Cincuenta y cuatro años de dictadura

Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos que he escrito sobre el origen y desarrollo de la «Primavera Árabe» en Túnez y Egipto. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.


El gobierno de Habib Burguiba

1878. El entendimiento entre británicos y franceses había legitimado a estos últimos para hacerse el país. Los nuevos señores del Mediterráneo Occidental –no hemos de olvidar que Francia gobernaba Argelia y extendía su protectorado hasta Marruecos- respetaron la figura del bey otomano, pero privando a su poseedor de cualquier poder. El gobierno era cuestión exclusiva de los cargos nombrados por la metrópoli.

Veinticinco años después, en agosto de 1903, nacía en Monastir Habib Burguiba, el hombre que iba a llevar a Túnez a su independencia.

En la década de 1930, Habib Burguiba pasó a formar parte del grupo nacionalista Destour, del que pronto se separó, participando en la fundación del Neo-Destour. Su defensa de la autonomía tunecina, así como de la idea de una independencia negociada con Francia, le granjearon numerosos apoyos dentro del partido.

De esta manera, en 1933 se convirtió en su máximo dirigente, imponiendo sus postulados de corte socialista. Durante dos décadas, con Guerra Mundial y ocupación alemana incluida, el Neo-Destour continuó su lucha por la independencia.

Finalmente, en 1954, comenzaron las negociaciones entre el gobierno francés y los representantes del nacionalismo tunecino. En agosto de 1956, la metrópoli aceptó retirar tanto sus fuerzas militares como los funcionarios de la administración colonial, al tiempo que, bajo la tutela de París, Habib Burguiba era nombrado primer ministro. Sin embargo, el líder del Neo-Destour no respetó el acuerdo. En mayo del año siguiente rompía relaciones con Francia y anulaba los poderes políticos del bey Muhammad VIII al-Amin.

En el mes de julio de 1957, proclamaba la República de Túnez bajo su presidencia.

Una vez en el poder, Habib Burguiba puso en marcha su proyecto de socialismo árabe. Siguiendo el modelo soviético de economía planificada, llevó a cabo un intenso proceso nacionalizador a lo largo de la década de 1960. A su vez, introdujo la colectivización y el control estatal sobre la producción y el precio de los alimentos.

Todo esto condujo a un incremento de la burocracia, al tiempo que la inflación se disparaba. En medio de una situación económica crítica, y ante el riesgo de que estallara una revolución popular, Habib Burguiba abandonó sus postulados socialistas e inició un proceso de liberalización económica.

A mediados de la década de 1970, Túnez había recobrado buena parte de la tranquilidad y prosperidad perdida durante la etapa de políticas marxistas.

Fue, sin duda, la época dorada del gobierno de Habib Burguiba, que incluso logró que el Parlamento votara a favor de su nombramiento como “presidente vitalicio”. Sin embargo, desde 1980 su salud fue deteriorándose poco a poco, hasta el punto de impedirle desempeñar con normalidad las tareas de gobierno. Cada vez se apoyaba más en Zine El Abidine Ben Alí, en quien recaían buena parte de las decisiones importantes.

En 1985, Ben Alí, que por entonces desempeñaba el cargo de jefe de la policía secreta, fue nombrado primer ministro. Las dificultades de Burguiba para desempeñar su labor, así como el creciente poder de Ben Alí, llevaron a este último a dar un golpe de Estado en 1987.

El cambio de régimen se llevó a cabo sin violencia y no supuso ningún trauma para el país. Incluso se respetó la figura del ex presidente, que vivió el resto de sus días bajo arresto domiciliario. Hasta el día de su fallecimiento, el 6 de abril del año 2000, Habib Burguiba contó con una asistencia médica acorde a sus necesidades.

Ben Alí en el poder

Tras el llamado “golpe de Estado médico” del 7 de noviembre de 1987, Ben Alí gobernó Túnez durante más de veintitrés años. Durante ese periodo, el dictador supo mantener el complicado equilibrio entre la brutal represión y la prosperidad económica. Cuando esta última se desplomó, la supuesta legitimidad tecnocrática del régimen se desvaneció, dejándolo sólo ante la ira del pueblo.

Desde el primer momento tuvo especial interés en justificar su poder. Presentó ante los tunecinos el acto de traición contra su mentor -padre de la patria- como un acto de salvación nacional.

La propaganda del régimen se esforzó por disfrazar el golpe de Estado de acontecimiento incruento y necesario para la gobernabilidad del país. A su vez, quiso dar un tinte de democracia a su férrea dictadura. En primer lugar, renunció al cargo de “presidente vitalicio” instituido por Burguiba. A su vez, convocó hasta cinco elecciones presidenciales, de las que siempre resultó vencedor con más de un noventa por ciento de los votos.

Como tantos otros dictadores del mundo musulmán, Ben Alí supo presentarse ante los líderes occidentales como un mal necesario. Las protestas de Europa y los EE.UU. ante la violación de los derechos humanos o el fraude electoral, siempre fueron tímidas, pues lo veían como un muro de contención de las posturas más radicales. Al fin y al cabo, su régimen respetaba el status quo internacional y se mostraba abierto a las políticas neoliberales.

Derrocarle hubiera supuesto, según la mentalidad de los gobiernos occidentales, dejar el país en manos de los islamistas del partido Ennahdha.

El comienzo del siglo XXI no hacía presagiar nada malo para el régimen. La clase media, clave para evitar cualquier conflicto, se había incrementado notablemente con respecto a las dos décadas anteriores. Túnez, donde la mayoría de sus diez millones de habitantes estaban ocupados en el sector turístico, aparecía ante el mundo como un país relativamente moderno, con la mujer incorporada al mundo laboral y un importante porcentaje de población universitaria.

Además, en el ámbito político, mediante la reforma constitucional de 2002, Ben Alí había eliminado la clausula que le impedía presentarse a las sucesivas reelecciones. Por último, los atentados del 11 de septiembre, así como la guerra abierta entre los EE.UU. y el islamismo internacional, le convertían en un aliado natural para la política de George Bush.

Sin embargo, la crisis económica iniciada en verano de 2007 iba a llevarse por delante todas las previsiones de los analistas políticos.

En el plazo de tres años, el desempleo y la pobreza se extendieron por Túnez, y el precio de los alimentos subió hasta alcanzar niveles desconocidos por la población del país. Al mismo tiempo, la conducta de algunos personajes del régimen, en especial de Leila Trabelsi –esposa de Ben Alí- y sus familiares, distaba mucho de ser ejemplar. Los casos de corrupción que salpicaban a la primera dama se multiplicaban: concesiones de grandes superficies comerciales y entidades bancarias, blanqueo de dinero, usurpación de bienes privados y apropiación de otros públicos a través de adjudicaciones fraudulentas… Finalmente, en diciembre de 2010, iba a dar comienzo un movimiento de protesta que acabaría por tumbar a Ben Alí y a su régimen. Todo comenzó con la inmolación de un joven desempleado: Mohamed Bouazizi.

Vistas desde el frente

La caída en desgracia de la imagen de Israel culmina con el comienzo de la ayuda masiva de los Estados Unidos, en 1968, país sobre el que se carga toda la culpabilidad, pero también todo el cuidado de los intereses planetarios de las antiguas potencias coloniales europeas debilitadas por la Segunda Guerra Mundial. Pero es un hecho poco recordado que, hasta ese años, los EE.UU. se habían abstenido de otorgar ayuda militar a Israel, y los únicos fondos que desde allí llegaban al Estado judío provenían de las limitadas contribuciones privadas de las comunidades israelitas. Israel sobrevivió a la guerra del 48 con armas del bloque soviético, y en 1956 y 1967 con armamento francés. En 1947, de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, los EE.UU. fueron los últimos en dejarse persuadir para apoyar el proyecto de partición de Palestina. El más encendido discurso a favor del proyecto fue el de Andrei Gromiko, el representante de la URSS. En 1956, americanos y soviéticos conjuntamente forzaron a los israelíes, aliados ocasionales de británicos y franceses, a evacuar la península egipcia del Sinaí en cuestión de días. Sin embargo, desde 1967, Israel fue considerado el tradicional aliado y satélite natural del imperialismo americano o, para los antisemitas delirantes, el instrumento planetario del lobby judío. La utilidad ideológica de este planteamiento lo hacía inquebrantable: cada vez que los americanos ejercían algún tipo de presión sobre Israel, algunos lo consideraban un acto menor de compensación.

Varios Autores, En defensa de Israel, p. 72-73.

El conflicto bélico de 1998-1999 II

Aunque la pronta llegada del invierno se antojaba un poderoso estímulo para que el acuerdo de octubre ganase terreno, lo cierto es que los combates no menguaron. Si al respecto de las tesis oficiales serbia apuntaba que el ELK había vuelto a los lugares de los que había sido desplazado en los meses anteriores, del lado de la resistencia albanokosovar se subrayaba que Serbia, plenamente consciente de la debilidad de la respuesta internacional, no había abandonado en modo alguno las operaciones de acoso. Lo cierto es que, mientras se iniciaba el despliegue de los observadores de la OSCE, el conflicto arreció en los primeros meses de 1999. El momento simbólico más relevante lo aportó, a mediados de enero, la controvertida masacre acaecida en la localidad de Raçak, que según la OSCE había tenido por objeto a indefensos civiles albaneses y según la versión oficial serbia era producto de un choque con guerrilleros del ELK. Aireada por un diplomático norteamericano de lamentable trayectoria, William Walker, la matanza que nos ocupa sirvió de eficaz argumento para que la OTAN asumiese una ambiciosa escalada en su lenguaje.

El efecto fundamental del renovado conflicto fue una creciente presión internacional que en este caso se concentró en la organización de una conferencia que al cabo se celebró en dos tandas -6 a 24 de febrero y 15 a 18 de marzo de 1999- en Rambouillet, en Francia. Los miembros occidentales del llamado «grupo de contacto» (Alemania, EE.UU., Francia, Italia y el Reino Unido; Rusia no estaba por la labor) intentaron imponer un acuerdo que, muy semejante al de octubre de 1998, remplazaba, sin embargo, los dos mil observadores de la OSCE por un contingente militar de casi 3.000 soldados bajo la dirección de la OTAN…

Carlos Taibo, Guerra en Kosovo. Un estudio sobre la ingeniería del odio, p. 110-111.

Abolición de la autonomía y resistencia civil II

Pero si los efectos de la guerra fueron genéricamente negativos, los de la paz firmada en Dayton no fueron mejores. La estrategia de la resistencia albanesa experimentó un franco retroceso, toda vez que el acuerdo suscrito en los EE.UU. implicaba una aceptación de las fronteras internas del viejo Estado federal yugoslavo, acarreaba reconocimiento paralelo -por las potencias occidentales- de la federación que configuraban Serbia y Montenegro, otorgaba una inesperada legitimidad al gobierno serbio y, por si fuera poco, aceleraba la expulsión de refugiados albanokosovares por parte del gobierno alemán. Muchos albanokosovares se preguntaban por qué se reconocía una República Serbia en Bosnia y en cambio no se hacía otro tanto como una «República de Kosova» en Serbia; acaso las grandes potencias premiaban el uso de la fuerza y castigaban a quienes optaban por la resistencia pacífica. La única contrapartida, de sentido ambivalente en el caso de Kosova, era el compromiso internacional de no levantar las sanciones económicas que pesaban sobre Serbia y Montenegro en tanto en Kosova persistiesen problemas de violación de derechos humanos. En junio de 1996, en fin, los Estado Unidos abrieron en Prishtinë una oficina que tenía un simbólico rango semidiplomático.

Carlos Taibo, Guerra en Kosovo. Un estudio sobre la ingeniería del odio, p. 92.

Harry Truman

La desaparición del terror y el auge de los nacionalismos

También Yugoslavia, aunque no integrada en el Pacto de Varsovia, como país no alineado en una tierra de nadie entre ambos bloques sufrió muy directamente la desaparición del equilibrio del terror. De su desintegración y su destrucción fueron responsables los mismos yugoslavos, pero los nacionalistas fueron los más apoyados por la UE y los EE.UU.: primero los croatas y eslovenos; luego Milosevic (con él se firmaron los Acuerdos de Dayton sobre un país que no era suyo, Bosnia); hoy, los albanokosovares. De todos ellos, los perdedores han sido los serbios, que no tenían aspiraciones muy distintas de las de los demás, pero no supieron venderlas a los occidentales.

Mira Milosevich, La situación política de Serbia después de las elecciones generales, p. 3.

La dictadura franquista (1939-1975)

1. Introducción.

La historia política de España durante el periodo 1939-1975 presenta una característica constante: la dictadura personal del general Francisco Franco. Si analizamos el poder que se le otorgaba, comprobaremos que este poseía el alto mando supremo del Ejército y los dos poderes políticos básicos: legislativo y ejecutivo. De esta forma, Franco podía hacer las leyes, aprobarlas, promulgarlas y, al mismo tiempo, controlar su aplicación.

A lo largo del periodo 1939-1975, Franco gobernó el país de acuerdo con sus peculiares ideas políticas:

– En primer lugar, tenía una obsesión propia de su formación militar: el mantenimiento del orden público.

– A esto habría que añadir un nacionalismo español exacerbado , del cual derivaba una concepción absolutamente unitaria y centralista del Estado español.

– Creía, además, en un catolicismo tradicional muy arraigado, en el cual debía basarse todo el sistema de valores de la sociedad española.

– Finalmente, hemos de destacar su militancia anticomunista, que serviría, a su vez, de motivación para el alzamiento de 1936.

En un periodo que duró casi cuarenta años, el país experimentó importantes cambios en todos los aspectos: político, cultural, social y económico. Analizando estos cambios, podemos dividir la época franquista en varias etapas:

– Etapa “azul” o fascista (1939-1943).

– Etapa de transición: del inmovilismo a las grandes transformaciones (1944-1957).

– Etapa de gran desarrollo económico y social (1958-1970).

– Etapa de crisis política del régimen (1971-1975).

2. La evolución interna del régimen.

Etapa “azul” o fascista (1939-1943).

La fuerza política dominante durante el primer periodo fue la Falange, que tenía muchas similitudes con los otros partidos fascistas europeos. El 19 de abril de 1937, Franco había decretado la unificación en un solo partido de falangistas y requetés, formando FET y de las JONS. La nueva fuerza política tenía que convertirse en algo parecido al partido único típico de los regímenes fascistas.

El nuevo partido proporcionó la ideología básica del régimen franquista y una parte importante de su personal político en el periodo 1939-1943. Con todo, hay que advertir que la nueva Falange perdió su autonomía política. Así, al finalizar la Guerra Civil, Franco controlaba FET de las JONS, prueba de ello es que situase al frente a su cuñado, Ramón Serrano Suñer.

Las ideas de Falange se convirtieron en la base de la ideología política que el régimen franquista difundió por toda España en el periodo 1939-1943. Dos documentos resumen la ideología franquista en esta etapa: los 27 Puntos de Falange, elaborado en 1934 como programa del partido, y el Fuero del Trabajo, de 1938.

Además, se hacía uso frecuente de las manifestaciones y los signos externos típicos de todos los regímenes fascistas: concentraciones de masas, uniformes, gestos, eslóganes… A partir de 1943, toda esa liturgia fascista se fue evaporando a medida que los aliados empezaron a perfilarse como vencedores de la II Guerra Mundial.

El nuevo Estado español creado por Franco era rígidamente unitario y centralizado. Desparecieron los Estatutos de Autonomía aprobados por la República, y cualquier decisión política tenía que salir del Consejo de Ministros, presidido por el propio Franco.

Al terminar la guerra se extendió por todo el país el sistema de represión instaurado durante la contienda en la zona ocupada por los sublevados. Los tribunales militares continuaron juzgando y condenando a los acusados de toda clase de delitos políticos. La legislación que se aplicaba en esos caso era la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939.

Los tribunales militares dictaban sentencias que acarreaban a los condenados penas de cárcel o condenas a muerte. El número de ejecuciones realizadas en todo el territorio español en la posguerra no ha sido evaluado con exactitud, pero los historiadores las sitúan entre las 30.000 y las 50.000.

En lo que se refiere a las penas de cárcel, se considera que en abril de 1939 ya eran 100.000 las personas encarceladas. Esta cifra ascendía a 270.000 a finales de ese año.

En el periodo 1939-1943, la política social del régimen franquista fue dirigida por los falangistas, que aspiraban a aplicar sus teorías nacionalsindicalistas.

Al terminar la Guerra Civil, el Gobierno tuvo que emprender inmediatamente la reconstrucción económica del país. La situación era muy difícil, ya que los niveles de producción de 1939 eran muy inferiores a los de 1935.

El Gobierno de Franco programó una política económica autárquica basada en un rígido control de la actividad económica por parte del Estado y en la reducción radical de los intercambios económicos.

En el periodo  1939-1946, los resultados de esta política económica fueron absolutamente negativos. Pronto se pudo comprobar que la idea en que se basaba el sistema era solamente un eslogan propagandístico muy alejado de la triste realidad. Ni la producción industrial ni la agraria lograron alcanzar los niveles de producción de 1935 hasta los años 50.

Los falangistas se limitaron a regular, a su manera, las relaciones entre los empresarios y los trabajadores. En primer lugar, se suprimieron los sindicatos obreros y el Gobierno creó unos sindicatos verticales de los que formaban parte tanto empresarios como trabajadores. Todos estos nuevos sindicatos constituían la Central Nacional Sindicalista (CNS), controlada rígidamente por el Gobierno a través del ministros Delegado de Sindicatos.

En esta etapa, el Gobierno fijaba, por decreto, el valor de los salarios en cada rama de la producción. Además, los trabajadores no podían declararse en huelga, que era siempre ilegal. Por su parte, los empresarios tenían muchas dificultades para despedir a sus empleados.

A partir de 1941 el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, un falangista de la etapa anterior a 1936, empezó a desarrollar un sistema de seguridad social. Así se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1943) y, en años posteriores, los seguros de invalidez, accidentes laborales, paro y vejez. Esta primera etapa de creación de la Seguridad Social se alargó hasta 1957.

Del inmovilismo a las primeras transformaciones (1944-1957).

A partir de 1943 el régimen franquista se apresuró a arrinconar todos los signos políticos fascistas que lo habían caracterizado desde 1939. Esta “desfascistización” hubiera podido desembocar en un sistema político similar al que se estaba imponiendo en la Europa Occidental. Sin embargo, eso no fue posible porque Franco seguía manteniendo su firme oposición a la democracia liberal.

En 1945, el régimen sufrió una serie de retoques –operación de maquillaje-, destinados a demostrar que se respetaban los derechos políticos propios de los sistemas democráticos. El resultado final fue la creación de una especie de híbrido político que recibió el nombre de “democracia orgánica”.

Por otra, para que quedara bien claro cuál era el tipo de democracia que tenían los españoles, se publicó en 1958 un documento, la Ley de Principios del Movimiento. En ella se definían claramente las bases políticas del sistema franquista.

Desde 1943 algunos grupos monárquicos españoles empezaron a actuar. Se trataba de partidarios de don Juan de Borbón que había heredado de su padre, el rey Alfonso XIII, los derechos a la Corona de España. Tras varios desencuentros, donde destaca el Manifiesto de Lausana hecho público por don Juan, en marzo de 1948, se pactó que el príncipe Juan Carlos se trasladara a España para continuar sus estudios.

Un año antes, en julio de 1947, el Gobierno había sometido a referéndum la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que fue aprobada.

Entre 1943 y 1951 se produjeron pocas modificaciones en el panorama de miseria que había caracterizado la etapa anterior. Las estadísticas reflejan un estancamiento de la renta nacional, que no logró alcanzar los niveles de 1935.

En los años siguientes la situación económica del país experimentaría un leve mejora. Esta fue consecuencia, en gran medida, de la fundación del INI y la llegada de la ayuda norteamericana logró acabar con la situación de miseria que vivía el país.

La gran transformación del país (1958-1970).

Las dificultades que, a partir de 1956, se fueron acumulando en el campo de la economía provocaron otra modificación en la política económica del régimen franquista.

De esta manera, a partir de 1957, un grupo de nuevos ministros, los llamados tecnócratas, tomaron en sus manos el control de la política económica de España. A lo largo de la década de 1960 los políticos tecnócratas serán los encargados de dirigir la economía del país.

Franco había formado en 1957 un nuevo Gobierno en el cual dos personalidades destacadas de este grupo ocuparon dos carteras básicas en el área económica. Estas fueron la de Comercio, desempeñada por Alberto Ullastres, y la de Hacienda, a cuyo frente se situó a Mariano Navarro Rubio.

Los nuevos ministros elaboraron un Plan de estabilización Económica, que consideraban imprescindible para asentar sobre una base sólida el proceso de crecimiento económico que se quería iniciar.

El Plan de Estabilización fue aprobado por el Gobierno el 21 de julio de 1959. Mediante este decreto se impusieron una serie de medidas básicas para orientar la economía del país, entre las que destacaban:

– Reducción del excesivo gasto estatal; esto implicó restricciones en la concesión de créditos y congelación de los salarios.

– Desaparición progresiva de los controles del Gobierno sobre las actividades económicas.

– Apertura de la economía española a los mercados exteriores aumentando las facilidades para la realización de exportaciones.

La finalidad última de esta operación de política económica era poner en contacto la economía española con la internacional.

Como consecuencia de estas medidas, a lo largo de los años 60, la economía española entró en una etapa de fuerte crecimiento. Este fue más notable en algunas regiones del país, las denominadas regiones industriales: el País Vasco, Cataluña y Valencia. A su vez, algunas ciudades como Madrid, Burgos, Valladolid, Zaragoza, Vigo, La Coruña, Huelva y Sevilla se convirtieron en importantes núcleos de desarrollo.

En el periodo 1957-1970 la población española pasó de 29.784.019 habitantes a 34.032.801.vEn diez años el aumento de población había sido superior al que se había registrado en los veinte transcurridos entre 1940 y 1960, evaluado en sólo dos millones. Semejante modificación del ritmo de crecimiento demográfico fue debido, básicamente, a la disminución de los índices de mortalidad.

La segunda característica demográfica de este periodo fue la gran movilidad de la población.vLas migraciones de los años 60 resultaron verdaderamente espectaculares. Se trataba, en primer lugar, de la emigración de los trabajadores que se trasladaron a los distintos países de Europa Occidental. Entre 1963 y 1973 salieron de España casi un millón de personas que iban a trabajar a Francia, Alemania y Suiza.

Pero el fenómeno más impresionante al respecto fue el de las migraciones internas.vEstas pusieron en movimiento una gran cantidad de españoles que abandonaban su región de origen para ir a establecerse en zonas industrializadas.

El crecimiento de los años 60 provocó una profunda transformación de la sociedad española, que pasó de ser predominantemente rural a convertirse en urbana en apenas dos décadas. La urbanización de buena parte de la población fue una consecuencia de la modificación de la actividad económica.

Una sociedad urbanizada suele ser, normalmente, una sociedad más alfabetizada que una sociedad rural. Efectivamente, a lo largo de los años 60 el nivel educativo de la población española se fue aproximando al de los otros países de la Europa Occidental.

La crisis del régimen franquista (1971-1975).

A lo largo de esta etapa se sucedieron tres Gobiernos que tuvieron que afrontar los problemas propios de un sistema que cada vez encontraba más dificultades para mantener la vida política del país dentro del marco del régimen.

En la formación del primero de ellos, consecuencia de la implicación de varios ministros en el “caso Matesa”, destaca la figura del almirante Carrero Blanco, nombrado vicepresidente. La importancia de este nombramiento residía no sólo en el cargo, sino en los poderes que adquiría como consecuencia del deterioro de la salud del general Franco.

En esta situación, Carrero Blanco era el hombre encargado de mantener en pie el espíritu y las formas del sistema franquista.

No obstante, el empeoramiento de la salud de Franco parece que fue el elemento determinante de la operación política que se realizó en junio de 1973. Por primera vez, Franco abandonó la jefatura del Gobierno, entregándosela al almirante Carrero Blanco. Este empezó su actuación excluyendo de su Gobierno a las personalidades del ejecutivo anterior que se habían manifestado partidarias de la transformación del sistema.

Sin embargo, los proyectos de Franco y de Carrero fueron truncados por un atentado, reivindicado por ETA, que costó la vida al almirante el día 20 de diciembre de 1973.

Después de la muerte de Carrero, la única preocupación de Franco, incapaz ya de elaborar nuevas estrategias políticas, parecía ser el mantenimiento del orden público. Así se explica que nombrara jefe de Gobierno a Carlos Arias Navarro, que había sido ministro de la Gobernación en el Gobierno presidido por Carrero Blanco.

El Gobierno de Arias Navarro se encontró con problemas cada vez más graves, a lo que se añadía que la salud de Franco empeoraba. Finalmente, en la madrugada el 20 de noviembre de 1975, el general Francisco Franco moría en Madrid.

3. La política exterior.

La política internacional del periodo 1939-1943.

Al comienzo de la II Guerra Mundial, como consecuencia del apoyo germano-italiano recibido durante la Guerra Civil, el Gobierno español empezó a recibir presiones de ambos países, que le pedían alguna clase de apoyo.

En un primer momento, el ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder, pudo mantener la neutralidad. Pero pronto la presión de Alemania le obligó a para a la no beligerancia. A partir de ese momento se fueron imponiendo, en el Gobierno español, los partidarios de adoptar una actitud más favorable hacia el Gobierno alemán.

En octubre de 1940 Serrano Suñer sustituyó a Beigbeder al frente de Exteriores, iniciándose así una etapa de colaboración con Alemania que se alargó hasta 1943. Al parecer Hitler contaba con la intervención española en la guerra para realizar un proyecto militar: el cierre del estrecho de Gibraltar a los barcos británicos. Sin embargo, la entrevista entre Hitler y Franco, celebrada en Hendaya en octubre de 1940, no dio los resultados que el Führer esperaba.

Cuando en 1941 se produjo el ataque alemán a la URSS, Franco vio la oportunidad de ofrecer su apoyo a Alemania. Se creó un cuerpo de voluntarios españoles, la División Azul, para ir a luchar al frente ruso al lado de los alemanes.

Sin embargo, en otoño de 1942 la situación militar de Alemania empezó a deteriorarse. A partir de ese momento el Gobierno español inició, tímidamente, su distanciamiento de los alemanes. En septiembre de 1943 Serrano Suñer fue sustituido por el conde de Jordana al frente de Exteriores. A su vez, se retornó a la situación diplomática de neutralidad, mientras los combatientes de la División Azul volvían a España.

El bloqueo internacional del régimen franquista (1945-1948).

La victoria de los aliados sobre Alemania, Italia y Japón desencadenó una fuerte oposición internacional contra los gobiernos que habían ofrecido algún tipo de apoyo a los vencidos.

Esta oposición internacional se abatió, entre 1946 y 1948, sobre el régimen político español. La ofensiva empezó en enero de 1946, con una nota oficial de los gobiernos de los EE.UU., Gran Bretaña y Francia, en la que se rechazaba la legitimidad del régimen español. A su vez, en el documento se manifestaba la esperanza de que la oposición interior al régimen lograra cambiar el sistema político de España.

Esta declaración se vio confirmada solemnemente en la ONU cuando, el 13 de diciembre de 1946, la Asamblea General condenó el régimen español. También se recomendaba a los países miembros retirar su embajada de Madrid.

La presión internacional adoptó pronto un nuevo aspecto: el bloqueo económico. Sólo algunas excepciones, como la Argentina gobernada por el general Perón, dieron un pequeño respiro a la economía española al proporcionarle el trigo que necesitaba urgentemente.

Franco reaccionó con dureza ante esta ofensiva internacional. La propaganda franquista, que adoptó tonos de un nacionalismo exaltado, supo presentar esta presión como un atentado intolerable a la dignidad y a la soberanía del pueblo español. Una gran manifestación, convocada en Madrid en diciembre de 1946, representó el punto culminante de esta campaña propagandística.

La Guerra Fría y el viraje de la política internacional (1948-1955).

A partir de 1948, la situación internacional dio un vuelco espectacular: empezó la Guerra Fría, con los EE.UU. y la URSS como protagonistas. Por este motivo, a partir de ese año, la política exterior norteamericana se basó en un anticomunismo radical, siendo su objetivo conseguir aliados seguros.

El régimen español fue integrándose en el bando de los países liderados por los EE.UU. y, poco a poco, se fueron sucediendo una serie de hechos significativos:

– En octubre de 1950 la ONU levantaba su veto contra el régimen político español.

– En el año 1951 España empezaba a integrarse en algunos organismos dependientes de la ONU, empezando por la FAO.

– En 1953 se firmaban los acuerdos entre el gobierno español y el de EE.UU.

– Finalmente, en el año 1955 España ingresaba en la ONU como miembro de pleno derecho.

4. La oposición al Régimen.

Conflictos y reivindicaciones.

A lo largo de los años 60 se fue extendiendo entre los estudiantes universitarios un fuerte movimiento de oposición política al régimen franquista. A principios de la década, los dirigentes del SEU, que era el sindicato oficial de los universitarios, aceptaron que algunos de sus cargos fueran elegidos por los estudiantes. Pronto se pudo comprobar que resultaban elegidos los estudiantes más críticos con el régimen franquista.

El paso siguiente de este movimiento de contestación en la Universidad fue el rechazo del SEU y el inicio de los incidentes dentro de los recintos universitarios a partir del año 1962. En 1965 ya se concretó, en las Universidades de Madrid y de Barcelona, el intento de crear un Sindicato Democrático de Estudiantes. Este hecho marcaría el inicio de un periodo de agitación endémica en la Universidad.

Fuera del ámbito universitario cabe destacar los movimientos contestatarios protagonizados por los trabajadores. La tímida apertura del Gobierno que, desde 1954, había autorizado la elección de representantes sindicales por parte de los trabajadores, tuvo como consecuencia la rápida transformación de panorama sindical.

En 1958 el Gobierno promulgó la Ley de Convenios Colectivos, por la cual se aceptaba claramente que la negociación sobre salarios y condiciones de trabajo la realizarían: Los representantes de los trabajadores, aún encuadrados dentro del sindicato oficial, junto con los empresarios. Pero a partir de ese momento, cada una de las negociaciones, una para cada sector, empezó a ir acompañada de una oleada de conflictos.

En septiembre de 1962 se aprobó la Ley de Conflictos Colectivos. En ella se aceptaba, por primera vez, que pudieran existir en España huelgas que no fueran ilegales, aunque se tomaron las precauciones para restringirlas al máximo.

Durante la huelga de 1962 se produjeron una serie de hechos que iban a modificar a fondo el panorama sindical del país. Para organizarla se habían creado en algunas poblaciones unas comisiones de obreros encargadas de dirigir el proceso. Una vez finalizada la huelga, alguna de estas comisiones no se disolvieron, llegando a formar con el tiempo Comisiones Obreras (1964).

A lo largo de la década siguiente la agitación iniciada en los años 60 no sólo no se redujo, sino que fue en aumento. En la Universidad los conflictos se convirtieron en algo endémico. Se trataban siempre de problemas de raíz política que degeneraban en una agitación permanente. El Gobierno ya no sabía cómo atajarla; la medida más frecuente consistía en mantener cerradas las aulas universitarias durante largos periodos de tiempo.

Por su parte, el movimiento de reivindicación de los trabajadores, dirigido normalmente por CCOO, iba también en aumento. Las huelgas, que raramente podían ser consideradas legales, acarrearon en 1968 la pérdida de 4,5 millones de jornadas de trabajo, para ascender, en 1974, a 44 millones.

Los grupos políticos de la oposición.

A partir de 1960 algunas personalidades de ideología liberal y democratacristiana que residían en España, empezaron a manifestar su oposición al régimen franquista. Además, se declaraban partidarios de la implantación de un régimen de democracia liberal parlamentaria en España. Algunas de estas personalidades –Gil Robles, Álvarez de Miranda, Joaquín Satrústegui– se reunieron en Munich (junio de 1962) con miembros de la oposición que estaban exiliados. El Gobierno llamó a esta reunión “El Contubernio de Munich”.

Dentro de la ideología socialista existían grupos y tendencias muy variados:

Dionisio Ridruejo, un falangista de los primeros tiempos, fundó en esa época un grupo, Acción Democrática, de tendencia socialdemócrata.

– La dirección del PSOE seguía establecida en el exilio, pero en el interior del país se organizaban grupos de militantes que, con el paso del tiempo, adquirieron más importancia.

– En Cataluña existía un grupo de ideología socialista, el MSC (Moviment Socialista de Catalunya) que había sido creado en el Sur de Francia en el año 1945.

En los años 60 los comunistas se agrupaban en el PCE (Partido Comunista Español). Este partido, dirigido desde el exilio por personalidades nuevas, como su secretario general Santiago Carrillo, realizó en este periodo una constante labor de penetración en la sociedad. Ya en la década de 1950 habían modificado su mensaje: abandonaron la Guerra Civil y la revancha para embarcarse en un proyecto de reconciliación nacional.

No obstante, a partir de 1973, surgieron a la izquierda del PCE grupos radicalizados que preconizaban la lucha armada y practicaban el terrorismo (fenómeno similar al alemán o al italiano). Entre estos destacaban FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico) y los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

Los comunistas catalanes de esa época se agruparon, a su vez, en el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), totalmente controlado por el PCE.

En el País Vasco subsistía el PNV como máximo representante de la ideología nacionalista. Su dirección estaba en el exilio, donde mantenía el Gobierno vasco.

A partir de 1959 algunos grupos de jóvenes nacionalistas comenzaron a distanciarse del PNV por considerarlo demasiado moderado. De estos grupos iba a surgir ETA (Euzkadi Ta Askatasuna: Euskadi Patria y Libertad) en 1962. Los miembros de ETA se inclinaron por una ideología socialista y, a partir de 1968, iniciaron la “lucha armada” contra el Estado español.

5. Conclusiones.

En la década de 1960, se produjo en España una profunda transformación económica y social. El país que, en 1939, era predominantemente rural y agrario, se convirtió en urbano e industrial durante ese periodo.

El principal motor del cambio fue el proceso de industrialización, que produjo un aumento de la producción industrial y del número de trabajadores del sector secundario. Estos trabajadores procedían en buena parte del mundo rural y acudían a las ciudades más industrializadas con el fin de mejorar su nivel de vida.

En paralelo a esta transformación económica, empezaron a surgir reivindicaciones sociales y posturas críticas en los sectores obreros y en el mundo universitario.

Al mismo tiempo, el propio régimen franquista, incapaz de adaptarse a los cambios que se estaban produciendo, encontraba cada vez más dificultades para ser aceptado.

En el periodo comprendido entre 1969 y 1975, el franquismo vivió una larga agonía, provocada por la evolución económica, social y cultural del país, así como por los deseos de apertura política que mostraba la población. Al mismo tiempo, la salud del dictador se deterioraba a marchas forzadas: era evidente que, sin la presencia de su arquitecto y cabeza omnipresente, era imposible mantener el régimen.

Así, la muerte del general Franco puso fin a una dictadura que a lo largo de la última década había mostrado claros síntomas de agotamiento: se abría la puerta a un periodo de transición a la democracia.