La pretensión a la legitimidad en Max Weber


Después de abordar la cuestión de la dominación (herrschaft), en donde desarrolló los tres tipos ideales de autoridad –racional, tradicional y carismático-, Max Weber emprendió la tarea de estudiar la pretensión y la creencia en la legitimidad.

Iniciaremos el repaso a sus planteamientos con el proceso de formación de la pretensión de legitimidad. Después entraremos a la compleja cuestión de la creencia, para lo que será necesario acudir de nuevo a los tipos ideales. Esta se cerrará con una referencia al gobierno y a la existencia de las minorías y su relación con la autoridad legítima.

Las fases de desarrollo de la pretensión de legitimidad

En primer lugar, Max Weber señala la existencia de la pretensión que está implícita en el concepto de Ordnung, de un orden en general. Se trata de una ordenación que da forma al grupo; lo configura.

La noción de pretensión adquiere un significado más radical y convincente cuando el Ordnung es sustituido por un orden que implica la diferenciación entre gobernantes y gobernados. En este segundo escalón, estamos avanzando hacia el surgimiento del Estado y también de la imposición (orden impuesto).

El último paso del desarrollo del concepto de pretensión se relaciona con la capacidad para imponer el orden por la fuerza.

Para Weber estaríamos ya ante la aparición del Estado, pues este es el rasgo que lo distingue de las demás instituciones. Solo él tiene capacidad para asegurar que se lleva a término una decisión, utilizando, si eso fuera preciso, la fuerza de manera legítima contra individuos o grupos recalcitrantes.

La creencia en la legitimidad

En el pensamiento de Weber, encontramos un problema al cotejar la pretensión con la creencia en la legitimidad.

En el primer caso, su construcción es coherente, de tal modo que plantea un marco conceptual con más sentido que la teoría marxista. Sin embargo, al referirse a la creencia, su precisión se resquebraja.

Para descubrir el papel que desempeña la creencia en la legitimidad, hemos de acudir a su clasificación de los tipos de autoridad:

  • La autoridad que descansa en la racionalidad de los fines, que guarda una íntima relación con el respeto a la legalidad y el desarrollo burocrático.
  • La autoridad de tipo carismático, basada en el lazo emocional entre el líder y sus seguidores.
  • La autoridad tradicional que, como su nombre indica, hunde sus raíces en las costumbres del pasado.

En un sistema representativo, el gobierno elegido por la mayoría es el gobierno de todos, incluida la minoría que no confía en él. Por tanto, el problema para la minoría es aceptar ese gobierno, encontrar motivos que le lleven a confiar. De igual modo, la mayoría debe entender que no existe unanimidad, sino que un grupo sobre el que debe gobernar no coincide con sus planteamientos.

Es en ese punto donde la ideología desempeña su papel según Weber. La aceptación, que en parte engloba a la creencia, es una forma de reconocimiento mutuo necesaria para que exista una autoridad legitimada.

El principal criterio que permite confirmar eso es que las normas legales, establecidas por acuerdo o/y por imposición, son obedecidas por los miembros de la organización.

La verdadera reforma política V

De cara a las elecciones generales, el Gobierno tiene tres alternativas con respecto al PCE: legalizarlo, lo que provocaría las iras de gran parte del Ejército y de todas las fuerzas del Régimen anterior; dejarlo extramuros del nuevo sistema, lo que restaría legitimidad democrática, pues su reconocimiento legal se daba en casi todos los países europeos; o establecer una situación transitoria, de reconocimiento de facto, demorando la solución a su legalidad y permitiendo su presentación en listas electorales, como independientes. Esta última era la situación real en la que se encontraban los comunistas a principios del 77, tras las detenciones y la puesta en libertad, primero de López Raimundo en Barcelona y luego de Carrillo en Madrid, y era la que gustaba a mucha gente, menos a los comunistas, por supuesto. Yo sondeé esta alternativa con los líderes comunistas del PSUC catalán, López Raimundo y Gutiérrez Díaz, en una entrevista secreta en Barcelona, celebrada a mediados de febrero, y éstos rechazaron tajantemente la posibilidad de presentarse como independientes, pedían su legalización y ofrecían cooperar con un conjunto de medidas, que permitieran el saneamiento de la economía. Su respuesta se explica con más detalle en el capítulo 5.

Pocas semanas después, el 27 de febrero, el presidente del Gobierno se reunía secretamente, y por primera vez, con Santiago Carrillo, en un chalet en las afueras de Madrid propiedad de José Mario Armero, quien asistió a la entrevista. Suárez celebre este arriesgado encuentro, con la oposición de Fernández-Miranda, con serias reticencias de Alfonso Osorio y con el conocimiento y apoyo del Rey. Armero asegura que en aquella reunión no se pactó nada, aunque se habló de todos los puntos calientes. Quienes hemos escuchado a Suárez hablar de este encuentro llegamos a la conclusión de que el presidente salió convencido de que el PCE y Carrillo apoyarían tres puntos capitales: La Monarquía, la bandera roja y gualda, y la unidad de España, y a su vez reforzó su convencimiento de que el PCE debería ser legalizado antes de las elecciones, aunque Suárez no garantizó -porque no podía hacerlo- ni la fecha ni la forma en que esto se llevaría a cabo.

Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p. 167-168.

Los últimos tiempos de Franco III

El «espíritu del 12 de febrero» consiguió algunos logros: una mayor libertad de prensa, reflejada en las revistas críticas hacia el Régimen, y una tolerancia de la oposición moderada (demócrata-cristianos, liberales, socialdemócratas y socialistas).

Pero la vigencia del «espíritu» fue efímera. El 28 de abril, Girón publicó un manifiesto en el diario falangista Arriba, en el que arremetía contra la libertad de prensa y la apertura.

Sólo existía «el espíritu del 18 de julio». El «gironazo» dio en la línea de flotación del Gobierno Arias. Pocos meses después, el presidente Arias volvería a las esencias franquistas, que en su corazón no había abandonado nunca. El 15 de junio de 1974, en un discursos en Barcelona, afirmaba con contundencia «que, en primer lugar, deseo reafirmar el protagonismo del Movimiento en el momento político presente (…). El Movimiento y el pueblo español son una misma cosa».

Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p.29.

Los judíos, el estado-nación y el nacimiento del antisemitismo III

Estos primeros partidos antisemitas, aun siendo pequeños, se distinguieron inmediatamente de los demás partidos. Formularon la reivindicación original de que no era un partido entre los demás partidos, sino un partido «por encima de todos los partidos». En el estado-nación de clases y partidos, sólo el estado y el gobierno habían afirmado hallarse por encima de todos los partidos y clases y representar a la nación en su totalidad. Los partidos eran reconocidos como grupos cuyos diputados representaban los intereses de quienes les habían votado. Aunque luchaban por el poder, se entendía implícitamente que correspondía al gobierno establecer un equilibrio entre los intereses en conflicto y sus representantes. La reivindicación de los partidos antisemitas de hallarse «por encima de todos los partidos» anunciaba claramente su aspiración a convertirse en representantes de toda la nación, a conseguir el poder exclusivo, a tomar posesión de la maquinaria del estado, a remplazar al estado. Como, por otra parte, continuaban estando organizados como partidos, resultaba también claro que deseaban el poder del estado como un partido para que sus electores llegaran a dominar la nación.

El cuerpo político del estado-nación vino a existir cuando ya no había un grupo en posición de ejercer un poder político exclusivo, de forma tal que el gobierno asumió un dominio político que ya no dependía de factores sociales o económicos. Los movimientos revolucionarios de izquierda, que habían luchado por lograr un cambio radical de las condiciones sociales, jamás había tocado directamente esta suprema autoridad política. Habían desafiado sólo el poder de la burguesía y su influencia sobre el estado, y estaban por eso siempre dispuestos a someterse a la dirección del gobierno en los asuntos exteriores, en los que se hallaban en juego los intereses de una nación supuestamente unificada. Los numerosos programas de los grupos antisemitas, por otra parte, estaban, desde un principio, principalmente relacionados con los asuntos exteriores; su impulso revolucionario se hallaba dirigido contra el gobierno más que contra una clase social y estaban encaminados a destruir la estructura política del estado-nación mediante una organización partidista.

Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, p. 107-108.

El movimiento de la labor

Desde las revoluciones de 1848 hasta la húngara de 1956, la clase trabajadora europea, por ser la única organizada y por lo tanto la dirigente del pueblo, ha escrito uno de los más gloriosos y probablemente más prometedores capítulos de la historia contemporánea. No obstante, aunque la frontera entre las demandas económicas y políticas, entre las organizaciones políticas y los sindicatos, estaba bastante difuminada, no hay que confundir ambas organizaciones. Los sindicatos al defender y luchar por los intereses de la clase trabajadora, son responsables de su incorporación final a la sociedad moderna, en especial del extraordinario incremento en la seguridad económica, prestigio social y poder político. Los sindicatos nunca fueron revolucionarios en el sentido de desear una transformación de la sociedad junto con una transformación de las instituciones políticas en que esta sociedad estaba representada, y los partidos políticos de la clase trabajadora han sido la mayor parte del tiempo partidos de intereses, en modo alguno diferentes de los partidos que representaban a las demás clases sociales. Sólo apareció una distinción en esos raros y decisivos momentos en que, durante el proceso de una revolución, resultó repentinamente que la clase trabajadora, sin estar dirigida por ideologías y programas oficiales de partido, tenía sus propias ideas sobre la posibilidad de gobierno democrático bajo las condiciones modernas. Dicho con otras palabras, la línea divisoria entre las organizaciones políticas y los sindicatos no es una cuestión de extremas exigencias económicas y sociales, sino sólo la propuesta de una nueva forma de gobierno.

Lo que fácilmente pasa por alto el historiador moderno que se enfrenta al auge de los sistemas totalitarios, en especial cuando se trata de los progresos de la Unión Soviética, es que de la misma manera que las masas modernas y sus líderes lograron, al menos temporalmente, producir en el totalitarismo una auténtica, si bien destructiva, forma de gobierno, las revoluciones del pueblo han adelantado durante más de cien años, aunque nunca con éxito, otra nueva forma de gobierno: el sistema de los consejos populares con el que sustituir al sistema continental de partidos que, cabe decir, estaba desacreditado incluso antes de cobrar existencia. Los destinos históricos de las dos tendencias de la clase trabajadora, el movimiento sindical y las aspiraciones políticas del pueblo, no podían estar más en desacuerdo: los sindicatos, es decir, la clase trabajadora en la medida en que sólo es una de las clases de la sociedad moderna, ha ido de victoria en victoria, mientras que al mismo tiempo el movimiento político laboral ha sido derrotado cada vez que se atrevió a presentar sus propias demandas, diferenciado de los programas de partido y de las reformas económicas. Si la tragedia de la revolución húngara sólo logró mostrar al mundo que, a pesar de todas las derrotas y apariencias, este impulso político aún no ha muerto, sus sacrificios no fueron en vano.

Hannah Arendt, La condición humana, p. 237-238.