Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927


SEXAGÉSIMO QUINTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

Con el fin de analizar de forma sintética y ordenada las causas, acontecimientos y repercusiones de la política española con respecto a Marruecos durante el primer tercio del siglo XX, distinguiremos dos fases o marcos temporales bien diferenciados. En primer término se abordará el periodo que va de 1904 a la Semana Trágica (1909), siendo objeto de la segunda parte el estudio de la primera mitad de los años veinte, con sucesos como el Desastre de Annual (1921) y el Desembarco de Alhucemas (1925).

Después de la pérdida de las últimas colonias en el año 1898, la intervención en Marruecos pasó a ser uno de los principales ejes de la política exterior española. La clase política, y la sociedad en su conjunto, percibieron el establecimiento de un protectorado al otro lado del Estrecho como una forma de salir del aislamiento internacional y recuperar el prestigio nacional perdido tras el conflicto con los Estados Unidos. Ahora bien, no fijaron las respectivas zonas de influencia con Francia hasta la Conferencia de Algeciras de 1906. En ella a España le correspondió la zona norte, que incluía la riqueza minera del conflictivo territorio del Rif.

En 1909, como consecuencia del recrudecimiento de los enfrentamientos entre las tropas españolas y los rifeños, el gobierno decidió enviar refuerzos mediante la movilización de los reservistas barceloneses. Esto desencadenó una oleada de protestas, que alcanzaron su máximo nivel de tensión con la huelga general y las manifestaciones acaecidas en los días en que las tropas embarcaban. En este contexto, se produjo en Marruecos la emboscada en el Barranco del Lobo, con numerosas bajas entre los soldados españoles. La principal consecuencia de este acontecimiento fue la transformación de la huelga en una protesta con barricadas y grupos armados que se enfrentaron a las fuerzas del orden en Barcelona. El gobierno actuó con rapidez y excesiva dureza para poner fin a la revuelta, lo que llevó a Alfonso XIII a pedir la dimisión al presidente Antonio Maura.

El otro marco temporal objeto de análisis va de 1921 a 1925. En el primero de esos años, el gobierno español tomó la decisión de someter de forma definitiva su zona del protectorado, por lo que el general Silvestre inició la ocupación de la región de Yebala, en el sector central del Rif. Sin embargo, las tropas españolas, con el fin de ocupar rápidamente la bahía de Alhucemas, se internaron demasiado en un territorio montañoso que, además, estaba alejado de sus bases de aprovisionamiento. De esta manera, el líder rifeño Abd el-Krim derrotó a los españoles en Annual, donde murieron y desaparecieron unos 10.000 soldados, entre ellos el propio general Silvestre.

Además de la pérdida de buena parte del territorio ocupado en los años anteriores, el desastre de Annual tuvo importantes consecuencias políticas. De entre ellas, sin lugar a dudas, cabe destacar el golpe de Estado de Primo de Rivera, que puso fin al sistema parlamentario. En gran medida el cambio de régimen se debió a la necesidad de ocultar el contenido del informe sobre las responsabilidades de Annual elaborado por una comisión presidida por el general Picasso.

Durante la dictadura, ante la dificultad para recuperar las zonas perdidas, España optó en un primer momento por una política de contención para impedir la expansión de la zona rebelde. Posteriormente se llegó a un acuerdo con el gobierno francés para organizar una acción conjunta que, en 1925, hizo posible que se desarrollará una gran operación de desembarco en Alhucemas. En los meses que siguieron a ese acontecimiento, los rebeldes rifeños no dejaron de retroceder hasta la rendición final de Abd el-Krim en 1927 ante las tropas francesas.

Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España


SEXAGÉSIMO CUARTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

El estallido, desarrollo y desenlace de la Gran Guerra (1914-1918), unido a la aparición del primer régimen comunista del mundo en el año 1917, tuvo importantes consecuencias para España, tanto en el campo de la política como en la sociedad en general. De hecho, aunque la monarquía liberal se mantuvo como hasta 1931, esos dos acontecimientos marcaron un punto de inflexión en la evolución del régimen de la Restauración.

Al iniciarse la Gran Guerra en 1914, el gobierno presidido por el conservador Eduardo Dato, con el respaldo de todas las formaciones políticas, declaró la neutralidad de España. Esta decisión convirtió al país en proveedor de materias primas y productos industriales, favoreciendo así el desarrollo de la economía nacional. Ahora bien, este crecimiento no afectó del mismo modo a la burguesía industrial y a la clase trabajadora. Mientras los primeros se enriquecieron gracias a los beneficios que producía el contexto bélico en Europa, los segundos vieron como su calidad de vida se deterioraba por una escasez de suministros que, a pesar del alza de los salarios, no era compensaba la subida de los sueldos. De esta manera, además de agravar las diferencias sociales de la época, la evolución de la economía durante la Gran Guerra provocó numerosas huelgas y conflictos laborales en medio de un clima de tensión y auge del crecimiento obrero.

Ahora bien, a pesar de situarse en una posición de neutralidad, oficial, la sociedad española, los medios de comunicación y los propios partidos políticos se dividieron en dos bandos en función de la potencia con la que simpatizaban. Los sectores más conservadores presentaron una clara germanofilia, mientras que los liberales y la izquierda se sentían más cercanos a los aliados. Por su parte, los anarquistas y una minoría dentro del socialismo calificaron el conflicto como un enfrentamiento imperialista; una consecuencia lógica del desarrollo del capitalismo.

Por su parte, las revoluciones rusas del año 1917 tuvieron una importante influencia en la deriva política de los grupos políticos y sindicatos de izquierdas. En concreto, en el PSOE se produjo una escisión como consecuencia de la fundación de la Internacional Comunista, pues una minoría pro-soviética abandonó partido para fundar el PCE (Partido Comunista de España). Además, entre la burguesía capitalista y las clases medias dio lugar a la aparición del miedo al contagio comunista.

La influencia de la Revolución Rusa llevó también a que algunos sindicatos se radicalizaron y elevaron el nivel de sus demandas. Además, como consecuencia de la crisis económica de posguerra y a la desigualdad social que esta provocó, esos sindicatos extendieron su influencia entre la clase trabajadora. De esta manera, la UGT aumentó el número de sus afiliados de 160.000 en 1916 a 240.000 en 1921, mientras que la CNT pasó de 80.000 afiliados a 600.000 en ese mismo periodo.

Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas


SEXAGÉSIMO TERCERO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

Las turbulencias políticas que marcaron el Sexenio Democrático, unidas a la solidez del sistema de la Restauración en sus primeros compases, condenaron al ostracismo a las fuerzas de oposición. De esta manera, hasta comienzos del siglo XX los partidos republicanos y nacionalistas se mantuvieron al margen de la vida política del país, excluidos de los órganos de decisión. Ahora bien, el progresivo desgaste del modelo ideado por Cánovas permitió que, con el paso de los años, su fuerza y apoyos se incrementaran notablemente.

A comienzos del siglo XX, los grupos republicanos constituían la fuerza de oposición mas importante a la monarquía liberal y a los partidos dinásticos. De entre sus partidarios destacaban los intelectuales y amplios sectores de las clases medias, quienes identificaban el ideal de república con la democratización real del país. Además, su progresiva apertura a las reformas sociales relacionadas con la forma de vida de los obreros, les permitió ganar partidarios entre la clase trabajadora.

Esa orientación hacia postulados de corte democrático y social obtuvo sus primeros frutos en las elecciones de 1903. En esos comicios las fuerzas republicanas, que concurrían en una candidatura conjunta (Unión Republicana), obtuvieron unos buenos resultados. Sin embargo, la falta de entendimiento entre los grupos que conformaban esa coalición, condujo escisión del ala más radical. De esta manera, en 1908, Alejandro Lerroux fundó el Partido Republicano Radical.

De entre los nacionalismos del primer tercio del siglo XX, el catalán fue el que contó con mayor fuerza e implantación en el territorio. El escenario político en ese territorio estuvo dominado por la Lliga Regionalista, un partido de corte burgués fundado en 1901. De hecho, en su programa no se prestaban atención a las reformas sociales y, quizá por ese motivo, no contaba con el apoyo de la clase obrera, más proclive al republicanismo. Los miembros de la Lliga consideraban que se debía compatibilizar la regeneración política y la modernización económica con su reivindicación de autonomía. Eso les permitió colaborar en numerosas ocasiones con los gobiernos del turno, ya fueran conservadores o liberales.

Después del fallecimiento de su fundador en 1903, en el seno del Partido Nacionalista Vasco (PNV) se inició un enfrentamiento entre el sector independentista, defensor de las ideas tradicionalistas de Sabino Arana, y el ala más moderada, de corte liberal y posibilista; es decir, los partidarios de buscar un arreglo con el gobierno de España para dotar de autonomía a las provincias vascas. El triunfo de esta segunda postura permitió que el nacionalismo se extendiera, desde su base en Vizcaya, al conjunto del País Vasco. Además, su aproximación a la burguesía industrial le dotó de una fuente de financiación que terminó por consolidar el partido hasta convertirlo en la fuerza política más importante del territorio.

Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos históricos


SEXAGÉSIMO SEGUNDO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

1902. Alfonso XIII es proclamado rey.
1906. Conferencia de Algeciras.
1906. Ley de Jurisdicciones.
1906. Fundación de Solidaridad Catalana.
1907. Maura es nombrado presidente del Gobierno.
1907. Fundación de Solidaridad Obrera en Barcelona.
1907. Ley de Protección de la Industria Nacional.
1908. Fundación del Instituto Nacional de Previsión.
1909. Se inicia la guerra de Marruecos.
1909. Semana Trágica en Barcelona.
1910. Canalejas es nombrado presidente del Gobierno.
1912. Romanones es nombrado presidente del Gobierno.
1913. Dato es nombrado presidente del Gobierno.
1917. Manifiesto de las Juntas de Defensa.
1917. Huelga general revolucionaria.
1917. Creación de la Confederación Nacional Católica-Agraria.
1918. Epidemia de gripe.
1921. Desastre de Annual.
1921. Fundación del PCE.
1922. Expediente Picasso.
1923. Golpe de Estado de Primo de Rivera.
1924. Creación de la Unión Patriótica.
1925. Desembarco de Alhucemas.
1925. Se establece el Directorio civil.
1926. Termina la guerra de Marruecos.
1927. Fundación de la FAI.
1930. Dimisión de Primo de Rivera.
1930. Gobierno del general Berenguer.
1930. Pacto de San Sebastián.
1931. Gobierno del almirante Aznar.
1931. Elecciones municipales del 12 de abril.
1931. Proclamación de la Segunda República.
1931. Restablecimiento de la Generalitat de Cataluña.
1931. Decretos de Azaña para reformar el Ejército.
1931. Elecciones a Cortes Constituyentes.
1931. Promulgación de la Constitución republicana.
1931. Alcalá Zamora es nombrado presidente de la República.
1931. Comienzo del Bienio Progresista: gobierno de Manuel Azaña.

Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas


SEXAGÉSIMO PRIMER ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

A finales del siglo XIX, los fundamentos de la Restauración fueron puestos en cuestión por el regeneracionismo, una corriente ideológica que denunciaba, tanto los vicios del sistema –bipartidismo, turnismo y fraude electoral-, como la existencia de una oligarquía que controlaba los destinos del Estado. De esta forma, el modelo de monarquía liberal basado en la vigencia de la Constitución de 1876 y la alternancia pacífica entre conservadores y liberales fue puesto en cuestión por una serie de propuestas de modernización política, económica y social planteadas por los regeneracionistas.

De manera progresiva, tanto la clase política española como la monarquía fueron aceptando los postulados del regeneracionismo. Incluso, al alcanzar la mayoría de edad Alfonso XIII (1902), los partidos dinásticos estaban encabezados por miembros de ese movimiento: Antonio Maura dirigía el Partido Conservador y José Canalejas el Liberal. Precisamente el primero de ellos puso en marcha, entre 1907 y 1909, un programa de reforma del sistema parlamentario, la llamada “revolución desde arriba”.

Antonio Maura ideó también un proyecto de ley de administración local en el que se pretendía dotar de mayor autonomía a las corporaciones municipales. Además, en el texto se abría la puerta a la creación de mancomunidades y a la ampliación de las competencias provinciales. Por último, cabe destacar aquellas disposiciones de corte económico y social, como la política de intervención estatal para el fomento y la protección de la industria nacional, la creación del Instituto Nacional de Previsión, la legalización del derecho a la huelga y la ley de descanso dominical.

Durante su etapa como presidente del Consejo de Ministros (1910-1912), José Canalejas realizó un importante esfuerzo para democratizar el sistema y ampliar sus bases sociales. Además, también desarrolló una importante política socio-laboral, donde destacaron medidas como la reducción de la jornada laboral, la prohibición del trabajo femenino nocturno, la ley de accidentes de trabajo y la supresión del impuesto de consumos. También debe mencionarse la llamada “Ley Candado” (1910), con la que pretendía profundizar en la secularización del Estado.

 

Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna


SEXAGÉSIMO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

Si bien la banca moderna como tal no comenzó a desarrollarse hasta mediados del siglo XIX, puede afirmarse que la primera entidad financiera de titularidad pública en España fue el Banco Nacional de San Carlos, fundado en 1782 para administrar la deuda pública. Ahora bien, como se ha indicado, el mercado financiero español careció de dinamismo hasta la aprobación de la Ley de Banca de 1855 y la aparición del Banco de España al año siguiente.

A partir de esa fecha, el sector creció notablemente, si bien se vio afectado, en la década siguiente, por la crisis financiera de 1866. La principal consecuencia de ese acontecimiento fue la restructuración del sector en dos tipos de entidades: de un lado el Banco de España, que tenía el monopolio de la política monetaria y la emisión de moneda; y del otro la banca privada, que preciso de un proceso de fusiones y absorciones donde destacaron los bancos de Barcelona, Bilbao y Santander.

En líneas generales puede afirmarse que las entidades bancarias del siglo XIX sirvieron fundamentalmente para financiar la política estatal y captar recursos externos para inversiones públicas a través del sistema de deuda. Es decir, apenas desempeñaron funciones relacionadas con el desarrollo productivo.

En lo que a la moneda se refiere, hay que tener en cuenta, en primer término, que durante la primera mitad del XIX España careció de unidad y orden monetario. Así, esa diversidad entorpeció de manera notable el comercio interior y los intercambios. A pesar de los esfuerzos por solventar esas carencias, la reforma definitiva del sistema no se produjo hasta 1868. Los responsables políticos de la primera etapa del Sexenio Democrático lograron establecer una unidad monetaria en torno a la peseta, que equivalía en su momento a cuatro reales. Y, aunque su uso tardó en generalizarse, al final de la centuria se había convertido en la unidad de uso común para la mayor parte de las transacciones económicas.

Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del XIX


QUINCUAGÉSIMO NOVENO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

La doctrina librecambista defiende que la actividad económica debe desarrollarse sin la intervención del Estado y, en el ámbito comercial, sin el establecimiento de aranceles u otro tipo de trabas a determinados productos. De esta manera, al tener que adaptar a la competencia, las empresas innovan más y se vuelven más eficientes y competitivas. Además, según los defensores del librecambismo, el consumidor se ve beneficiado por la lucha entre las empresas por ganar cuota de mercado, ya que eso debe conducir a un producto de mayor calidad a un precio más bajo.

Por el contrario, el proteccionismo se basa en la defensa del producto nacional frente al foráneo. Es decir, en el caso concreto de la España decimonónica, los promotores de esa doctrina trababan de proteger las empresas autóctonas de la competencia británica fundamentalmente. De entre los apoyos de la política proteccionista cabe destacar aquellos grupos que preconizaban la ruina del producto nacional si se aplicaba el librecambismo. Nos referimos, tanto al capital textil catalán, como por los terratenientes andaluces, la industria harinera castellana y la siderurgia vasca.

Si bien con breves periodos de librecambismo, a lo largo del XIX la política comercial española estuvo marcada por la aplicación de medidas proteccionistas. De entre las excepciones cabe destacar la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, la reforma tributaria de Mon Santillán (1845), el arancel con matices librecambistas aprobado en 1849 y el Arancel Figuerola de 1869, ya durante el Sexenio Democrático. Ahora bien, solo esta última medida puede considerarse netamente librecambista, pues suprimía el derecho diferencial de bandera.

Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855


QUINCUAGÉSIMO OCTAVO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

Durante el bienio progresista (1854-1856), el gobierno de España aprobó la Ley General de Ferrocarriles. Se trató de una medida que, a partir de su entrada en vigor en 1855, estimuló la construcción de la red viaria básica, que era uno de los grandes anhelos del partido político en el poder.

Los objetivos de la Ley de Ferrocarriles pueden resumirse en tres puntos que, a su vez, están interrelacionados:

  • Activar la economía nacional gracias a un medio de transporte con mayor capacidad y notablemente más rápido que el existente.
  • Dar salida, mediante una inversión rentable en apariencia, al excedente de capital acumulado en las últimas décadas.
  • Favorecer el desarrollo de la industria mediante la articulación del mercado nacional y el aumento de la demanda.

A la hora de abordar las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles, se ha de tener en cuenta que algunas de ellas fueron positivas para el país, pero también las hubo negativas. Dentro de ese último grupo cabe destacar la escasa rentabilidad de la inversión realizada, así como los efectos de la excesiva especulación, que terminó por llevar a la crisis de 1866 y a la quiebra de numerosas entiedades financieras. Sin embargo, también se ha de destacar que la ley aprobada en 1855 revolucionó el sistema de comunicaciones en España, permitiendo crear un mercado nacional que trajo consigo el fortalecimiento de la industria. De hecho, la carga transportada pasó de 3.000 millones de toneladas en 1870 a 16.000 millones en el año 1900.

Compara la revolución industrial con la de los países más avanzados de Europa


QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

Una vez finalizadas las Guerras Napoleónicas, la Europa continental iniciaba su proceso de industrialización siguiendo, en gran medida, el modelo británico de las décadas anteriores. Ese proceso de cambio económico estuvo acompañado, y favorecido, por un cambio en las estructuras políticas de los países; fundamentalmente con el establecimiento de instituciones de corte liberal. Sin embargo, entre 1814 y 1833, España se mantuvo aislada de esa gran transformación. Esa circunstancia, unida en el campo político a la pervivencia del régimen absolutista, permite entender algunas de las claves del atraso económico español.

Ahora bien, la industrialización en España no se vio únicamente lastrada por el régimen político. De hecho, una vez se produjo el triunfo del liberalismo, el desarrollo económico continuó siendo inferior al de los países del entorno. Además, la revolución industrial española fue desigual, afectando fundamentalmente a Cataluña y el País Vasco.

En definitiva, aunque a lo largo del siglo XIX fueron resolviéndose algunos de los principales problemas económicos del país, la industrialización en España fue lenta, débil y tardía en comparación con los países más avanzados de Europa. Esto se debió, tanto a la falta de poder adquisitivo de la población, como a la política proteccionista ejercida a ultranza y a la falta de inversión en el sector industrial. A esto se sumaron otros factores, como las deficientes comunicaciones terrestres, la escasez de fuentes de energía y la pérdida de las colonias americanas.

Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX


QUINCUAGÉSIMO SEXTO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.

La industria textil catalana, si bien contaba con unas sólidas bases de origen medieval, se desarrolló con fuerza a principios del XIX gracias a la introducción del algodón en el proceso productivo. A la fabricación de este tipo de tejidos se ha de añadir la introducción de una maquinaria basada, en un primer momento, en la fuerza hidráulica y, posteriormente, en el vapor.

Al margen de la materia prima y las innovaciones técnicas, la evolución del textil catalán estuvo marcada por el contexto histórico europeo y nacional. De esta manera, después de la parálisis producida por la Guerra de la Independencia (1808-1814) y la pérdida de las colonias americanas en la década de 1820, se inició un periodo de expansión que tocó a su fin la crisis económica y política de la década de 1860. Una vez superada esa situación, la industria volvió a vivir un periodo de bonanza que se prolongó hasta la pérdida de Cuba y Puerto Rico, cuyo dominio era clave al tratarse de monopolios mercantiles.

Por su parte, la siderurgia estuvo supeditada a la minería del hierro y el carbón, así como a la capacidad de la iniciativa privada y estatal de explotar esos recursos naturales. Ahora bien, el atraso con respecto a otros países del entorno se explica también por la libertad de importación que estableció la Ley General de Ferrocarriles (1855), la reducida demanda interna y el atraso técnico. Después de las primeras experiencias empresariales en territorio malagueño, este sector experimentó una gran expansión a partir de 1871 gracias a la pujanza de los Altos Hornos vizcaínos.

La escasa demanda a la que se ha hecho referencia a la hora de tratar la siderurgia, afectó también a la minería, que estuvo estancada hasta el último tercio del XIX. También afectaron negativamente a su desarrollo la escasez de capitales, el atraso tecnológico y la política estatal, que frenaba la inversión extranjera. Finalmente, el aumento de la demanda a partir de la década de 1870, así como las medidas librecambistas, de entre las que destacó la Ley de Bases sobre Minas (1869), favorecieron la actividad extractiva.