Cincuenta y cuatro años de dictadura

Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos que he escrito sobre el origen y desarrollo de la «Primavera Árabe» en Túnez y Egipto. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.


El gobierno de Habib Burguiba

1878. El entendimiento entre británicos y franceses había legitimado a estos últimos para hacerse el país. Los nuevos señores del Mediterráneo Occidental –no hemos de olvidar que Francia gobernaba Argelia y extendía su protectorado hasta Marruecos- respetaron la figura del bey otomano, pero privando a su poseedor de cualquier poder. El gobierno era cuestión exclusiva de los cargos nombrados por la metrópoli.

Veinticinco años después, en agosto de 1903, nacía en Monastir Habib Burguiba, el hombre que iba a llevar a Túnez a su independencia.

En la década de 1930, Habib Burguiba pasó a formar parte del grupo nacionalista Destour, del que pronto se separó, participando en la fundación del Neo-Destour. Su defensa de la autonomía tunecina, así como de la idea de una independencia negociada con Francia, le granjearon numerosos apoyos dentro del partido.

De esta manera, en 1933 se convirtió en su máximo dirigente, imponiendo sus postulados de corte socialista. Durante dos décadas, con Guerra Mundial y ocupación alemana incluida, el Neo-Destour continuó su lucha por la independencia.

Finalmente, en 1954, comenzaron las negociaciones entre el gobierno francés y los representantes del nacionalismo tunecino. En agosto de 1956, la metrópoli aceptó retirar tanto sus fuerzas militares como los funcionarios de la administración colonial, al tiempo que, bajo la tutela de París, Habib Burguiba era nombrado primer ministro. Sin embargo, el líder del Neo-Destour no respetó el acuerdo. En mayo del año siguiente rompía relaciones con Francia y anulaba los poderes políticos del bey Muhammad VIII al-Amin.

En el mes de julio de 1957, proclamaba la República de Túnez bajo su presidencia.

Una vez en el poder, Habib Burguiba puso en marcha su proyecto de socialismo árabe. Siguiendo el modelo soviético de economía planificada, llevó a cabo un intenso proceso nacionalizador a lo largo de la década de 1960. A su vez, introdujo la colectivización y el control estatal sobre la producción y el precio de los alimentos.

Todo esto condujo a un incremento de la burocracia, al tiempo que la inflación se disparaba. En medio de una situación económica crítica, y ante el riesgo de que estallara una revolución popular, Habib Burguiba abandonó sus postulados socialistas e inició un proceso de liberalización económica.

A mediados de la década de 1970, Túnez había recobrado buena parte de la tranquilidad y prosperidad perdida durante la etapa de políticas marxistas.

Fue, sin duda, la época dorada del gobierno de Habib Burguiba, que incluso logró que el Parlamento votara a favor de su nombramiento como “presidente vitalicio”. Sin embargo, desde 1980 su salud fue deteriorándose poco a poco, hasta el punto de impedirle desempeñar con normalidad las tareas de gobierno. Cada vez se apoyaba más en Zine El Abidine Ben Alí, en quien recaían buena parte de las decisiones importantes.

En 1985, Ben Alí, que por entonces desempeñaba el cargo de jefe de la policía secreta, fue nombrado primer ministro. Las dificultades de Burguiba para desempeñar su labor, así como el creciente poder de Ben Alí, llevaron a este último a dar un golpe de Estado en 1987.

El cambio de régimen se llevó a cabo sin violencia y no supuso ningún trauma para el país. Incluso se respetó la figura del ex presidente, que vivió el resto de sus días bajo arresto domiciliario. Hasta el día de su fallecimiento, el 6 de abril del año 2000, Habib Burguiba contó con una asistencia médica acorde a sus necesidades.

Ben Alí en el poder

Tras el llamado “golpe de Estado médico” del 7 de noviembre de 1987, Ben Alí gobernó Túnez durante más de veintitrés años. Durante ese periodo, el dictador supo mantener el complicado equilibrio entre la brutal represión y la prosperidad económica. Cuando esta última se desplomó, la supuesta legitimidad tecnocrática del régimen se desvaneció, dejándolo sólo ante la ira del pueblo.

Desde el primer momento tuvo especial interés en justificar su poder. Presentó ante los tunecinos el acto de traición contra su mentor -padre de la patria- como un acto de salvación nacional.

La propaganda del régimen se esforzó por disfrazar el golpe de Estado de acontecimiento incruento y necesario para la gobernabilidad del país. A su vez, quiso dar un tinte de democracia a su férrea dictadura. En primer lugar, renunció al cargo de “presidente vitalicio” instituido por Burguiba. A su vez, convocó hasta cinco elecciones presidenciales, de las que siempre resultó vencedor con más de un noventa por ciento de los votos.

Como tantos otros dictadores del mundo musulmán, Ben Alí supo presentarse ante los líderes occidentales como un mal necesario. Las protestas de Europa y los EE.UU. ante la violación de los derechos humanos o el fraude electoral, siempre fueron tímidas, pues lo veían como un muro de contención de las posturas más radicales. Al fin y al cabo, su régimen respetaba el status quo internacional y se mostraba abierto a las políticas neoliberales.

Derrocarle hubiera supuesto, según la mentalidad de los gobiernos occidentales, dejar el país en manos de los islamistas del partido Ennahdha.

El comienzo del siglo XXI no hacía presagiar nada malo para el régimen. La clase media, clave para evitar cualquier conflicto, se había incrementado notablemente con respecto a las dos décadas anteriores. Túnez, donde la mayoría de sus diez millones de habitantes estaban ocupados en el sector turístico, aparecía ante el mundo como un país relativamente moderno, con la mujer incorporada al mundo laboral y un importante porcentaje de población universitaria.

Además, en el ámbito político, mediante la reforma constitucional de 2002, Ben Alí había eliminado la clausula que le impedía presentarse a las sucesivas reelecciones. Por último, los atentados del 11 de septiembre, así como la guerra abierta entre los EE.UU. y el islamismo internacional, le convertían en un aliado natural para la política de George Bush.

Sin embargo, la crisis económica iniciada en verano de 2007 iba a llevarse por delante todas las previsiones de los analistas políticos.

En el plazo de tres años, el desempleo y la pobreza se extendieron por Túnez, y el precio de los alimentos subió hasta alcanzar niveles desconocidos por la población del país. Al mismo tiempo, la conducta de algunos personajes del régimen, en especial de Leila Trabelsi –esposa de Ben Alí- y sus familiares, distaba mucho de ser ejemplar. Los casos de corrupción que salpicaban a la primera dama se multiplicaban: concesiones de grandes superficies comerciales y entidades bancarias, blanqueo de dinero, usurpación de bienes privados y apropiación de otros públicos a través de adjudicaciones fraudulentas… Finalmente, en diciembre de 2010, iba a dar comienzo un movimiento de protesta que acabaría por tumbar a Ben Alí y a su régimen. Todo comenzó con la inmolación de un joven desempleado: Mohamed Bouazizi.

Adolfo Suárez y Josep Tarradellas I

Sin embargo, los buenos resultados del referéndum en Cataluña hicieron que Suárez perdiera interés en el ilustre exiliado, y la posterior incorporación de Pujol a la comisión de los nueve -que irritó profundamente a Tarradellas, defensor a ultranza de que las negociaciones entre la oposición catalana y el gobierno se realizaran por separado-, pareció abrir una vía más directa.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 184.

La visita de los Reyes a Cataluña en 1976

En el ámbito simbólico, tuvo especial resonancia la visita de los reyes a Cataluña, en el transcurso del cual el monarca utilizó repetidamente el catalán en sus discursos. Durante la misma se anunció la creación de una comisión para estudiar la implantación de un régimen administrativo para las cuatro provincias catalanas, impulsada por el presidente de la diputación barcelonesa, Juan Antonio Samaranch, que pretendía una cierta institucionalización de Cataluña como región. A sugerencia de Pujol, recogida por Sánchez-Terán, también se acordó permitir la inscripción en el registro civil de nombres vernáculos «en cualquier lengua de la nación».

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 154.

El divorcio entre la realidad y la legalidad

Como escribiera el entonces gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez-Terán, la ola de huelgas registradas en los primeros meses del año tuvo la virtud de poner de manifiesto que, «si había un divorcio rotundo entre realidad y legalidad, era en el mundo sindical». Situaciones como las de Vitoria demostraron que la organización sindical se encontraba impotente para encauzar las demandas de los trabajadores, incluso las estrictamente laborales.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 153.

Democratización y modernización en España

De todo lo anterior no cabe concluir que el estudio del cambio de régimen en España pueda prescindir del análisis de las transformaciones económicas, sociales y culturales acaecidas en los años sesenta y setenta, sino más bien que estas permitieron e incluso facilitaron –pero no determinaron- una salida democrática a la dictadura, en la cual desempeñaron un papel igualmente decisivo otros factores, de naturaleza esencialmente política, que también merecerán nuestra atención.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 21.

La perspectiva de Juan Linz y Alfred Stepan

Para Juan Linz y Alfred Stepan, por ejemplo, el nexo entre el sistema capitalista y la democracia se produce en el ámbito de la sociedad civil: a su entender, una sociedad civil independiente y dinámica sólo puede surgir allí donde exista una economía con una cierta autonomía de mercado y formas diversas de propiedad. Si toda la propiedad está en manos del Estado, y si este controla todos los resortes de la economía, no es posible la relativa autonomía de la sociedad civil, sin la cual resulta inconcebible una verdadera democracia.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 20.

Relación entre desarrollo económico y democratización II

…buena parte de la literatura sobre la crisis del franquismo y la transición a la democracia tiene su punto de partida entre el desarrollo socioeconómico y el cambio político. Como es sabido, este enfoque goza de una larga tradición académica, que data (por lo menos) de la publicación en 1959 del ya clásico trabajo de Seymour M. Lipset sobre los requisitos de la democracia, en el que afirmaba que “los factores de industrialización, urbanización, riqueza y educación están tan estrechamente interrelacionados que constituyen un factor común. Y los factores que encierran el desarrollo económico traen consigo el correlativo político de la democracia” (…) Es importante subrayar que estos estudios no defienden la existencia de una relación mecánica de carácter determinista entre el desarrollo socioeconómico y la democracia, sino que afirman tan sólo que, si aquél se produce, las probabilidades de esta aumentarán.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 17-18.

Relación entre desarrollo económico y democratización I

Si se acepta la existencia de una cierta relación causal entre desarrollo económico y democratización, resulta ineludible explicitar la naturaleza de la misma. José María Maravall ha sostenido que dicho efecto causal opera de forma indirecta, a través de diversas variables intermedias. A medida que una economía se desarrolla, se hace también más compleja, y su administración a través de las instituciones de la dictadura se hará más difícil. Como sostiene Robert Dahl, en una economía avanzada el rendimiento a largo plazo será menos productivo bajo la coerción que si se basa en la aceptación voluntaria: los diktats autoritarios son menos eficientes que la negociación colectiva. A mismo tiempo, “el orden social también se haría más plural: como consecuencia, los recursos se descentrarían, la coerción resultaría menos viable y surgirían crecientes demandas de un pluralismo también político. Los grupos y organizaciones sociales adquirirían una mayor autonomía respecto del Estado: el número de asociaciones intermedias se multiplicaría, la sociedad civil se fortalecería, sus relaciones con el Estado alcanzarían un nuevo equilibrio, nuevas pautas de negociación sustituirían a relaciones de imposición.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 19.

El Líbano: de la discordia a la no existencia II

En 1918, tras el fin de los combates de la Gran Guerra, el patriarca maronita exige la proclamación de un Gran Líbano independiente. Pero en 1920 se impondrá el mandato francés, que es confirmado por la SDN en 1922. Ese año Francia concede al país un Consejo representativo, en 1925 una Constitución, pero persiste una dependencia de hecho. A partir de 1925 los nuevos dueños del Líbano deberán enfrentarse a una rebelión de la montaña drusa. El tratado de 1936 firmado por el gobierno del Frente Popular concediendo por fin la independencia, no es ratificado por el Parlamento francés. En 1941 los británicos y la FFL expulsarán a los representantes de Vichy. La Francia libre proclamará la independencia en julio, pero una vez más no se respetarán los hechos. En agosto de 1943 los cristianos maronitas y los musulmanes sunnitas adoptan un acuerdo verbal, conocido con el nombre de Pacto Nacional y que estará en vigor durante cuarenta años. Los maronitas, mayoría, detentarán la presidencia de la República; el presidente del consejo será sunnita y el presidente de la Cámara chiíta. Bechara al Khury, ganador de las primeras elecciones, es detenido enseguida junto con su gobierno por el Alto Comisariado francés. Serán necesarios la firme insistencia de los británicos (más inspirados que en Palestina…) y nuevos disturbios en 1945 para que el país acceda por fin a la plena soberanía en 1946.

Alain Duret, Oriente Medio. Crisis y desafíos, p. 84.

El Líbano: de la discordia a la no existencia I

A finales del XVIII los egipcios establecen su control sobre la región y aplastan una rebelión en 1840; drusos y maronitas, después de la vuelta de la influencia otomana, se separan. La masacre de los cristianos provoca en 1860 la intervención militar francesa. París se da a conocer con el título de «protector de los cristianos del Imperio otomano». Turquía promulga un «reglamento orgánico» que concede al Monte Líbano un estatuto de autonomía, que garantizan las grandes potencias. Un Consejo en el que figuran representantes de diversas comunidades religiosas asesora a un gobernador cristiano.

Alain Duret, Oriente Medio. Crisis y desafíos, p. 82.