Francia ante el fracaso de la CED


El 9 de mayo de 1950 Robert Schuman, ministro de exteriores galo, lanzaba a los Estados europeos una ambiciosa propuesta: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Un año después seis países –Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo- firmaban este tratado en París, y elegían a otro francés, Jean Monnet, como Alta Autoridad de este organismo. La andadura europea comenzaba, y lo hacía con el impulso de una gran nación: Francia.

Todo esto hubiera sido imposible sin el apoyo de los demás integrantes, pero el protagonismo francés parece claro.

Es más, incluso si nos remontamos a la prehistoria de las Comunidades Europea tenemos que destacar a otro político de ese país, Aristide Briand, como impulsor del proyecto. Europa siempre –incluso actualmente- ha estado mirando a Francia, y su construcción como proceso integrador ha dependido bastante de la actitud de aquel país. Por esa razón, en estos más de cincuenta años, los franceses han tenido tanto la fuerza de dar grandes impulsos a Europa, como la capacidad de frenarla introduciendo en su seno procesos de crisis.

Una de las características más curiosas de los sucesivos rechazos del Estado francés a las directrices marcadas por Europa es que cada vez lo ha hecho de un modo distinto. Hemos visto como lo vetaban en la Asamblea Nacional –Comunidad Europea de Defensa (1954)-, como sus representantes abandonaban los organismos comunitarios –crisis de la “silla vacía” (1966)-, y como el pueblo soberano expresaba su oposición mediante el mecanismo del referéndum –Constitución Europea (2005)-.

La otra característica a tener en cuenta es que, salvo en la crisis de 1966, el gobierno francés, favorable a la profundización en la integración, se encontró con la oposición institucional o popular. Resulta frecuente en todo este periplo histórico encontrarse con una Francia dividida; con un poder ejecutivo que no es respaldado en el momento adecuado por los diputados o el electorado. Las consecuencias de los sucesivos rechazos franceses a los proyectos europeos también han sido de los más dispares:

  • En 1954 perdieron la iniciativa en la construcción comunitaria.
  • En 1966 el general De Gaulle logró reducir las exigencias de la Comisión, retrasando así la aparición del Estado Federal Europeo.
  • En 2005 dejaron a toda la Unión paralizada y a la espera del resultado de las elecciones presidenciales de 2007.
En fin, el peso de Francia en la Unión Europea es, aunque muchos quieran negarlo, enorme.

El primer portazo que Francia dio al proceso de integración fue su rechazo a la Comunidad Europea de Defensa (CED) en 1954. Robert Schuman y Jean Monet, ingenieros de la CECA, presentaron a las naciones europeas un nuevo proyecto que buscaba complementar al primer triunfo comunitario. El objetivo era crear un sistema de defensa común, cuestión que no solo respaldaban los seis gobiernos integrantes, sino también los EE.UU.

Los franceses, pues, lanzaron un nuevo reto a Europa, y esta lo aceptó. Sin embargo, fue la propia Francia la que impidió que la Comunidad de Defensa se hiciera realidad. La, en apariencia, alianza imposible entre guallistas y comunistas, facilitó que la Asamblea Nacional se mostrara contraria al nuevo proyecto europeo.

Con la crisis de 1954 Francia perdió la iniciativa en el proceso de construcción europeo.

Desde ese momento fueron otros los encargados de sacar a Europa del atolladero con un nuevo proyecto comunitario. La Conferencia de Messina (1956) y los posteriores Tratados de Roma (1957) no tuvieron a los franceses como protagonistas. Fue principalmente el genio de Paul Henri Spaak el que sustituyó a Schuman y Monet en esa labor de ingeniería.

Francia ya no era la locomotora ideológica y simbólica de Europa; París dejaba de ser su capital en beneficio de Bruselas. El rechazo de la Asamblea Nacional a la Comunidad de Defensa marcó el inicio de una nueva etapa para el proceso de integración; un periodo en el que, sin dejar de ser importante, Francia abandonaba su posición de predominio.

La independencia de Argentina

Esta entrada no es más que una crítica-resumen a «La independencia de Argentina», obra que el historiador y académico Edberto Óscar Acevedo publicó en 1992.


El proceso de independencia del virreinato de Río de La Plata fue, sin lugar a dudas, el más complejo de todos los que se dieron en las antiguas colonias hispánicas.

En él confluyeron elementos tan dispares, contradictorios y convulsos como los enfrentamientos entre unitarios y federalistas, la rivalidad entre el ámbito bonaerense y el interior, la lucha contra los ejércitos españoles, las intervenciones inglesas, y las sucesivas amputaciones territoriales.

Nos encontramos, pues, ante un fenómeno traumático para Argentina que lastró su desarrollo político y económico hasta finales del siglo XIX. Un proceso de difícil comprensión para todo aquel que trate de acercarse a él. Por esa razón, son tan valiosas obras como la de Edbertó Óscar Acevedo; trabajos que, con infinita paciencia, logran desenmarañar hechos tan complejos como los acaecidos en el antiguo virreinato hispánico. Además, al propio grueso de la obra, hay que añadir dos excelentes anexos:

  • Una cronología de los acontecimientos argentinos.
  • Un conjunto de breves biografías de los principales protagonistas.
Los planteamientos de Acevedo en torno a las causas que propiciaron la independencia del Río de La Plata son, en su mayoría, idénticos a los enunciados por Jaime Delgado en su obra sobre la emancipación hispanoamericana.

Sin embargo, La independencia de Argentina añade un elemento más a esa ristra de factores: la crisis de autoridad que provocaron los intentos de invasión ingleses de 1806 y 1807. Casi todos los virreinatos y capitanías experimentaron un fenómeno similar en sus propias carnes, pero ninguno de manera tan radical y temprana como el bonaerense. La mayoría de ellos no fueron conscientes de la crítica situación de España hasta la disolución de la Junta Suprema en Cádiz tras la arrolladora contraofensiva napoleónica.

Cinco años antes los argentinos ya habían vivido esos hechos de una manera distinta, con el ataque a su tierra por parte de Inglaterra. Y lo que es más importante, habían sido capaces de organizarse y vencer de manera autónoma, al margen de la autoridad española. El autor señala tres aspectos presentes en estos acontecimientos que marcaron el futuro desarrollo del proceso independentista:

  • La centralidad de Buenos Aires.
  • La incapacidad española manifestada en la persona del virrey Sobremonte.
  • La conciencia de patria surgida entre los rioplatenses.
Estos elementos, unidos a la recién descubierta capacidad de autogobierno, guiaron a los criollos, deseosos de detentar el poder, hacia la independencia.

Tras situar el inicio del proceso emancipador en las consecuencias de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, Edbertó Oscar Acevedo recorre brevemente los grupos ideológicos y partidos en los que se dividía la élite social del Río de La Plata. Con escasas variaciones, estos personajes fueron los que en 1810 comandaron el proceso que llevó a la convocatoria del cabildo abierto y a la destitución del virrey.

El Motín de Aranjuez tuvo sus consecuencias en el ámbito rioplatense –destaca el cambio en el poder virreinal: de Santiago de Liniers a Hidalgo de Cisneros-; sin embargo, el polvorín bonaerense no acabó de encenderse hasta el triunfo de la contraofensiva napoleónica en la península Ibérica. La delicada situación de Cádiz y la disolución de la Junta Suprema en la isla de León fueron los dos acontecimientos que acabaron por convencer a los rioplatenses –también a Carlos María Alvear y José de San Martín- de la necesidad de seguir su propio camino.

El autor deja muy claro que, aunque existieron antecedentes importantes, el camino hacia la independencia no se comenzó a recorrer andar con todas sus consecuencia hasta la convocatoria del cabildo que debía nombrar una nueva Junta para el Río de La Plata. Cierto es que durante los primeros años no se declaró la independencia –principalmente a causa de la división en el seno de la élite criolla y por la incertidumbre provocada por la situación española-, pero se actuó como si esta existiera.

Los enfrentamientos con el virrey de Perú vendrían a confirmar esta tesis. A Hidalgo de Cisneros podían deponerlo con apariencia de legalidad, ya que lo había nombrado la desaparecida Junta sevillana; pero el caso de Abascal era distinto. Se trataba, aunque muchos no lo quisieran ver así, de una rebelión encubierta contra las autoridades españolas.

La elección de una Junta emancipada de las autoridades peninsulares constituía, a juicio del autor, una clara muestra de los deseos de autonomía que recorrían Hispanoamérica durante esos años. Se trataba de un movimiento protagonizado por la élite criolla que, aprovechando la ruina de la metrópoli, trató de hacer realidad sus sueños de poder.

Sin embargo, la nueva junta rioplatense iba a tener que enfrentarse a un importante número de problemas que, lógicamente, lastraron el proceso independentista. A la guerra con los realistas, cuyos mayores exponentes eran los virreyes Abascal y Elió, se unía la propia fragmentación territorial del antiguo virreinato.

Montevideo, Córdoba y Paraguay se alejaron muy pronto de la ruta marcada por el movimiento bonaerense. Distinto camino, aunque con idénticas consecuencias, siguió el Alto Perú.

La derrota de Belgrano ante Goyeneche y la posterior intervención bolivariana privaron al ámbito rioplatense de una de sus regiones más codiciadas. Además, las rivalidades internas entre las distintas facciones -unitarios y federalista, savedristas y morenistas, republicanos y monárquicos…- y los partidarios de los diversos caudillos, hacían difícil la eficaz gobernación de los territorios emancipados.

Acevedo hace especial hincapié en el periodo de los dos triunviratos y en los inspiradores de ambos: el primero de ellos seguía las directrices del hábil Bernardino Rivadavia, mientras que el segundo era un constructo de la Logia Lautaro. El autor también nos deja una opinión muy tajante acerca del Congreso de Tucumán (1816-1819) y la constitución forjada en su seno.

Aparte de la evidente inspiración en la obra legislativa gaditana, destaca su carácter utópico en medio de un ambiente caótico: un excelente ropaje que no se adecuaba a la realidad existente en el ámbito rioplatense. Sin embargo, con independencia de sus carencias, los hechos de Tucumán acabaron por consolidar la independencia de los antiguos territorios virreinales. Podríamos resumir la actividad del Congreso con las siguientes palabras de Edbertó Oscar Acevedo:

“Habían declarado la independencia, pero no supieron organizar el país”.

Los representantes de Tucumán no quisieron cerrar las puertas a ningún sistema político. Su indecisión a la hora de decantarse por monarquía o república, por federalismo o unitarismo, acabó por legar al pueblo una nación sin una forma de estado y de gobierno definida. Esto a la postre resultó fatal para el proyecto de las Provincias Unidas

Tras su repaso al Congreso de Tucumán, Acevedo realiza un breve repaso de la Historia argentina hasta la llegada al poder de Juan Manuel Rosas. Se trata, pues, de un periodo de diez años en los que no sólo se limita a relatar narrar los hechos bonaerenses; el autor también nos narra el destino –la independencia y construcción estatal- de los demás territorios pertenecientes al antiguo virreinato rioplatense.

Finalmente, a modo de conclusión, la obra se detiene en una serie de cuestiones de carácter teórico: la identidad nacional, el federalismo y el liberalismo, las dificultades de la independencia, y la desintegración territorial.

La historiografía de los totalitarismos


Al hablar del totalitarismo como forma de organización política solemos distinguir entre regímenes de izquierdas y de derechas. Esta diferenciación tiene su base sólida: la filiación ideológica de los mismos. Sin embargo, a nadie se le escapa que detrás de cada uno de ellos se esconde un sustrato común. Descubrirlo al lector no es la misión de este breve artículo.

Sin embargo, me parecía imprescindible partir de esa premisa antes de abordar su verdadera temática. Los paralelismos entre el nacionalsocialismo y el socialismo real de tipo soviético –sin duda los representantes más paradigmáticos de ambas familias- son evidentes, y sus manifestaciones abundantes. Con ocasión de este escrito me interesa destacar tan sólo una: el total rechazo hacia la ideología democrático-liberal. Y más en concreto a su forma de entender y “hacer” la Historia.

En oposición al discurso histórico predominante en el siglo XIX, tanto los nazifascistas como los marxistas plantearon una nueva interpretación del pasado que, a su vez, abría las puertas a un futuro con sus respectivas ilusiones mesiánicas.

La historiografía de los totalitarismos es, pues, la cuestión a tratar en este artículo. No obstante, entiendo que abarcar ambos espectros ideológicos, con su respectiva amplitud cronológica y evolutiva, es una tarea que me excede en estos momentos. Por esa razón, he preferido centrarme tan sólo en el ámbito nazifascista. Nos centraremos en los años que van de 1914 a 1945 –inicio y final de las dos guerras mundiales-, época difícil para las ideología liberal y su manera de ver la Historia.

El auge de las llamadas morfologías históricas fue la nota predominante de este periodo. Teóricos como Spengler o Toynbee sostenían que la Historia se componía de regularidades repetidas a lo largo del tiempo.

Estos postulados, más ideológicos que científicos, hablaban de las distintas fases en el discurrir histórico, comparando estas con el desarrollo biológico de los organismos.

Siguiendo este esquema, proponían la solución totalitaria como mejor sustitutivo para el “agotado” modelo liberal-burgués. Afirmaban que, tras la Gran Guerra (1914-1918), la Historia exigía un cambio brusco de sistema; era necesario echar mano de un nuevo proyecto. No es de extrañar que muchos defensores del totalitarismo de derechas se sirvieran de estas teorías para defender el advenimiento de regímenes nazifascistas.

En pleno siglo XX se generalizó la búsqueda de leyes “naturales” que tenían como fin explicar y predecir el comportamiento humano. Los propios títulos de las obras, o la denominación de esta corriente historiográfica –historiografía morfológica- nos hablan a las claras del trasfondo de este intento de encontrar factores suprahistóricos que rijan el desarrollo humano en su devenir temporal.

Pettrie publicaba en 1911 su famosa obra Las revoluciones de la civilización, en la que postulaba la existencia de siete civilizaciones mediterráneas en su desarrollo “biológico”; con su nacimiento, desarrollo y muerte. Spengler fue más allá: en 1922 publicó La decadencia de occidente. En este estudio aplicó los conceptos biológicos al caso concreto de la cultura occidental.

Siguiendo un modelo que daba a cada civilización una duración de más o menos mil años, concluía que la humanidad se encontraba en esos momentos a las puertas de una nueva era. A la luz de esta teoría se entiende mejor esa idea nacionalsocialista del Reich de los mil años. Sin embargo, resulta aún más sorprendente comprobar que la publicación del libro coincide con el ascenso al poder de Mussolini.

En los albores de la II Guerra Mundial, Toynbee aplicó los principios de la supervivencia de las especies a los pueblos. En definitiva, no sólo legitimaba el “lebensraum” –espacio vital- que perseguía Adolf Hitler, sino toda su teoría, contenida en Mein Kampf, sobre la lucha de razas como motor de la Historia. No obstante, a modo de defensa de estos autores, hemos tener en cuenta el momento histórico en el que se escribieron todas estas obras.

Existía una especie de conciencia profética generalizada, un afán de codificar el pasado en grandes estructuras ante la certeza de estar en un mundo que se desmoronaba.

Corrientes historiográficas en torno a la Revolución Francesa


En el presente artículo trataremos de abordar una cuestión compleja que, aún hoy día, genera grandes debates y controversias dentro del gremio de los historiadores. Explicar la realidad de los sucesos revolucionarios que tuvieron lugar en Francia a caballo entre el siglo XVIII y el XIX es, en la actualidad, una tarea compleja. Poco sabemos de algunos de los aspectos fundamentales; y, por si fuera poco, son abundantes las valoraciones contrapuestas de aquellos que conocemos al detalle.

No obstante, la mayor parte de los autores coinciden al afirmar que el proceso histórico abierto el 14 de julio de 1789 fue heredero del pensamiento político del XVIII y, al mismo tiempo, padre del desarrollo del siglo XIX.

Sin lugar a dudas, la Revolución Francesa tuvo consecuencias negativas; fueron abundantes los errores y excesos de sus protagonistas. Sin embargo, una visión global de todos esos acontecimientos nos llevan a concluir que el global de la misma arroja un resultado positivo; gracias a ella la transformación política y social de signo liberal y burgués experimentó un gran impulso.

Tampoco coinciden los autores a la hora de enumerar las causas de la revolución. A mi juicio, además del desarrollo del pensamiento político citado anteriormente, jugaron un papel fundamental el descontento de los privilegiados, el endeudamiento de la hacienda francesa, la derrota en la Guerra de los Siete Años, y las crisis campesionas finiseculares.

Tal vez por influencia de la historiografía marxista suele afirmarse que los acontecimientos revolucionarios franceses evolucionaron desde una situación de prerrevolución aristocrática a una revolución del Tercer Estado. Sea como fuere, la mayor parte de los autores coincide en la triple periodización de estos hechos históricos:

  • El constitucionalismo moderado (1789-1791).
  • La Convención, con el predominio de los girondinos (1791-92) y de los jacobinos (1793-94).
  • El Directorio (1795-1799).

Además, existe un amplio consenso dentro de la comunidad científica a la hora de destacar la importacia histórica de la Revolución Francesa. No obstante, por cuestiones ideológicas o de escuela, este se convierte en disenso al explicar los hechos o establecer valoraciones. A continuación trataremos de explicar este desacuerdo analizando brevemente las principales corrientes historiográficas con sus respectivos autores.

Corrientes historiográficas más destacadas

Sobre la historiografía conservadora del XIX poco diremos. Tan sólo destacar que con autores como Burke, Taine, Gaxotte o Aubrys, se iniciaron los estudios sobre la Revolución Francesa; y que, a consecuencia de la época y de las ideas de estos estudiosos, fue con una visión un tanto negativa hacia esos hechos.

Los historiadores liberales, especialmente Michelet y Aulard, pretendieron elevar a los revolucionarios al situarlos como herederos de la intelectualidad ilustrada.

Por tanto, la historiografía liberal trató por todos los medios de dignificar los acontecimientos franceses. Trataron de explicarlos como una necesidad histórica: un nuevo sistema político que se abría paso a expensas de otro caduco. Por esa razón, sin olvidar aspectos negativos como “el Terror”, hicieron especial hincapié en los textos más importantes -Declaración de Derechos y sucesivas constituciones- y en los hechos más atrayentes para la mentalidad romántica de la época (El pueblo en la calle, la Bastilla el 14 de julio).

Blanc, Jaurès, Mathiez, Labrousse, Rudé, Soboul y Lefebvre son los principales representantes de historiografía socialista en Francia.

El primero de ellos nos deja una visión más positiva de los jacobinos, al tiempo que considera muy negativa la etapa napoleónica. El segundo centra sus estudios en la lucha de clases de la Francia finisecular, prestando especial atención al ascenso de la burguesía.

Otros autores socialistas prefirieron prestar menos atención a la Historia de los grandes acontecimientos para centrarse en aspectos socioeconómicos. Ese fue el caso de Labrousse, volcado en el estudio de los salarios y los precios, y Rudé, especialista en mentalidades y opinión pública.

La mayor parte de los miembros de esta escuela considera que los verdaderos protagonistas de la Revolución Francesa fueron los pequeños productores. Según su visión, la burguesía siempre fue a la zaga de estos personajes, juegando un papel moderador. Así explican su apoyo a la monarquía constitucional y, con la caída de esta, a los girondinos.

Los historiadores marxistas suelen distinguir dos etapas a la hora de estudiar la Revolución Francesa: ascendente (1789-1794) y descendente o de reacción burguesa (desde 1795).

Tanto Mazauric como Markow, principales expertos de esta escuela en la cuestión que nos ocupa, basan sus estudios en los postulados del materialismo histórico. En lo que se refiere a la lucha de clases como motor de la Historia, afirman que, debido a la existencia de varios grupos dentro de la propia revolución, esta estuvo marcada por una constante lucha entre los mismos.

Además, aplican los conceptos de estructura y superestructura al Antiguo Régimen, llegando a afirmar que la caída del mismo fue fruto del desfase de las mismas. Estos autores prestan especial atención en sus estudios a los “sans culottes”, a los que atribuyen un pensamiento proto-comunista. No obstante, reconocen que, en la coincidencia coyuntural de intereses, los burgueses fueron los grandes beneficiados.

La postura revisionista y los principales controversias

Tras haber analizado los planteamientos teóricos de cuatro grandes visiones historiográficas, nos centraremos en el repaso de las Interpretaciones revisionistas.

En primer lugar, los autores revisionistas -grupo complejo en el que encontramos estudiosos que van desde mediados del XIX a mediados del XX- atacan duramente la concepción de la revolución como una crisis exclusivamente política. Algunos de ellos, caso de Tocqueville, Godechot, Fouret y Richet, recalcan la herencia de la Ilustración, y consideran la etapa jacobina como un exceso de la revolución. Además, dan gran valor a los hechos posteriores a 1795.

Finalmente, enumeraremos los que, actualmente, son los núcleos de conflicto en la investigación histórica; las cuestiones que marcan el debate historiográfico.

En primer lugar, la controversia sobre los cambios estructurales que la inician; a lo que hemos de añadir la confrontación sobre la clase social “motor” del proceso. También son importantes aspectos como la cuestión de la refeudalización como causa de la revolución, la teoría de las revoluciones atlánticas, y la polémica jacobina. Los autores tampoco se ponen de acuerdo a la hora de definir los acontecimientos francese como un conjunto de revoluciones o como evolución temporal de la misma.

Las fuerzas revolucionarias en tiempos de Nicolás II

Artículo publicado por la web Club Lorem Ipsum el 12 de febrero de 2008.


El contraste entre una Europa liberal y un Imperio Ruso absolutista y feudal suscitó, a mediados del XIX, una oposición al zarismo en el seno de una minoritaria clase intelectual que los rusos denominaban “intelligentsia”. Con frecuencia, esta se encontró aislada por carecer el país de una burguesía en la que apoyarse y de un proletariado al que dirigir su mensaje.

Dos grandes corrientes se perfilaron desde los primeros momentos: los occidentalistas, partidarios de imitar los logros del liberalismo occidental, y la “eslavófila”, contraria a los corrompidos modelos occidentales.

Esta última centraba sus esfuerzos en ensalzar las virtudes del campesinado ruso, al tiempo que pretendía implantar un socialismo de carácter agrario. En su seno surgieron, además, los dos movimientos socializantes más típicamente rusos: el nihilismo y el populismo.

El nihilismo, término acuñado por Ivan Turgéniev en su novela Padres e hijos, cuajó en 1862 con el movimiento de “La joven Rusia”. Este defendía la acción terrorista como la única forma de destruir el orden social y político existente. Nos encontramos, pues, ante un planteamiento muy cercano al anarquismo de Bakunin. En la década de 1870 surgió un movimiento populista -“narodnik”-, que reconocía en el campesinado ruso la fuerza revolucionaria por excelencia y el futuro protagonista de la revolución.

No obstante, el fracaso del populismo en su acercamiento al campesinado ruso provocó su escisión. Por un lado Voluntad del Pueblo, grupo mayoritario anclado en la acción terrorista y responsable del asesinato del zar Alejandro II en 1881; y por el otro un grupo minoritario que acabó por formar en 1890 el Partido Socialista Revolucionario o social-revolucionarios.

A comienzos del siglo XX frente a los decimonónicos defensores de una vía revolucionaria distinta a la del resto de Europa Occidental, aparecieron corrientes ideológicas y partidos de clara inspiración occidentalista.

De un lado, la corriente liberal se plasmó en la constitución, en 1905, del Partido Constitucional-Demócrata o partido Kadet. Su objetivo era transformar el Imperio zarista en un régimen de carácter constitucional basado en el respeto a las libertades individuales. Eran partidarios tanto de una reforma agraria liberal como de una amplia autonomía para los territorios polacos, finlandeses y ucranianos. Su principal líder fue Miliukov.

De otro lado, las corrientes socialistas revolucionarias estaban integradas por el Partido Socialista Revolucionario (PSR o “eseritas”) y por el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR). El primero se constituyó en 1901 bajo las tesis populistas del socialismo agrario. Sostenían que la revolución en Rusia sería política, y traería consigo el fin de la autocracia zarista. Además, sus protagonistas habrían de ser los campesinos, no los burgueses.

Eran partidarios de un Estado federal que conciliase los intereses de las diversas nacionalidades del Imperio Ruso. Sus hombres más representativos fueron Tchernov y Kerenski.

La trayectoria del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso es más compleja e interesante por sus repercusiones futuras. Sus orígenes se remontan a 1883, con la creación, por parte de Giorgi Plejánov, de Unión de lucha para la liberación de la clase obrera. A este grupo se unió, en 1888, el joven Vladimir Ilich Ulianov, conocido más tarde con el nombre de Lenin.

Ambos rechazaron de los populistas y de los socialrevolucionarios el agrarismo utópico; dando por sentado que la sociedad rusa de finales del XIX era capitalista. En el congresos clandestino celebrado en Minsk (1898) fundaron el POSDR de clara inspiración marxista. Sin embargo, en el seno del segundo congreso del partido, celebrado entre Bruselas y Londres en 1903, surgieron dos tendencias enfrentadas: mencheviques y bolcheviques.

Los primeros afirmaban que la revolución burguesa era un paso necesario para llegar al pleno desarrollo del capitalismo y de un proletariado numeroso capaz de encabezar la segunda fase de la revolución, la socialista-proletaria. Por ello, se inclinaban por una organización del partido abierta tanto a militantes como simpatizantes. Su líder fue Martov.

Los bolcheviques, liderados por Lenin, sostenían que la burguesía rusa era demasiado débil e incapaz de realizar su revolución.

Era el proletariado el que debía encabezarla, buscando para ello la alianza con el campesinado. En consecuencia, la militancia en el partido debía restringirse a quienes acatasen su programa, sometiéndose a su férrea disciplina. El objetivo primordial era la conquista revolucionaria del poder político para el inmediato establecimiento de la dictadura del proletariado.

Bibliografía:

[1] Historia Universal Contemporánea I y II; Javier Paredes (Coord.) – Barcelona – Ariel – 2004.

[2] La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de occidente (1904-1953); Niall Ferguson – Barcelona – Debate – 2007.

[3] La Rusia de los zares; Alejandro Muñoz-Alonso – Madrid – Espasa – 2007.

El Trienio Liberal y la Década Ominosa

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Podemos distinguir dos fases dentro del Trienio Liberal. El un primer momento lo constituyó el levantamiento de Riego y su reclamación de los postulados gaditanos de 1812. La segunda estuvo marcada por el regreso de los exiliados y la convocatoria de unas nuevas Cortes. En este periodo Fernando VII, preso de la situación, no puede más que dejar hacer a los liberales. Sin embargo, estos pronto se dividieron en dos facciones: “doceañistas” y “veinteañistas”.

Finalmente, el régimen liberal fue aplastado por la intervención internacional venida de Francia. El contingente conocido como “Los cien mil hijos de San Luís” repuso a Fernando VII en su trono como rey absolutista.

A esta intervención militar siguió una década de rígido absolutismo. No obstante, la inviabilidad de este proyecto acabó por condenarlo al fracaso en los últimos años de vida de Fernando VII. Es esos momentos se produjo una escisión dentro de los defensores del absolutismo en torno a la cuestión sucesoria:

  • Por un lado estaban los carlistas o realistas, defensores del establecimiento de un Antiguo Régimen radical y de la causa de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII.
  • Por otro los fernandinos o isabelinos, abiertos a la reforma del sistema. Por lo tanto, a la muerte del rey, el país estaba ante tres grandes problemas: el conflicto dinástico, el surgimiento de un absolutismo radical, y el deterioro económico.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.

La reacción absolutista

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Distinguimos tres etapas en la pugna entre liberalismo y absolutismo durante el reinado de Fernando VII: el Sexenio Absolutista (1814-1820), el Trienio Liberal (1820-1823), y la Década Ominosa (1823-1833). La situación política del continente fue muy parecida a la española durante esos años. Una vez derrotado Napoleón, se procedió a restaurar el absolutismo en todo el continente. Sin embargo, los brotes revolucionarios que se sucedieron después trataron de acabar con el Antiguo Régimen para implantar un sistema liberal.

Situación en 1813-1814

Al finalizar los trabajos constituyentes de Cádiz, las Cortes se disolvieron y se procedió a convocar unas nuevas de carácter ordinario. Esto vino acompañado por la victoria sobre el invasor francés, la firma de la paz de Valencia, y el regreso a España del rey Fernando VII.

Fue entonces cuando se produjo un gran rebrote absolutista, que logró convencer al monarca de que lo mejor era suprimir la obra de los liberales. Prueba de esta influencia es el “manifiesto de los persas”, un auténtico programa político expuesto al rey al poco de su retorno a España.

Vuelta al absolutismo

Por el decreto de Valencia (mayo de 1814) se declaró nula la obra legislativa de Cádiz. El capitán general de la zona procedió, por orden del rey, a disolver las Cortes Ordinarias. Además, en este acto fueron detenidos varios de sus miembros. Estos hechos marcaron el retorno de España al Antiguo Régimen; Fernando VII volvió a Madrid como un rey absolutista.

Ante la persecución de la que eran objeto por parte del nuevo régimen, muchos liberales se decidieron a emigrar. Otros fueron detenidos, y los que eran miembros del ejército fueron relevados de sus cargos para evitar levantamientos militares en favor del liberalismo. Los privilegios estamentales abolidos durante el conflicto volvieron a ser válidos. Como consecuencia de esto, la crisis de la Hacienda, que se pensaba resolver con la aportación fiscal de los privilegiados, continuó acrecentándose.

Contexto internacional

En los primeros años del siglo XIX, España perdió la mayor parte de sus posesiones coloniales. Dentro de este proceso distinguimos tres etapas:

  • Primer periodo (1800-1815); la debilidad de la metrópoli, ocupada por los franceses, se hace patente.
  • Segundo periodo (1815-1818); se consolidaron los primeros movimientos secesionistas. Además, estos fueron apoyados por las potencias europeas con intereses comerciales en Hispanoamérica.
  • Tercer periodo (1818-1824); el proceso emancipador llegó a su fin con la batalla de Ayacucho. A partir de ese momento España pierde de manera inevitable su presencia en la inmensa mayoría de las colonias americanas.
Por el decreto de Valencia (mayo de 1814) se declaró nula la obra legislativa de Cádiz.

El capitán general de la zona procedió, por orden del rey, a disolver las Cortes Ordinarias. Además, en este acto fueron detenidos varios de sus miembros. Estos hechos marcaron el retorno de España al Antiguo Régimen; Fernando VII volvió a Madrid como un rey absolutista.

Ante la persecución de la que eran objeto por parte del nuevo régimen, muchos liberales se decidieron a emigrar. Otros fueron detenidos, y los que eran miembros del ejército fueron relevados de sus cargos para evitar levantamientos militares en favor del liberalismo. Los privilegios estamentales abolidos durante el conflicto volvieron a ser válidos. Como consecuencia de esto, la crisis de la Hacienda, que se pensaba resolver con la aportación fiscal de los privilegiados, continuó acrecentándose.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.

El proyecto liberal español

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La consulta al país

Una vez asentado su poder, la Junta Suprema decidió convocar unas Cortes. Pero antes, con el fin de conocer los problemas que padecía la nación y las reformas que necesitaba, se decidió realizar una “consulta al país”. Esta fue encargada a una Comisión de Cortes, cuyo presidente fue Jovellanos.

Las conclusiones más importantes extraídas de la consulta fueron las siguientes:
  • Descontento generalizado con el absolutismo; no se critica al Antiguo Régimen como sistema, sino sus excesos.
  • Crítica a los privilegiados y al exceso de privilegios, se ve la necesidad de establecer un sistema de igualdad social basado en la meritocracia.
  • Cuestiones económicas; enorme pobreza del país, deuda pública y crisis de la Hacienda, necesidad de reformar el sistema de propiedad salvando los obstáculo feudales.
  • Cuestiones administrativas; crítica al régimen señorial y al poder de las instituciones eclesiásticas. Se vio necesario un proceso desamortizador y que el Estado tomase las riendas de todos los instrumentos de la administración.

Después de esto, las trece Juntas Provinciales se erigieron en gobierno y convocaron unas Cortes para junio de 1809. Podemos distinguir dos corrientes en torno a esta convocatoria: la mayoría defendía que fuera de tipo representativa, mientras que una minoría prefería que fueran de tipo tradicional o estamental –tres órdenes, sin carácter legislativo, y sometidas al rey.

Finalmente se convocaron Cortes Estamentales para noviembre de 1810. No obstante, las Cortes acabaron autoconvocándose, y lo hicieron de forma representativa. Esto fue consecuencia del vacío de poder generado por los conflictos entre la Junta Central y las Juntas Provinciales, que acabaron por ceder el poder a la Regencia. A su vez, la inestabilidad de esta permitió que las Cortes actuasen a sus anchas.

Tarea política

Las Cortes estuvieron compuestas por 308 diputados, de entre los cuales un tercio eran clérigos –mayoritariamente urbanos- y otro tercio hidalgos. El resto de los procuradores pertenecía a la burguesía ilustrada, al grupo de profesiones liberales, o eran altos funcionarios del Estado. Ideológicamente predominaba el pensamiento liberal, bien de tipo radical o moderado; mientras que los absolutistas, a pesar de ser muy beligerantes, estaban en minoría.

En la primera reunión se autodefinieron como Cortes representativas y constituyentes convocadas por convención. Con esto querían dejar claro que estaban allí como representantes del pueblo y que, por ello, no reconocían ninguna autoridad superior. Además, establecieron un régimen parlamentario, por el cual la primera y última iniciativa le correspondía al parlamento.

Declararon la soberanía nacional y procedieron a la construcción del nuevo Estado liberal basado en los siguientes postulados:
  • Construcción del Estado como realidad jurídico-política bien definida. Para ello se procede a la abolición del absolutismo monárquico, y se establecen los límites territoriales de la nación.- Separación tripartita del poder: la capacidad normativa reside en el legislativo; al ejecutivo le corresponde llevar a la práctica lo legislado; y las armas coercitivas son patrimonio del poder judicial. Este esquema se reproduce además a nivel provincial y local.
  • Creación de un órgano de justicia independiente con un cuerpo de funcionarios profesionalizado. Este ha de basarse en la igualdad ante la ley, por lo que es necesario abolir los privilegios y las estructuras jurídicas forales. La fuente de la justicia deja de ser Dios para pasar a ser el legislativo, por cuyas leyes se rige todo el país.

Tarea social

Las nuevas Cortes también emprendieron la tarea de transformar la sociedad. Mediante el desmantelamiento de sus bases jurídicas, económicas y políticas, se procedió a la abolición de la sociedad estamental. Se trataba, pues, de imponer la sociedad de clases. El primer paso para esto fue la abolición del régimen señorial con sus relaciones de dependencia y vinculación a un señorío. Por un decreto de agosto de 1811 se estableció que:

  • Los derechos territoriales permanecen en el señor, pero no como propiedad imperfecta, sino como perfecta o capitalista.
  • Los derechos jurisdiccionales pasaron a la nación, titular de la soberanía.
  • Los privilegios y monopolios, previa indemnización, también pararon a la nación.

Como consecuencia de estas medidas cabe destacar la eliminación jurídica y política del régimen señorial; lo que supuso también el fortalecimiento económico de los señores. Dentro de estas reformas, también se procedió a la abolición de los gremios y del mayorazgo.

Modelos de sociedad

A continuación enumeraremos las principales característica de ambos modelos de sociedad. Iniciaremos este repaso con la estamental:

  • Jerarquizada; se ordena de arriba abajo.
  • Sacralizada; recibe su legitimidad de Dios.
  • Cada estamento se ordena por funciones preestablecidas.
  • Articulada por el privilegio.
  • Basada en el linaje y la sumisión (vasallaje).
  • Cerrada; ausencia de dinamismo.
  • Endogámica; cada estamento se alimenta con sus propios miembros.
  • Pensada para un mundo rural y agrario.

Características de la sociedad de clases:

  • Individualista; el sujeto social es el individuo, no los colectivos o estamentos.
  • Hablamos de ciudadanos, no de súbditos.
  • Se construye de abajo a arriba.
  • Sociedad securalizada; no se basa en argumentos divinos.
  • Organizada en función de la capacidad, no en la función.
  • Se basa en la igualdad de derechos y deberes.
  • Se tiene en cuenta la riqueza, no el linaje.

A los rasgos enunciados sobre la sociedad de clases, hemos de añadir tres principios básicos sobre los cuales se sustenta este sistema:

  • Libertad; ruptura de las vinculaciones laborales, comerciales, jurisdiccionales. La nación y el individuo ganan en autonomía.
  • Igualdad; en oposición al privilegio e igualdad ante la ley.
  • Propiedad; elemento básico del nuevo sistema económico y fundamental para estructurar la sociedad y los derechos políticos.

Transformaciones económicas

Abordamos ahora el cambio del sistema económico que, desde la perspectiva del materialismo histórico, fue la clave del proceso revolucionario. El primer factor necesario para transformar la economía era la propiedad de la tierra; esto se llevó a cabo a través del procedimiento de reforma agraria.

Mediante esa fórmula no se procedió tanto a la redistribución de la tierra como a la adecuación de la propiedad a las tesis del liberalismo. En este sentido, era necesario cambiar su naturaleza, titularidad, uso y estructura. Analicemos con más detenimiento estos cuatro aspectos:

  • Naturaleza de la propiedad; la propiedad tardofeudal era imperfecta en tanto que estaba sometida a múltiples derechos –ius ultimum, ius eminens, ius utile, derechos de monopolio…- perfectamente compatibles entres sí. Con la reforma agraria la propiedad pasa a ser perfecta en tanto que se convierte en única y absoluta.
  • Titularidad de la propiedad de la tierra; la propiedad tardofeudal era de carácter estamental y, en cierto modo, colectiva. El titular era el poseedor, no el individuo; el señorío, no el señor; el beneficio eclesiástico, no el clérigo; el concejo, no el alcalde… La tierra no podía desvincularse del estamento y de sus funciones. Con la reforma agraria, previo proceso de desvinculación, la propiedad pasó a ser individual o personal.
  • Uso de la propiedad de la tierra; como consecuencia de la naturaleza y titularidad de la propiedad, el uso en época tardofeudal estaba vinculado a las funciones del estamento (cargado de obligaciones y servidumbres). El nuevo sistema económico exigía que el uso fuera libre, tanto en lo relativo al tipo de cultivo como en lo relacionado con el arrendamiento.
  • Estructura de la propiedad de la tierra; tradicionalmente predominaba el minifundio exagerado en la cornisa cantábrica, moderado en la Meseta, y el latifundio en la zona meridional. Esta estructura se mantuvo tras la reforma, pero las transformaciones anteriores facilitaron los intercambios de tierra

Entre los aspectos económicos en transformación hemos de destacar también el trabajo. En época tardofeudal este estaba al servicio del estamento, el señorío, la comunidad o el gremio. Con la legislación gaditana se liberalizó tanto su titularidad como su uso y su naturaleza. Esto afectó también a los precios y a la producción, lo que abrió las puertas a la libre competencia.

El crédito estaba poco desarrollado en el Antiguo Régimen. Se basaba en los censos consignativos, los pósitos y las arcas de misericordia; sistemas incapaces de satisfacer la demanda de la burguesía. Se hacía necesario crear instituciones que aportasen créditos a las fuerzas económicas. El sistema de crédito no acabó de desarrollarse hasta 1856, año en el que se establecieron los bancos. Sin embargo, a pesar de su aparente fracaso, la obra legislativa de Cádiz puso las primeras piedras para que esto fuera posible.

La creación de un auténtico mercado nacional fue otro de los grandes objetivos de las Cortes gaditanas. La libre circulación de bienes hacía imprescindible la supresión de los circuitos cerrados, tasas, aduanas, peajes… Para ello resultaba necesaria la homologación de precios. Medida que, sin duda, facilitó al desarrollo de la especialización regional. Esto, a su vez, ayudó a solucionar las crisis de subsistencia de tipo local.

En Cádiz también se abordó la cuestión hacendística. Se abolieron los viejos principios e inmunidades, bien fuesen de tipo estamental o territorial. La exención de los privilegiados debía desaparecer, pero también la de determinadas localidades o regiones del país. Todos por igual debían contribuir en el mantenimiento del edificio estatal. De esta manera, se homogeneizó el sistema fiscal; el impuesto debía ser único, universal, proporcional y directo.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.

El proyecto político francés

Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos sobre la España de Fernando VII. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.


Las Cortes de Bayona

Uno de los objetivos de la invasión napoleónica era dotar a España de una nueva estructura política acorde con el modelo francés. Para alcanzar este fin, se tomaron tres medidas: convocatoria de Cortes en Bayona (1808), creación de nuevas instituciones, y sustitución dinástica. Nos detendremos brevemente en el primer y tercer aspecto.

En la convocatoria de Cortes se aprobó el Estatuto de Bayona, de marcado carácter liberal. Sin embargo, la elaboración de este texto y buena parte de sus contenidos recordaban bastante a la manera de proceder del Antiguo Régimen. Para empezar, no se reconocía la soberanía nacional, jugando las Cortes de Bayona un papel meramente consultivo. No redactaron nada, se les propuso un texto salido de la pluma de Napoleón –carta otorgada- que no podían modificar ni rechazar. Además, según lo estipulado en el nuevo Estatuto, las reuniones de Cortes seguirían organizándose por estamentos.

En definitiva, se trataba de un documento que dejaba de lado muchos principios del liberalismo y del constitucionalismo. Sin embargo, no hemos de olvidar que se situaba en la tradición revolucionaria francesa; y, aunque era menos avanzado que la Constitución gaditana de 1812, esta se inspiró en el texto de Bayona para elaborar buena parte de su obra legislativa.

La sustitución dinástica

La sustitución dinástica se llevó a cabo en España por medio de las abdicaciones –Fernando VII y Carlos IV- de Bayona. Napoleón, dueño desde ese momento de la Corona hispánica, decidió entonces dividir el poder: los aspectos militares quedaron bajo el mando de Murat, y los políticos en manos de José I. Además, con la intención de ganarse a la población autóctona, hizo tres promesas: respeto a la integridad del país, a su independencia, y a la religión católica.

Estos compromisos demuestran el gran conocimiento que el emperador tenía de la realidad española. Sin embargo, su proyecto fue rechazado de forma mayoritaria. Los absolutistas vieron en él un ataque a sus principios, los liberales consideraban que se les proponía un liberalismo imperfecto, y el pueblo mostró una gran fidelidad a la dinastía de los Borbón.

La actuación política de los gobiernos napoleónicos puede resumirse en los siguientes puntos:
  • Necesidad de limitar el poder de la Iglesia; en lo económico por medio de la desamortización, en lo jurídico con la eliminación del código canónico y el fuero, y en lo personal con los procesos de exclaustración. Además, se llevó a cabo la abolición de la Inquisición.
  • Elaboración del Código Civil y del Código Penal.
  • Reforma administrativa; división territorial en más de ochenta prefecturas.
  • Reforma de la Hacienda; su finalidad era acabar con la enorme deuda pública del reino. Esto no era fácil, ya que buena parte de la población –los privilegiados- gozaban de exención fiscal. El problema se solucionó aplicando el principio revolucionario de Igualdad.

Los afrancesados

Se llamó afrancesados al grupo encargado de llevar a cabo las reformas citadas anteriormente. Se trataba de un amplio grupo de funcionarios de la élite española –se calcula que 12.000 familias- que apostó por el proyecto josefino. Dentro del mismo distinguimos dos tipos: difuso –de tipo cultural- y concreto –colaboraron directamente con José I.

En torno al estudio de los afrancesados, encontramos dos corrientes historiográficas: Artola sostiene que eran ilustrados, mientras que Juretzche piensa que eran liberales. Ambos autores coinciden al rechazar la “leyenda negra” que desde el XIX los ha acompañado; revalorizan su papel. Lo mismo sucede con el balance general del reinado de José I. Tradicionalmente ha sido objeto de anatema, pero en la actualidad es visto de manera más benévola.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.

La Guerra de Independencia

Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos sobre la España de Fernando VII. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.


España en la política napoleónica

Ante la necesidad de neutralizar la preponderancia marítima británica, Napoleón se decidió a aplicar una política de bloqueo continental a toda embarcación y producto de las islas. En este contexto la posición geoestratética de las naciones ibéricas adquiría una importancia vital. Esto nos ayuda a comprender mejor el interés francés por controlar España y Portugal.

Sin embargo, los planes de Napoleón con respecto a estos dos países fueron evolucionando según se desarrollaba su enfrentamiento con los británicos. Distinguimos tres fases dentro dentro de este proceso: intervencionista –control de los puertos marítimos-, desmembracionista –reparto de la Península según lo pactado en Fontainebleau (1807)- y sustitutiva –derrocar a los Borbones para sustituirlos por la dinastía Bonaparte.

El Motín de Aranjuez (19 de marzo de 1808) fue la primera reacción de los patriotas españoles ante las maniobras francesas.

Sin embargo, este suceso no está exento de una amplia dósis de maquiavelismo por parte de Fernando VII –conspira contra su padre- y de mitificación por parte de la historiografía nacionalista.

Se habla de un amplio apoyo por parte del pueblo –un levantamiento popular-, cuando realmente se trató de una revuelta promovida por un importante número de nobles descontentos con la política de Godoy. El caso es que la deteriorada figura del valido arrastró al propio monarca, que no tuvo más remedio que abdicar.

De Bayona al 2 de mayo

A los sucesos de Aranjuez siguieron los de Bayona (1 de mayo de 1808). Napoleón decidió imponer su criterio y convocó a Fernando VII y Carlos IV con el fin de poner solución a la crisis monárquica española. Cumplió, en definitiva, su programa sustitucionista: Fernando abdicó en su padre, y este lo hizo en la persona de Napoleón. El emperador se convirtió así en arbitro y dueño de la Corona, que irá a parar a manos de un rey manejable y afín, su hermano José. Con la desaparición de los Borbones del mapa político español comenzaron a derrumbarse las instituciones propias del Antiguo Régimen.

La Junta de Gobierno -constituída por Fernando VII antes de viajar a Bayona-, el Consejo de Castilla, las Audiencias y las Capitanías Generales, se pusieron al servicio de la nueva autoridad venida del otro lado de los Pirineos.

Sin embargo, la ausencia del rey, piedra angular del sistema, generó tal vacío de poder que pronto las instituciones comenzaron a hacer dejación de sus funciones. Ese vacío tuvo también su eco en las colonias americanas. Allí, al igual que en la Península, fueron surgiendo nuevas autoridades que, con el tiempo, se convirtieron en la base de la independencia.

Cuando el último Borbón salió de Madrid el pueblo se levantó contra las autoridades francesas; era 2 de mayo.

Las tropas de Murat entraron en la capital con el fin de acabar con una reacción nacionalista que pronto se propagó por todo el país. En poco tiempo surgió el movimiento juntista, consecuencia del vacío de poder y de los movimientos de mayo. Se trataba de un fenómeno dominado por las élites ilustradas que trataba de articular la espontánea aparición de las Juntas Provinciales.

Destacó en el ordenamiento de todo ese maremagnum inicial el liderazgo de Cuesta, Palafox y la Junta de Sevilla. Se desechó la posibilidad de establecer una Regencia, quedando una Junta Central, formada por representantes provinciales, como depositaria de los poderes de la nación. Bajo la autoridad de esta se encontraban las trece Juntas Supremas y las citadas Juntas Provinciales. El objetivo de esta nueva estructura estatal era la defensa de la nación frente al invasor francés, pero también desarrollar en España el ideario liberal. En cierto modo se trataba de un gobierno revolucionario.

Aspectos militares

La invasión francesa dio comienzo en el verano de 1808. Desde el principio quedó patente la desigualdad –en cuanto armamento, organización y estrategia- de las fuerzas que se enfrentaban. No hemos de olvidar que los ejércitos napoleónicos se paseaban trinfantes por Europa, mientras que España estaba sumida en esos años en una profunda crisis.

Sin embargo, los franceses erraron en sus planteamientos. Pensaron que se encontraban ante un guerra dieciochesca en la que bastaba cambiar la dinastía reinante y hacerse con el control de la Corte. No contaron con la irrupción de las ideas nacionalistas. Estas condujeron al pueblo español a una resistencia masiva contra el invasor, obligándole a conquistar el territorio palmo a palmo.

La primera campaña napoleónica en España tuvo el siguiente itinerario:

Avance rápido desde los Pirineos hasta Madrid, donde es proclamado rey José I; fracaso en Cataluña y Aragón por la resistencia de Zaragoza y Gerona; derrota de Dupont ante Castaños y Cuesta en la batalla de Bailén. A todo esto hay que añadir el poderío naval español, cuya base era Cádiz, y la existencia de un gobierno que coordinaba la resistencia desde Sevilla. Ante este panorama los ejércitos franceses se replegaron hasta la frontera, y José I abandonó el país.

Sin embargo, esto era más un movimiento estratégico que una derrota real. Napoleón decidió poner fin al conflicto español, y para ello cambió de estrategia. Él mismo se puso al frente de un contingente de 250.000 hombres con los que planeaba realizar un movimiento envolvente hacia Madrid, y desde allí en dos direcciones: una a Galicia y la otra a Zaragoza. Los invasores cumplieron sus objetivos, siendo José I restituído en su trono.

Desde ese momento, y con Sevilla en manos del enemigo, los patriotas españoles plantearon una guerra de desgaste cuya principal arma fue la guerrilla.

La guerra de desgaste se prolongó desde 1809 hasta el final de 1811. Los franceses fueron ocupando el país –el levante, Andalucía, las costa atlántica…-, pero encontraron en su camino una dificultad muy seria: la guerrilla. Este fenómeno masivo, favorecido en sus acciones por la abrupta orografía española, obligó a los mandos franceses a ocupar, de manera dispersa, a buena parte de sus contingentes. La sociedad española se transformó durante unos años en una sociedad militar.

El final de la guerra comenzó a vislumbrarse en 1812, aunque los invasores no abandonaron el país hasta 1814. Los españoles, con la ayuda británica, fueron reorganizando la resistencia desarticulada con la ofensiva napoleónica de 1809. Esto permitió que se produjeran las victorias de Arapiles, Vitoria y San Marcial; preámbulos de la paz de Valençay y del regreso de Fernando VII.

Consecuencias de la Guerra

La Guerra de Independencia marcó el inició del fin del Antiguo Régimen y el comienzo de la construcción de un nuevo sistema. Las bases del liberalismo y del nacionalismo español del XIX se pusieron entre 1808 y 1814. Sin embargo, el conflicto tuvo muchas otras consecuencias:

  • Derrumbe de la Hacienda.
  • Desindustrialización; desaparición de los núcleos de carácter protoindustrial construidos durante el periodo ilustrado.
  • Desurbanización y destrucción de las infraestructuras.
  • Crisis demográfica; efectos directos -medio millón de muertos- e indirectos.
  • Pérdida de prestigio internacional y de las colonias; potencia de tercer o cuarto orden.

Bibliografía:

[1] Historia Contemporánea de España II; Javier Paredes (Coord.) – Madrid – Ariel – 2005.

[2] Historia Contemporánea de España II; José Luis Comellas – Madrid – Rialp – 1986.

[3] Historia de España; José Luis Martín, Carlos Martínez Shaw, Javier Tusell – Madrid – Taurus – 1998.

[4] Las Cortes de Cádiz; Federico Suárez Verdeguer – Madrid – Rialp – 1982.