En artículos anteriores he tratado de reflexionar sobre los acontecimientos que, desde el pasado mes de mayo, han marcado el desarrollo de la plataforma cívica 15M. En ellos se abordaban cuestiones como el nacimiento de nuevas formas de protesta –los movimientos del siglo XXI-, la influencia de las redes sociales en su modus operandi, o los que, a mi juicio, han sido los principales errores y aciertos de la Indignación.
Desde la publicación, el pasado 25 de mayo, de mi segundo artículo “#15M. El ocaso de la Indignación”, he utilizado una clasificación tripartita en lo que se refiere a la postura de la sociedad española ante el 15M.
Por un lado estarían los enemigos de toda reforma, que he denominado “inmovilistas”. El segundo grupo, quizás al que más palabras he dedicado hasta ahora, es el de los “radicales” o partidarios de un cambio quasi-revolucionario. Por último, dentro de esta división, -he de reconocerlo que es bastante simplista- estarían los “moderados”. Los partidarios de una serie de reformas que, sin cambiarlo, devuelvan el vigor al sistema político son, precisamente, los protagonistas de este artículo.
En los siguientes párrafos trataré de describir, de manera sencilla, el programa de la moderación. Para llevar a cabo esa tarea he creído necesario partir de dos premisas: las deficiencias del sistema político actual y el desencuentro entre moderados y radicales a la hora de encontrar soluciones a esos problemas.
Sentando las bases para la democracia necesaria
En el campo de la moderación tiene cabida la esperanza, el deseo de buscar un sistema político más abierto y cercano a la ciudadanía. Sin embargo, una mezcla de sentido común y miedo a tomar caminos sin retorno, nos lleva a más de uno a desconfiar de las utopías. Los partidarios de una reforma moderada -de un acuerdo, no ideológico, de mínimos- sabemos que no existe sistema político perfecto.
Por esa razón, entendemos que la democracia de 1978 debe ser reformada, pero respetada en algunas de sus líneas generales.
El tránsito pacífico del régimen franquista a una democracia liberal y pluralista debe ser valorado en su justa medida. Las deficiencias con las que nació el sistema de la Transición, así como el proceso degenerativo que ha sufrido en las últimas décadas, no justifican el cambio total y radical de un modelo que nos ha permitido vivir en libertad y paz durante más de treinta años. La moderación reconoce esos méritos a la democracia de 1978, pero no esconde sus errores.
Se trata, por tanto, de una postura intermedia entre el empeño del inmovilismo por justificar los desajustes del sistema y la tabula rasa que pretenden imponer los radicales. Los moderados entienden que la historia de un país importa en la construcción de su futuro, pero sostienen que eso no debe atar de manera irremisible a las generaciones venideras.
Es necesario respetar y valorar el sistema de la Transición, pero abandonando ese miedo a abrir la Caja de Pandora constitucional. Las reformas son necesarias, pues un modelo que no es capaz de regenerarse está condenado, tarde o temprano, a ser sustituido por otro.
La nueva fachada democrática
Tal como hemos indicado, la moderación se construye sobre dos pilares: el respeto a la historia y el convencimiento de que es necesaria una reforma. La democracia española ha de ponerse al día para ser capaz de hacer frente a los retos que le presenta el siglo XXI.
Parece claro que, con la aparición de las nuevas tecnologías, la relación entre política y ciudadanía está destinada a cambiar. Los mensajes de dirección única están condenados a desaparecer, dando lugar a una comunicación bidireccional y a formas de democracia más participativas.
Sin embargo, antes de abordar la compleja cuestión de la democracia 2.0 –en referencia a la web 2.0-, España necesita reformar algunas otras cuestiones que son, de por sí, una rémora para un modelo 1.0. Llegamos, por tanto, al programa de mínimos del que tanto se hablaba en los últimos días de la acampada de Sol. Tres son los puntos básicos que definen esta reforma: separación real de poderes, transparencia de la actividad política y reforma de la ley electoral.
La separación de poderes, recogida en la Constitución de 1978, es de dudosa existencia en un país donde los partidos manejan sin ningún tipo de pudor el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Es cierto que las leyes se aprueban en el Parlamento. Sin embargo, la disciplina interna de las distintas facciones ahoga cualquier tipo de disidencia y, con ella, buena parte de la voz de los representados. En definitiva, el Congreso de los Diputados y del Senado no son más que instituciones al servicio de Ferraz o Génova, en función de quien tenga mayoría parlamentaria.
El poder ejecutivo necesita, por su parte, el respaldo de las Cortes para constituirse como gobierno. Es decir, una vez más son los partidos políticos los que, al controlar a los diputados, tienen la última palabra. Y no sólo la última, sino también la primera: son los partidos políticos los que eligen, a veces sin ningún tipo de democracia interna, a los candidatos que los españoles debemos votar.
Y, por último, son también los partidos políticos los que, desde mediados de la década de 1980, eligen a los miembros del Tribunal Constitucional. Se han convertido, al fin y el cabo, en una especie de Leviatán hobbesiano capaz de cambiar el modus operandi del sistema de 1978 sin mover una sola coma de nuestra ley fundamental. Estamos, pues, ante un claro ejemplo de degeneración de la democracia; ante un proceso al que, sin lugar a dudas, es necesario poner freno.
Los partidos, dueños y señores de la situación, se convierten en grandes estructuras clientelares donde todos buscan llevarse a la boca una parte del pastel.
De esta manera, el deseo de servir a la sociedad se desvirtúa hasta límites insospechados, transformándose en una especie de cacería en la que únicamente importa ocupar un sillón. De ahí a la corrupción o, al menos, a la falta de transparencia, sólo hay un paso.
Llegamos por fin al que, desde mi punto de vista, es el quid de la cuestión: la reforma de la ley electoral. Quizás cuando se confeccionó la norma que actualmente rige en nuestra democracia se buscaba dar solidez a los gobiernos salidos de las elecciones. Sin embargo, vistas las consecuencia, parace que lo más razonable a estas alturas es, precisamente, lo contrario.
En primer lugar, parece claro que una ley que favoreciera menos a los grandes partidos representaría mejor la diversidad ideológica y regional del Estado.
En segundo término, un mayor reparto del poder contribuiría a desmantelar, al menos en parte, ese Leviatán del que hablábamos anteriormente. Y, por último, no es descabellado pensar que, una mayor fragmentación del poder, debería fomentar esa cultura del acuerdo y del consenso que tanto hemos echado en falta los ciudadanos en la última década.
En definitiva, la estructura y el poder de los partidos políticos en la actualidad aparecen como los grandes enemigos para la existencia de una democracia real. La solución a ese grave problema parece estar en un mayor reparto del poder, imposible con la actual ley electoral.
El “secuestro” de Sol y el «renacer» del 19J
Llegados a este punto, cabe plantearse por qué los moderados tienen tan poco protagonismo dentro del 15M. El proceso mediante el cual los radicales se han hecho con el control de la protesta –a mi me gusta denominarlo “el secuestro de Sol”- se explica en base a tres factores: la tradicional capacidad de la izquierda para movilizarse de forma rápida y eficaz, la apatía de la derecha, y la existencia de grupos de revolucionarios profesionales.
Antes de nada, es necesario incidir en el carácter neutral del 15M. Como bien indicaba recientemente en un artículo el profesor Enrique Dans, este fenómeno posee un carácter metodológico, no ideológico.
Sin embargo, dentro de esa neutralidad, cada persona lleva dentro sus propias convicciones que, voluntaria o involuntariamente, acaban tiñendo de un color determinado la blancura de todo movimiento cívico. Esto de por sí no sería grave si existiera cierto equilibrio entre las diversas ideologías dentro del movimiento. El problema surge cuando en el seno de esa neutralidad primigenia empiezan a ser mayoritarios los partidarios de unas determinadas ideas.
En el 15M ha sucedido exactamente eso: las personas de izquierdas –no confundir con afiliados a partidos de esa ideología- son una abrumadora mayoría. Esto ha sido posible, en primer término, por la gran capacidad de movilización que existe dentro de ese grupo; y, en segundo lugar, por la resaca del efecto ZP. La izquierda en España se ha encontrado huérfana, sin deseos de votar a sus antiguos líderes. Ante esta situación, han visto en el 15M una forma de canalizar su actividad política.
El predominio de la izquierda en las protestas por una democracia real se ha visto favorecido, a su vez, por apatía de la derecha.
A una tradición poco callejera se ha unido la previsible victoria electoral. Mientras muchas personas de izquierdas se lanzaron a las plazas como última esperanza, las de derechas todavía conservaban una última opción: la victoria del Partido Popular en los próximos comicios generales. Quizás Mariano Rajoy no nos saque del agujero en el que estamos, pero sus votantes todavía tienen esa esperanza.
Llegados a este punto, podría pensar el lector que identifico a la derecha con los moderados y a la izquierda con los radicales. Nada de eso. Considero que cualquier ideologización del 15M es susceptible de ser denominada radical. Este proceso se ha producido en una dirección muy concreta, la del grupo predominante.
Sin embargo, en caso de haber sido mayoritaria la derecha, e ideologizarse este fenómeno en esa dirección, también deberíamos hablar de radicalización. La moderación debe ser neutral, y centrada, como decíamos antes, en un programa de mínimos basado en una reforma metodológica de nuestra democracia.
La tercera razón de la radicalización del 15M, y sin duda la más importante, es la existencia de grupos de revolucionarios profesionales que han marcado la dirección del movimiento. Al margen de la presencia de personas con ideología de derechas o de izquierdas, existe un pequeño grupo dedicado exclusivamente –profesionalmente- a la protesta. Estos, aunque sean una minoría, han logrado hacerse con el control gracias a su mejor organización y a su dedicación exclusiva al movimiento.
En mi artículo “De Sol a sol. Los siete pecados de la Indignación” explicaba que la mayor parte de las personas que apoyan la protesta no son revolucionarios profesionales. Sin embargo, aquellos que trabajan y tienen responsabilidades familiares, tienen muy difícil seguir el día a día del movimimiento. Eso únicamente pueden hacerlo aquellos que viven de la revolución: los grupos organizados.
La manifestación del 19J fue una clara demostración de esto. A ella acudieron, en domingo, personas descontentas con la situación actual. Ahora bien, la mayor parte de los que se concentraron ese día en Neptuno no pueden dedicarle muchas horas al 15M. Así es como esta cae en manos de los grupos organizados.