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Breve repaso al pensamiento político de la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna a partir de la obra de Antonio Feros, profesor de Historia en la Universidad de Pennsylvania.

El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III nos introduce, con el capítulo titulado Confrontación ideológica y división faccional, en los años finales del valimiento de Lerma. Antonio Feros trata de explicar en esas páginas como, desde 1610, el valido fue perdiendo prestigio, tanto de cara a la Corte como, lo que es más importante, de cara al monarca.

No obstante, más que la propia caída del duque de Lerma, el desprestigio de sus “hechuras” por cuestiones de corrupción, o el poder de sus enemigos, Feros centra su línea argumental en la lucha en torno a la ideología política: desprestigiar al valido -cuestionar su poder- hubiera resultado una tarea más ardua si sus opositores no hubieran contado con un respaldo ideológico sólido con el que hacer valer su postura.

Verdad es que, tras varios años como principal responsable de la política hispánica, Lerma tenía numerosos enemigos –personajes deseosos de verle lejos de los puestos de gobierno- capaces de desarrollar una intensa oposición a la figura del valido. Sin embargo, no es menos cierto que, tanto tiempo en el poder, había permitido al duque granjearse la amistad de muchos hombres influyentes y controlar mejor todos los resortes del Estado, incluyendo dentro de estos los que le permitían continuar gozando de los favores de Felipe III.

Por tanto, hemos de concluir afirmando que las ideas políticas de la época –los postulados de los pensadores españoles de la Contrarreforma- tuvieron un papel decisivo en el hundimiento del valido y, por consiguiente, en el cambio de rumbo de la política de la Monarquía Hispánica.

El pensamiento político predominante en España desde los Reyes Católicos presentaba, como una de sus principales características, un marcado carácter antiabsolutista. En estos teóricos se apreciaba una clara preferencia por un gobierno monárquico, pero siempre orientado a alcanzar el bien común. Se trataba, pues, de un modelo en el que –seguimos para explicarlo al P. Suárez- el poder delegado al monarca no venía directamente de Dios, sino que –por voluntad divina- recaía en el pueblo. De esta manera, era el Reino el que otorgaba al gobernante su poder.

A este límite que impedía alcanzar el absolutismo, se unían otros como la defensa del destronamiento del tirano –presente desde el erasmista Alfonso de Valdés-, que alcanzaba su culmen con la teoría del regicidio del P. Mariana; el respeto de los derechos y libertades individuales que debían primar sobre la acción del Estado; o la necesidad de que la actuación política se desarrollase acorde a los postulados de la moral cristiana. En resumen, tradicionalmente, y más en esos años, los teóricos españoles habían sido partidarios un modelo de gobierno mixto de tipo aristotélico. Por esa razón, la actuación política de Lerma –su omnipotencia, arbitrariedad y escaso respeto a muchas de las instituciones del Estado- resultaba fácilmente cuestionable desde los puntos de vista teórico y moral.

Sin embargo, el gobierno de Lerma no solo contradecía a la teoría política española en lo referente a sus posturas absolutistas; tampoco coincidía con los contrarreformistas en lo referente a la Razón de Estado y la moralidad de los actos del monarca.

Uno de los principales representantes de este pensamiento, Pedro de Rivadeneyra, consideraba que el error de Maquiavelo había consistido en suponer incompatibles la razón natural y la religión. De esta manera, el italiano había introducido al pensamiento político en un tortuoso camino que admitía la amoralidad –o incluso inmoralidad- de los actos del gobernante. En opinión de los antimaquiavélicos españoles, eso solo podía conducir a la tiranía y la aberración: a que el monarca perdiera el respeto de sus súbditos.

Eso, llevado al caso concreto del valido, era justamente lo que había ocurrido con el duque de Lerma: controlaba el gobierno a su antojo -en muchas ocasiones entrando en contradicción con la moral cristiana-, y eso le había granjeado el odio de buena parte de la nobleza y del pueblo. Por supuesto, esto lo aprovecharon sus enemigos –Aliaga, Uceda, Zuñiga…- para desgastar, ante el rey y ante el Reino, la figura del valido; para culpar de la situación del Estado a su persona y su inmoralidad en lo referente a la política. Además, para apoyar esta labor de desprestigio con hechos irrefutables, los enemigos de Lerma contaban con los casos de corrupción de las propias “hechuras” del valido, donde cabe destacar el caso de Rodrigo Calderón.

De esta forma, debajo de esa punta de iceberg que era la lucha por el poder y el favor real dentro de las distintas facciones aristocráticas, se encontraba un rico pensamiento político heredero del fracasado erasmismo, de la brillante Escuela de Salamanca y de la pujante neoescolástica. En el fondo lo que se planteaban los politólogos españoles a finales del XVI y principios del XVII, era la búsqueda de la conformidad de un gobierno fuerte y eficaz con la moral y la religión cristiana. Se trataba, pues, de justificar la necesidad del respeto a esas normas básicas que, de hecho –como vimos con Rivadeneyra-, creían necesarias para el desarrollo de un buen gobierno. Así, encontramos como las posturas de los teóricos españoles difieren en lo referente a esta cuestión.

Todos mostraron su repulsa a los planteamientos de Maquiavelo, sin embargo, en su intento por reconciliar la política con la moral religiosa tomaron diversos caminos:

• Los eticistas o tradicionalistas defendieron la plena subordinación de la política a la moral y la religión.
• Los tacitistas o neoestoicistas se decantaron por la búsqueda de un gobierno racional, postura ya tomada por el autor de El Príncipe, pero sin postular, como el italiano había recomendado, la confrontación entre política y ética.
• Los demás pensadores, como afirma Maravall, oscilaron entre ambos campos en función de las cuestiones a tratar.
• Por último, cabe destacar la gran originalidad del pensamiento expuesto por G. Botero en Della ragione di Stato. En sus páginas el italiano defendía la armonía entre razón y fe, por lo que concluía que toda actuación según la fe obtendría los mejores resultados políticos. Este autor venía, pues, a afirmar que la mejor Razón de Estado consistiría en obedecer los mandatos divinos. No obstante, y ahí se encuentra la genialidad de Botero, se cuidó mucho de subordinar la política a la religión; defendía la autonomía de ambas, pero no por ello las declaraba contrarias.