La razón era estrictamente política. El Partido Comunista estaba marginado y corría el riesgo de perder la batalla de su incorporación al proceso democrático. Necesitaba realizar un acto de fuerza, demostrar su poderío y hacer patente que, o se contaba con él, o no habría ni proceso democrático ni la paz social necesaria para la recuperación económica. Y por ello lanzó el órdago. En una carta de Simón Sánchez Montero, destacado dirigente del PCE, a sus militantes, encontrada en un registro policial, éste decía: “Camarada: la jornada de huelga convocada para el día 12 tiene para el partido una muy especial importancia. Se trata de conseguir la mayor movilización de masas conocida en cuarenta años. Por ello os dirigimos estas breves líneas ampliando las instrucciones que habéis recibido todos…”.
Para el Gobierno, el tema era capital, pues cualquier éxito, aunque fuera parcial, de la huelga general, hubiera dañado su autoridad política, entonces en auge, y dado la razón a los que decían -y eran más aún los que pensaban- que la Reforma democrática llevaría al país al caos y que era preciso mantener las esencias de autoridad del Régimen.
El Ministerio de Gobernación lanzó a los Gobiernos Civiles una avalancha de télex, pidiendo información, proponiendo medidas y sugiriendo actuaciones disuasorias de las fuerzas de seguridad.
Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p. 143.