ocasiones ante el expansionismo alemán con el fin de evitar una guerra (Renania, Austria y Checoslovaquia). Así, a principios de 1939, cuando la derrota de la República era ya clara y manifiesta, Gran Bretaña y Francia la abandonaron definitivamente, reconociendo el Gobierno del general Franco.

La II Guerra Mundial no estalló hasta septiembre de ese año, cuando Hitler atacó Polonia; para los republicanos españoles llegó con cinco meses de retraso.

3. La evolución de las dos zonas.

Durante las primeras semanas de la guerra se produjo un vacío de poder generalizado, especialmente en la zona republicana. La dispersión fue muy grande en la zona que se mantuvo fiel a la República: obreros y campesinos armados, establecieron comités a todos los niveles (pueblos, fábricas, transportes…).

Estos comités obedecían a los sindicatos y partidos correspondientes. Así, aunque la República no llegó al colapso, el desorden generalizado adquirió el aspecto de inicio de una revolución.

Hasta el 4 de septiembre de 1936 no se logró formar un gobierno de concentración con representantes de los partidos más importantes. Este fue presidido por Largo Caballero, secretario de la UGT, y estaba formado por socialistas, republicanos, anarquistas, comunistas y nacionalistas.

Este Gobierno procuró reconstruir el Estado, es decir, intentó recuperar el control de las organizaciones de gobierno: Orden público, justicia, ejército, hacienda… Sin embargo, ante el avance de los sublevados hacia Madrid, el Gobierno se trasladó finalmente a Valencia.

Entre los republicanos no hubo unidad de acción:

– Unos creían en la necesidad de crear, en primer lugar un Estado fuerte que pudiera ganar la guerra. Era el caso de republicanos, socialistas moderados y comunistas.

– Otros pensaban que había llegado el momento de llevar a cabo una revolución que llevaría al pueblo a la victoria. Era el caso de anarquistas y socialistas radicales, que defendían la ocupación de las tierras y las fábricas, la eliminación de la propiedad privada, la nacionalización de la banca…

A partir de mayo de 1937, un nuevo gobierno presidido por el también socialista Juan Negrín, cada vez con mayor influencia comunista, procuró frenar las colectivizaciones. Al mismo tiempo reorganizó la estructura y disciplina del Ejército y mantuvo la idea de resistencia al ultranza en un momento en el que el pesimismo era generalizado.

En la zona dominada por los sublevados, conocida como zona nacional, hubo desde el primer momento un orden mantenido por la disciplina militar y la proclamación del estado de guerra. Aunque muy pronto se organizó una Junta de Defensa Nacional (24 de julio) presidida por el general Cabanellas, los generales actuaron como virreyes en su territorio: Mola en Navarra, Queipo de Llano en Sevilla, Franco en Marruecos…

Ante la necesidad imperiosa de unificar el mando a causa de la muerte del general Sanjurjo, varios generales y altos jefes se reunieron en Salamanca y eligieron al general Franco. Este joven y prestigioso general pasó a denominarse Generalísimo de todos los Ejércitos y Jefe de Gobierno del Estado español (Decreto de 1 de octubre de 1936).

Durante los años 1937 y 1938, Franco fue cimentando su poder según la ideología de los Estados fascistas. Fundó un partido político único: FET y de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). Este partido único era una conjunción forzada de las ideologías e intereses falangistas y carlistas-tradicionalistas.

De esta manera, Franco se convirtió en su líder o caudillo. Además, Franco consiguió el apoyo de la Iglesia, que desde los primeros días del conflicto sufrió una dura persecución en la zona republicana.

La República disponía, al principio, de la mayoría de la población, de las zonas industriales y de la agricultura de exportación. Sin embargo, la principal zona cerealista (Castilla la Vieja-León) estaba en manos de los nacionales. De esta manera, pronto surgieron problemas con el suministro de las ciudades, saturadas de refugiados, y del ejército.

Además, se sufrió la escasez de materias primas como algodón, petróleo o carbón, ya que las empresas suministradoras de otros países desconfiaban de la solvencia económica republicana. A esto se unía la retirada de capitales extranjeros por temor a las colectivizaciones.

Las colectivizaciones, es decir, la apropiación de las tierras de cultivo y de las fábricas por campesinos y obreros organizados en comités, se realizó de manera desigual y bastante desorganizada.

Así, la industria fue colectivizada en gran parte de Cataluña, pero no en el País Vasco. Del mismo modo, los anarquistas que formaron un Consejo de Defensa colectivizaron los campos del Aragón republicano, pero la propiedad se respetó en Levante. Desde el extranjero daba la sensación de que se estaba realizando una revolución, lo que desacreditaba a la República ante las potencias extranjeras.

La producción agrícola e industrial descendió muchísimo. Así, la industria siderúrgica vasca solo alcanzó, en el primer semestre de 1937, entre el 5% y el 10% de la producción de 1929. Esto se debió, en parte, al aislamiento que esta zona sufría con respecto al resto del territorio republicano. En estas circunstancias, la República recurrió al oro y divisas depositadas en el Banco de España para adquirir armamento del extranjero, especialmente de la URSS.

Al principio de la guerra, la zona nacional estaba formada, en su mayor parte, por tierras de cultivo y ganadería, además de algunas zonas mineras. Por tanto, tuvo menos problemas de abastecimiento que la zona republicana. Era una economía, sin embargo, desequilibrada, que sólo se potenció cuando los nacionales conquistaron Bilbao y la franja cantábrica (otoño de 1937).

Durante la guerra, el general Franco pudo contar con créditos a largo plazo de Alemania y de Italia de empresas petroleras como la TEXACO de EE.UU.

La guerra produjo un serio deterioro de la vida en la retaguardia, sobre todo en las grandes ciudades de la zona republicana. Allí se vivió la gran escasez de alimentos, que provocaron el hambre y la aparición del mercado negro (“estraperlo”). A esto hemos de añadir el bombardeo de las ciudades, que contribuía a desmoralizar aún más a la población civil.

Los militares sublevados utilizaron, desde el primer momento, una represión de extrema dureza para aterrorizar al enemigo. Así fueron fusilados sin previo juicio líderes políticos y sindicales, maestros, autoridades republicanas, intelectuales, campesinos y obreros.

La respuesta en la zona republicana fue brutal y sin que el Gobierno, en los primeros momentos, pudiera llegar a controlarla, lo que le generó un enorme descrédito entre las democracias occidentales. Personas conocidas por sus ideas de derechas, propietarios de tierras y fábricas, eclesiásticos… fueron denunciadas, perseguidas y asesinadas. La Iglesia sufrió una persecución particularmente dura, con unas cifras de ejecutados superiores a las 15.000 personas.

Para completar este panorama de los primeros meses, en los que más de 150.000 personas fueron víctimas de la represión en ambas zonas, hay que añadir los odios existentes en las distintas localidades.

La cuestión de los refugiados fue un grave problema, sobre todo en la zona republicana. Las variaciones de los frentes de guerra desplazaron a mucha gente, sufriéndolo especialmente los ancianos, mujeres y niños.

El primer gran movimiento de refugiados lo provocó la batalla de Madrid y la decisión del Gobierno republicano de trasladar mucha gente hacia Valencia y Cataluña.

El segundo gran desplazamiento de población tuvo lugar en el País Vasco y en la franje cantábrica cuando se produjo la ofensiva nacional durante el verano-otoño de 1937.

El último gran desplazamiento se produjo al final de la guerra, durante la campaña de Cataluña, cuando miles de soldados, hombres, ancianos, mujeres y niños buscaron refugio en Francia. Se calcula que fueron más de 300.000 los exiliados en un primer momento, si bien la cifra se reduciría a la mitad en los años siguientes por el retorno de muchos.

Después del fracaso del pronunciamiento del 18 de julio, los nacionales declararon la movilización general en la zona que dominaban. En los primeros momentos de la guerra, el ejército de África (cerca de 50.000 hombres entre legionarios, regulares y marroquíes) fue su principal fuerza de choque. En la Península pudieron contar con las tropas de las zonas sublevadas, con las milicias falangistas y los requetés (carlistas).

La ayuda extranjera resultó fundamental para sobrevivir primero y ganar la guerra después. Mussolini envió unos 120.000 soldados, teóricamente voluntarios (CTV, Comando di Truppe Volontarie), con mandos organizados y armamento moderno. La ayuda alemana fue más selectiva, y see agrupó alrededor de la llamada Legión Cóndor, formada por unos 8.000 hombres bien pertrechados.

Los nacionales disponían también de unos 100.000 mercenarios marroquíes que acudieron atraídos por el botín de guerra y el salario. La colaboración portuguesa fue más reducida, aunque durante mucho tiempo Lisboa fue el puerto por el que llegaron suministros para los nacionales.

En la zona republicana se tardó en organizar un ejército disciplinado y suficientemente armado. En los primeros momentos, el ejército que se mantuvo fiel a la República casi desapareció, siendo sustituido por las milicias populares. Estas fueron organizadas por los partidos políticos (el V Regimiento del PCE) o sindicatos (la columna Durruti de la CNT-FAI).

Los mandos del ejército que se mantuvieron fieles a la República no gozaron de la confianza popular, aunque algunos dieron muestras sobradas de su valía (general Vicente Rojo).

Dos elementos permitieron a la República organizarse:

– La ayuda militar de la URSS, que envió toda clase de material bélico, así como un grupo de 2.000 técnicos y consejeros militares.

– Las Brigadas Internacionales, que estaban formadas por voluntarios (unos 60.000) de todo el mundo, que acudieron a defender la democracia española frente al fascismo.

Así, durante la primavera de 1937, la guerra enfrentaba a dos ejércitos bien organizados, de unos 500.000 hombres cada uno.

Los militares sublevados declararon desde el primer momento su inclinación hacia el centralismo, contraria a los nacionalismos periféricos. El nacionalismo gallego apenas tuvo oportunidad de manifestarse y de conseguir aprobar su Estatuto porque Galicia fue ocupada rápidamente por los militares sublevados.

Para atraerse la fidelidad del País Vasco, la República reconoció el Estatuto de Estella (1 de octubre de 1936). El PNV formó así su primer gobierno bajo la presidencia del leherdakari José Antonio Aguirre, y tuvo un ministro en el Gobierno de Largo Caballero. Su aislamiento le permitió ejercer una máxima autonomía, más allá del Estatuto:

– Concentró todos los poderes y funciones del Estado.

– Creó un ejército regular (gudaris).

– Mantuvo incluso relaciones internacionales.

La conquista de Bilbao por las tropas de Franco acabó con el Gobierno de Aguirre, que se refugió en Cataluña, para exiliarse al término de la guerra.

En Cataluña los acontecimientos se complicaron también para le República. La Generalitat presidida por Lluís Companys había salido muy debilitada después del 18 de julio: el poder estaba en manos de las milicias de partidos políticos y sindicatos. A este respecto, la superioridad de la CNT era clara.

Por su parte, la Generalitat actuaba con gran independencia del Gobierno central, que no disimulaba su malestar. Organizó su propia economía de guerra, se veía forzada a colectivizar las fábricas y tomaba sus propias decisiones en cuestiones de orden público.

El enfrentamiento entre partidarios de llevar a cabo en primer lugar la revolución (anarquistas y POUM) y partidarios de crear primero un ejército disciplinado estalló en mayo de 1937. Esta pugna se decidió en una lucha callejera en la ciudad de Barcelona, conocida como Fets de maig.

El Gobierno central aprovechó la ocasión para intervenir con fuerzas del orden público enviadas desde Valencia y restablecer así su autoridad en Cataluña. Más aún, el 30 de octubre de 1937, el Gobierno de Negrín se trasladó a Barcelona, anulando completamente al Gobierno de la Generalitat.

Por su parte el general Franco, en cuanto sus tropas pusieron pie en Cataluña, derogó, por decreto del 5 de abril, el Estatuto de Cataluña.

4. Evolución de la guerra.

En líneas generales, la guerra se desarrolló según unos rasgos muy definidos:

– El general Franco y los militares sublevados dispusieron siempre de un ejército más disciplinado, con mejores mandos y abundancia de armamento. Además, a partir del año 1938, se superioridad en artillería y aviación era manifiesta.

– La República, como ya hemos dicho, tardó en organizar un ejército disciplinado y muchas veces padeció escasez de armamento.

– La ofensiva estuvo casi siempre en manos de los nacionales, que desde su posición central pudieron escoger los frentes a los que trasladar y concentrar sus tropas.
Los movimientos iniciales.

Las operaciones militares del principio de la guerra dieron lugar a lo que se llamó “guerra de columnas”. Eran columnas de pocos efectivos (2.000 ó 3.000 hombres), la mayoría de infantería, ligeramente armados que, con camiones y autocares, se desplazaban por amplias zonas. Carecían estas de frente fijo; más bien buscaban ocupar ciudades importantes o puntos estratégicos.

Así, las columnas republicanas salieron de Barcelona hacia Aragón para liberar las ciudades de Zaragoza y Huesca, donde había triunfado el pronunciamiento. Estas, compuestas por milicianos de partidos y sindicatos, no llegaron a conseguir sus objetivos, pero lograron estabilizar el frente cerca de esas dos ciudades.

Los militares sublevados movieron sus columnas desde dos puntos: Sevilla y Pamplona, ambas con el objetivo de ocupar Madrid para asegurarse una rápida victoria. Las columnas más importantes fueron las que dirigió el general Franco desde Sevilla siguiendo la ruta de Extremadura y el valle del Tajo. Sólo la resistencia de la ciudad de Badajoz fue dura, mientras que en los demás puntos apenas halló una desorganizada oposición.

Un error de cálculo hizo fracasar la marcha de estas sobre Madrid. En lugar de avanzar directamente sobre la capital, Franco prefirió desviarse para liberar el Alcázar de Toledo. Esta actuación le dio prestigio, pero le hizo perder un tiempo precioso, pues permitió a los republicanos organizar la defensa de la capital.

Entre noviembre de 1936 y marzo de 1937 se desarrollaron tres grandes combates por la ocupación y defensa de Madrid. El Gobierno republicano, antes de trasladarse a Valencia, nombró una Junta de Defensa dirigida por el general Miaja que supo preparar la defensa y levantar la moral popular.

El ataque frontal de Franco fue detenido en la Casa de Campo y en la Ciudad Universitaria, donde se desarrollaron violentos combates. Los republicanos pudieron contar en aquella ocasión con el apoyo de las primeras Brigadas Internacionales y los tanques y la aviación que empezaba a proporcionar la URSS.

El general Franco intentó, entonces, dos ofensivas por el sur y por el norte de la ciudad, con el fin de cortar a los republicanos las comunicaciones con Valencia. La primera, en el valle del Jarama (febrero de 1937), fue durísima. La segunda, hacia Guadalajara (marzo de 1937), realizada por las tropas italiana, acabó en un estrepitoso fracaso. A partir de ese momento el frente se estabilizó alrededor de Madrid, que no cambiaría de bando hasta el final de la guerra.

Al no lograr tomar la capital, Franco decidió dirigir sus fuerzas contra la franja republicana del Cantábrico, que permanecía aislada.  El 19 de junio cayó Bilbao, a pesar de la dura defensa del “cinturón de hierro” (sistema de trincheras construidas con cemento armado), en agosto fue ocupada Santander y en octubre Gijón y el resto de Asturias.

La ocupación de la franja cantábrica fue determinante para la victoria final de los nacionales, ya que le proporcionó una importante industria siderometalúgica y una rica zona minera.

El año 1938 se inició con un ataque y conquista del ejército republicano sobre la ciudad de Teruel. Sin embargo, se trató de un éxito efímero, porque Franco, que ahora disponía de las tropas que habían quedado libres del frente cantábrico, la recuperó a finales de febrero. Poco después, a partir de marzo, desencadenó una fuerte ofensiva a lo largo de todo el frente de Aragón.

En su avance hacia Cataluña y el Mediterráneo, en el mes de abril Franco había ocupado Lérida, y por el Maestrazgo y el Bajo Ebro había alcanzado el puerto de Vinaroz. Había dividido la zona republicana en dos partes, quedando Cataluña aislada del resto. En aquellos momentos, ya hacía tiempo que el Gobierno de Negrín se había trasladado a Barcelona.

Desmoralizado por las derrotas militares, el presidente Azaña veía la guerra perdida y quería pactar la paz. Por su parte, Negrín era partidario de mantener una firme resistencia en espera de los que pudiera ocurrir en Europa. De todos modos, Franco se sentía cada vez más seguro de su victoria final y no deseaba ningunas conversaciones de paz.

Fue entonces cuando el ejército republicano de Cataluña, bajo el mando del general Vicente Rojo, llevó a cabo una ofensiva inesperada y bien preparada. El 25 de julio de 1938, varias compañías de los 250.000 hombres del ejército republicano, atravesaron el río Ebro por la zona de Gandesa, estableciendo una cabeza de puente.

A partir del 14 de agosto, Franco, que había concentrado fuerzas y disponía de una superioridad absoluta en artillería y aviación, inició el contraataque. En pocos kilómetros de terreno se utilizaron grandes cantidades de armamento y murieron muchos soldados: la batalla duró cuatro meses.

Entre el 16 y el 18 de noviembre, las últimas tropas republicanas volvieron a cruzar el Ebro. Ambos bandos habían sufrido unas pérdidas similares, que rondaban los 30.000 muertos cada uno.

Poco tardó el general Franco en organizar la ofensiva definitiva contra Cataluña. Su superioridad era tan manifiesta que la conquista fue rápida, siendo el avance incontenible: el 15 de enero de 1939 caía Tarragona, el 26 Barcelona y entre el 9 y el 10 de febrero las tropas nacionales alcanzaban la frontera.

El presidente Azaña se quedó en la embajada de París, donde dimitió al poco tiempo. Mientras, el Gobierno de Negrín volvió a la zona que todavía se mantenía republicana con el fin de continuar la resistencia. Sin embargo, el ejército estaba muy desmoralizado y dividido hasta el punto de que una parte de la oficialidad se sublevó en Madrid e intentó someterse a la “generosidad del Caudillo”, que no hizo el menor caso.

El 28 de marzo las tropas de Franco entraban en Madrid y el 30 del mismo mes en Alicante, donde se habían concentrado los últimos republicanos que intentaban desesperadamente huir por mar. El 1 de abril el general Franco firmó el último y breve parte de guerra.

5. Conclusiones.

Desde julio de 1936 hasta abril de 1939, España sufrió los destrozos materiales y sociales de una cruenta guerra civil. Iniciada por un golpe de Estado militar, la guerra acabó enfrentando a los partidarios de la España tradicional, católica y de pequeños y grandes propietarios con la España progresista, anticlerical, obrera y campesina.

La consecuencia más inmediata, después de la guerra, fue la pérdida de vidas humanas. Se calculan en torno a las 200.000 las víctimas de las represiones de uno y otro bando, y otras tantas en el frente. A las pérdidas mortales, habría que sumar los 165.000 exiliados republicanos que no volverían a España.

En cuanto a las pérdidas materiales, España retrocedió al nivel de renta de 1914. Se había perdido el 15% de la riqueza nacional y se debían 20.000 millones de dólares. Pérdidas a las que debía añadirse la destrucción de las comunicaciones, del tejido industrial (dos tercios del material ferroviario), de la mitad de la cabaña ganadera, 250.000 viviendas y 225.000 toneladas de marina.

Además, el inicio de la II Guerra Mundial impedirá que España mantenga unas relaciones comerciales normales, sin duda necesarias para su reconstrucción. Tanto el conflicto, como el aislamiento de posguerra llevarán al régimen español a emprender un nacionalismo económico basado en la autarquía.

La Segunda República (1931-1936)

1. Introducción.

El 14 de abril de 1931 se proclamó, en España, la II República en un ambiente de euforia y esperanza. El nuevo régimen representaba unos ideales de progreso y de democracia deseados por gran parte del país. No obstante, como consecuencia del choque entre los intereses y las mentalidades de las clases acomodadas y de las clases populares desembocó en una terrible guerra civil.

Atendiendo a la política llevada a cabo por los partidos que ocuparon el poder, la II República se desarrolló en tres etapas:

– El Bienio Reformista (1931-1933), bajo el gobierno de las izquierdas.

– El Bienio Radical-Cedista (1934-1936), con predominio de las derechas.

– El triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, que supuso el retorno de las izquierdas al poder, pero también el inicio de un proceso revolucionario que escapó al control de los más moderados.

2. El final de la monarquía.

Alfonso XIII, tras la caída del dictador Miguel Primo de Rivera, encomendó al gobierno del general Dámaso Berenguer la tarea de reconstruir la antigua normalidad constitucional. Se trataba, por tanto, de reabrir las Cortes, volver a poner en marcha los partidos políticos y los sindicatos, organizar de nuevo elecciones…

No obstante, esta vuelta a la normalidad fue demasiado lenta para cumplir con las exigencias de los grupos opositores y de buena parte de la población. Además, los españoles recelaban de la monarquía, pues se había comprometido demasiado con la Dictadura de Primo de Rivera.

En el mes de agosto de 1930, en la semiclandestinidad, representantes de los partidos republicanos –Lerroux, Azaña, Marcelino Domingo-, socialistas –Prieto, Fernando de los Ríos-, nacionalistas –Casares Quiroga, Carrasco i Formiguera– y de otros grupos, se reunieron en la ciudad de San Sebastián. Allí pactaron una política antimonárquica y eligieron un Comité Revolucionario para llevarla a cabo. Incluso contaban con una actuación militar.

Sin embargo, la revuelta militar, mal preparada, que iniciaron los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández en Jaca (diciembre de 1930), no encontró eco en los cuarteles y fracasó.

En estas condiciones, el último gobierno de la monarquía, presidido por el almirante Aznar, con el que colaboró la Lliga Regionalista, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. El gobierno confiaba en que una victoria de los partidos monárquicos facilitaría el posterior triunfo en las elecciones para el Congreso, que se iban a celebrar el 7 de mayo.

Aunque sólo se trataba de unas elecciones municipales, los partidos de la oposición las presentaron como un plebiscito entre monarquía y república. Si las ganaban, significaría que el pueblo español era partidario de la opción republicana. Los monárquicos confiaban en ganar en los pueblos gracias al sistema caciquil, pero sabían que esto no funcionaría en las ciudades. Así, la campaña fue muy intensa en ambos bloques.

Fueron a votar el 65% de los hombres censados, de tal modo que, a partir de las primeras horas de la mañana del día 13, empezaron a conocerse los resultados. Los partidarios de la república ganaban en 45 de las 50 capitales de provincia, en las ciudades más importantes y en las zonas industriales y cuencas mineras.

En un clima de euforia y sin violencia, muchos ayuntamientos, al conocer el resultado del escrutinio, proclamaron la República. Eibar, en el País Vasco, fue el primero en hacerlo; después le siguieron Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Oviedo… El monarca dudó durante algunas horas, pero ante el desánimo de la mayoría de sus ministros acabó abandonando Madrid en dirección a Cartagena. Desde allí, un buque de guerra lo llevó al exilio en Francia. Sin embargo, en modo alguno renunció a sus derechos a la Corona ni a los de su familia.

El nuevo gobierno provisional estaba presidido por un antiguo monárquico, de mentalidad conservadora y católico, Niceto Alcalá Zamora. El primer problema de la República surgió en Barcelona donde, tras proclamar Lluís Companys la República, el líder de ERC, Francesc Maciá proclamaba la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. En una clara interpretación federalista, establecía a Cataluña como un Estado dentro del Estado español.

Después de una larga discusión con tres ministros enviados desde Madrid, se llegó al acuerdo de formar un órgano gubernamental provisional llamado Generalitat. Además, el Gobierno central se comprometía a patrocinar la elaboración y aceptación de un Estatuto de Autonomía

3. La Constitución de 1931.

Principios fundamentales de la Constitución de 1931

El 28 de junio de 1931 se celebraron unas elecciones, con sufragio universal masculino a partir de los 23 años, con el fin de elegir unas Cortes Constituyentes. Estas debía elaborar una Constitución republicana capaz de estructurar el nuevo Estado, ya que la anterior Constitución, la de 1876, era monárquica y conservadora.

Votó el 70,4% del censo, superando así el porcentaje de las anteriores elecciones municipales. Fueron, además, las primeras elecciones sin caciquismo y, por tanto, las primeras elecciones limpias que se realizaron en España. Dos cosas hay que destacar de los resultados:

– La multiplicidad de los partidos, como consecuencia de la desaparición del bipartidismo dinástico del viejo sistema.

– El triunfo de las izquierdas.

Durante la elaboración de la Constitución surgieron dos temas que acapararon, principalmente, la atención y ocasionaron furos debates entre la izquierda y la derecha:

– Las relaciones Iglesia-Estado.

– El problema de las autonomías.

Finalmente, la mayoría republicano-socialista acabó imponiendo sus criterios y en el mes de diciembre fue aprobada la Constitución, que los partidos de derecha no votaron.

La Constitución de 1931 era bastante avanzada para su tiempo, con algunos toques socializantes, como daba a entender el artículo 1º: “España es un República democrática de trabajadores de toda clase…”. A esto se unía la posibilidad de expropiación de bienes privados (tierras, minas, ferrocarriles…) si lo hiciera necesario la utilidad pública.

La Constitución establecía los siguientes principios:

– Una sola cámara (Congreso de los Diputados-Parlamento) elegida cada 4 años por sufragio universal para ambos sexos, con un Presidente de la República nombrado cada 6 años.

– Un modelo de Estado integral, no federal, aunque aceptaba que las regiones que lo pidiesen pudieran conseguir un Estatuto de autonomía.

– La protección muy detallada de los derechos democráticos individuales: libertad religiosa, de expresión y asociación, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia…

– La desaparición definitiva de los privilegios de clase, con la anulación de los títulos nobiliarios.

Una vez aprobada la Constitución, fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, un político moderado de centro-derecha. Manuel Azaña presidió el primer gobierno, formado por una coalición de republicanos de izquierda, socialistas y nacionalistas. Estos continuaron con la labor reformista que había iniciado el Gobierno Provisional desde abril de 1931.

Los partidos políticos

Las izquierdas estaban asociadas con la inclinación hacia la república como sistema político. Se trataba de una república, de alguna manera, federal o que por lo menos aceptaba las autonomías regionales. Además, eran partidarias de realizar cambios socio-económicos que mejoraran la situación del pueblo –reforma agraria, legislación laboral, etc.- y le acercara al nivel de vida de los países avanzados de Europa.

Las izquierdas rechazaban, a su vez, la influencia que las viejas instituciones –Iglesia, Ejército, etc.- tenían sobre el Estado. Por último, Confiaban en el criterio de los intelectuales progresistas y en la educación laica y racionalista para llevar a cabo esos cambios.

El abanico de las izquierdas estuvo dominado por dos partidos:

– Izquierda Republicana; era un partido de pequeños burgueses con muchos intelectuales y representantes de profesiones liberales.

– El PSOE; de mentalidad marxista, que contaba con el soporte de su sindicato, la UGT (Unión General de Trabajadores).

Más a la izquierda se situaban los comunistas y anarquistas. El Partido Comunista de España (PCE) había surgido como una escisión del ala más revolucionaria y joven del PSOE, alrededor de 1921. Los anarquistas se agruparon alrededor de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) que estaba fuertemente asentada en Cataluña y Andalucía. En su seno se había producido una escisión entre los moderados sindicalistas, que querían que la CNT actuará como un sindicato, y los revolucionarios faístas, agrupados en la FAI.

Las derechas eran partidarias, en principio, de mantener las estructuras socio-económicas de la Restauración, es decir, el poder de los terratenientes, industriales y banqueros, no efectuando más cambios de los necesarios. Se apoyaban en las viejas instituciones, como la Iglesia, el Ejército, el funcionariado… para mantener el orden y los valoras tradicionales: familia, propiedad, seguridad…

Mayoritariamente eran centralistas y no estaban dispuesto a acatar las autonomías. Las derechas eran preferentemente monárquicas, aunque los partidos que representaban esta tendencia en el Parlamento parecían haber aceptado la República.

Dentro de estos partidos se podían distinguir tres grupos:

– Los fascistas; imitaban, en gran parte, la ideología y la puesta en escena del régimen de Mussolini. En España aparecieron dos grupos con esta mentalidad: las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) en 1931 y Falange Española en 1933.

– Los partidos monárquicos; los partidarios de Alfonso XIII, de la línea de los Borbones, y los partidarios de la rama carlista.

– Las derechas republicanas; La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) llegó a ser el partido más representativo de las derechas.

El centro es más difícil de definir. En general, estaba compuesto por moderados predispuestos a hacer pocos cambios. Parecía claro que, en caso de situación social conflictiva, se inclinarían rápidamente hacia las derechas. Cuando la sociedad española se polarizó entre derechas e izquierdas en las elecciones de febrero del año 1936, el centro casi desapareció.

Además de pequeños partidos republicanos liderados por hombres que habían sido monárquicos hasta la proclamación de la República (Alcalá Zamora o Miguel Maura), el partido de centro más importante era el Republicano Radical. Este grupo, fundado y liderado por Alejandro Lerroux, había ido moderándose con respecto a la demagogia anticlerical y anticatalanista de principios de siglo XX.

Aparte de los partidos políticos de ámbito estatal, se continuaron desarrollando en ciertas regiones –Cataluña, el País Vasco y Galicia- partidos autonómicos-nacionalistas.

En Cataluña se daban cuatro tendencias:

– La derecha estaba representada por la Lliga Regionalista, liderada por Francesc Cambó.

– El centro estaba representado por Acció Catalana Republicana y los cristiano-demócratas de Unió Democrática de Catalunya (Carrasco i Formiguera).

– La izquierda se había unificado en torno a Ezquerra Republicana de Catalunya (Francesc Maciá y Lluís Companys), el partido más votado en la región.

– En la extrema izquierda, dos partidos comunistas: el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña), surgido al inicio de la guerra.

En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) mantuvo su predominio. Considerado como partido católico y de derechas, evolucionó a partir de 1933 a posiciones de centro cuando su líder, José Antonio Aguirre, se enemistó con la derecha centralista.

En Galicia adquirió fuerza la Organización Republicana Gallega Autonomista (ORGA), cuyo líder, Casares Quiroga, mantenía buenas relaciones con la Izquierda Republicana de Manuel Azaña.

Los Estatutos de autonomía

La primera región en dotarse de un Estatuto de autonomía fue Cataluña, cuestión que ya se había apalabrado previamente en el Pacto de San Sebastián y en la reunión del Gobierno Provisional con los líderes de ERC. El Estatuto se redactó en Nuria (santuario del Pirineo), refrendado por el pueblo catalán, fue presentado en Madrid en agosto de 1931, antes incluso de la aprobación de la Constitución.

Los autores del Estatuto partían del principio de que la República española iba a ser federal, proponiendo, por tanto la cesión de abundantes competencias (enseñanza, cultura, sanidad, orden público, justicia, fiscalidad…). Por tanto, una vez aprobada la Constitución, la discusión del Estatuto catalán se alargó ante la fuerte oposición de la derecha y la excesiva ambición de los nacionalistas. Esta última, en concreto, generaba grandes dudas en el seno de los intelectuales socialistas y de izquierdas.

Sin embargo, el fracasado pronunciamiento del general Sanjurjo (agosto de 1932) aceleró la aprobación, por los partidos de centro izquierda, de las leyes a trámite más discutidas: La Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña.

El Estatuto fue aprobado el 9 de septiembre de 1932, si bien rebajando las competencias exigidas en Nuria como consecuencia de la existencia de un Estado integral, y no federal.

En el País Vasco, el PNV y los carlistas habían llegado a un acuerdo sobre un proyecto de Estatuto (Estatuto de Estella, junio de 1931), pero dos hechos impidieron su realización y presentación:

– La defección de Navarra y la debilidad nacionalista en la provincia de Álava, donde el plebiscito de 1933 no alcanzó el 50% de los votos necesarios.

– Por otra parte, el Gobierno central tenía sus dudas: Cuando mandaban las izquierdas, porque desconfiaban del conservadurismo del PNV y de su acentuado independentismo; cuando mandaban las derechas, porque eran declaradamente antiautonomistas.

No fue hasta octubre de 1936, ya en plena Guerra Civil, cuando las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía Vasco, entre otras razones para mantener a la región fiel a la República.

En Galicia, donde la conciencia nacionalista era menor, el Estatuto no fue aprobado por plebiscito popular hasta junio de 1936. El pronunciamiento militar de julio impidió su trámite por las Cortes, ya que la región fue inmediatamente ocupada por los sublevados.

4. El Bienio Reformista (1931-1933).

Una coyuntura económica poco propicia

La II República nació en un mal momento de la economía mundial. La caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 había provocado una profunda depresión que afectó a todo el mundo a lo largo de una década.

La quiebra de Wall Street repercutió menos en España porque tenía una economía bastante autárquica, sin grandes relaciones económicas con Europa y América. De todas maneras, planteó una serie de problemas:

– La reducción de las inversiones de capitales extranjeros que tanto habían contribuido al desarrollo de la industria y de las fuentes de energía.

– El descenso de las exportaciones, especialmente productos agrarios (aceite, cítricos, arroz, vino…) y mineros (hierro, piritas…).

– La interrupción de la emigración (restricción de entrada), hacia América preferentemente, que podía solucionar el problema del desempleo.

Los problemas internos del país agravaban aún más las dificultades económicas. Había, en primer lugar, un alto paro crónico en el campo andaluz y extremeño debido en gran medida a la desigualdad en el reparto de la propiedad de la tierra. Por otra parte, la República se encontró con una enorme deuda pública, provocada por los presupuestos de la Dictadura, que había llevado a cabo costosas obras públicas.

Finalmente, los propios gobiernos de izquierda de la República propiciaron otros problemas. Al defender un aumento de los salarios de los obreros y campesinos, que coincidió con la bajada de los precios de los productos, provocaron la reducción de los beneficios.

Esto afectó negativamente tanto a la industria como a la banca. Inmediatamente se redujo la inversión y muchos burgueses, alarmados, trasladaron sus capitales al extranjero por desconfianza hacia el Gobierno de Azaña. Esta situación aumentó aún más el paro y el malestar social.

La reforma del ejército

El Gobierno republicano se encontró con un ejército mayoritariamente monárquico, es decir, los generales y oficiales eran partidarios de la monarquía, y también de la derecha conservadora.

Eran, por tanto, enemigos de los republicanos de izquierdas, sino de la misma República. Además, se trataba de un ejército mal y anticuadamente armado, con mucha burocracia y con un exceso de oficiales.

El primer ministro Azaña, que también era ministro de Defensa, procuraba encontrar una solución con la Ley Azaña (abril de 1931). Esta ofrecía, a todos los oficiales que no desearan hacer el juramento de fidelidad a la República, la posibilidad de retirarse a la vida civil con el sueldo íntegro y los ascensos reconocidos.

Azaña creó también un nuevo cuerpo militar de orden público, la Guardia de Asalto, con hombres adictos a la República. Estructuró el cuerpo de suboficiales en un intento de atraerlos y clausuró la Academia Militar de Zaragoza. Sin embargo, por falta e presupuesto, no hizo gran cosa por modernizar el armamento.

La reforma religiosa

Las relaciones con la Iglesia fue, para la República fue uno de los problemas más graves. Los partidos de los gobiernos de izquierda eran decididamente anticlericales, así como partidarios de la separación entre Iglesia y Estado.

Las medidas que tomaron fueron, por tanto, muy duras, y en aquel momento la Iglesia las consideró como un ataque directo. Las relaciones Iglesia-Estado llegaron a ser tan tensas que el primado arzobispo de Toledo, el cardenal Pedro Segura, fue expulsado del país por sus pastorales antirrepublicanas.

La Constitución establecía un Estado no confesional y proclamaba la libertad de cultos. Además, por la Ley de Congregaciones (1933), se prohibía a la Iglesia dedicarse a la industria y el comercio, y lo que era más grave, a la enseñanza. Se establecía el matrimonio civil, el divorcio y se secularizaban los cementerios.

Además, en el término de dos años, se suprimía el presupuesto del clero, cantidad que, desde el Concordato de 1851, pagaba el Estado a la Iglesia como reparación por la desamortización de Mendizábal.

La política social y la reforma agraria

Aunque la República de izquierdas hizo aprobar una serie de leyes favorables a obreros y campesinos, no pudo evitar que aumentara el desempleo, tal como hemos visto anteriormente.

El malestar de los trabajadores provocó huelgas y revueltas, dirigidas principalmente por la CNT. Se repitieron huelgas generales en Barcelona, Zaragoza, Asturias, Sevilla… El movimiento de protesta más grave se produjo en la cuenca minera del Alto Llobregat. Los mineros la ocuparon durante cinco días de enero de 1932, lo que obligó a la intervención del Ejército.

Entre las reformas laborales del Gobierno reformista destacan:

– La jornada de 8 horas.

– La regulación del derecho a la huelga.

– La formación de jurados mixtos entre patronos, obreros y Gobierno para resolver los problemas laborales.

– La regulación de la contratación laboral.

La reforma agraria fue uno de los caballos de batalla de la obra reformista de la República, cuyos dirigentes tuvieron en cuenta la dura situación a la que estaban sometidos los campesinos de Andalucía, Extremadura y el Levante.

Los primeros decretos del Gobierno reformista procuraron proteger a los campesinos arrendatarios, poniendo dificultades a la anulación de los contratos por parte de los grandes latifundistas. También se decretaron mejoras para los jornaleros: la jornada de 8 horas y la Ley de Términos Municipales, que obligaba a los terratenientes a dar trabajo, primero, a los jornaleros autóctonos.

La Ley de Reforma Agraria fue debatida en el Parlamento durante buena parte del año 1932, siendo aprobada en septiembre. La ley proponía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los terratenientes que habían participado en la “Sanjurjada” y, con indemnización, de las tierras de señorío y de las semiabandonadas.

Sin embargo, los fondos dedicados fueron escasos como consecuencia de la gran deuda pública del país: tan sólo se dedicaron 50 millones de pesetas al año (un 1% del presupuesto del país). Por otra parte, el Instituto de la Reforma Agraria (IRA), creado para la aplicación de la ley, se encontró con numerosos problemas burocráticos y administrativos y con falta de estudios previos sobre los latifundios.

En lugar de crear una sólida base de campesinos-propietarios adictos a la República, la Ley de Reforma Agraria provocó dos tendencias:

– Las derechas mostraban su oposición, acusándola de radical e, incluso, comunista.

– Los campesinos, descontentos, la acusaban de lentitud, calificándola además de insuficiente.

En el campo se produjeron serios enfrentamientos entre los campesinos excitados por la demora de la reforma agraria y las fuerzas de orden público. En Castilblanco (Badajoz, diciembre de 1931), campesinos enfierecidos dieron muerte a varios miembros de la Guardia Civil cuando estos acudieron a la llamada de los terratenientes.

Ante este hecho, la benemérita reaccionó poco después, provocando la muerte de varios campesinos que se manifestaban en Arrendó (La Rioja). La violencia culminó con la represión que llevaron a cabo los Guardias de Asalto contra los campesinos anarquistas que habían ocupado tierras en Casas Viejas (Cádiz, enero de 1933).

La tensión y los desórdenes en el campo y en las zonas industriales (aumento considerable de huelgas) desgastaron mucho el prestigio del gobierno de Manuel Azaña que se vio obligado a presentar la dimisión. El presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933.

5. El Bienio Radical-Cedista (1933-1936).

Las elecciones de noviembre de 1933, resultaron un éxito para los partidos de centro-derecha –republicanos radicales de Lerroux (102 escaños) y la CEDA (115 escaños)- y  un fracaso para la izquierda -PSOE (58 escaños) y Acción Republicana (5).

Las derechas aparecían organizadas y unidas, mientras que en las izquierdas se presentaron divididas e, incluso, enfrentadas. Por su parte, la CNT, siguiendo su teoría apoliticista, pidió a sus afiliados la abstención. En los extremos, falangistas y comunistas sólo obtuvieron un escaño.

Al no contar ni los republicanos radicales ni la CEDA con la mayoría absoluta, el presidente Alcalá Zamora, que desconfiaba de Gil Robles, encomendó la formación del gobierno a Alejandro Lerroux. Este acabó necesitando en el Parlamento los votos de la CEDA y de otros pequeños partidos conservadores, por lo que se vio obligado a llevar a cabo una política de derechas.

Esta se caracterizó por la paralización y derogación de muchas de las reformas llevadas a cabo en la etapa anterior:

– En primer lugar, se paralizó la reforma agraria, devolviéndose las tierras expropiadas y expulsando a los campesinos de las que se les habían otorgado.

– Por otro lado, se derogó la Ley de salarios, que favorecía a los obreros y campesinos

– Se concedió la amnistía para el general Sanjurjo y sus compañeros del pronunciamiento de agosto de 1931.

– Se permitió el retorno de la Compañía de Jesús, a la que se le devolvían los bienes nacionalizados, y se volvía a incluir el presupuesto del clero dentro de los presupuestos del Estado.

Además, en el Ejército, cuando Gil Robles se convirtió en ministro de Defensa, fueron promocionados los generales jóvenes de ideología más conservadora y antirrepublicana (Fanjul, Goded, Franco, Mola…).

Después del verano de 1934, la CEDA exigió a Lerroux la inclusión de ministros de su partido si deseaba seguir contando con su apoyo. Este no pudo negarse, por lo que el 4 de octubre de 1934 incluía a tres ministros de la CEDA.

Esto asustó a las izquierdas, sobre todo a los socialistas, que temían la formación de un gobierno autoritario y fascista que siguiera el modelo austríaco de Dollfuss. El día 5 de octubre la UGT declaró una huelga general en todo el país sin contar para ello con la CNT. La huelga resultó un fracaso por la escasa organización y por la respuesta rápida del Gobierno. Sólo se produjeron acontecimientos importantes en Asturias y Cataluña

En Asturias los mineros del carbón, unidos a la UGT, la CNT y los comunistas llevaron a cabo un movimiento insurreccional revolucionario. Se apoderaron de las armas de los cuarteles y de las fábricas e armamento, ocuparon la cuenca minera y sitiaron Oviedo. Llegaron incluso a establecer una organización militar y económica propia.

El Gobierno no tardó en enviar al ejército de África que, bajo el mando del general Franco, restableció la situación el 17 de octubre. La represión fue dura: millares de encarcelados, 40 condenados a muerte y, finalmente, 4 ejecutados.

En Cataluña la huelga obrera, sin apoyo de la CNT, fue un fracaso. Pero el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Española el 6 de octubre de 1934, ofreciéndolo como refugio a la República de izquierdas.

Tomaba esta decisión, emulando a Maciá en 1931, preocupado por el sesgo derechista del nuevo Gobierno, que podía actuar contra el Estatuto catalán. No obstante, las izquierdas españolas no lo aceptaron y el Gobierno lo presentó al resto del país como un acto separatista.

Así, el capitán general Batet declaró el estado de guerra y ocupó la ciudad de Barcelona sin gran resistencia. El 7 de octubre, el presidente Companys, sus ministros y la mayoría de los parlamentarios se entregaron, siendo juzgados y condenados a 30 años de cárcel. Además, se suspendió el Estatuto, y la Generalitat, dirigida por un gobernador general nombrado por el Gobierno, quedó reducida a labores administrativas.

Por tanto, tampoco los gobiernos de derechas ofrecieron estabilidad ni seguridad a la República (siete gobiernos entre 1933 y 1935). Al malestar social y al enfrentamiento cada vez más duro entre los partidos políticos se añadieron los casos de corrupción de los radicales, que culminaron con el asunto del “estraperlo”.

En diciembre de 1935, el presidente Alcalá Zamora, que no deseaba que la CEDA formara gobierno en solitario, disolvió el Parlamento y convoco elecciones para febrero de 1936.

6. El Frente Popular (1936).

Con el fin de detener el avance de los partidos de derechas, las izquierdas decidieron formar una alianza que recibió el nombre de Frente Popular, incluyendo en su seno a republicanos de izquierdas, socialistas y comunistas. La CNT no participó en esta alianza electoral, pero aconsejó el voto a sus afiliados en este sentido para evitar el triunfo de la derecha.

Precisamente uno de los apartados fundamentales del programa electoral del Frente Popular era la amnistía general para todos los presos políticos. Además, se preveía la reactivación de las reformas socio-económicas iniciadas durante el Bienio Reformista. Por tanto, no se trataba, en principio, de un programa revolucionario, sino más bien de un retorno a la situación de 1931-1933.

La campaña electoral fue muy dura, alcanzando la violencia verbal cotas muy altas en los discursos de los líderes de ambos grupos. Finalmente, el Frente Popular consiguió 263 escaños, mientras que la derecha obtuvo 133 y el centro-derecha 77. La debilidad del centro, del Partido Republicano Radical de Lerroux, en especial, resultaba clara.

Las elecciones dejaron patente que el país se polarizaba peligrosamente hacia dos extremos: el fascismo de la ultraderecha y el socialismo-comunismo de la izquierda.

Los primeros contratiempos, después del triunfo del Frente Popular, surgieron al formar gobierno. Los socialistas, una parte de los cuales se inclinaba cada vez más hacia la extrema izquierda como consecuencia del carisma de Largo Caballero, no quisieron formar gobierno con Azaña como en 1931. No obstante, le ofrecieron su soporte en el Parlamento para poder gobernar.

A su vez, el Parlamento decidió destituir al presidente de la República, Alcalá Zamora, por considerarlo demasiado conservador, con la excusa de que legalmente no podía hacer convocado las elecciones de 1936. Después de muchas dudas, Manuel Azaña aceptó el cargo y se nombró primer ministro a Casares Quiroga (ORGA), un político de escasa personalidad para un momento difícil.

Por otra parte, se aceleraba la tensión social. Los campesinos, instigados por la CNT-FAI, ocupaban tierras de los latifundistas de Andalucía y Extremadura, sin esperar la reanudación de la Ley de Reforma Agraria. Mientras, en las ciudades y zonas industriales, las huelgas aumentaron en número e intensidad.

Los industriales y terratenientes contestaron a estos desórdenes cerrando las fábricas y retirando capitales hacia el extranjero. Algunos de ellos incitaban a los militantes antirrepublicanos a dar un golpe de Estado.

Ante este ambiente, lo único que hizo el Gobierno fue dispersar lejos de Madrid a los generales más dispuestos a llevarlo a cabo: Franco a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Pamplona. Pero era demasiado tarde, pues desde el mismo momento del triunfo del Frente Popular, un grupo de militares, dirigidos por Mola, preparaban un pronunciamiento.

7. Conclusiones.

A partir del 17 de julio de 1936, un grupo de militares llevaron a cabo un pronunciamiento –el llamado “Alzamiento Nacional”- que se transformó en un conflicto bélico. Desde ese momento, y hasta abril de 1939, España sufrió los destrozos materiales y sociales de una cruenta guerra civil que enfrentó a los partidarios de la España tradicional, católica y de pequeños y grandes propietarios con la España progresista, anticlerical, obrera y campesina.

La República no pudo superar el conflicto armado. Sus representantes acabaron en el exilio, mientras en España se iniciaba la dictadura del general Franco. Las esperanzas nacidas el 14 de abril de 1931 se vieron truncadas por el predominio de las ideologías y la progresiva radicalización de los dirigentes políticos de ambas facciones. La falta de entendimiento -el escaso o nulo interés por buscarlo- acabó, al fin y al cabo, con la experiencia democrática española.

«Inside Europe» de John Gunther

Su autor se llamaba John Gunther y su título era Inside Europe. Gunther escribió una larga serie de obras sobre diferentes naciones y regiones del mundo. En ésta en concreto,describía los viajes que había realizado por diversos países de Europa y las entrevistas que allí había realizado a varios dirigentes políticos y a personas de a pie.

Su libro se publicó en 1961. Leerlo hizo que me diera cuenta de la extraordinaria magnitud y alcance de los cambios que han transformado el subcontinente durante los cuarenta años transcurridos desde entonces. En aquel entonces, la Guerra Fría no era tan fría. El autor calificó a Alemania de «corazón ardiente de Europa». Pero pese a la división que partía el continente en dos, el Muro de Berlín aún no existía: 40.000 berlineses vivía en la parte este de la ciudad, pero trabajaban diariamente en la oeste (otros 7.000 hacían justamente el recorrido inverso). Ya por entonces, 3,5 millones de personas habían huido de la Alemania Oriental para establecerse permanentemente en la República Federal Alemana. La Unión Soviética aparece retratada en el libro como una «potencia inmutable», más estable que Estados Unidos, y su dominio sobre Europa oriental es visto del mismo modo. Tres países de la Europa occidental se hallaban bajo el yugo de las dictaduras semifascistas: Portugal, España y Grecia. En Portugal mandaba Salazar, en España lo hacía Franco y en Grecia, los «Coroneles».

El libro de Gunther tiene, aproximadamente, 600 páginas, pero sólo cuatro o cinco de ellas están dedicadas a la CEE, que el autor consideraba entonces como una novedad interesante, pero de importancia bastante marginal. El punto de vista de Guhther era el característico de la época, con la única salvedad de unos pocos visionarios. Sólo cuando lo miramos desde nuestra ventajosa perspectiva actual, apreciamos la importancia fundamental que aquel Tratado de Roma, firmado en 1957, iba a tener.

Anthony Giddens, Europa en la era globa, p. 253.

El seismo político de postguerra


Al seísmo territorial, señalado en el artículo anterior, hay que añadir otro de tipo político: el fin de la guerra supuso el triunfo universal del sistema democrático-liberal. Después de que Rusia abandonase a sus aliados al firmar la paz por separado con Alemania, las potencias de la Triple Alianza trataron de presentar el conflicto como una lucha entre la democracia –representada por ellas mismas- y el autoritarismo –personificado en los imperios centrales-. De esta forma, la victoria de los occidentales sobre los imperios centrales trajo consigo la consolidación del sistema democrático en todo el continente

Podemos señalar las siguientes manifestaciones del cambio político producido en Europa tras el término de la Gran Guerra:

– La desaparición de los imperios autocráticos: Rusia, Austria-Hungría, Alemania y Turquía.

– La proclamación de repúblicas democráticas en Alemania, Polonia, Austria, Checoslovaquia, Turquía, Letonia, Lituania, Finlandia y Estonia.

– La creación de nuevos estados en base a los postulados de autodeterminación wilsonianos. De hecho, el presidente de los EE.UU. se convirtió en el héroe de aquella inmediata postguerra, en la que sus catorce puntos estaban llamados a formar un mundo nuevo basado en la paz, la democracia y la concordia. No obstante, su derrota electoral acabó por convencer a los utópicos seguidores de Wilson de que los EE.UU. preferían el aislamiento al compromiso: Europa, al igual que Wilson, se quedo sin el apoyo americano en la fundamental tarea de construir el mundo de posguerra. Stefan Zweig nos narra en sus memorias cómo percibían los europeos la figura de Woodrow Wilson:

“Creíamos en el grandioso programa de Wilson, que suscribíamos por entero (…) Quien vivió aquella época recuerda que las calles de todas las ciudades retronaban de júbilo al recibir a Wilson como salvador del mundo, y que soldados enemigos se abrazaban y besaban; nunca en Europa había existido tanta fe como en aquellos primeros días de paz…”

– Elaboración de textos constitucionales basados en los principios del liberalismo:

(Programa del gobierno provisional alemán, mil novecientos dieciocho) “…todas las elecciones para corporaciones públicas se efectuarán de ahora en adelante con arreglo al derecho de sufragio universal; serán secretas y se regirán por el sistema proporcional participando en ellas todos los varones y mujeres de edad no inferior a veinte años. Este derecho de sufragio es también válido para la Asamblea Constituyente, sobre la cual se publicarán ulteriores disposiciones más detalladas”.

– Reformas electorales en los países donde la democracia ya estaba consolidada; introducción del sufragio femenino y desarrollo de nuevas fórmulas de representación más proporcionales.

– Reformas en la estructura económica; jornada de ocho horas, convenios colectivos, arbitrajes obligatorios, y desarrollo de la pequeña propiedad.

– Creación de instituciones internacionales; entre estas destacaba la Sociedad de Naciones que, regida por el voto democrático de los distintos países, estaba encargada del arbitraje de las relaciones entre las potencias.

La crisis del parlamentarismo.

El retroceso del sistema democrático en Europa fue adquiriendo, a medida que pasaba el tiempo, un ritmo más acelerado. De ésta forma, en el periodo comprendido entre 1920 y 1945, todos aquellos sistemas parlamentarios surgidos tras la Gran Guerra fueron desapareciendo. El terreno conquistado por la democracia en 1918 se había perdido a la altura de 1938. Tan sólo se mantenía en ocho países europeos: Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Suiza, Checoslovaquia, Francia, Bélgica y Holanda. A esto hay que añadir que en 1945 ese número se veía reducido a cuatro, ya que las últimas –Checoslovaquia, Francia, Holanda y Bélgica- también habían desaparecido. Expresado de manera esquemática, este era el panorama que presentaba el Viejo Continente:

– Rusia; dictadura del proletariado desde 1917.

– Hungría; sistema comunista durante el breve mandato de Bela Kun (1919), y fascismo con Miklós Horthy (1920-1944).

– Polonia; dictadura de Josef Pildsuski.

– Alemania: Adolf Hitler.

– Austria; fascismo de Engelbert Dollfuss (1932-1934), y triunfo del nacionalsocialismo tras la anexión con Alemania (1938).

– Italia; fascismo forjado por Benito Mussolini entre 1922 y 1925, que se mantuvo durante casi veinte años.

– España; regímenes dictatoriales de Miguel Primo de Rivera (1923-1929) y Francisco Franco (1939-1975).

– Portugal: dictaduras de Antonio Óscar Carmona (1926) y Antonio de Oliveira Salazar (1932).

– Países bálticos: regímenes antidemocráticos en Lituania (1926), Letonia (1934) y Estonia (1934).

-Países balcánicos: regímenes antidemocráticos en Albania (1928), Yugoslavia (1929), Bulgaria (1926), Grecia (1922) y Rumania (1938).

Teoría de las oleadas antidemocráticas.

Con el fin de explicar esta debacle del parlamentarismo, surgió la teoría de las oleadas antidemocráticas. Según esta, la desaparición de los sistemas democráticos fue fruto de dos oleadas protagonizadas por las fuerzas antisistema, que coincidieron con dos situaciones de crisis: la postguerra y la Gran Depresión. No obstante, aunque es verdad que muchos estallidos antidemocráticos surgieron en esos dos momentos, nos encontramos con algunas objeciones:

– Existieron oleadas intermedias que no se pueden enmarcar en ninguno de esos dos contextos. Nos referimos al ascenso de Miguel Primo de Rivera en España (1923), de Antonio de Oliveira Salazar en Portugal (1925) y del príncipe Alejandro I en Yugoslavia (1927).

– Surge la dificultad de en qué momento situar el fin del parlamentarismo en naciones como Alemania y Rumania.

– Se produjeron algunos reflujos democratizadores en países donde ya se había asentado el modelo autoritario: España y Grecia.

– Dentro de cada país las variantes antidemocráticas -es decir, de izquierdas y de derechas- se sucedieron (caso de Hungría).

– Fue un periodo en el que también funcionaron mal las democracias de los países tradicionalmente democráticos.

Pugna de legitimidades.

Continuamos, tras descartar las oleadas de la crisis de posguerra y la Gran Depresión, sin resolver el enigma de por qué el triunfo de la democracia fue tan evidente como su repliegue. No obstante, viendo como ante dificultades similares en algunos estados se mantuvo el parlamentarismo y en otros no, cabe plantearse si el problema no radicó en la escasa legitimidad que alcanzó entre los habitantes de algunos países al sistema democrático. De esta forma, comprobamos como en esos años tres tipos de legitimidad se enfrentaron reclamando para sí ese privilegio: la tradicional, la democrática y la popular o de masas.

Además, mientras estos tres modelos pugnaban por alcanzar la supremacía, se produjeron tres procesos paralelos que acabaron por minar las estructuras del mundo liberal. Tres crisis –moral, socioeconómica e ideológica- que prepararon el terreno para el advenimiento de los sistemas antidemocráticos:

– Crisis moral e intelectual; se aprecia durante este periodo un avance de la cultura del pesimismo y de las fuerzas irracionales, caracterizadas por la pérdida de la fe en la razón y el triunfo de la casualidad sobre la causalidad.

– Crisis social y económica; con el fin de la Gran Guerra se comprobó que el sistema económico vigente en la preguerra era inadecuado para los nuevos tiempos: se hizo imposible un retorno al liberalismo clásico. Así, el fin del capitalismo imperante desde la década de 1880 fue debido a tres fenómenos: las distorsiones propias de la posguerra, la intervención estatal en la economía durante el conflicto, y el alcance universal y la duración inusitada del enfrentamiento.

– Crisis ideológica; los grupos antisistema, que se proclamaban superiores a la decadente democracia, fueron tomando fuerza durante este periodo. Se trataba, en la mayoría de los casos, de grupos antagónicos, enfrentados entre sí; sin embargo, hemos de tener en cuenta que la legitimidad o deslegitimidad del parlamentarismo no sólo dependía de la fuerza de un grupo antisistema, sino de la del conjunto de éstos. Georg Grosz narra así la aparición de estos grupos antidemocráticos:

(Georg Grosz, Un sí menor y un No mayor) “…algunos llevaban la vela negra, otros blanca, otros roja. Había embarcaciones que llevaban gallardetes con tres signos que simbolizaban el rayo, con la hoz y el martillo, o con la cruz gamada sobre un casco de acero… y a cierta distancia, todos esos signos mostraban algo parecido”.

Por su parte, Stefan Zweig nos describe sus primeros encuentros con uno de esos movimientos antisistema, el nacionalsocialismo:

(Stefan Zweig, El mundo de ayer) “No recuerdo cuando oí por primera vez el nombre de Adolf Hitler, ese nombre del que ya desde hace años nos vemos obligados a recordar o pronunciar en relación con cualquier cosa todos los días, casi cada segundo, el nombre del hombre que ha traído más calamidades a nuestro mundo que cualquier otro en todos los tiempos. Sin embargo, debió ser bastante pronto, pues nuestra Salzburgo, situada a dos horas y media de tren, era como una ciudad vecina de Munich, de modo que los asuntos puramente locales de allí nos llegaban bastante rápido. Sólo sé que un día –no sabría precisar la fecha- me visitó un conocido de allá quejándose de que en Munich volvía a reinar la agitación. Había sobre todo un agitador tremebundo llamado Hitler que celebraba reuniones con muchas broncas y peleas e incitaba a la gente del modo más vulgar contra la República y los judíos (…) También me cayó una vez en las manos aquel periodicucho del nuevo movimiento nacionalsocialista, el Miesbacher Anzeiger (del que más tarde nacería el Völkische Beobachter)”

Bibliografía:

[1] Historia Universal Contemporánea II; Javier Paredes (Coord.) – Barcelona – Ariel – 2004.

[2] La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de occidente (1904-1953); Niall Ferguson – Barcelona – Debate – 2007.

[3] El mundo de ayer. Memorias de un europeo; Stefan Zweig – Barcelona – El Acantilado – 2002.

[4] Sociedad y cultura en la República de Weimar: el fracaso de una ilusión; José Ramón Díez Espinosa – Valladolid – Universidad – 1996.

[5] Un sí menor y un No mayor; Georg Grosz – Madrid – Anaya – 1991.

[6] La revolución alemana de 1918-1919; Sebastian Haffner – Barcelona – Inédita – 2005.

La vía democrática de la paz y el orden

Ello refleja simplemente el hecho de que la emergencia de valores democráticos se había producido en el contexto de una larga dictadura establecida como resultado de una cruenta guerra civil, lo cual también ayuda a explicar por qué no triunfaron durante la transición los defensores del continuismo ni los partidarios de la ruptura: los primeros ignoraron que, aunque los españoles querían paz y orden, también deseaban libertades y democracia, y los segundos pasaron por alto que, si bien anhelaban democracia y libertad, no podía ser a costa de la paz y el orden. En suma, lo que existía en España en vísperas de la muerte de Franco era “una cultura política democrática impregnada de valores conservadores”. Posiblemente esa cultura política explique, en mayor medida que los factores estructurales, la naturaleza de la transición democrática que se inició tras la muerte de Franco.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 44.

Debates sobre la Transición

Artículo publicado por Historia en Presente el 24 de noviembre de 2008


En la mayor parte de los estudios sobre los procesos democratizadores se distinguen, al menos, dos fases: transición y consolidación. La primera de ellas se caracteriza por el paso de un régimen autoritario a otro de carácter democrático. Por tanto, toda definición de la transición política española debe hacer referencia, en primer lugar, a la sustitución de la Dictadura del General Franco por un régimen democrático de monarquía parlamentaria; con la universalización de la participación, la desaparición de la represión y la división de poderes que ello conlleva [2].

Esto nos conduce al segundo de los puntos fundamentales del concepto de transición: la sustitución de la legalidad franquista por la democrática. Proceso que alcanza su culmen en la aprobación de la Constitución de 1978.

Existe un acuerdo global a la hora de situar la transición política española dentro de la “tercera ola” democratizadora enunciada por Samuel P. Huntington [5]. Asimismo, también se observa un amplio consenso en torno a la labor realizada: “desmantelar el viejo régimen, dar voz institucional a la oposición democrática que ya no podía ser silenciada en las calles, reconocer a los partidos políticos que habían sido la bête noir del régimen, reconocer los derechos políticos de los sindicatos y los derechos nacionales de los catalanes y de los vascos a ser culturalmente diferentes y políticamente autónomos, todo esto sin provocar una reacción autoritaria por parte del ejército y del búnker franquista, sin desatar los viejos demonios históricos de la primera y de la segunda República española y de todas las guerras civiles de la España contemporánea” [1].

Sin embargo, las discrepancias historiográficas surgen a la hora de determinar si se trató de un proceso de carácter reformista o rupturista.

El debate reforma-ruptura nos remite a la situación política del país a la muerte del General Franco. En ese contexto distinguimos tres grandes proyectos: continuismo, reforma y ruptura. Desde el primer momento se hizo evidente que los ciudadanos deseaban, de forma mayoritaria, la democratización del país, pero sin sacrificar la paz y el orden [12].

Esto sólo dejaba una posibilidad, la reforma, que fue el camino a seguir por el proceso de transición hasta la aprobación, el 15 de diciembre de 1976, de la Ley para la Reforma Política. En ese periodo de casi trece meses, los españoles fueron testigos de como, tanto el búnker como la oposición al régimen, fracasaban en sus respectivos proyectos.

No obstante, una vez llevada a cabo la reforma legal desde arriba, los reformistas del régimen no podían continuar la transición a un orden democrático sin la ayuda de la oposición [1]. Necesitaban atraerse a los sectores más moderados de entre las filas rupturistas, lo que supuso aceptar buena parte de sus postulados.

De esta manera, el cambio político pudo llevarse a cabo porque ambos proyectos, reformista y rupturista, cedieron en determinados aspectos con el fin de constituir un régimen democrático. De hecho, la democratización del país era la meta común de los dos grupos, que tan sólo diferían en la manera de llevarlo a cabo. A este respecto, podemos decir que en un principio, por la lógica del momento ya enunciada anteriormente, se impuso la vía reformista; sin embargo, más adelante comenzaron a integrarse también algunos rasgos del proyecto rupturista.

La fase de consolidación es el desarrollo mediante el cual el régimen democrático va generando su propia estructura institucional distinta a la dictatorial.

En opinión de Adam Przeworski, la implantación de un régimen democrático, y por tanto el inicio de la consolidación, finaliza en el momento en que se han producido los siguientes fenómenos: desvinculación con el régimen anterior, reforma económica, aprobación de una constitución, y control del ejército por parte del poder civil. Por su parte, a la hora de dar por concluida la fase de transición, Juan J. Linz y Alfred Stepan hacen especial hincapié en la existencia de un gobierno surgido de unas elecciones democráticas libres, así como en su capacidad para generar nuevas políticas dentro del marco constitucional vigente.

En lo que respecta al caso español, surge el problema de determinar la difusa frontera entre las dos etapas a las que nos hemos venido refiriendo. Raimond Carr y Juan Pablo Fusi dan por terminada la transición con la celebración de las elecciones generales de 1977, opinión que comparte Victoria Prego. Sin embargo, Javier Tusell y Álvaro Soto sostienen que el proceso no finaliza hasta la incorporación de España a las Comunidades Europeas en el año 1986. Entre ambas fechas se sitúan el resto de posturas.

Así, Charles Powell y Salvador Sánchez-Terán [13] opinan que la transición termina con la aprobación de la Constitución; si bien el primero de ellos abre las puertas a prolongar esta fecha hasta los primeros estatutos de autonomía. Otros autores se inclinan por la toma de posesión del presidente Leopoldo Calvo Sotelo en febrero de 1981, el golpe de Estado del 23-F, e incluso el triunfo electoral del PSOE en octubre de 1982.

Sea como fuere, tanto la definición de consolidación democrática que hemos aceptado anteriormente, como las teorías de Adam Pzeworski, Juan J. Linz y Alfred Stepan, nos llevan a las concluir que la transición toca a su fin en el periodo que va del 6 de diciembre de 1978 al 5 de abril de 1979. El desarrollo de una estructura institucional propia precisa de la existencia de un texto constitucional.

Por tanto, la consolidación no podría iniciarse antes de la aprobación por referéndum de la Constitución, cuya existencia es uno de los requisitos básicos expuestos por Pzeworski.

Pero, además, la necesidad de un gobierno elegido democráticamente que genere nuevas políticas dentro de ese marco legal, tal como exigían Linz y Stepan, nos remite a la formación del cuarto gobierno de Adolfo Suárez en la primavera de 1979.

Bibliografía:

[1] Las enseñanzas de la transición democrática en España, José Casanova en Manuel Redero San Román, La transición a la democracia en España, revista Ayer nº 15-1994.

[2] De las Cortes orgánicas a las Cortes democráticas, Álvaro Soto Carmona en Manuel Redero San Román, La transición a la democracia en España, revista Ayer nº 15-1994.

[3] La transición a la democracia en España como fenómeno de Historia política, Javier Tusell en Manuel Redero San Román, La transición a la democracia en España, revista Ayer nº 15-1994.

[4] Transición política y consolidación de la democracia, José María Maravall y Julián Santamaría en José Félix Tezanos, Ramón Cotarelo y Andrés de Blas, La transición democrática española.

[5] La Tercera Ola. La democratización a finales del siglo XX, Samuel P. Huntington.

[6] Games of Transition, Adam Przeworski.

[7] Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America and post-communist Europe, Juan J. Linz y Alfred Stepan.

[8] La Transición política, Raúl Morodo.

[9] España de la dictadura a la democracia, Raimond Carr y Juan Pablo Fusi.

[10] Así se hizo la Transición, Victoria Prego.

[11] Historia de la transición 1975-1986, Javier Tusell y Álvaro Soto.

[12] España en democracia, 1975-2000, Charles Powell.

[13] La Transición. Síntesis y claves, Salvador Sánchez-Terán.