OCTOGÉSIMO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
El proyecto constitucional de 1931 fue el resultado de un compromiso entre socialistas y republicanos de izquierdas para establecer una república democrática y no confesional. Recogía una amplia declaración de derechos y libertades, como el sufragio femenino, el establecimiento del matrimonio civil y el divorcio, así como el derecho a una educación primaria obligatoria, laica y gratuita. Y, si bien se respetaba la propiedad privada, se asumía el principio de que la riqueza del país quedaba subordinada a los intereses generales.
El texto constitucional consagraba la separación entre Iglesia y Estado –de hecho esta dejaba de recibir financiación pública- y establecía una marcada división de poderes. Las Cortes tenían una única cámara, el Congreso de los Diputados, con una amplia capacidad legislativa y de control al gobierno. Por su parte, la Jefatura del Estado se atribuyó al presidente de la República, mientras que la Justicia se basaba en la independencia profesional de los tribunales.
Por último, es importante señalar que se reconocía el derecho de algunas provincias a conformar un régimen de autonomía que debía configurarse y regularse por medio de la aprobación de estatutos.
ESTRUCTURA DEL VÍDEO:
0:16. Los derechos y libertades de la Constitución de 1931.
0:52. La separación Iglesia-Estado y la división de poderes.
1:19. La política territorial: los estatutos de autonomía.
SEPTUAGÉSIMO NOVENO ESTÁNDAR DEL TEMARIO QUE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, PODRÁ SER OBJETO DE EXAMEN EN LA EBAU, ANTIGUA SELECTIVIDAD.
Con el fin de modernizar y elevar el grado de democratización del país, durante el primer bienio de la Segunda República (1931-1933) se emprendió una política general de reformas. Estas afectaron, fundamentalmente, a cinco ámbitos: las relaciones Iglesia-Estado, el ejército, la educación, el mundo del trabajo y la cuestión territorial. En los siguientes párrafos se procederá a abordar, de forma sucinta pero completa, cada una de ellas.
En lo que respecta a la religión, el gobierno republicano pretendía establecer una clara separación entre el Estado y la Iglesia, así como reducir la influencia reducir la influencia de esta última en la sociedad española. Con ese fin, se aprobaron una serie de medidas legislativas encaminadas a cumplir los principios secularizadores de la recién aprobada constitución. De entre ellas cabe destacar la Ley de Divorcio y la Ley sobre Confesiones y Congregaciones Religiosas.
Entre abril y septiembre de 1931, el Gobierno Provisional aprobó una serie de decretos en los que Manuel Azaña, que por aquel entonces simultaneaba las funciones de presidente del Gobierno y ministro de Guerra, pretendía modernizar el Ejército español y favorecer el ascenso de los militares más fieles al nuevo régimen. En primer lugar, se obligó a todos los oficiales a prometer fidelidad a la República mediante la fórmula establecida por la ley del 22 de abril. A esto se añadió, tres días después, el decreto de retiros extraordinarios, con el que se pretendía terminar con la macrocefalia que aquejaba al estamento militar español. También se reorganizó el ejército peninsular –reducción de sus divisiones de dieciséis a ocho-, se cerró la Academia General Militar de Zaragoza y se reguló el sistema de ascensos por méritos de guerra. Este conjunto de decretos fueron refundidos y refrendados por el Gobierno y las Cortes Constituyentes salidas de las elecciones de 1931.
La reforma educativa planteada durante el bienio se apoyaba en tres principios básicos: la gratuidad de la educación, su carácter universal y la laicidad de la misma. Por todo ello, entre 1931 y 1933 se construyeron unas 13.000 escuelas, al tiempo que se aumentó el número de maestros de 36.000 a 51.000.
En materia laboral, fue el ministro socialista Francisco Largo Caballero quien promovió la aprobación de textos como la Ley de Contratos de Trabajo o la de Jurados Mixtos, ambas encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados.
Por último, hemos de hacer referencia a los estatutos de autonomía, por medio de los que la Constitución de 1931 pretendía dar salida al problema territorial de España mediante la concesión de un régimen político y administrativo especial a determinadas regiones. De entre ellas, únicamente Cataluña logró aprobarlo durante este bienio; más en concreto en septiembre de 1932. Por su parte, gallegos y vascos iniciaron también el proceso, que no vería la luz hasta 1936.
ESTRUCTURA DEL VÍDEO:
0:13. Las reformas del Bienio y sus ámbitos de actuación.
Adolfo Suárez pagó un alto precio personal por su liderazgo de la Transición. Sufrió la animadversión de la inmensa mayoría de los altos mandos militares; recibió durísimos ataques del PSOE de Felipe González, que sabía que, para acceder al poder, había que derribar a Suárez; vio destruirse su obra: la UCD; por la ambición de los «barones» y por los errores del propio partido. «No fui capaz de hacer un partido político»., como aseveró varios años después. Sus excelentes relaciones con la Iglesia se deterioraron, al final, a causa de la Ley de Divorcio de Fernández Ordóñez; nunca tuvo, a pesar de los Pactos de la Moncloa, un apoyo claro del empresariado y de las altas finanzas, etc.
Su obra sólo recibiría el elogio unánime, y numerosas distinciones, cuando abandonó definitivamente la política, tras la frustrada experiencia del CDS. Alfonso Osorio, su vicepresidente político en el primer Gobierno, ha escrito de él: «Adolfo Suárez pasará a la Historia como el hombre que estuvo en el lugar preciso a la hora justa. Y eso es así porque para hacer la Transición política -y dejando aparte el papel impulsor y arbitral del Rey- era necesario alguien que tuviera inteligencia suficiente, conocimiento adecuado, capacidad de diálogo, paciencia infinita, modales exquisitos y simpatía arrolladora, y esas cualidades no las teníamos ninguno de los políticos en presencia en 1976».
Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p. 259.
