Nuevos faraones sobre el país del Nilo

Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos que he escrito sobre el origen y desarrollo de la «Primavera Árabe» en Túnez y Egipto. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.


Gammal Abder Nasser, el primer faraón del siglo XX

A comienzos de la década de 1950, la inestabilidad política hacía tambalearse los otrora sólidos cimientos de la monarquía egipcia. La sumisión de Faruk I a los desginios británicos, así como la dolorosa derrota militar en la guerra de 1948 contra Israel, debilitaron enormemente la credibilidad de la casa real. A esto, por supuesto, tampoco ayudaba la condición de cleptómano del monarca, que era conocido dentro y fuera de sus fronteras como “el ladrón de El Cairo”.

El 23 de julio 1952, una sublevación militar llevada a cabo por la agrupación Movimiento de Oficiales Libres, encabezada por Gamal Abder Nasser y Muhammad Naguib obligó a Faruk a abdicar en su hijo Ahmed, un bebé que subió al trono como Fuad II.

Efímero fue su reinado: sólo se le permitió mantener la corona once meses. El 18 de junio de 1953, la monarquía de la dinastía de Muhammad Alí, que había gobernado el país desde la época napoleónica, fue abolida. Egipto pasó a ser una república bajo la presidencia de Nasser.

Con el incondicional apoyo del ejército, el nuevo presidente convirtió el país en una dictadura con régimen de partido único: Unidad Nacional. A su vez, la importante política social desplegada por el el gobierno, otorgó enorme popularidad a su líder, que se ganó el favor de buena parte del pueblo egipcio.

No obstante, las ambiciones de Nasser iban más allá de las fronteras de su propio país. Aspiraba a unir al pueblo árabe bajo la bandera de una izquierda respetuosa con el Islam. El primer paso en ese proceso fue calificar a su partido como “socialista”, al tiempo que, sin abandonar totalmente las estructuras capitalistas, imitó las medidas nacionalizadoras de corte soviético. El segundo escalón en su ascenso a líder del mundo árabe fue su progresivo acercamiento a Moscú, sin que esto le impidiera pertenecer al grupo de los No Alineados o mantener relaciones comerciales con Occidente.

Por último, gracias al prestigio adquirido fuera de sus fronteras como consecuencia de la crisis de Suez (1956), apadrinó la fundación de la República Árabe Unida.

El proyecto panarabista vio la luz el 1 de febreo de 1958 y a él se adhirieron Siria, Yemen y el propio Egipto. Sin embargo, las diferencias entre las élites de los países miembros, así como la distancia entre lo territorios llevaron a la República Árabe Unida al colapso. En 1961 se certificaba el fracaso del proyecto de unidad. Este acontecimiento marcó, al mismo tiempo, el final del ascenso político del presidente egipcio.

El 28 de septiembre de 1970, entre las lágrimas de sus abundantes partidarios y la alegría contenida de los opositores, moría el carismático Gamal Abder Nasser. El hombre que había derrocado a la monarquía dejaba asentada en el país una dictadura capaz de sobrevivir a su ausencia durante cuarenta años.

Anwar el Sadat, el faraón asesinado

A la muerte de Nasser se hizo con el poder Anwar el Sadat, secretario del partido Unidad Nacional.

El nuevo presidente había luchado desde muy joven contra la monarquía de Faruk I y la influencia británica que este permitía. En 1939 se integró en el grupo de oposición liderado por Gamal Abder Nasser y Muhammad Naguib, el Movimiento de Oficiales Libres; y once años después participó activamente en la sublevación militar contra el rey. Tras la proclamación de la República fue nombrado miembro del Consejo de la Revolución.

En el momento de la muerte de Nasser, Anwar el Sadat ocupaba el cargo de vicepresidente de la República. Era, por tanto, el mejor situado para suceder al carismático difunto. De esta manera, a pesar de no gozar con la popularidad de su antecesor, logró imponerse a todos sus rivales y hacerse con las riendas del poder. Su ideología no se alejaba demasiado del nacionalismo de izquierdas propio de Nasser. Además, a pesar del fracaso de la primera experiencia de unidad árabe, no había abandonado sus ideas panarabistas.

En política interior, Sadat mantuvo en líneas generales marcadas por el gobierno anterior. Es decir, ayudas sociales de corte populista y dura represión de los opositores. Dentro de estos últimos, tomaban cada vez mayor fuerza los Hermanos Musulmanes, un grupo islamista fundado en 1928 por Hassan el-Banna y que, como consecuencia del acercamiento de Egipto a Moscú, venía recibiendo importantes ayudas por parte de los Estados Unidos.

En lo que a política exterior se refiere, Egipto continuó coqueteando, dentro del contexto de Guerra Fría, con la Unión Soviética. A mismo tiempo, desde la perspectiva árabe, Israel constituía el gran obstáculo para construir el sueño de la unidad.

El cambio en la política internacional de Sadat llegó como consecuencia de la derrota en la Guerra del Yom Kippur. En 1973, el ataque combinado de Egipto y Siria contra Israel contaba con el factor sorpresa como principal aliado. Sin embargo, tras un primer momento en el que la victoria parecía algo más que probable, los judíos reaccionaron y desbarataron los planes de las naciones árabes.

A partir de entonces, consciente de que el país no podía estar sometido a las constantes sacudidas que suponían las derrotas contra Israel, el presidente renunció a la lucha por la unidad árabe. En el plazo de cinco años reconoció diplomáticamente al Estado judío, visitó Jerusalén para reunirse con su presidente y se desvinculó de la política soviética.

El establecimiento de relaciones amistosas con Israel y los Estados Unidos fue considerado como una traición por parte de las naciones árabes. A su vez, dentro de sus propias fronteras, las medidas de Sadat tampoco tuvieron buena acogida. Más teniendo en cuenta que abandonó el socialismo populista impuesto por Nasser para abrir una intensa etapa de liberalismo económico. La tensión se hizo notar en la calle, donde las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar con dureza contra los opositores.

La represión, en especial contra los Hermanos Musulmanes, alcanzó su grado máximo desde la instauración de la República en 1953.

Finalmente, el 6 de octubre de 1981, Anwar el Sadat era asesinado por los integristas islámicos mientras presidía un desfile militar. Su cruenta muerte abrió las puertas a un estado de excepción que se mantuvo en el país durante todo el gobierno de su sucesor.

El faraón de Occidente

Hosni Mubarak, vicepresidente de la República desde 1975, fue elegido sucesor de Anwar el Sadat tras el atentado que acabó con la vida de este en 1981. El protagonismo de los islamistas en ese acontecimiento permitió al nuevo presidente intensificar aún más el sistema represivo que habían mantenido sus antecesores.

El régimen de Hosni Mubarak contó, a lo largo de sus treinta años de existencia, con el apoyo del mundo occidental, y especialmente de los Estados Unidos.

Para Egipto resultaba fundamental desde el punto de vista económico la alianza con el gigante americano. Mientras que para este, el país del Nilo era un punto geopolítico clave en sus relaciones con el mundo árabe. De esta manera, el silencio de Washington y de las cancillerías europeas ante las constantes violaciones de los derechos humanos en Egipto era el precio a pagar por contar con un Caballo de Troya dentro de la Liga Árabe.

Entre los grandes logros de Mubarak cabe destacar la buena marcha de la economía en sus primeros años al frente del país, así como la restitución de la península del Sinaí por parte de Israel en 1982. Este último hecho le permitió a Egipto recuperar su prestigio dentro del mundo árabe, muy deteriorado tras el establecimiento de relaciones con Israel.

Sin embargo, la estabilidad del régimen iba a verse sacudida a comienzos del siglo XXI por la situación política en la zona y la crisis económica. El pueblo egipcio, sometido durante demasiado tiempo, tenía cada día menos paciencia con el último de los faraones modernos. Una nueva violación de los derechos humanos sería el desencadenante de la revolución.

Túnez después de Ben Alí

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La huida de Ben Alí y la formación, el 17 de enero, de un nuevo ejecutivo no marcaron el final de la Revolución de los Jazmines.

Apenas veinticuatro horas bastaron para que el pueblo tunecino retirara su confianza al gobierno de transición. En la base del rebrote de la protesta estaba la presencia en el ejecutivo de personalidades que habían ostentado cargos de alta responsabilidad durante el régimen –doce en el gabinete sobre un total de veinte miembros-, en especial el primer ministro Mohamed Ghanuchi, hombre de confianza del ex presidente.

De esta manera, convencidos de que se encontraban ante un gobierno continuista, los tunecinos volvieron a salir a la calle el día 18 de enero. Argumentaban que no habían hecho la revolución para terminar simplemente con Ben Alí, sino con el régimen en su conjunto.

Miles de personas llenaron la medina del centro de Túnez, sede de los principales edificios gubernamentales, para mostrar su rechazo al ejecutivo dirigido por Mohamed Ghanuchi. Ante la ventana de la oficina del primer ministro, en la plaza del Palacio de Gobierno, se formó, en pocas horas, un extenso campamento.

La capital de esta república Mediterránea inauguraba, por tanto, ese mecanismo de protesta, que más tarde se haría famoso en España y los EE.UU.

La mayor parte de los miembros de esa improvisada acampada eran habitantes del interior del país, de regiones como Gafsa, Kaserín, Gabes o Sidi Bouzid, ciudad natal de Mohamed Bouazizi. Personas, al fin y al cabo, que se habían trasladado a la capital para unirse a la protesta y que, a falta de un lugar donde hospedarse, habían echado mano de sus propias tiendas.

Los manifestantes se comprometieron a no marcharse de la plaza hasta que todos los colaboradores del régimen de Ben Alí abandonaran el gobierno. Sin embargo, ese mismo día, las fuerzas de seguridad consiguieron dispersar a los ciudadanos, obligándoles a levantar la acampada. La violencia policial, esta vez sin víctimas mortales, volvió ha hacer acto de presencia. En protesta contra estos actos, cuatro miembros del ejecutivo, todos ellos miembros de la oposición, presentaron su dimisión a Mohamed Ghanuchi.

La jornada del 18 de enero, con su gran manifestación, la actuación policial y la dimisión de cuatro ministros, había dejado herido de muerte al gobierno de transición.

Quizás por esa razón, el ejecutivo decidió tomar una serie de medidas para congraciarse con el pueblo. En primer lugar, declaró su intención de legalizar todos los partidos políticos salvo el islamista Ennahdha, al tiempo que se anunciaba la liberación de los presos políticos. En segundo término, con el fin de distanciarse lo máximo posible del huido presidente, las autoridades pidieron a Arabia Saudí su extradición. La diplomacia tunecina basaba sus exigencias en los crímenes cometidos por Ben Alí durante la revuelta de los días anteriores.

En concreto, se le acusaba de participar en varios delitos graves como “incitación al asesinato o fomento de la discordia entre los ciudadanos del país”. Además, a estos cargos había que añadir aquellos anteriores a la Revolución de los Jazmines: especulación ilegal, blanqueo de dinero, corrupción a gran escala… El documento de la embajada tunecina terminaba pidiendo a los saudíes información sobre el estado de salud de Ben Alí, puesto que, sobre la cuestión, circulaban rumores contradictorios, e incluso se hablaba de la posible muerte del dictador.

No obstante, las medidas tomadas por el gobierno de Ghanuchi no fueron suficientes para calmar al pueblo. En los días que siguieron al desalojo del 18 de enero, los manifestantes volvieron a ocupar la plaza, llenándola nuevamente con sus tiendas de campaña. Además, a partir del día 22, cientos de agentes de policía comenzaron a simpatizar con la protesta, hasta el punto de unirse a ella.

Finalmente, la llegada a la plaza de un gran grupo de universitarios y jóvenes de la capital, elevó el número de acampados a los tres mil en la tarde del jueves 24.

Con el fin de aprovechar la masa humana que se concentraba frente al Palacio de Gobierno, y percibiendo a su vez la fragilidad del ejecutivo, la oposición convocó para el viernes 25 de enero una nueva manifestación masiva por las calles del centro de la capital. Lo que comenzó siendo una marcha pacífica en pro de la dimisión de Ghanuchi, fue degenerando hasta terminar en una batalla campal entre un grupo de radicales y la policía.

El enfrentamiento tuvo su origen en la avenida Burguiba, donde los agentes de seguridad cortaron el paso a los manifestantes que se disponían a asaltar la sede del Ministerio del Interior. En respuesta a la acción policial, estos comenzaron a lanzarles piedras, al tiempo que prendían fuego al mobiliario urbano. En ese momento se produjo la carga policial, que dejó a su paso tres muertos. Escenas similares se vivieron en los aledaños del Parlamento, cuyo asalto fue también detenido por las fuerzas de seguridad.

La primera reacción del gobierno ante los acontecimientos de la jornada de protesta fue pedir calma a la población, al tiempo que apelaba a su responsabilidad, vital para llevar a buen puerto el proceso de transición. Pero, a pesar de esas recomendaciones, los disturbios continuaron a lo largo del 26 de enero, con un saldo de tres muerto y ochenta y cinco heridos.

Al día siguiente, con la situación totalmente fuera de control, el primer ministro Mohamed Ghanuchi presentaba su dimisión ante el presidente Fouad Mebaza. Desaparecía así de la escena política el sucesor de Ben Alí, un hombre que, a causa de su pasado ligado al régimen, no había podido llevar a buen puerto el cambio político en su país.

El elegido para sucederle fue Beji Caid-Essebsi, un veterano político de ochenta y cuatro años que, durante la etapa de Habib Burguiba, había desempeñado cargos ministeriales.

Tras el relevo gubernamental, las aguas volvieron a su cauce. Las manifestaciones cesaron, al tiempo que la acampada frente al Palacio de Gobierno fue perdiendo integrantes poco a poco hasta desaparecer a comienzos del mes de marzo. A todo esto contribuyó, sin lugar a dudas, la mejora de las relaciones entre el ejecutivo y las fuerzas de oposición agrupadas en el Alto Consejo para la Protección de la Revolución.

También influyó la dimisión de los ministros Aziz Chlabi y Mohamed Nuri Yuini. Estos, titulares de los departamentos de Industria y Cooperación Internacional respectivamente, pertenecían al partido Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), vinculado al régimen de Ben Alí.

Otro símbolo del cambio político fue la legalización, tras veintitrés años en la clandestinidad, del partido islamista Ennahdha. El 1 de marzo, a las pocas horas de confirmarse la noticia, su líder, Rachid Ghanuchi, manifestaba su voluntad de aceptar y respetar las reglas del juego democrático, al tiempo que anunciaba su deseo de convocar un congreso nacional del partido.

El 3 de marzo, en un discurso televisado a la nación, Fouad Mebaza anunciaba que las elecciones a la Asamblea Constitucional se celebrarían el 24 de julio.

El presidente confirmó que el gobierno de transición se mantendría en el poder hasta que los nuevos representantes del pueblo estuvieran en situación de designar un nuevo ejecutivo. A su vez, Mebaza informó a los ciudadanos sobre la elaboración de una normativa electoral, cuya aprobación estaba prevista para finales de marzo. Terminaba su intervención asegurando que la gran misión del gobierno interino, así como de la asamblea elegida por el pueblo en julio era “consagrar las aspiraciones del pueblo tunecino y su revolución”.

Cuatro días después de este importante discurso, se legalizaban nueve partidos políticos, entre ellos Congreso para la República (CPR) del médico, escritor y opositor a Ben Alí, Moncef Marzouki. De igual modo, el 18 de marzo, el Partido Comunista de los Obreros de Túnez (PCOT) abandonaba la clandestinidad.

A comienzos de junio, el ejecutivo tunecino decidió retrasar las elecciones legislativas hasta el 23 de octubre. En una comparecencia pública, Beji Caid-Essebsi explicó detenidamente las razones por las que creían preferible convocar los comicios en otoño en lugar del 24 de julio.

A lo largo de su discurso, el octogenario primer ministro, puntualizó que la decisión se había tomado teniendo en cuenta la opinión de la Comisión Electoral. Este organismo era partidario de dar más tiempo a los partidos políticos para organizar sus estructuras y confeccionar las listas de candidatos. A su vez, Beji Caid-Essebi dejó entrever que la situación del país aún era demasiado tensa como para enfrentarse a una consulta popular.

El cambio de la fecha fue acogido con cierto malestar en el seno de las fuerzas opositoras. Sin embargo, la inmensa mayoría de los partidos políticos no dudó en reconocer que ese plus de tiempo otorgado por la Comisión Electoral les permitiría llegar mejor organizados a los comicios. De esta manera, salvo incidentes aislados protagonizados por simpatizantes del Tahrir, grupo político fundamentalista de carácter salafista, la noticia no provocó ningún tipo de reacción popular.

Además, los actos de protesta de ese grupo islamista, declarado ilegal por el gobierno de transición, eran más un intento de presión para estar presente en las urnas que una expresión de malestar por el cambio de fecha. Los incidentes de comienzos de junio, así como otros previos a la cita electoral, no influyeron en la decisión del ejecutivo: se mantuvo el carácter ilegal del partido Tahrir basándose en su rechazo a la democracia, así como en su intención de imponer el Sharia de forma integral.

Las pocas esperanzas del movimiento salafista se desvanecieron cuando, el 12 de septiembre, la Instancia Superior Independiente para las Elecciones publicó el registro de las listas autorizadas a participar en los comicios. Las candidaturas del partido Tahrir no se encontraban presentes entre las 11.618 admitidas. La comisión organizadora había seleccionado 1517 listas -148 del extranjero-, de las cuales 828 pertenecían a partidos políticos, 34 a coaliciones, y 655 a independientes.

Además, una cuarta parte de los candidatos no superaban los treinta años, mientras que únicamente un 7% de las listas estaban encabezadas por mujeres.

En los días previos a la cita electoral del 23 de octubre, comenzaron a circular un gran número de encuestas. La mayoría de ellas daba como vencedor, con un 30% de los votos, al partido islamista Ennahdha. Desde ese momento, algunos de sus rivales -Partido Democrático y Progresista (PDP) y el Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades (FDLL)- comenzaron a explotar el argumento del miedo al establecimiento de un régimen fundamentalista en el país.

Sin embargo, el alto número de simpatizantes con los que contaba este grupo, así como el discurso moderado de su líder Rachid Ghanuchi, contrarrestaron con bastante eficacia el discurso de los demás partidos. A lo largo de la campaña, el Ennahdha trató de mostrarse como un partido respetuoso con la democracia y partidario de la línea política del islamismo moderado. Es decir, manifestaron su deseo de seguir los pasos del AKP turco de Recep Tayyip Erdogan.

Además, Rachib Ghanuchi no olvidó cuidar su imagen en el exterior, tal como se reflejó en la entrevista que concedió a The Guardian la semana previa a las elecciones. En ella, anunció su intención de estrechar las relaciones con la Unión Europea, al tiempo que apostaba por la vía democrática “dentro de la tendencia general del Islam político moderado”, con Turquía como modelo.

El Ennahdha también tuvo que hacer frente a las declaraciones de los grupos feministas, temerosos de que, con su victoria, el país retrocediera en el campo de la igualdad.

El líder del partido salió al paso de esas acusaciones en numerosas intervenciones y entrevistas, entre ellas la citada para The Guardian: «Nuestro manifiesto subraya nuestra defensa de los derechos de la mujer y el respaldo al sistema de participación que fija la igualdad de hombres y mujeres.

Las mujeres juegan un papel importante a todos los niveles de nuestro partido, como cabría esperarse de cualquier formación democrática». Las palabras de Ghanuchi estaban, además, respaldadas por los hechos. Un alto porcentaje de los candidatos de su partido eran mujeres, y la mayoría de ellas no usaba de manera habitual el velo.

El domingo 23 de octubre, los ciudadanos tunecinos acudieron a las urnas para elegir a los parlamentarios que iban a formar parte de la Asamblea Constituyente.

Además, tal como quedaba reflejado en la convocatoria electoral, si estos lo creían conveniente, estarían autorizados para nombrar un nuevo gobierno, así como un presidente de la república. El sistema electoral, diseñado por la Alta Instancia para la Realización de los Objetivos de la Revolución, de la Reforma Política y de la Transición Democrática, contemplaba un modelo representativo proporcional mayoritario, a una vuelta y con listas cerradas.

A su vez, el país quedaba dividido en treinta y tres circunscripciones diferentes. Estas, en función de su población, se repartían ciento noventa y nueve de los doscientos diecisiete asientos parlamentarios, quedando los restantes dieciocho reservados para el voto emigrante. Yadh Ben Achour, director del citado organismo, aseguraba que, de este modo, se buscaba establecer “un panorama lo más representativo posible”, al tiempo que se evitaba la presencia de un partido hegemónico. Así, las distintas fuerzas políticas estaban obligadas a llegar a acuerdos, construyendo una Constitución basada en el consenso.

Si bien en la mañana del día 24 ya circulaban numerosos rumores, los resultados no fueron publicados por la Instancia Superior Independiente para las Elecciones hizo hasta el día 28 de octubre. El recuento final arrojó una participación del 86% -4.308.888 votos emitidos-, con un 3,6% de votos nulos y un 2,3% en blanco. El sistema electoral utilizado configuró un parlamento con doce fuerzas parlamentarias, de las cuales ninguna llegaba a la mayoría absoluta. En lo que se refiere a distribución de escaños por género, las mujeres alcanzaron un 27% frente al 73% de los varones. Porcentajes, por otro lado, muy similares al de los candidatos de cada sexo.

El triunfo fue para los islamistas del Ennahda, con el 37% de los votos. El partido de Rachib Ghanuchi obtuvo así 89 escaños, 42 de ellos ocupados por mujeres. El Partido Congreso para la República, liderado por Moncef Marzouki, se convirtió en la segunda fuerza política, con el 8,7% y un total de 29 representantes.

El 6,9% y tres parlamentarios menos obtuvo el grupo Al Aridha, y veinte, con un 7% de los sufragios, Ettakatol (Forum Democrático para el Trabajo y las Libertades). El Partido Democrático Progresista (PDP) obtuvo un 4% de los votos y 16 escaños, mientras que Polo Democrático Modernista (PDM) y Al Moubadara consiguieron 5 representantes cada uno, con un 2,8% el primero y un 3,2% el segundo. Por debajo del 2% se situaron Afek Tounis, con 4, Alternativa Revolucionaria, con 3 escaños, así como el Movimiento de los Socialdemócratas y Echaab, con 2 cada uno. A su vez, 16 independientes alcanzaron también representación parlamentaria.

La comparecencia pública del líder de Ennahda se produjo a las pocas horas de conocerse los resultados. Ghanuchi volvió a tranquilizar a la población y a las fuerzas políticas laicas, dando a entender de forma clara que su partido respetaría las conquistas democráticas de los tunecinos, así como el papel de la mujer y los derechos humanos: “La democracia es para todo el mundo, nuestros corazones están abiertos a todo el mundo y pedimos a nuestros hermanos, cualesquiera que sean sus orientaciones políticas, que participen en la redacción de la Constitución y en la instauración de un régimen democrático (…) Ennahda no va a cambiar el modo de vida. Dejará el asunto en manos de las mujeres tunecinas. Habrá mujeres en el nuevo Gobierno que lleven o no lleven velo”.

A su vez, el líder islamista aprovechó para lanzar varios mensajes al exterior: “Ennahda se compromete (…) a respetar todos los compromisos de Túnez (…) La revolución no ha destruido al Estado, solo destruyó al régimen (…) Estamos abiertos a las inversiones de todas partes y nos comprometamos a respetar los intereses de los inversores”.

Hamadi Jebali, número dos de Ennahda, fue la persona designada por Rachib Ghanuchi para formar un nuevo gobierno. La negociación con los restantes partidos políticos no se cerró hasta finales de diciembre. De ella salió un ejecutivo de coalición con cuarenta y dos miembros, dieciocho de ellos islamistas. A su vez, Jebali fue nombrado primer ministro.

Previamente, con el apoyo de Ennahda, Congreso para la República y Ettakatol, el parlamento había aprobado una Constitución provisional que debía regir el país durante un año. Es decir, hasta la redacción de un texto definitivo. Sus veintiséis artículos, además de distribuir los poderes entre las distintas instituciones de la república, establecían el proceso para designar al presidente y al primer ministro.

A partir de lo establecido por el texto constitucional, los parlamentarios eligieron presidente de Túnez al líder del Congreso para la República. Moncef Marzouki, médico de profesión, comenzó su labor como opositor en la etapa de Habib Burguiba, poco tiempo después de licenciarse en la Universidad de Estrasburgo.

En 1980 se unió a la Liga Tunecina de Derecho Humanos, cuestión sobre la que publicó más de diez obras en francés y árabe. A sus sesenta y seis años, este polifacético personaje fue elegido presidente de su país con el apoyo de 153 parlamentarios, 3 votos en contra, 44 en blanco y 2 abstenciones.

De esta forma, con la designación de Marzouki y, posteriormente, con la formación del ejecutivo de Jebali, se iniciaba en Túnez una nueva etapa. El gobierno de transición, así como el presidente Mebaza, dejaban paso a los nuevos cargos electos, encargados de llevar a buen puerto el último reto de la Revolución de los Jazmines: la redacción de la Constitución.

Los comienzos de la Primavera Árabe

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Mohamed Bouazizi, el joven que inició las protestas

En su vivienda de la turística ciudad de Sidi Bouzid, Menobia Bouazizi hacía esfuerzos por alimentar a sus siete hijos. En esa tarea contaba con la inestimable ayuda de su hijo Mohamed que, desde los diez años, ayudaba al sostenimiento de la familia vendiendo frutas y verduras por las calles. Así se las habían arreglado hasta la llegada de la crisis económica.

Pero, incluso en ese contexto, podían considerarse afortunados: mientras vecinos y amigos perdían sus empleos, con el consiguiente empobrecimiento, ellos contaban aún con el puesto de frutas y verduras.

A finales de 2010, Mohamed era un ciudadano más de un país que se hundía en lo más profundo de la crisis. Un informático de 26 años dentro de una masa anónima que sufría las consecuencias del desempleo y de la subida de precios de los productos básicos. Sin embargo, en apenas unos días iba a pasar a protagonizar los noticiarios de medio mundo.

El 17 de diciembre, la policía confiscó su mercancía argumentando que no contaba con los permisos necesarios para ejercer la venta ambulante.

Mohamed Bouazizi, consciente de que iban a quitarle la única fuente de recursos con la que contaba su familia, trató de resistirse. Ante la actitud tomada por el joven, los agentes procedieron a arrebatarle la fruta por la fuerza.

La primera reacción de Mohamed fue dirigirse a la sede de la autoridad local, donde presentó una queja formal. Sin embargo, su recurso se rechazó de inmediato. Fue en ese momento cuando, de manera inconsciente, tomó la decisión que iba a cambiar el rumbo de su país y de todo el norte de África.

Se dirigió a una tienda, compró una lata de pintura inflamable y, rociándose con ella frente al ayuntamiento, se prendió fuego. Fuera un intento real de suicidio o un simple acto de protesta que terminó en accidente, lo cierto es que este hecho acabó con Mohamed Bouazizi.

El 4 de enero de 2011, tras haber recibido la visita del mismísimo Ben Alí, su vida se apagaba en el hospital de Sidi Bouzid. No obstante, su muerte encendió la mecha del cambio.

A partir del 17 de diciembre, las protestas se extendieron por todo el país. La inmolación de Mohamed Bouazizi empujó a la calle a buena parte de la población, especialmente a los más jóvenes; no estaban dispuestos a convivir más con el desempleo –una tasa del 15%-, la corrupción de la clase política y la inflación.

Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes se convirtieron en algo común durante esos primeros días de revuelta. Los jóvenes gritaban consignas contra el gobierno y lanzaban piedras y cócteles molotov contra los agentes; mientras que estos, poco a poco, pasaron de las pelotas de goma y los gases lacrimógenos a la munición convencional.

Durante las dos semanas que siguieron a la inmolación de Mohamed Bouazizi, el número de manifestantes en las calles y plazas de Túnez fue incrementándose. Pero también los afectados por la brutalidad policial: veintiún muertos según el régimen entre el 17 y el 31 de diciembre, cifra que la oposición elevaba por encima de los cincuenta.

A pesar de todo, el pueblo tunecino se esforzó por enfrentarse a los obstáculos con la madurez que la gravedad de la situación exigía. De esta manera, con el objeto de evitar escenas de pillaje y la violación de la propiedad privada, se crearon “comités cívicos”.

Se trataba así de poner fin –o al menos limitar- a esas actuaciones que poco o nada tenían que ver con el espíritu de la protesta. Siguiendo esa misma línea, en las últimas jornadas de 2010, se produjo la adopción del jazmín como icono de la revolución. Esta flor, con un valor emblemático en el país mediterráneo, se erigía en símbolo de la tolerancia.

Al término de la segunda semana de protestas, el ejecutivo comenzó a sentir el aguijón de la presión internacional. El 2 de enero de 2011, comenzó la “Operación Túnez”, vinculada al movimiento Anonymous. El objetivo de la plataforma de internautas era colapsar los portales de las instituciones gubernamentales tunecinas como forma de apoyo a los manifestantes.

A su vez, por esas mismas fechas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo público un informe el que se criticaba duramente la acción de las fuerzas de seguridad. Los observadores internacionales consideraban que la mayor parte de los manifestantes expresaban su rechazo al régimen de manera pacífica, al tiempo que calificaban la respuesta del gobierno como algo violento y desproporcionado.

Por tanto, exigían a Ben Alí una investigación «transparente, creíble e independiente sobre la violencia y las muertes».

Las jornadas decisivas de la revolución

Entre el 4 y 11 de enero, el país vivió los días más tensos desde el comienzo de las protestas. Esa semana comenzó con el fallecimiento del propio Mohamed Bouazizi, bautizado como “padre de la revolución”. En medio del duelo del pueblo tunecino y las condolencias llegadas desde numerosos países democráticos, se anunció la convocatoria de una huelga general. A su vez, los manifestantes continuaron llenando las calles de forma más insistente.

Por su parte, el gobierno, superado por los acontecimientos, no tuvo más remedio que acudir al ejército para retomar el control de las calles.

El 7 de enero, consciente de que la situación se le iba de las manos, el régimen intentó frenar el empuje de la revolución actuando contra algunos de sus líderes. Ese día fueron detenidos algunos miembros destacados de partidos políticos, disidentes, periodistas… Entre ellos se encontraba el bloguero Slim Amamou, redactor de RedWriteWeb y promotor de una manifestación por la libertad de expresión en mayo de 2010.

La respuesta internacional no se hizo esperar. La Alta Comisionada de la ONU para Túnez manifestó su frontal rechazo ante la política de arrestos del régimen. Además, denunciaba la violencia física y psicológica a la que eran sometidos los detenidos, entre los que se encontraban “defensores de los derechos humanos, blogueros, y activistas”.

A pesar de las detenciones, Ben Alí no logró desarticular el movimiento opositor. El 8 de enero las protestas se repetían en las principales ciudades del país, y una vez más la dureza represora del gobierno se hacía notar: nueve muertos y seis heridos graves.

El día 11 la crispación llegó a niveles tan altos que Ben Alí optó por decretar el toque de queda en las ciudades de Béja, Gafsa, Kasserine y Telab. En veintitrés años de régimen, era la primera vez que se tomaba esa medida.

Ese mismo día, fue detenido en la ciudad de Cheba el periodista de Radio Kalima Ben Hassen. Agentes de las fuerzas especiales entraron de improviso en su domicilio particular y se lo llevaron arrestado sin orden judicial. En idénticas circunstancias se llevó a cabo, en la mañana del día 12, la detención de Hamma Hammami, ex director de diario Alternatives –prohibido por el régimen- y portavoz del Partido Comunista de los Obreros Tunecinos (PCOT).

Según su esposa, Radhia Nasraoui, los agentes irrumpieron en la vivienda “forzando la puerta de nuestro apartamento”. A continuación “lo registraron destrozando todo lo que encontraron a su paso”, y detuvieron a Hammami “delante de su propia hija”. Al parecer, el desencadenante de ambos hechos fue la actividad subversiva que los periodistas llevaban a cabo en la red social Facebook, desde donde animaban a salir a la calle y reclamaban la dimisión de Ben Alí.

Una vez libre de su cautiverio, el propio Hamma Hammami relataba las circunstancias que rodearon a su detención: “el martes día 10, el Partido Comunista Obrero Tunecino acababa de hacer pública una declaración exigiendo la salida de Ben Alí. Fuimos el único partido que la pedimos. La reacción del poder fue violenta. Una veintena de hombres irrumpieron en mi casa. Destrozaron la puerta de mi apartamento. Cogieron el ordenador de Radhia y una cámara de fotos. Me llevaron al ministerio del Interior, donde permanecí con las manos atadas hasta mi liberación”.

Ante la evidencia de los hechos y la presión internacional, el gobierno tunecino fue, poco a poco, suavizando su postura. Del toque de queda y del despliegue militar por las calles –días en los que se denominaba “actos terroristas” a las manifestaciones-, se pasó a una política de conciliación. El miércoles 12 de enero, el primer ministro Mohamed Ghanuchi destituyó al responsable de Seguridad, Rafik Belhaj Kacem.

Este hecho marcó un hito en la evolución de los acontecimientos: el régimen comenzaba a ceder. Inmediatamente se anunció que los detenidos durante las protestas serían liberados.

El jueves 13 fue el propio Ben Alí el que salió a escena con el fin de apaciguar al pueblo. En un discurso a la nación, se comprometía a llevar a cabo lo antes posible reformas políticas y económicas. En concreto, aseguró que no se presentaría a la reelección, al tiempo que adelantaba una reducción de precios en los productos básicos. La declaración de Ben Alí incluía también la promesa de crear 300.000 puestos de trabajo y permitir la libertad de prensa.

Esa misma noche, los portales de internet que permanecían bloqueados desde el comienzo de la protesta volvieron a ser accesibles. Los tunecinos recuperaron el acceso a sitios web como Flickr, Youtube o Dailymotion, desde donde mostraron a todo el planeta las imágenes de su revolución.

En su discurso, el presidente tampoco olvido la brutal actuación de las fuerzas de orden público contra los manifestantes: ordenó de manera tajante a la policía que no disparara más sobre los ciudadanos.

Al mismo tiempo, prometió una investigación profunda e independiente para aclarar los hechos y exigir responsabilidades a los culpables. Sin embargo, sus palabras no lograron detener ni el avance de la revolución, ni la acción policial. Ese mismo día, manifestantes y fuerzas de seguridad volvieron a enfrentarse en las calles con un saldo de trece muertos.

A su vez, la presidenta de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), Souhayr Belhassen, declaraba que ocho personas más habían fallecido en las afueras de la capital. Este organismo aprovechó esa circunstancia para hacer pública una lista con los datos personales de sesenta y seis personas fallecidas desde el 17 de diciembre como consecuencia de la represión del régimen.

El 14 de enero, aprovechando el precepto islámico de acudir a la mezquita el viernes, se organizó una manifestación multitudinaria en la capital. Al salir de la oración, miles de tunecinos se concentraron en las calles para exigir el final del régimen. Bajo el lema “¡Fuera Ben Alí!”, los manifestantes avanzaron sin apenas oposición de las fuerzas de orden público.

Esa misma tarde, el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas se reunió con el presidente. Durante la conversación, Ahmed Chebir informó a Ben Alí de que el ejército no estaba dispuesto a mantenerlo en el poder en contra de la voluntad del pueblo.

Esta no era la primera muestra de deslealtad hacia su persona por parte de los militares. Dos días antes, el propio presidente se había visto obligado a destituir al Jefe de Estado Mayor, Rachib Ammar, por su negativa a dar la orden de disparar sobre los manifestantes. Es más, según testigos oculares, en determinados momentos de la revolución, los soldados defendieron a los ciudadanos de la acción policial.

Chebir recomendó a Ben Alí que abandonara el país. Este, viendo que no tenía otra salida, preparó su huida de manera precipitada. Durante las últimas horas del viernes 14 se especuló mucho acerca del destino definitivo del ya ex presidente tunecino. En un primer momento, se negoció la posibilidad de que recibiera asilo político en Francia. Sin embargo, el presidente Sarkozy descartó de forma inmediata y tajante la posibilidad de acogerlo en su país.

En esta situación, el avión presidencial se dirigió a Malta, lo que hizo sospechar a muchos que su destino definitivo estaría en algún país del Golfo Pérsico, como Dubai, Qatar o Bahrein. Finalmente, en el transcurso de una escala en el aeropuerto italiano de Cagliari, Ben Alí pudo hablar con el rey Abdalá de Arabia Saudí, que se mostró dispuesto a recibirlo.

No obstante, a la aventura del dictador tunecino aún le faltaba un patético epílogo que demuestra hasta qué punto, ignorando la evidencia, se aferraba al poder. Recién llegado a Arabia Saudí, telefoneó al presidente en funciones, Mohamed Ghanuchi. En la conversación, Ben Alí le manifestó su intención de volver a Túnez, inmediatamente, con el fin de retomar el mando.

Su antiguo colaborador, sorprendido por una decisión tan alejada de la realidad, le contestó que eso ya no era posible. Horas más tarde, Ghanuchi renunciaba a la presidencia en favor de la máxima autoridad del Parlamento, Fouad Mebaza, y formaba un nuevo gobierno de transición en el que ocupaba el cargo de primer ministro.

Las predicciones de Robert Godec, embajador norteamericano en Túnez, se habían cumplido. En un informe enviado a Hillary Clinton el 17 de julio de 2009, el diplomático mostraba sus dudas sobre la continuidad del régimen.

El texto íntegro fue hecho público por el portal Tunileaks, situado en el ámbito de Wikileaks, y en él se pueden leer párrafos como el siguiente: “El presidente Ben Alí está envejecido, su régimen sufre de esclerosis y no hay un claro sucesor. Muchos tunecinos están frustrados por la falta de libertad política y sienten rabia por la corrupción de la familia del presidente, por las elevadas tasas de desempleo y por las desigualdades regionales. El extremismo es una amenaza continua (…) Túnez es un estado policial, con escasa libertad de expresión o asociación, y con serios problemas de derechos humanos (…) Como consecuencia de todo esto, los riesgos para la estabilidad a largo plazo del régimen son crecientes».

La publicación de este y otros documentos en el portal de Julian Assange, llevó a la revista Foreign Policy a coquetear con la idea de una revuelta-Wikileaks. Sin embargo, estudiando los hechos detenidamente, parece evidente que los textos de Tunileaks tuvieron poca influencia en la reacción de los tunecinos.

En primer lugar, porque el régimen cerró el acceso a esa web, lo que complicó sobremanera la difusión de su contenido entre la población. Y, en segundo término, porque esa información no resultaba desconocida para ellos. El deterioro del régimen, la corrupción de la esposa de Ben Alí, el desempleo o el aumento de precio en los productos básicos formaban parte del día a día de los ciudadanos de Túnez.

Cincuenta y cuatro años de dictadura

Esta entrada forma parte de un conjunto de artículos que he escrito sobre el origen y desarrollo de la «Primavera Árabe» en Túnez y Egipto. Para leer los restantes textos dedicados a esta cuestión, haz clic aquí.


El gobierno de Habib Burguiba

1878. El entendimiento entre británicos y franceses había legitimado a estos últimos para hacerse el país. Los nuevos señores del Mediterráneo Occidental –no hemos de olvidar que Francia gobernaba Argelia y extendía su protectorado hasta Marruecos- respetaron la figura del bey otomano, pero privando a su poseedor de cualquier poder. El gobierno era cuestión exclusiva de los cargos nombrados por la metrópoli.

Veinticinco años después, en agosto de 1903, nacía en Monastir Habib Burguiba, el hombre que iba a llevar a Túnez a su independencia.

En la década de 1930, Habib Burguiba pasó a formar parte del grupo nacionalista Destour, del que pronto se separó, participando en la fundación del Neo-Destour. Su defensa de la autonomía tunecina, así como de la idea de una independencia negociada con Francia, le granjearon numerosos apoyos dentro del partido.

De esta manera, en 1933 se convirtió en su máximo dirigente, imponiendo sus postulados de corte socialista. Durante dos décadas, con Guerra Mundial y ocupación alemana incluida, el Neo-Destour continuó su lucha por la independencia.

Finalmente, en 1954, comenzaron las negociaciones entre el gobierno francés y los representantes del nacionalismo tunecino. En agosto de 1956, la metrópoli aceptó retirar tanto sus fuerzas militares como los funcionarios de la administración colonial, al tiempo que, bajo la tutela de París, Habib Burguiba era nombrado primer ministro. Sin embargo, el líder del Neo-Destour no respetó el acuerdo. En mayo del año siguiente rompía relaciones con Francia y anulaba los poderes políticos del bey Muhammad VIII al-Amin.

En el mes de julio de 1957, proclamaba la República de Túnez bajo su presidencia.

Una vez en el poder, Habib Burguiba puso en marcha su proyecto de socialismo árabe. Siguiendo el modelo soviético de economía planificada, llevó a cabo un intenso proceso nacionalizador a lo largo de la década de 1960. A su vez, introdujo la colectivización y el control estatal sobre la producción y el precio de los alimentos.

Todo esto condujo a un incremento de la burocracia, al tiempo que la inflación se disparaba. En medio de una situación económica crítica, y ante el riesgo de que estallara una revolución popular, Habib Burguiba abandonó sus postulados socialistas e inició un proceso de liberalización económica.

A mediados de la década de 1970, Túnez había recobrado buena parte de la tranquilidad y prosperidad perdida durante la etapa de políticas marxistas.

Fue, sin duda, la época dorada del gobierno de Habib Burguiba, que incluso logró que el Parlamento votara a favor de su nombramiento como “presidente vitalicio”. Sin embargo, desde 1980 su salud fue deteriorándose poco a poco, hasta el punto de impedirle desempeñar con normalidad las tareas de gobierno. Cada vez se apoyaba más en Zine El Abidine Ben Alí, en quien recaían buena parte de las decisiones importantes.

En 1985, Ben Alí, que por entonces desempeñaba el cargo de jefe de la policía secreta, fue nombrado primer ministro. Las dificultades de Burguiba para desempeñar su labor, así como el creciente poder de Ben Alí, llevaron a este último a dar un golpe de Estado en 1987.

El cambio de régimen se llevó a cabo sin violencia y no supuso ningún trauma para el país. Incluso se respetó la figura del ex presidente, que vivió el resto de sus días bajo arresto domiciliario. Hasta el día de su fallecimiento, el 6 de abril del año 2000, Habib Burguiba contó con una asistencia médica acorde a sus necesidades.

Ben Alí en el poder

Tras el llamado “golpe de Estado médico” del 7 de noviembre de 1987, Ben Alí gobernó Túnez durante más de veintitrés años. Durante ese periodo, el dictador supo mantener el complicado equilibrio entre la brutal represión y la prosperidad económica. Cuando esta última se desplomó, la supuesta legitimidad tecnocrática del régimen se desvaneció, dejándolo sólo ante la ira del pueblo.

Desde el primer momento tuvo especial interés en justificar su poder. Presentó ante los tunecinos el acto de traición contra su mentor -padre de la patria- como un acto de salvación nacional.

La propaganda del régimen se esforzó por disfrazar el golpe de Estado de acontecimiento incruento y necesario para la gobernabilidad del país. A su vez, quiso dar un tinte de democracia a su férrea dictadura. En primer lugar, renunció al cargo de “presidente vitalicio” instituido por Burguiba. A su vez, convocó hasta cinco elecciones presidenciales, de las que siempre resultó vencedor con más de un noventa por ciento de los votos.

Como tantos otros dictadores del mundo musulmán, Ben Alí supo presentarse ante los líderes occidentales como un mal necesario. Las protestas de Europa y los EE.UU. ante la violación de los derechos humanos o el fraude electoral, siempre fueron tímidas, pues lo veían como un muro de contención de las posturas más radicales. Al fin y al cabo, su régimen respetaba el status quo internacional y se mostraba abierto a las políticas neoliberales.

Derrocarle hubiera supuesto, según la mentalidad de los gobiernos occidentales, dejar el país en manos de los islamistas del partido Ennahdha.

El comienzo del siglo XXI no hacía presagiar nada malo para el régimen. La clase media, clave para evitar cualquier conflicto, se había incrementado notablemente con respecto a las dos décadas anteriores. Túnez, donde la mayoría de sus diez millones de habitantes estaban ocupados en el sector turístico, aparecía ante el mundo como un país relativamente moderno, con la mujer incorporada al mundo laboral y un importante porcentaje de población universitaria.

Además, en el ámbito político, mediante la reforma constitucional de 2002, Ben Alí había eliminado la clausula que le impedía presentarse a las sucesivas reelecciones. Por último, los atentados del 11 de septiembre, así como la guerra abierta entre los EE.UU. y el islamismo internacional, le convertían en un aliado natural para la política de George Bush.

Sin embargo, la crisis económica iniciada en verano de 2007 iba a llevarse por delante todas las previsiones de los analistas políticos.

En el plazo de tres años, el desempleo y la pobreza se extendieron por Túnez, y el precio de los alimentos subió hasta alcanzar niveles desconocidos por la población del país. Al mismo tiempo, la conducta de algunos personajes del régimen, en especial de Leila Trabelsi –esposa de Ben Alí- y sus familiares, distaba mucho de ser ejemplar. Los casos de corrupción que salpicaban a la primera dama se multiplicaban: concesiones de grandes superficies comerciales y entidades bancarias, blanqueo de dinero, usurpación de bienes privados y apropiación de otros públicos a través de adjudicaciones fraudulentas… Finalmente, en diciembre de 2010, iba a dar comienzo un movimiento de protesta que acabaría por tumbar a Ben Alí y a su régimen. Todo comenzó con la inmolación de un joven desempleado: Mohamed Bouazizi.