Todo el proceso de apertura se paró ante la inminencia del 1 de mayo. Existía gran preocupación en el Gobierno, y especialmente en Fraga, porque las movilizaciones obreras con motivo de esta fecha tan emblemática para el mundo del trabajo significaran una presencia masiva en las calles, para ganarle el pulso al poder, que los partidos de izquierda habían perdido en los meses anteriores. Y Fraga utilizó a fondo todas sus bazas, desde el poder. Ya a primeros de abril, la Dirección General de Política Interior mandó a los gobernadores civiles una circular que terminaba con esta tajante conclusión: “Deberá V. E. negar autorización para cualquier manifestación que pretenda celebrarse desde ahora hasta el día 1 de mayo”. Por otra parte, los gobernadores y autoridades sindicales recibieron instrucciones para cerrar las negociaciones de los convenios más conflictivos. Por ejemplo, en Barcelona, se firmaron, a finales de abril, tres dificilísimos convenios del metal -con la readmisión de los despedidos de la SEAT-, de la construcción y de las basuras de la ciudad.
Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p. 97-98.