De cara a las elecciones generales, el Gobierno tiene tres alternativas con respecto al PCE: legalizarlo, lo que provocaría las iras de gran parte del Ejército y de todas las fuerzas del Régimen anterior; dejarlo extramuros del nuevo sistema, lo que restaría legitimidad democrática, pues su reconocimiento legal se daba en casi todos los países europeos; o establecer una situación transitoria, de reconocimiento de facto, demorando la solución a su legalidad y permitiendo su presentación en listas electorales, como independientes. Esta última era la situación real en la que se encontraban los comunistas a principios del 77, tras las detenciones y la puesta en libertad, primero de López Raimundo en Barcelona y luego de Carrillo en Madrid, y era la que gustaba a mucha gente, menos a los comunistas, por supuesto. Yo sondeé esta alternativa con los líderes comunistas del PSUC catalán, López Raimundo y Gutiérrez Díaz, en una entrevista secreta en Barcelona, celebrada a mediados de febrero, y éstos rechazaron tajantemente la posibilidad de presentarse como independientes, pedían su legalización y ofrecían cooperar con un conjunto de medidas, que permitieran el saneamiento de la economía. Su respuesta se explica con más detalle en el capítulo 5.
Pocas semanas después, el 27 de febrero, el presidente del Gobierno se reunía secretamente, y por primera vez, con Santiago Carrillo, en un chalet en las afueras de Madrid propiedad de José Mario Armero, quien asistió a la entrevista. Suárez celebre este arriesgado encuentro, con la oposición de Fernández-Miranda, con serias reticencias de Alfonso Osorio y con el conocimiento y apoyo del Rey. Armero asegura que en aquella reunión no se pactó nada, aunque se habló de todos los puntos calientes. Quienes hemos escuchado a Suárez hablar de este encuentro llegamos a la conclusión de que el presidente salió convencido de que el PCE y Carrillo apoyarían tres puntos capitales: La Monarquía, la bandera roja y gualda, y la unidad de España, y a su vez reforzó su convencimiento de que el PCE debería ser legalizado antes de las elecciones, aunque Suárez no garantizó -porque no podía hacerlo- ni la fecha ni la forma en que esto se llevaría a cabo.
Salvador Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, p. 167-168.
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