SEXAGÉSIMO SÉPTIMO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
A mediados de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, lideró un golpe de Estado contra el gobierno constitucional, al que logró derribar sin apenas resistencia. Se inauguró entonces un régimen político con tintes regeneracionistas y similar al de otros regímenes autoritarios de la Europa de entreguerras; especialmente en lo relativo al intervencionismo estatal y el corporativismo. La dictadura de Primo de Rivera se presentó como un régimen temporal dirigido a solucionar, en un corto margen de tiempo, los principales problemas que padecía el país. Ahora bien, dentro del estatismo propio de unas estructuras autoritarias, el sistema evolucionó, siendo posible distinguir dos fases bien diferenciadas dentro del mismo: el Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930).
En la primera de esas dos etapas se disolvieron las Cortes y se decretó el estado de guerra, quedando en suspenso la Constitución de 1876. Además, se prohibieron las actividades de sindicatos y partidos políticos, al tiempo que se establecieron fuertes medidas represivas contra los grupos anarquistas, comunistas y nacionalistas. En lo relativo al gobierno local, los ayuntamientos quedaron disueltos, siendo sustituidos por las llamadas juntas de vocales asociados. Estos cargos, estrechamente vinculados al sistema caciquil propio de la Restauración, eran designados por los mayores contribuyentes del municipio.
Sin lugar a dudas el gran éxito de la dictadura en ese primer periodo fue la victoria en el conflicto marroquí, que comenzó a fraguarse en 1925 con el desembarco de Alhucemas. La ofensiva conjunta acordada entre España y Francia permitió someter a los rifeños liderados por Abd el-Krim, pacificando así el protectorado.
Precisamente ese año se inauguró la segunda fase de la dictadura, en la que un gobierno de carácter civil sustituyo al militar. Con esa medida, Miguel Primo de Rivera pretendía mantenerse en el poder durante un periodo de tiempo más largo y, a su vez, manifestaba su deseo de establecer un régimen político de corte autoritario siguiendo el modelo de la Italia de Mussolini. Con ese fin había fundado en 1924 la Unión Patriótica, un grupo político de derechas que, mediante la propaganda, debía lograr apoyo popular para la dictadura.
Primo de Rivera profundizó en la construcción de su proyecto político con la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva en 1926. Este organismo, compuesto por representantes del Gobierno, la Administración del Estado y la Unión Patriótica, tenía como objetivo elaborar una nueva ley fundamental. Se trataba, al fin y al cabo, de una institución totalmente controlada por la dictadura y, por tanto, con escasa capacidad real de decisión.
A las cuestiones políticas hemos de añadir las de carácter económico y social. Sobre las primeras es importante señalar que España se aprovechó de la coyuntura expansiva del periodo que conocemos como los felices años veinte. Los objetivos económicos de la dictadura fueron, fundamentalmente, impulsar el desarrollo de la industria nacional a través de la concesión de ayudas y una marcada política proteccionista. Ese intervencionismo estatal en la economía culminó con el fomento de las obras públicas y la creación de monopolios de titularidad pública, de entre los que destacaron CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos) y la CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España).
En el ámbito social hay que destacar que, en gran medida gracias a la represión ejercida por las fuerzas de orden público, la conflictividad obrera fue escasa. A esto también contribuyó de manera decisiva la legislación laboral y las políticas sociales iniciadas por una dictadura de claro corte paternalista. De hecho, las medidas de Primo de Rivera contaron con el apoyo de la UGT, el principal sindicato socialista.
Ahora bien, la dictadura fue perdiendo apoyos de manera progresiva a partir de 1926; especialmente, aunque pueda resultar paradójico, entre los militares. Esto se debió, fundamentalmente a la aprobación por parte del gobierno de la normativa que reformaba el procedimiento de ascenso por antigüedad. A esto hemos de añadir la oposición al régimen por parte de los intelectuales, periodistas y otros grupos sociales que, de manera mayoritaria, se adhirieron al republicanismo. De esta manera, ante la falta de apoyos y consciente de haber perdido la confianza del rey Alfonso XIII, Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión en enero de 1930.
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