La situación inicial del gobierno de Alfonso XI fue muy similar a la de su predecesor: estuvo marcada por una larga minoría en la que nobleza y realeza trataron de sacar el máximo partido a la debilidad del joven rey. Tan solo el peso de María de Molina y el apoyo de los concejos a Alfonso XI logró sacar adelante la causa del hijo de Fernando IV. No obstante, la muerte de María de Molina complicó hasta tal punto la situación, que se creyó conveniente adelantar la mayoría de edad del rey.
Durante la etapa de mayoría el monarca supo superar las dificultades del periodo anterior: se produjo un rápido fortalecimiento de la figura regia, que fue sometiendo, a veces con gran dureza, a la aristocracia del reino. Dos cuestiones fundamentales marcaron el reinado de Alfonso XI tras la superación de la anarquía existente en su minoría de edad: la guerra contra los musulmanes, y fortalecimiento del poder regio, que se manifestó en tres reformas: la del régimen municipal, la de la corte, y la del sistema jurídico.
Las reformas más destacadas en lo referente al área institucional correspondieron a la Hacienda. Durante el reinado de Alfonso XI se consolidaron las estructuras fiscales surgidas con el rey Sabio. De esta manera, se reforzaron las regalías, se aseguró la tributación del servicio y montazgo, se estableció el impuesto de la alcabala, se empezaron a realizar los cuadernos de carácter fiscal, y nacieron los primeros contadores especializados.
En lo que se refiere a la Administración territorial apenas se produjeron cambios: se mantuvo la estructura de adelantados y merindades, tanto mayores como menores. Mayores fueron las reformas en el campo de los poderes concejiles: se enviaron jueces, corregidores, y se inauguró el régimen de Regimiento.
Muy relevante en lo referente al sistema normativo castellano fue el Ordenamiento de Alcalá (1348), que, siguiendo las líneas marcadas por Alfonso X, supuso un avance en la unificación jurídica del reino. Según este, en los procesos judiciales, debían observarse en primer término las leyes del Ordenamiento, en segundo lugar los fueros municipales si no entraban en contradicción con el derecho regio, y por último, en ausencia de los demás, las Partidas. Todo esto contribuyó a confirmar la primacía del poder central sobre el concejil y señorial, que, sin duda, no hubiera sido posible sin el fortalecimiento de la figura del monarca.
Si en el artículo dedicado al reinado de Alfonso X indicábamos que uno de los grandes problemas que tuvo el rey Sabio para llevar a cabo su proyecto centralizador fue que el reino no estaba preparado, por contra, durante el reinado de Alfonso XI ya existía esa madurez; si bien es verdad que no de manera completa. Es decir, que los poderes concejiles y nobiliares, con el fin de asegurar sus ámbitos de acción institucional se sometieron al rey, ya que este asegura la posición de aquellos –sin duda, en peligro- a cambio de su dependencia con respecto al poder central.
Los concejos, con el fin de defenderse en épocas convulsas de las presiones nobiliarias, formaron ligas o hermandades. Ese fue el comienzo del fenómeno hermandino, que, mediante las agrupaciones armadas de vecinos, defendió, tanto a los concejos como a la monarquía de las desmesuradas pretensiones de los nobles. Sin embargo, como organo de participación de las ciudades en la vida pública, perdieron peso en favor de las Cortes en los periodos de paz y estabilidad; es decir, con la mayoría de edad de Alfonso XI.
Por su parte, la nobleza fue integrándose poco a poco en el juego de político que le ofrecía la monarquía. Es decir, aceptaban su supremacía a cambio de ver confirmados sus poderes y privilegios.