El divorcio entre la realidad y la legalidad

Como escribiera el entonces gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez-Terán, la ola de huelgas registradas en los primeros meses del año tuvo la virtud de poner de manifiesto que, «si había un divorcio rotundo entre realidad y legalidad, era en el mundo sindical». Situaciones como las de Vitoria demostraron que la organización sindical se encontraba impotente para encauzar las demandas de los trabajadores, incluso las estrictamente laborales.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 153.

Democratización y modernización en España

De todo lo anterior no cabe concluir que el estudio del cambio de régimen en España pueda prescindir del análisis de las transformaciones económicas, sociales y culturales acaecidas en los años sesenta y setenta, sino más bien que estas permitieron e incluso facilitaron –pero no determinaron- una salida democrática a la dictadura, en la cual desempeñaron un papel igualmente decisivo otros factores, de naturaleza esencialmente política, que también merecerán nuestra atención.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 21.

La perspectiva de Juan Linz y Alfred Stepan

Para Juan Linz y Alfred Stepan, por ejemplo, el nexo entre el sistema capitalista y la democracia se produce en el ámbito de la sociedad civil: a su entender, una sociedad civil independiente y dinámica sólo puede surgir allí donde exista una economía con una cierta autonomía de mercado y formas diversas de propiedad. Si toda la propiedad está en manos del Estado, y si este controla todos los resortes de la economía, no es posible la relativa autonomía de la sociedad civil, sin la cual resulta inconcebible una verdadera democracia.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 20.

Relación entre desarrollo económico y democratización II

…buena parte de la literatura sobre la crisis del franquismo y la transición a la democracia tiene su punto de partida entre el desarrollo socioeconómico y el cambio político. Como es sabido, este enfoque goza de una larga tradición académica, que data (por lo menos) de la publicación en 1959 del ya clásico trabajo de Seymour M. Lipset sobre los requisitos de la democracia, en el que afirmaba que “los factores de industrialización, urbanización, riqueza y educación están tan estrechamente interrelacionados que constituyen un factor común. Y los factores que encierran el desarrollo económico traen consigo el correlativo político de la democracia” (…) Es importante subrayar que estos estudios no defienden la existencia de una relación mecánica de carácter determinista entre el desarrollo socioeconómico y la democracia, sino que afirman tan sólo que, si aquél se produce, las probabilidades de esta aumentarán.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 17-18.

Relación entre desarrollo económico y democratización I

Si se acepta la existencia de una cierta relación causal entre desarrollo económico y democratización, resulta ineludible explicitar la naturaleza de la misma. José María Maravall ha sostenido que dicho efecto causal opera de forma indirecta, a través de diversas variables intermedias. A medida que una economía se desarrolla, se hace también más compleja, y su administración a través de las instituciones de la dictadura se hará más difícil. Como sostiene Robert Dahl, en una economía avanzada el rendimiento a largo plazo será menos productivo bajo la coerción que si se basa en la aceptación voluntaria: los diktats autoritarios son menos eficientes que la negociación colectiva. A mismo tiempo, “el orden social también se haría más plural: como consecuencia, los recursos se descentrarían, la coerción resultaría menos viable y surgirían crecientes demandas de un pluralismo también político. Los grupos y organizaciones sociales adquirirían una mayor autonomía respecto del Estado: el número de asociaciones intermedias se multiplicaría, la sociedad civil se fortalecería, sus relaciones con el Estado alcanzarían un nuevo equilibrio, nuevas pautas de negociación sustituirían a relaciones de imposición.

Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, p. 19.

El Líbano: de la discordia a la no existencia II

En 1918, tras el fin de los combates de la Gran Guerra, el patriarca maronita exige la proclamación de un Gran Líbano independiente. Pero en 1920 se impondrá el mandato francés, que es confirmado por la SDN en 1922. Ese año Francia concede al país un Consejo representativo, en 1925 una Constitución, pero persiste una dependencia de hecho. A partir de 1925 los nuevos dueños del Líbano deberán enfrentarse a una rebelión de la montaña drusa. El tratado de 1936 firmado por el gobierno del Frente Popular concediendo por fin la independencia, no es ratificado por el Parlamento francés. En 1941 los británicos y la FFL expulsarán a los representantes de Vichy. La Francia libre proclamará la independencia en julio, pero una vez más no se respetarán los hechos. En agosto de 1943 los cristianos maronitas y los musulmanes sunnitas adoptan un acuerdo verbal, conocido con el nombre de Pacto Nacional y que estará en vigor durante cuarenta años. Los maronitas, mayoría, detentarán la presidencia de la República; el presidente del consejo será sunnita y el presidente de la Cámara chiíta. Bechara al Khury, ganador de las primeras elecciones, es detenido enseguida junto con su gobierno por el Alto Comisariado francés. Serán necesarios la firme insistencia de los británicos (más inspirados que en Palestina…) y nuevos disturbios en 1945 para que el país acceda por fin a la plena soberanía en 1946.

Alain Duret, Oriente Medio. Crisis y desafíos, p. 84.

El Líbano: de la discordia a la no existencia I

A finales del XVIII los egipcios establecen su control sobre la región y aplastan una rebelión en 1840; drusos y maronitas, después de la vuelta de la influencia otomana, se separan. La masacre de los cristianos provoca en 1860 la intervención militar francesa. París se da a conocer con el título de «protector de los cristianos del Imperio otomano». Turquía promulga un «reglamento orgánico» que concede al Monte Líbano un estatuto de autonomía, que garantizan las grandes potencias. Un Consejo en el que figuran representantes de diversas comunidades religiosas asesora a un gobernador cristiano.

Alain Duret, Oriente Medio. Crisis y desafíos, p. 82.