Introducción
Durante el siglo XIX España experimentó una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales. De entre ellas cabe destacar, por su importancia, las siguientes:
- Introducción de nuevas técnicas y modos de producción agrícola.
- Aparición de una industria moderna, basada en la maquinaria y la fábrica.
- Sustitución de la monarquía absoluta por una de tipo parlamentaria y constitucional.
- Desaparición de la Inquisición y de los derechos señoriales.
- Sustitución de la vieja sociedad feudal por una sociedad de clases.
Ese conjunto de cambios siguieron las pautas de los experimentados por otros países de Europa occidental. Se trataba, pues, de un proceso de modernización que hundía sus raíces en la revolución liberal y la industrialización. Ahora bien, España no alcanzó el mismo grado de desarrollo que los países de su entorno.
La agricultura, y no la industria, continuó siendo la principal actividad económica. La modernización tampoco alcanzó su plenitud en el ámbito político, donde el régimen parlamentario no terminó de afianzarse, tanto como consecuencia de los sucesivos pronunciamientos y golpes de Estado como por la manipulación de los resultados electorales a través de prácticas como el caciquismo, el encasillado o el pucherazo.
En cierto modo puede hablase de un atraso o fracaso del proceso de modernización e industrialización, pues esta no se inició hasta bien entrada la década de 1830.
Ahora bien, partiendo de unos niveles de desarrollo inferiores a los de los países de su entorno -fruto de atraso al que nos hemos referido-, la industria española experimentó un importante avance a finales de siglo. Dentro de este fenómeno cabe destacar la industria siderúrgica vasca, las fábricas textiles catalanas y la explotación minera asturiana y andaluza. Además, gracias a la inversión extranjera, el país pudo contar con una moderna red de ferrocarril y carreteras.
El proceso de modernización experimentado por el país afectó también a la demografía. A pesar de los sucesivos conflictos bélicos, se produjo un aumento constante de la población. Este fenómeno fue especialmente llamativo en las ciudades, que se convirtieron en el destino de las personas que emigraban desde el medio rural.
De esta forma, muchas urbes superaron los límites de sus antiguas murallas, al tiempo que iniciaban los planes urbanísticos de «ensanche». Ahora bien, junto a la ciudad burguesa, de estructura ortogonal y cómodas avenidas, surgieron los insalubres y marginales barrios obreros en el entorno de las fábricas.
Por último, hemos de mencionar la evolución de la estructura social que, como comentamos anteriormente, abandonó el criterio estamental. El grupo social, la clase, pasó a ser el criterio de diferenciación. De esta manera, como en el resto de los países industrializados, surgió en España el proletariado o clase obrera, formada por los trabajadores de las fábricas.
Poco a poco esto fueron agrupándose y organizándose en sindicatos con el fin de mejorar sus condiciones de vida y defender sus derechos.
Aspectos que condicionaron el desarrollo económico
Geográficos. Desde este punto de vista España presentaba como ventajas una óptima localización para el comercio exterior y una gran riqueza del subsuelo; sin embargo, las dificultades orográficas complicaban el desarrollo del comercio interior y el suelo agrícola era pobre y árido.
Demográficos. A pesar del crecimiento constante de la población, el ritmo fue menor que en Europa. La distribución por regiones fue muy desigual. Además predominaba la población activa agrícola, a pesar de que se produjo un importante crecimiento de la población urbana.
Sociales. La nobleza se aburguesó, ya que la base económica continuó siendo la tierra. Por su parte la burguesía optó también por invertir en latifundios en detrimento de la industria. En el campo se produce un incremento notable de asalariados que polariza la sociedad.
Infraestructuras. La descapitalización y el endeudamiento del Estado será una constante, así como los elevados costes de los transportes y la producción energética.
La propiedad. La mayor parte de la tierra cultivable estaba inmovilizada a comienzos del siglo XIX.
Los procesos de desamortización
A comienzos del siglo XIX, la propiedad de la tierra en España presentaba una estructura heredada de la Edad Media que tenía como rasgo fundamental la gran desigualdad entre los distintos grupos sociales.
Entre los grandes propietarios se encontraban la Corona, la Iglesia (manos muertas), los nobles (mayorazgos) y los municipios o concejos. Durante el Antiguo Régimen los terrenos de los estamentos privilegiados estaban exentos de pagar impuestos y mal explotados. Por lo tanto, no es de extrañar que desde finales del siglo XVIII se viera en la desamortización -incautación por el Estado de bienes de la Iglesia, de la Corona y de los municipios que eran nacionalizados y después se vendían en pública subasta- una vía para aumentar los ingresos de la Hacienda, primero por la venta de los terrenos y después a través de los impuestos.
Además en el siglo XIX hay un grupo social que quiere maximizar esa riqueza y desea apoderarse de esas tierras: la burguesía liberal. De ahí que con el triunfo de los liberales triunfen las desamortizaciones.
Las primeras actuaciones desamortizadoras se remontan a finales del siglo XVIII, y más en concreto a la política llevada a cabo por Manuel Godoy entre 1798 y 1808. Estas afectaron fundamentalmente a la Iglesia y tenían como principal objetivo recaudar dinero para hacer frente al endeudamiento de la Hacienda. Sin embargo, durante el reinado de Fernando VII se detuvo la desamortización de bienes eclesiásticos y se inició un segundo proceso centrado en los bienes de particulares.
Las desamortizaciones de la primera mitad del siglo XIX estuvieron acompañadas de una serie de medidas encaminadas a suprimir los privilegios del Antiguo Régimen: vinculaciones, régimen señorial, diezmos….
La primera fue la que afectó a los bienes de la Iglesia y la llevó a cabo el liberal progresista Mendizábal en 1836. No en vano, las desamortizaciones eclesiásticas sirvieron para debilitar a la Iglesia, que apoyaba la causa carlista. La segunda y más importante fue la que afectó fundamentalmente a las tierras comunes de los Ayuntamientos. Esta tuvo como protagonista al ministro progresista Pascual Madoz, y tuvo lugar en 1855.
Ambas podrían haber creado una nueva clase de pequeños propietarios agrícolas, pero no fue así. Las tierras nacionalizadas fueron vendidas en pública subasta, pagándose con deuda pública la de Mendizábal, y con dinero la de Madoz.
Esas tierras desamortizadas pasaron en su mayor parte a la antigua nobleza, que se vio compensada por la pérdida de sus prebendas jurisdiccionales al ser indemnizada con títulos de la deuda. También se vio favorecida la alta burguesía, que había apoyado a los liberales en la guerra carlista, y en menor medida, los medianos propietarios. Muchas de las tierras desamortizadas quedaron en manos de los hasta entonces insignificantes gobernantes locales que pasaron a convertirse en auténticos caciques.
Desde el punto de vista agrario, no se contribuyó a la racionalización del tamaño de la propiedad, es más se contribuyó a reforzar el latifundio y el minifundio en zonas donde anteriormente existían. No se modernizó la agricultura, ni se invirtió en nueva tecnología. La agricultura siguió siendo tradicional y explotada por jornaleros sin tierra.
Una de las principales consecuencias sociales de las desamortizaciones fue que los campesinos sin tierra vieron empeorada su situación. Quedaron a merced de la explotación de los terratenientes y sin posibilidad de emigrar a las ciudades por no producirse un desarrollo industrial paralelo. Todo ello generó el caldo de cultivo revolucionario donde harían su agosto las ideologías anarquistas.
En resumen, el proceso de desamortización de la tierra fue un proceso largo, que duró aproximadamente cien años, (casi hasta finales del siglo XIX), y supuso la abolición de las instituciones jurídicas que sostenían el Antiguo Régimen, un gran trasvase de la propiedad y la consolidación de una estructura agraria (agricultura tradicional) vigente hasta el siglo XX.
Industrialización y modernización de las infraestructuras.
Para una buena parte de los países europeos, el siglo XIX resultó una época de profundos cambios económicos concentrados en la industrialización. Por el contrario, a finales del siglo XIX, la economía española seguía teniendo rasgos de atraso económico evidente:
- Una agricultura arcaica y con bajos rendimientos se mantenía en el centro de la vida económica.
- El mercado interior era incapaz de absorber la propia producción industrial.
- La falta de una red de transportes y comunicaciones eficaz que hubiera facilitado y abaratado los intercambios.
La consecuencia de todo ello fue que, mientras los granos de Castilla se pudrían en los graneros, Cataluña o Valencia debían importarlos del extranjero. Mientras Asturias no encontraba compradores para su hulla, los campesinos castellanos debían quemar la paja en sus hogares, tan necesaria como era para el abonado del campo. Es decir, se fomentaba el estancamiento energético por un lado y el inmovilismo agrario por otro y, al mismo tiempo, se establecía una balanza comercial desfavorable con el extranjero.
En realidad todo remitía a un mismo problema: la inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas, planeadas tras las pérdidas de las colonias americanas.
No obstante, a lo largo de la centuria hubo importantes intentos de avance económico que comportaron el nacimiento de significativos focos industriales. Dos fueron las zonas pioneras: Cataluña y País Vasco. Y dos también las industrias más importantes: la textil y la siderurgia. Junto a ellas la minería conoció un auge digno de reseñar.
La revolución industrial española fue más tardía y menos potente que la del resto de Europa occidental. Las causas hay que buscarlas en la inestabilidad política, las destrucciones de la guerra de la Independencia y de las guerras carlistas, y en la inexistencia de una burguesía moderna y abundante que prefirió invertir en la compra de tierras (desamortizaciones) antes que en la industria.
España, desde los fenicios, ha sido tierra de exportación de su riqueza minera (cobre, estaño, oro, hierro, mercurio…). Durante el siglo XIX, y sobre todo a partir de 1868 (Ley de Minas, desamortización del subsuelo), van a ser los capitales extranjeros (principalmente británicos) los que van a venir a explotar la minería y montar las primeras fundiciones para ese mineral. Los capitales extranjeros se sintieron especialmente atraídos por las zonas mineras de Huelva, Cartagena y Vizcaya.
Los capitales acumulados por la exportación de mineral de hierro vasco y la baratura del carbón británico serán el origen de la gran siderurgia vasca (Altos Hornos de Vizcaya, 1902).
El inicio de la explotación del carbón asturiano va a crear una industria siderúrgica moderna, que en el caso de Vizcaya, va a ayudar a la instalación en sus costas de los más potentes astilleros del país (Euskalduna).
Por otra parte en Cataluña van a aparecer una serie de empresarios textiles que van a modernizar el proceso productivo textil y van a crear modernas empresas en este sector. Todos estos procesos productivos estaban favorecidos por una política de proteccionismo económico.
La industria se centrará en estos dos focos principalmente. En determinados núcleos urbanos surgirán pequeñas industrias de carácter local y ligadas a los bienes de consumo y a la reparación de maquinaria. Serán pequeños oasis industriales en una sociedad agraria.
Desde mediados del siglo XIX la atormentada geografía hispana mejoró un poco su sistema de comunicaciones.
Se mejoraron algo las “carreteras” (nada que ver con las actuales) y se construyeron más de 40.000 km. Pero mucho más importante fue el nacimiento del ferrocarril que posibilitó la creación de un mercado nacional mucho más especializado e intercomunicado. Se pueden distinguir dos periodos: antes y después de la Ley de Ferrocarriles de 1855.
Antes de 1855 se diseñó una red radial con un ancho diferente al europeo. Se constituyeron numerosas compañías ferroviarias que respondían a un movimiento especulador. Se construyeron muy pocos kilómetros y la mayoría respondían a los intereses de las oligarquías rurales. Los primeros trayectos fueron Barcelona-Mataró en 1848, Madrid-Aranjuez en 1851 y Gijón-Langreo 1855.
La Ley General de Ferrocarriles de 1855 permitió a compañías extranjeras la construcción y explotación de los ferrocarriles originó una oleada constructora. Todas las grandes líneas fueron financiadas por capitales extranjeros (belgas y franceses principalmente) que tuvieron grandes ventajas económicas. Bilbao-Tudela por Miranda en 1857, Madrid-Irún, en 1874, Madrid-Zaragoza-Alicante-Barcelona, etc.
Crecimiento demográfico y cambio social
A lo largo del siglo XIX, la población española creció considerablemente, pasó de diez a veinte millones de habitantes, aunque lo hizo a un ritmo más lento que los países más industrializados de Europa occidental, ya que se mantuvieron arcaísmos demográficos (hambrunas hasta 1882, epidemias, elevada mortandad infantil).
Este crecimiento fue desigual por regiones, fue mayor en el norte que en el sur, y en las zonas periféricas que en el interior, a excepción de Madrid.
El aumento de población en las ciudades hizo necesario romper sus antiguas murallas. Se proyectaron ensanches urbanos como los realizados por Arturo Soria en Madrid o Ildefonso Cerdá en Barcelona. No obstante, la mayor parte de la población siguió siendo agraria.
La sociedad también se transformó y los estamentos propios del Antiguo Régimen dieron paso a la moderna división de clases propia de una sociedad capitalista.
La nobleza, que había perdido sus antiguos derechos señoriales pero que había acrecentado su poder económico gracias a la desamortización, se integró en los grupos dirigentes de la sociedad burguesa.
La Iglesia perdió gran parte de su poder económico al disolverse algunas órdenes religiosas y perder sus bienes con las desamortizaciones. Perdió también influencia social entre la nueva clase proletaria y entre sectores intelectuales.
Las clases burguesas adquirían el papel de nuevas clases dirigentes con la nueva estructura social que se fue configurando a lo largo del siglo XIX. Si a principios de siglo adoptó posturas políticas que tendía a acabar con los antiguos privilegios de la Iglesia y la nobleza, desde mediados de siglo se produjo un desplazamiento hacia posiciones cada vez más conservadoras.
La alta burguesía enriquecida en parte por la desamortización perdió toda iniciativa empresarial y tendió hacia modos de vida rentista buscando el ennoblecimiento y la equiparación social con la antigua aristocracia.
Las llamadas clases medias fueron un sector poco numeroso constituido por pequeños comerciantes, empresarios industriales, abogados, médicos, etc., que ocuparon la cúspide social de las ciudades.
La pequeña burguesía, tenderos, artesanos, funcionariado, etc., constituyeron grupos en los que se apoyaban las alternativas políticas liberal-progresistas. Imitaban las foras de vida de la alta burguesía, aunque de forma más modesta.
La mayor parte de la población (clases populares) estaba constituida, en primer lugar, por el campesinado, y, en las zonas industrializadas, por los obreros industriales.
Los campesinos, en gran parte jornaleros, continuaron ocupando el estrato más bajo de la escala social. Sus condiciones de vida eran miserables, lo que provocó numerosas revueltas en el campo (creación de la Guardia Civil en 1844 para mantener el orden de las zonas rurales).
El número de obreros industriales creció enormemente a partir de 1840, sobre todo en Cataluña. Antiguos campesinos y artesanos emigraron a las ciudades (éxodo rural) en busca de mejores condiciones de vida y salarios más altos. Sin embargo, las condiciones de trabajo en las fábricas y de vida en sus míseras viviendas son tan terribles que poco a poco van tomando conciencia de su injusta situación y se van agrupando en asociaciones que defiendan sus derechos: sindicatos (los primeros sindicatos ilegales surgen en Cataluña y participarán a partir de 1842) y en mutuas obreras. Los gobiernos moderados los perseguirán.
Había también un sector de la población marginado: mendigos que iban de una ciudad a otra (cerca de 100000 pobres).
En este contexto surge el movimiento obrero español. Durante el siglo XIX y gracias a la libertad de asociación surgirán en Gran Bretaña y Francia sindicatos (Trade Unions británicas) y diferentes movimientos socialistas (cartismo, socialismos utópicos, socialismos marxistas y anarquistas). Todos ellos pedían una transformación del sistema capitalista y una mejora en la situación de la clase obrera.
Entre esos movimientos, los que más trascendencia han tenido son el marxismo y el anarquismo, que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX.
El marxismo (Karl Marx) era un socialismo revolucionario. Su ideología partía de que la clase burguesa estaba explotando a la clase obrera (proletariado) mediante la apropiación de la plusvalía del trabajo. Los obreros deberían tomar conciencia de dicha explotación, organizarse en partidos y sindicatos de clase y, cuando el sistema capitalista entrara en crisis, conquistar el poder y establecer una dictadura del proletariado como paso previo a un Estado que controlara los medios de producción y regulara las condiciones laborales.
El anarquismo partía de la base de que el Estado era el sostén de la clase burguesa y de que había que destruirlo para alcanzar la libertad. Deberían desaparecer el Estado, la Iglesia, la “familia burguesa” y la propiedad privada. El individuo libre y responsable se organizaría en comunas autogestionarias. Dentro del anarquismo surgieron dos corrientes distintas: una pacifista que se basaba en los sindicatos asamblearios y en la expansión de sus ideas, y otra partidaria del terrorismo. La península estuvo al margen de estos movimientos.
En 1864 todas las corrientes socialistas crearon la Asociación Internacional de Trabajadores o I Internacional que reunida en Londres en 1864, donde se enfrentaron los presupuestos marxistas y anarquistas. En la fundación de la Internacional participaron algunos españoles a título individual. Cuando en España se produce la revolución de 1868 comienzan a llegar periódicos y propagandistas de la Internacional.
Paul Lafargue, yerno de Marx, extendió los planteamientos marxistas que calaron en Madrid, País Vasco y Asturias. La figura más importante del marxismo español fue Pablo Iglesias que fundará el P.S.O.E. en 1879 y la U.G.T. en 1888. Pedían la intervención del Estado y la nacionalización de los sectores económicos más importantes.
Giuseppe Fannelli extendió los planteamientos anarquistas por Cataluña, Levante y entre los jornaleros agrarios del centro y del sur; no quieren un Estado que controle todo, ya que entienden que es una atadura para la libertad total, esa corriente no es un partido político ya que están en contra de ellos, pero sí un sindicato. Surgirán multitud de pequeños sindicatos y revistas sin conexión entre ellas. Tras la Semana Trágica formarán el sindicato de la C.N.T. en 1910.
La mayor parte de la población, por su falta de formación y por la dispersión geográfica, no participó en la lucha política. La existencia del voto censitario (sólo podían votar los que tuvieran un determinado nivel de renta) les alejó de la participación política durante el reinado de Isabel II. Durante el Sexenio Revolucionario comienza la participación en política.
La falta de instrucción y de preparación hicieron que la mayor parte de la población estuviese más cercana al «mesianismo anarquista» que a la formación de partidos y sindicatos. Las duras condiciones de vida, la perdida de las tierras comunales y las hambrunas hicieron que las clases más pobres fuesen partidarias y promoviesen levantamientos y algaradas.
La participación de las masas en el movimiento cantonal fue el germen de la posterior movilización popular a finales del siglo XIX.
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